Sentencia Social 64/2023 Juzgado de lo Social de Murcia nº 3, Rec. 410/2021 de 08 de mayo del 2023

PRIMERO.- Los anteriores hechos declarados probados se han extraído de la prueba documental que consta en el expediente administrativo, además de con la documental aportada por todas las partes, actora y demandadas al proceso, en el acto del juicio no desvirtuadas por los interrogatorios y la testifical de parte demandante.

La parte demandante impugna la Resolución que desestimó de forma presunta, por silencio administrativo, el Recurso de Alzada, dejando confirmada la Resolución dictada por la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, de fecha digital 10 de febrero de 2021, por la que expone en el Fundamento de Derecho Segundo que " A la vista de la documentación aportada por la mercantil interesada, tras el requerimiento efectuado por esta Dirección General, procede de conformidad con lo establecido en los artículos 21.1 y 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , dar por terminado el procedimiento y tener por desistida a la misma de su solicitud de suspensión de contratos de trabajo.

Ello por seguir sin quedar acreditado de modo fehaciente, tal y como se advirtió en el requerimiento dirigido a la mercantil que, la solicitud de inicio del procedimiento haya sido simultáneamente comunicada a los representantes legales de los trabajadores, o a todos los trabajadores, en caso de ausencia de aquellos..., al no quedar acreditado que la misma haya sido dirigida a los representantes legales de los trabajadores, o a todos los trabajadores de la plantilla (en ausencia de los primeros), ni que la misma haya sido recibida por ninguno de ellos".

Y RESUELVE " Tener por desistida en su solicitud de constatación de la causa de fuerza mayor, para la suspensión del contrato de trabajo de 7 trabajadores, a la empresa AUTOMATICOS VEGA MEDIA SL, con archivo de las actuaciones".

La Administración demandada, y las representaciones de trabajadores/as afectados/as se opusieron a la demanda por las causas que constan en el antecedente de hecho segundo de esta sentencia.

SEGUNDO.- En primer lugar, comenzamos brevemente por indicar que de la resolución referida en el Hecho Probado Octavo, sobre la que la parte actora pretende hacer valer, por comparación y similitud, las pretensiones de la presente, no se colige necesariamente la estimación de ésta, toda vez que nos encontramos ante expedientes distintos y circunstancias diferentes, desconociéndose en este momento las concurrentes en aquél para que se estimase la suspensión de los contratos, en ese caso, entendemos, que de la totalidad de la plantilla (32 trabajadores) por el tiempo en que se produjo y en cumplimiento de los requisitos, lo que en el supuesto de autos procede analizar de nuevo, sin poder extrapolar lo que anteriormente se hizo, por qué se hizo y cómo se hizo.

Y dicho lo cual, en cuanto al fondo, ha de fijarse como marco normativo de la cuestión a resolver el citado por la propia demandante Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, que entró en vigor el 30 de septiembre de 2020, cuya exposición de motivos plasma el propósito de defender el empleo y garantizar la viabilidad futura de las empresas cubriendo diferentes objetivos, entre los que reseña en su apartado II:

"Inicialmente, prorrogar la aplicación de las medidas excepcionales previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo , de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, cuya vigencia estaba previsto que terminase el 30 de septiembre de 2020, así como del procedimiento especial regulado en el artículo 23 de dicha norma , dada la persistencia de los factores que llevaron a su adopción y los efectos socioeconómicos que la emergencia sanitaria sigue causando en la actividad de las empresas y en los contratos de trabajo.

Por otro lado, prever nuevas medidas de suspensión y reducción de jornada causadas por impedimentos o limitaciones en el desarrollo de la actividad de las empresas, como consecuencia de medidas restrictivas o de contención adoptadas por las autoridades competentes".

A su vez, su apartado IV indica:

"El artículo 2 desarrolla previsiones específicas respecto de aquellas medidas temporales de regulación de empleo -suspensiones y reducciones- vinculadas de manera directa con impedimentos de la actividad, o con limitaciones en el desarrollo de la actividad normalizada de las empresas, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan y causadas por nuevas medidas de restricción o contención sanitaria adoptadas por autoridades españolas o extranjeras, en el primer caso, o que sean consecuencia de decisiones y medidas adoptadas por autoridades españolas, en el segundo".

Dicho artículo, incluido dentro del título "Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones de actividad" establece:

"1. Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020, por autoridades españolas o extranjeras, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas, en los centros afectados, por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de los porcentajes de exoneración previstos a continuación, previa autorización de un expediente de regulación temporal de empleo, en base a lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores , cuya duración quedará restringida a la de las nuevas medidas de impedimento referidas: (...)".

2. Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, podrán beneficiarse, desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y en los centros afectados, previa autorización de un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor por limitaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores , de los porcentajes de exoneración siguientes: (...)".

Y en el artículo 3 del citado Real Decreto-Ley se establece que a los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la Covid-19 iniciados tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de enero de 2021, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo , con las especialidades recogidas en este precepto.

Dicho artículo 23 recoge por tanto los supuestos en los que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19.

TERCERO.- Pues bien, partiendo de lo expuesto, no podemos sino acoger los postulados opuestos por la administración demandada, que conllevan, en consecuencia, y así lo adelantamos, la desestimación de la demanda, admitiendo como cierto que, en el presente, no se han acreditado por la demandante los requisitos de forma, bien en cuanto al incumplimiento por su parte de lo relativo a notificaciones a los trabajadores, pese al requerimiento de contrario, que conllevaron la resolución de tenerla por desistida, bien en cuanto al incumplimiento también por su parte de los requisitos de fondo ante la falta de prueba en relación con la concurrencia de los motivos aducidos de fuerza mayor, limitándose de forma genérica a plasmarla como tal y sin más acreditación en su solicitud.

Dicho lo cual, basta con analizar la documental aportada por la actora, reflejada en los hechos probados de la presente, para observar las confusiones y dudas generadas en cuanto al número de trabajadores afectados por el ERTE y los no afectados por el mismo, incluso en cuanto al total de los que componen la plantilla, amén de abundar en lo farragoso del procedimiento de notificación personal e individual a los trabajadores, que en modo alguno justifica verdaderamente el que haya llegado a los mismos, dado que incluso en uno de sus escritos, tras el requerimiento, vuelve a aportar igual y sesgada documentación respecto de las notificaciones vía WhatsApp o formularios Google a algunos, que no a todos, reiteramos, de los trabajadores, finalizando con la manifestación de que aporta ejemplos similares, que nada tienen que ver con el supuesto de autos, con esta empresa concreta y, sobre todo, con sus trabajadores.

Añadir que el presente modelo permite la comunicación individual a las personas trabajadoras de la intención por parte de la empresa de realizar un ERTE por fuerza mayor en base al Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes ( art. 47 ET) se aplicarán las siguientes especialidades, que en lo que aquí interesa, son:

a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de éstas.

b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

Huelga decir que en el presente no se cumple lo preceptuado.

CUARTO.- Y por último, pese a que por sí mismo el incumplimiento de lo antedicho por parte de la empresa conlleva la desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución administrativa, abundar e indicar que el supuesto citado en el Art. 2.2 del indicado Real Decreto-Ley 30/2020 regula los ERTES COVID-19 que traen causa de Fuerza Mayor, y en los que ésta ha de ser directa, exigiéndose por tanto que las suspensiones de contrato o las reducciones de jornada, estén vinculadas de manera directa con " impedimentos de la actividad, o limitaciones en el desarrollo de la actividad normalizada de las empresas".

Y el supuesto del Art. 3 del mismo Real Decreto-Ley 30/2020 en el que se regulan los ERTES COVID-19 derivados de " causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la Covid-19", en los que las suspensiones de contrato o las reducciones de jornada, estén vinculadas de manera indirecta a " impedimentos de la actividad, o con limitaciones en el desarrollo de la actividad normalizada de las empresas".

La empresa demandante, alega en su demanda y solicitud como causa o motivo de su pretensión Fuerza Mayor en relación con la declaración del estado de alarma, establecido por los Reales Decretos-Leyes 926/2020 y 956/2020, de fechas 25 de octubre y 4 de noviembre, respectivamente, además de la orden de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud de la comunidad Autónoma de Murcia y el Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre.

Decir sobre el particular que, en cuanto a los centros de trabajo afectados que prestan sus servicios en el ámbito de la mercantil actora, hay que partir de la Resolución de 19 de junio de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se disponía la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación, (BORM 19/06/2020), fijándose una serie de medidas específicas de contención y aforo aplicables a distintos sectores, NO encontrándose entre dichos sectores el que corresponde con la prestación de servicios que ofrece dicha mercantil de referencia a fecha de efectos 20 de enero de 2021.

No existía a esa fecha medida establecida o adoptada por la normativa de la Administración que implicase de forma directa la suspensión y reducción de jornada a llevar a cabo en sus 10 centros de trabajo o salones de juego, más allá del citado cierre que refiere debía producirse a las 20:00 horas.

La empresa en su solicitud hace referencia, sin más, a la crisis financiera y económica más reciente, sin constatación alguna de otra prueba en relación con la actividad del sector, entre otros datos económicos, desaceleración del crecimiento, presión al alza de los costes y reducción de márgenes ajustados cuando irrumpe la crisis sanitaria del COVID-19, que azotase directamente a dicha mercantil y que redujese de manera significativa su volumen de actividad e ingresos.

A partir del 2/12/2020, la normativa en vigor mantuvo las medidas mencionadas, pero con distintas peculiaridades, dependiendo del nivel de alerta sanitario en que se encontrara el municipio donde radicara el centro de trabajo en cuestión, no quedando, por tanto, acreditada la existencia de vínculo directo alguno entre el suceso configurado como de fuerza mayor (distanciamiento, limitación de aforo y de servicio en barra y mesa) y las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada pretendidas por la mercantil.

La esgrimida Orden de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y la vigencia de las medidas adicionales, de carácter temporal, contenidas en la Orden 26 de octubre de 2020, y se adoptan medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales. (BORM 7/11 ), establece una serie de medidas extraordinarias de carácter temporal aplicables al sector de la hostelería y restauración, las cuales desplegarían sus efectos desde el 7/11/2020 hasta el 21/11/2020, anteriores a la fecha citada de efectos.

Se comparte por todo ello el razonamiento de la Resolución confirmada por silencio administrativo que desestima el recurso de Alzada, procediendo la desestimación de la demanda.

QUINTO.- Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de Suplicación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 190.2 en relación al Art. 191.1 de la L.R.J.S., al tratar la Resolución impugnada sobre autorización de supuesto para ERTE.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación