Sentencia Social 70/2023 Juzgado de lo Social de Murcia nº 9, Rec. 110/2021 de 27 de abril del 2023

PRIMERO.- La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, a raíz de actuaciones inspectoras, levantó con fecha 16/05/2014 acta de infracción nº NUM000, por medio de la cual imponía a DIRECCION000. una sanción por importe total de 130.000 euros, por dos infracciones administrativas en materia de prevención de riesgos laborales, conforme a lo establecido en el artículo 5.2 LISOS:

1.- Infracción en materia de equipos de trabajo, con incumplimiento de lo establecido en los artículos 4.2 d) y 19 del Estatuto de los Trabajadores, y 14 y 17.1 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con lo previsto en los artículos 3.1.b) y 3.4 del Real Decreto 1215/1997, de 14 de abril y los puntos 1.1, y 1.8 de su Anexo I y los puntos 1.2 y 1.4 del Anexo ll; infracción tipificada en el apartado 10 del artículo 13 LISOS calificada como muy grave, con propuesta de sanción de 120.000 €, considerando como criterios de graduación la gravedad de los daños producidos (accidente mortal), y el carácter permanente del riesgo inherente a la actividad.

2.- Infracción por falta de formación preventiva adecuada, con incumplimiento de lo establecido en los artículos 4.2 d) y 19 del Estatuto de los Trabajadores, y 14 y 19 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con lo previsto en el artículo 5.1 y 2 del Real Decreto 1215/1997; infracción tipificada en el apartado 8 del artículo 12 LISOS calificada como grave, y con propuesta de sanción de 10.000 €, aplicándose como criterio de agravación la gravedad del daño producido.

Es la misma acta se propone un recargo de prestaciones por parte de la autoridad laboral en su grado máximo (50% sobre las prestaciones derivadas del accidente).

SEGUNDO.- El Acta la Inspección de Trabajo concluye: "... el accidente se produce cuando el trabajador fallecido, después de proceder a la limpieza del tubo se dirige a la zona posterior del mismo, activando de forma simultánea su compañero Jose Miguel el desplazamiento del tubo en el sistema de rodillos, sin que existiera comunicación verbal o visual entre ambos, y sin conocimiento por parte de éste ultimo de la posición de su compañero en una zona peligrosa habiéndolo perdido de vista. El tubo se desplaza hasta la zona en la que se encuentra el trabajador sin que pueda evitar el atrapamiento del tubo. No existen barreras físicas o técnicas que impidan el acceso del trabajador a la zona de riesgo y una simultánea puesta en marcha del equipo, ni existe posibilidad de visualizar por el operador del cuadro de mandos la posición del segundo trabajador. Existe un riesgo adicional descubierto de aplastamiento por desplazamiento lateral del tubo una vez finalizado el trabajo en el puesto de la inspección, con riesgo de retroceso del tubo por alteración de los topes de los hidráulicos, por lo que el riesgo de aplastamiento de un operario es doble. Este riesgo afectaba a los trabajadores que prestaban servicios en la fecha del accidente, de forma complementaria al riesgo de aplastamiento que produjo la muerte del fallecido".

Se considera: "Resulta evidente por lo tanto como el equipo de trabajo carece de los elementos de seguridad necesarios en materia de seguridad, lo que provoca el accidente de trabajo mortal, comprobándose un riesgo adicional de la misma gravedad por movimiento lateral del tubo sobre la plataforma de trabajo. Vemos como se confirma la responsabilidad de la empresa en un supuesto de acceso indebido a la zona de trabajo no protegida. En nuestro caso la imputación al empresario debe ser mayor ya que no existe posibilidad de comunicación visual o verbal entre operarios, ni existen medidas complementarias de seguridad para eliminar el riesgo, por lo que cada trabajador actúa de manera independiente del otro bajo una falsa sensación de seguridad y corrección de su actuación individual. En nuestro caso y como se indica, no consta siquiera que el equipo cuente con un marcado y declaración CE del conjunto del equipo (incluso se desconoce si la totalidad de los integrantes de la línea de producción cuentan con dicho marcado), sin que se haya acreditado a los actuantes. Estos incumplimientos de normativa de prevención constituyen la causa directa e inmediata de la producción del accidente. La infracción cometida es la tipificada en el artículo 13.10 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto [...]. La gravedad e inminencia del riesgo son manifiestas al producirse la muerte del trabajador, lo que justifica la aplicación del tipo infractor descrito. Por lo tanto, la infracción material por defecto configuración del equipo de trabajo opera de manera autónoma al comportamiento del trabajador ya que el equipo no cumple con la normativa industrial ni preventiva, siendo responsabilidad de la empresa dicho cumplimiento en los equipos puestos a disposición de los trabajadores. Como veremos más adelante, el trabajador no tenía la formación adecuada para la realización de la actividad y tareas que desempeñaba ni se le facilitó una instrucción clara sobre su sistema de trabajo, lo que agrava la responsabilidad empresarial en la producción del hecho y descarga al trabajador. El trabajador a su vez llevaba solamente una semana trabajando en el puesto de trabajo en el que se produjo el accidente y apenas tres meses en la fábrica".

Aprecia como segunda infracción y causa indirecta del accidente la falta de formación preventiva adecuada, argumentando: "En materia de formación se aporta un certificado por un curso de formación de tres horas de duración, impartido en fecha 7.11.13 por Benita, Técnico del SPA de la empresa en las instalaciones de PREVEMUR, denominándose este curso FORMACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y ESPECIFICA DEL PUESTO DE TRABAJO. El puesto de trabajo para el que se recibe la formación según el certificado es OPERARIO DE INSPECCIÓN INICIAL. El temario del curso se da en este punto por reproducido al ser incorporado al expediente, debiendo destacarse como contiene un total de 21 puntos en los que se incluyen la práctica totalidad de las disciplinas preventivas: señalización, equipos de trabajo, productos químicos, ruido, riesgos biológicos, etc. A su vez, se aporta un certificado de entrega de información del trabajador fallecido firmado en fecha 7.11.13 para el puesto de OPERARIO DE INSPECCIÓN VISUAL FINAL. Como se ha destacado, el puesto de trabajo del accidentado en la fecha del fallecimiento era el de primera inspección. En la página 26 de la Evaluación de Riesgos de octubre de 2013 se recoge la relación de puestos de trabajo evaluados, pudiendo comprobarse como se trata de dos puestos distintos, y el de operario de inspección visual final se evalúa en la página 217 y ss, de forma separada al de Inspección inicial. Se debe destacar cómo la formación la imparte una Técnico distinta a los que han intervenido en la realización de la evaluación de riesgos lo que supone que se va a impartir por alguien que NO HA ESTADO EN LA EMPRESA. De otro lado no existe un manual de instrucciones en la empresa sobre el equipo de trabajo, ya que como se ha destacado ni se sabe si se trata de un solo equipo o un conjunto de equipos. Encontramos un supuesto coincidente con el nuestro en el que la formación del puesto de trabajo se imparte a nivel teórico pero no práctico, en el centro del SPA por un Técnico que no es quien conoce la empresa ni los riesgos reales asociados a los puestos. A su vez la formación práctica como manifiestan los testigos se ha producido por enseñanza de unos a otros en el puesto de trabajo, sin participación de una persona con formación y cualificación para la enseñanza de un proceder adecuado ni con cualificación en materia preventiva. Se trata de un sistema de formación basado en la tradición y la intuición de los propios operarios, lo que sumado a la falta de medidas de seguridad intrínsecas del equipo determina (como causa indirecta) la producción del accidente. Los trabajadores carecen de formación en materia preventiva exigida por el artículo 19 de la Ley 31/1995 y punto 2.1 del Anexo ll del Real Decreto 1215/1997 [...]".

TERCERO.- La empresa presenta en fecha 7/06/2014 escrito de alegaciones, solicitando la suspensión del procedimiento administrativo sancionador al existir procedimiento penal por los mismos hechos, lo que es acordado por Resolución de fecha 30/07/2020 de la Consejería de Presidencia y Empleo.

CUARTO.- Con fecha 16/07/2020, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Lorca dicta Sentencia nº 93/2020, condenatoria, resolución firme, provocando la reactivación y el levantamiento de la suspensión del procedimiento administrativo sancionador.

En la resolución se constatan los siguientes Hechos Probados:

"[...] Sobre las 7:20 horas del 18 de febrero de 2014, Maximino, de 42 años de edad, se encontraba en su puesto de trabajo situado en la línea 2, desarrollando las labores de limpieza manual del tubo, y cuando ya había ultimado la misma del tubo (segunda fase) y se disponía a pasar a la fase siguiente, lo que hacía mediante la movilización del tubo sobre el sistema de rodillos para su colocación en la posición de inicio de las tareas de repasado de la fase siguiente, se inició el desplazamiento longitudinal a través del sistema de control, y como quiera que Maximino se encontraba en la trayectoria del tubo, en la parte posterior del equipo, donde había accedido desde la plataforma de trabajo, resulto atrapado por éste contra el hidráulico y el rodillo, lo que le produjo graves heridas en ambas piernas y abdomen, que provocaron su muerte el día 20 de febrero de 2014.

El referido tubo es de acero al carbono de 2,30 cm de diámetro externo, 18 mml de espesor, 13,5 metros de largo y un peso de 9283 kg de peso y en el momento del accidente no existía ninguna barrera física que impidiese el acceso del trabajador mientras el tubo estaba en movimiento, ni ningún mecanismo activo de detección de presencia que detengan el movimiento del tren de trasporte de rodillos, ni el operador de la línea que acciona manualmente el sistema de movimiento tenía una visión completa del recorrido del tubo, siendo como consecuencia de todo ello, manifiestamente insuficiente tanto el procedimiento de trabajo como las medidas de seguridad adoptadas para impedir que se produjese el óbice.

Los responsables de tales anomalías que causaron el fatal accidente son los acusados, Jenaro, [...], legal representante de " DIRECCION000.", a la vez que vicepresidente y director financiero de la entidad, con amplias facultades de dirección y organización, que le imponían la obligación de proporcionar a los trabajadores los medios necesarios para garantizar su seguridad [...].

Entre las medidas de seguridad que omitieron y son determinantes del mortal accidente se encuentran: inexistencia de barreras físicas que impidan la entrada del trabajador mientras el tubo se encuentra en movimiento; ausencia de mecanismos activos de detección de obstáculos; falta de formación específica del trabajador ante los riegos existentes; falta de control visual del tubo desde el panel de control".

En el Fallo se condena, entre otros, a Jenaro, como responsable criminalmente en concepto de autor de un delito contra la vida e integridad física de los trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal y un delito de homicidio imprudente del artículo 142 del Código Penal, en concurso normativo entre sí, y un delito contra la vida e integridad física de los trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal, en concurso ideal con aquél, ya circunstanciados, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes analógica de reconocimiento de los hechos y de reparación del daño y de dilaciones indebidas.

QUINTO.- Por Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de fecha 23/10/2020, finalmente se confirma la sanción contemplada en el acta de infracción. Esta resolución dispone: "Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante Empleo, Universidades y Empresa en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 112.1 en relación con el 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente demanda ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo del

Superior de Justicia de Murcia en el plazo de dos meses, conforme a los artículos 10.1 a), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativo".

SEXTO.- La empresa interpone Recurso de Reposición ante la Orden de 23/10/2020, que se entiende desestimado por silencio administrativo, quedando agotada la vía administrativa.