Sentencia Social 49/2023 Juzgado de lo Social de Murcia nº 7, Rec. 323/2021 de 17 de mayo del 2023

PRIMERO.- De conformidad con el art. 97.2 LRJS debe decirse que los anteriores hechos han sido declarados probados merced a los documentos aportados al proceso.

El trabajador demandante ejercita en autos acción por despido. La empresa cursó la baja en Seguridad Social del actor por fin de obra. En la demanda se alega el fraude de ley de la contratación temporal y la doctrina de la unidad esencial del vínculo laboral a los efectos de antigüedad.

La empresa demandada no ha comparecido a juicio.

El Fogasa sí lo ha hecho y se ha opuesto a la demanda. Afirma que la antigüedad del accionante data de 15/11/2019, dado que entre contrato y contrato percibió prestaciones por desempleo y periodos superiores a 20 días. Señala que no existió despido sino finalización del contrato por obra o servicio determinado.

SEGUNDO.- La doctrina unificada sobre el fraude de ley en la contratación temporal ( SSTS 21-9-93, 20-2-97, 21-2-97, 14-3-97, 17-3-98, 30-3-99, 16-4-99, 29-9-99, 15-2-2000, 31-3-2000, 15-11-2000, 18-9-01 y 21-3-2002) puede resumirse así:

A)La validez de cualquiera de las modalidades de contratación temporal causal, por el propio carácter de ésta, exige en términos inexcusables que concurra la causa objetiva específicamente prevista para cada una de ellas. Lo decisivo es, por consiguiente, que concurra tal causa. Pero tal temporalidad no se supone. Antes al contrario, los artículos 8.2 y 15.3 del ET, y 9.1 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, que lo desarrolla, establecen una presunción a favor de la contratación indefinida. De ahí que en el apartado 2.a) de los artículos 2,3 y 4 del R.D., se imponga la obligación, en garantía y certeza de la contratación temporal causal, de que en el contrato se expresen, con toda claridad y precisión, los datos objetivos que justifican la temporalidad: la obra o servicio determinado, las circunstancias de la producción, o el nombre del trabajador sustituido y la razón de la sustitución. Es cierto, no obstante, que la forma escrita y el cumplimiento de los citados requisitos no constituye una exigencia "ad solemnitatem", y la presunción señalada no es "iuris et de iure", sino que permite prueba en contrario, para demostrar la naturaleza temporal del contrato. Mas si la prueba fracasa, el contrato deviene indefinido.

B)Cuando un contrato temporal causal deviene indefinido por defectos esenciales en la contratación, la novación aparente de esta relación laboral ya indefinida, mediante la celebración de un nuevo contrato temporal sin práctica solución de continuidad, carece de eficacia a tenor del artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores. En tal caso, tampoco rompe la continuidad de esa relación de trabajo la suscripción de un recibo de finiquito -que por otro lado no refleja, normalmente, mas que la liquidación de cantidades adeudadas- cuando la empresa da por extinguido el contrato temporal viciado. Además se entiende que no existe interrupción eficiente cuando la que media entre uno y otro contrato temporal es inferior al tiempo de caducidad, 20 días hábiles, de la acción de despido que podía ejercitarse tras aquella extinción.

C)La fijeza así surgida permanece, aunque se formalicen luego otro u otros contratos temporales, incluso aunque alguno de ellos, en si mismo y al margen de la cadena contractual, pudiera considerase válido. De modo que las sucesivas relaciones laborales temporales que en circunstancias normales no se hubieran intercomunicado, pasan a constituir una única relación laboral indefinida e indisponible, por aplicación de los artículos 3.5 y 15.3 del Estatuto de los Trabajadores. Conviene advertir que el fraude de ley del que habla el último precepto no implica siempre y en toda circunstancia una actitud empresarial estricta y rigurosamente censurable, desde una perspectiva moral, social o legal (dolos malus), sino la mera y simple constancia de que la situación laboral contemplada no implica eventualidad alguna, y sí una prestación de servicios que es clara manifestación del desarrollo normal y habitual de la actividad empresarial.

TERCERO.- Por otra parte, por lo que concierne a la antigüedad que debe computarse a los efectos de la indemnización por despido, teniendo en cuenta la cadena de contratos temporales y la existencia entre ellos de interrupciones superiores a 20 días, plazo de caducidad de la acción por despido, y la percepción de prestaciones por desempleo, conviene recordar la doctrina jurisprudencial sentada sobre el particular en el sentido de que el criterio general del que se parte es que la antigüedad computable a efectos del cálculo de la indemnización se remonta a la fecha de la primera contratación, tanto si han mediado irregularidades en los sucesivos contratos temporales como si lo ocurrido es la mera sucesión regular de varios contratos de trabajo sin una ruptura temporal significativa, pues la antigüedad del trabajador en una empresa no es otra cosa que el tiempo que el mismo viene prestando servicios a esa empresa sin solución de continuidad, aunque tal prestación de actividad se haya llevado a cabo bajo el amparo de diferentes contratos de clases distintas, temporales e indefinidos, toda vez que la relación laboral es la misma (TS 25-5-15, EDJ 118063; 25-7-14, EDJ 176297). Lo determinante es, por tanto, decidir qué se entiende por interrupción significativa que lleve a excluir la unidad esencial del vínculo. Inicialmente se consideró que dicha interrupción significativa se producía en los 20 días del plazo de caducidad para accionar por despido. Sin embargo, el TJUE consideró contrario al Derecho de la UE que sólo se califiquen como sucesivos los contratos de trabajo temporales que no estén separados entre sí por un intervalo superior a 20 días laborales ( TJUE 4-7-06, asunto Adeneler, asunto C-212/04; 23-4-09, asunto C-378/07). En esa misma línea, previamente, la jurisprudencia había ampliado ese plazo, considerando que no rompen la unidad esencial del vínculo interrupciones de 30 días (TS 10-4-95, EDJ 1700 y 10-12-99, EDJ 43984; 18-2-09, EDJ 22976); de coincidencia con el período vacacional ( TS auto 10-4-02, EDJ 123399); de 45 días con percepción de prestaciones de desempleo (TS 15-5-15, EDJ 105769); e incluso de 69 días también con percepción de desempleo (TS 23-2-16, EDJ 38998). Tampoco se rompe la unidad esencial del vínculo por el hecho de que entre uno y otro contrato temporal el trabajador haya percibido prestaciones por desempleo durante un período de tiempo de duración de 29 días (TS 29-3-17, EDJ 37157). En suma, lo importante, es la total vinculación del trabajador a la empresa, pues solo se produce la ruptura de la unidad esencial del vínculo, cuando no haya habido una solución de continuidad significativa, lo que ya no tiene lugar por el hecho de que sea de duración superior a 20 días (TS 28-2-19, EDJ 555255).

CUARTO.- En el presente caso el actor ha venido prestando sus servicios como oficial de la construcción por cuenta de la empresa demandada desde el 7/6/2018, sin que hayan existido interrupciones rupturistas de la unidad del vínculo y sin que conste la variación de funciones, por lo que en aplicación de la doctrina expuesta la indicada fecha se corresponde con la antigüedad del trabajador a los efectos indemnizatorios. Además, debe estimarse que desde la indicada data la relación laboral entre los litigantes es indefinida, puesto que aunque el empresario haya cursado el alta de quien hoy acciona con la clave del contrato 401 (obra o servicio determinado a tiempo completo), no se han aportado los contratos temporales que supuestamente concertaron las partes, existiendo, por tanto, ante la ausencia de forma escrita, una presunción favorable al carácter indefinido de la contratación que no ha sido desvirtuada mediante prueba en contrario.

En consecuencia, la extinción de la relación laboral acordada por el empresario en fecha 4/4/2021 por finalización de la obra o servicio constituye un despido improcedente con las consecuencias legales que ello comporta según los arts. 56 ET y 110 LRJS.

QUINTO.- No obstante ello, el Fogasa solicitó que se tuviera por hecha la opción por la indemnización conforme al art. 110.1 a) LRJS, precepto de cuya redacción literal parece desprenderse que la posibilidad de anticipar la opción en juicio corresponde al titular del derecho a optar entre la readmisión a la extinción indemnizada, si bien tal facultad también le asiste al Fogasa en los casos en los que el empresario no comparece a juicio y existen datos de los que cabe concluir la imposibilidad de readmitir, como es el presente, en el que se constata el cese de la actividad empresarial. Esto es así porque la nueva redacción dada por la Ley 36/2011 al artículo 23 de la LJS que regula la intervención del Fondo de Garantía Salarial, ha ampliado las facultades que le reconocía el anterior artículo 23 de la LPL, al afirmar la posibilidad de comparecer el Fogasa como parte en defensa de los intereses públicos que gestiona, siendo su llamada al proceso obligatoria en el caso de empresas desaparecidas (artículo 23.2), estableciendo expresamente el apartado 3 del citado precepto que "El Fondo de Garantía Salarial dispondrá de plenas facultades de actuación en el proceso como parte, pudiendo oponer toda clase de excepciones y medios de defensa, aun los personales del demandado y cuantos hechos obstativos, impeditivos o modificativos puedan dar lugar a la desestimación total o parcial de la demanda.

Procede, en consecuencia, tener por hecha la opción por la indemnización, lo que determina la extinción del contrato de trabajo, que debe entenderse producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo ( art. 56.1 ET).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,