Sentencia Social 212/2023 Juzgado de lo Social de León nº 2, Rec. 238/2023 de 31 de julio del 2023

PRIMERO.- La parte actora UNIVERSIDAD DE LEÓN impugna el laudo arbitral, solicita que se declare el derecho del Rector, Vicerrectores, Secretaria General y Vicesecretario General a ser electores y elegible y subsidiariamente solo electores con todo lo demás que sea procedente en derecho.

En el juicio desiste de la pretensión relativa al Rector.

SEGUNDO.- Por su parte los sindicatos excepcionan falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haber demandado a Vicerrectores, Secretaria General y Vicesecretario General, y en cuanto al fondo se oponen.

TERCERO.- Motivación fáctica: prueba .- los hechos probados de esta sentencia, se han deducido de los siguientes elementos de convicción:

- hecho 1º y 2º: (preaviso) de doc 1-Resolución- PREAVISO 210

- hecho 3º.- (constitución mesa electoral y calendario electoral). f.3,4 de doc 9-Resolución-ESCRITO IMPUGNACIÓN 30 1ªPARTE

- hecho 4º: (reclamación a la mesa) f.6 de doc 9-Resolución-ESCRITO IMPUGNACIÓN 30 1ªPARTE

- hecho 5º.- (resolución Mesa) f.7, 8 de doc 9-Resolución-ESCRITO IMPUGNACIÓN 30 1ªPARTE

- hecho 6º.- aunque no se ha aportado copia de tal escrito, este hecho no ha sido impugnado

- hecho 7º escrito ante la Oficina Pública Electoral , f.1 de doc 9-Resolución-ESCRITO IMPUGNACIÓN 30 1ªPARTE

- hecho 8º (citaciones) 6-Resolución-CITACIÓN LAUDO ARBITRAL 30

- hecho 9º.- (reclamación de la Universidad de citar a los afectados) doc. 5-Resolución-ESCRITO RECLAMACIÓN AL ÁRBITRO

- hecho 10º: (denegación) del laudo

- hecho 11º.- (laudo) 9-Resolución-ESCRITO IMPUGNACIÓN 30 1ªPARTE

- hecho 12º.- no se ha acreditado qué tipo de contrato tienen la secretaria general, vicesecretario general y los vicerrectores.

CUARTO.- El a. 69.2 del Estatuto de los Trabajadores dice: Serán electores todos los trabajadores de la empresa o centro de trabajo mayores de dieciséis años y con una antigüedad en la empresa de, al menos, un mes, y elegibles los trabajadores que tengan dieciocho años cumplidos y una antigüedad en la empresa de, al menos, seis meses, salvo en aquellas actividades en que, por movilidad de personal, se pacte en convenio colectivo un plazo inferior, con el límite mínimo de tres meses de antigüedad.

QUINTO .- El artículo 16 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección, establece: "Sin perjuicio de otras formas de representación, el personal de alta dirección no participará como elector ni como elegible en los órganos de representación regulados en el Título II del Estatuto de los Trabajadores."

No se cuestiona que el personal de alta dirección no puede participar en los procesos electorales para representantes de los trabajadores.

SEXTO.- Lo que se cuestiona es si los excluidos eran o no personal de alta dirección. De conformidad con lo dispuesto en el art. 1.2 del RD 1382/1985, de 1 de agosto, se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad.

SEPTIMO.- la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece que los vicerrectores son órganos unipersonales de gobierno de la Universidad y que el rector podrá nombrar vicerrectores entre los profesores doctores que presten servicios en la Universidad. No establece cuáles son sus funciones, por lo que hay que acudir a las del Rector, al que sustituyen y quien les delega. En cuanto a las funciones del rector sí que se indica que: es la máxima autoridad académica de la Universidad y ostenta la representación de ésta. Ejerce la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos. Le corresponden cuantas competencias no sean expresamente atribuidas a otros órganos. Los estatutos de la Universidad indican que los Vicerrectores son los responsables de las áreas universitarias que el Rector les atribuya, cuya dirección y coordinación inmediatas ostentan, ejerciendo las atribuciones que el Rector les delegue

OCTAVO. - En el presente caso se discute si los excluidos del censo son personal funcionario o contratado laboral y el tipo de contrato que tienen y si es o no de alta dirección. No se ha acreditado que tipo de contrato tienen, y lo que es más grave, ni siquiera se les ha dado oportunidad de acreditarlo, ni de formular alegaciones pues no fueron citados a la celebración de la comparecencia para el laudo.

NOVENO.- El Artículo 128 LJS.- Fundamento de la demanda. Dice: La demanda sólo podrá fundarse en: a) Indebida apreciación o no apreciación de cualquiera de las causas contempladas en el apartado 2 del artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, siempre que la misma haya sido alegada por el promotor en el curso del arbitraje. b) Haber resuelto el laudo aspectos no sometidos al arbitraje o que, de haberlo sido, no puedan ser objeto del mismo. En estos casos la anulación afectará sólo a los aspectos no sometidos a decisión o no susceptibles de arbitraje, siempre que los mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan indisolublemente unidos a la cuestión principal. c) Promover el arbitraje fuera de los plazos estipulados en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. d) No haber concedido el árbitro a las partes la oportunidad de ser oídas o de presentar pruebas.

En este caso se ha alegado la existencia de tal vicio grave consistente en no haber oído a los que ostentaban interés legítimo puesto que habían sido excluidos ni darles la oportunidad de presentar pruebas.

DECIMO .- Se viene a alegar por ambas partes la falta de litisconsorcio. La demandante considera que los excluidos del censo debieron haber sido citados en el procedimiento arbitral. Los sindicatos demandados por su parte consideran que debieron haber sido llamados a juicio los excluidos. Cada uno se opone a la excepción de la otra parte.

Realmente las posturas de ambas partes son incongruentes, pues quien considera que debieron ser parte en el procedimiento arbitral también debería haberles llamado al juicio. Y quien considera que no tenían por qué ser oídos en el procedimiento arbitral lo lógico es que considere que tampoco es necesario traerles a este juicio.

Dado que los excluidos del censo son directamente interesados, en particular cuando no se niega que habían presentado escrito ante la mesa solicitando ser electores y candidatos, la tramitación del laudo fue incorrecta al no haberlos citado, y más todavía cuando la Universidad pidió que se les citara y se denegó sin que conste la razón en el laudo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,