Sentencia Social 166/2023 Juzgado de lo Social de León nº 3, Rec. 120/2023 de 06 de julio del 2023

PRIMERO.- Los documentos aportados por la parte demandante, y demandada, en particular el Acta de modificación y el Reglamento, constituyen las fuentes de prueba que sustentan la anterior declaración de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LJS.

SEGUNDO.- En el presente procedimiento se ejercita por la parte demandante una acción de conflicto colectivo dirigida a que: se declare no ajustado a Derecho, y en consecuencia se declare su nulidad y/o anulabilidad, de la modificación del art. 8 del Reglamento de Funcionamiento del Comité de Empresa , realizada mediante sesión ordinaria del mismo, de fecha 22/12/2022.

La empresa demandada y el sindicado CESI-F se oponen a lo solicitado alegando que el sistema de voto telemático es respetuoso con el art. 69 del E.T., y con una interpretación conforme a la realidad social actual.

La controversia a resolver en la presente resolución queda circunscrita a determinar si el sistema de voto telemático propuesto por la representación sindical mayoritaria resulta ajustado a derecho, lo que es cuestionado por la organización actora sobre la base de una doble argumentación cual es la falta de previsión legal o reglamentaria al respecto, y en caso de que admitiese, porque tal voto telemático no garantiza el derecho al sufragio libre, secreto, personal y directo que establece el art. 75.2 del ET.

La AN en su sentencia de 12 de diciembre de 2022 entendió que, la primera de las peticiones que se contienen en la demanda es una pretensión propia de conflicto colectivo por las siguientes razones:

1º.- en primer lugar, como ha quedado plasmado tanto en el desarrollo de la vista como se deduce de los HHPP de la presente resolución, nos encontramos ante un conflicto jurídico de carácter interpretativo relativo al sentido que versa sobre si los apartados 1 y 2 del art. 75 del E.T ("1. El acto de la votación se efectuará en el centro o lugar de trabajo y durante la jornada laboral, teniéndose en cuenta las normas que regulen el voto por correo. El empresario facilitará los medios precisos para el normal desarrollo de la votación y de todo el proceso electoral. 2. El voto será libre, secreto, personal y directo, depositándose las papeletas, que en tamaño, color, impresión y calidad del papel serán de iguales características, en urnas cerradas.") y el RD 1844/1994 deben interpretarse en el sentido de que debe admitirse el voto por correo.

TERCERO.- El art. 66.2 del ET dispone: " Los comités de empresa o centro de trabajo [...] elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en la ley, remitiendo copia del mismo a la autoridad laboral, a efectos de registro, y a la empresa."

La sentencia del TS de 8 de abril de 2006, recurso 1365/2005, explica que " los derechos de representación de los miembros del Comité deben entenderse en su doble vertiente de ser tanto derechos del trabajador representante, como derechos de los compañeros de trabajo a ser representados por aquellos que eligen." Este doble anclaje de la representación tiene su proyección legal en el artículo 67.3 del ET, que establece como causa de extinción de la representación: la expiración del mandato de cuatro años, la revocación durante el mandato representativo " por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto", así como las " sustituciones" y " dimisiones a que se refiere el ordinal 5 de este precepto".

El TS, en su Sentencia de 10 de diciembre de 2022, dispone: "La posibilidad de que un miembro del comité de empresa en situación de baja por embarazo, nacimiento de hijo, hospitalización o enfermedad de larga duración, pueda ejercer su derecho al voto enviando un correo electrónico o telemáticamente puede permitir la conciliación de la vida personal y familiar con el desempeño de su cargo como miembro del comité de empresa sin desnaturalizarlo".

Teniendo en cuenta lo anterior, la modificación del art. 8 del Reglamento del Comité de Empresa, resulta demasiado genérica, y debió especificar aquellos supuestos en los que se permite la asistencia y voto telemático para que el mismo no resulte desnaturalizado, que tal y como ha señalado el TS debe estar enmarcado en una situación de conciliación de la vida personal y familiar con el desempeño de su cargo como miembro del comité de empresa, baja por embarazo, nacimiento de hijo, hospitalización o enfermedad de larga duración.

Así mismo, la sentencia dictada por la AN en fecha 12 de diciembre de 2022, ha entendido: la primera cuestión que debe abordar la Sala es si en nuestro ordenamiento jurídico resulta admisible el voto telemático en las elecciones a delegados de personal y miembros de comité de empresa, y la respuesta de la Sala desde ya se anuncia que será negativa, como procederemos a desarrollar.

1.- El TRLET (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) sólo admite el voto en papel. La interpretación gramatical ( art. 3,1 Cc ) del art. 75.2 E.T., no admite otro tipo de voto que el emitido en papel impreso ya que señala al respecto: "El voto será libre, secreto, personal y directo, depositándose las papeletas, que en tamaño, color, impresión y calidad del papel serán de iguales características, en urnas cerradas".

No podemos considerar que una interpretación sociológica del precepto, esto es, adecuada a la realidad social del momento en que ha de ser aplicada esta norma admita el voto telemático por las razones siguientes:

a.- el actual texto refundido del E.T data del 23-10-2.015 momento en el que las comunicaciones telemáticas estaban suficientemente implantadas en la sociedad, por ello, consideramos que si el legislador hubiera querido admitir el voto telemático lo habría hecho así;

b.- de hecho, cuando el legislador ha querido que en procesos electorales se admita el voto telemático así lo previsto expresamente, como lo ha hecho en normas anteriores y coetáneas al actual TRLET- así el art. 44 del TRLEBEP, o Capítulo VIII del Real Decreto 555/2011, de 20 de abril , por el que se establece el régimen electoral del Consejo de Policía (arts. 19 y ss);

c.- es más, de la más reciente legislación en materia de representación de trabajadores por cuenta ajena como es la contenida en la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, se deduce una clara voluntad del legislador de excluir el voto telemático en las elecciones a representantes unitarios, pues de la lectura del art. 19.3 de dicha norma se deduce una clara opción por el voto presencial de las personas que trabajan a distancia.

2.- Las normas que regulan el procedimiento electoral son normas de derecho necesario no pudiendo ser obviado por acuerdo de las partes afectadas.

Llegamos a la conclusión arriba anunciada por cuanto que como se ha dicho hasta la saciedad, a raíz de los razonamientos la STC 73/1984 , las normas que regulan la legitimación para negociar Convenios colectivos del título III del E.T son normas de derecho necesario absoluto no pudiendo ser obviada por las partes negociadoras.

Basándose la legitimación negocial prevista en los arts. 87 y ss del E.T en la representatividad de las distintas organizaciones sindicales evidenciada en el número de representantes unitarios alcanzado el ámbito de negociación o recayendo directamente en los órganos de representación unitaria de los trabajadores, debemos entender que las normas por las que se determina la forma en que los mismos han de ser elegidos no puede ser alterada si quiera por acuerdo de los afectados.

Este razonamiento es el que subyace en la STS 12-7-2.018 -rec 133/2017 - que corrigiendo doctrina de esta Sala anuló un precepto de un Convenio colectivo que estableció un único colegio electoral al estipular las partes negociadoras que "En base a la composición profesional y a las características de las actividades desempeñadas por sus trabajadores, las elecciones sindicales para la representación unitaria se realizarán mediante el establecimiento de un colegio único".

No consideramos que la STS de 15-10-2.020 - rec 98/2019 - y de 25-2-2.021- rec. 99/2.019 - que avalaron los reglamentos electorales de ADIF y RENFE que la admitían comunicación del elector a la mesa de su intención de votar por correo de voto se haga directamente por éste a aquella sin necesidad de realizarlo a través de la oficina de correos como prevé el art. 10.2 del RD 1844/1994 se aparten de tal doctrina por cuanto que el razonamiento que subyace para alcanzar tal conclusión no es otro que tal posibilidad no está expresamente proscrita por la norma reglamentaria. Además en dichas resoluciones no se abordaba la validez del voto telemático, sino que, a la posibilidad de efectuar la comunicación por parte del elector a la mesa de su intención de votar por correo en papel (lo que prevé el art. 69.2 E.T) a través de la oficina de correos correspondiente- como desarrolla el art. 10 del Reglamento- se habilitase a los electores para de forma directa y sin intermediación de la Oficina de Correo comunicar personalmente a la mesa electoral su intención de votar por correo.

Partiendo de lo anterior, es claro que la petición contenida en la demanda debe ser estimada y por lo tanto debemos considerar no ajustado a derecho el voto telemático admitido con carácter genérico (sin limitación alguna y sin ninguna referencia a que con carácter previo deba existir una la solicitud, como deben identificarse, forma de emisión...), hecho avalado tanto por la AN como el TS, quien lo enmarca en una posibilidad, para aquellos supuestos en los que un miembro del comité de empresa se encuentre en situación de baja por embarazo, nacimiento de hijo, hospitalización o enfermedad de larga duración; en estos casos se puede ejercer su derecho al voto enviando un correo electrónico o telemáticamente, con el objeto de permitir la conciliación de la vida personal y familiar con el desempeño de su cargo como miembro del comité de empresa sin desnaturalizarlo; en el sentido, que la regulación actual, no contempla ninguno de estos supuestos debe declararse como no ajustada a derecho.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,