Sentencia Social 443/2024 Juzgado de lo Social de Palencia nº 1, Rec. 655/2024 de 10 de diciembre del 2024

PRIMERO. -Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados se han deducido de la prueba documental obrante en autos, en el sentido que se expondrá en los siguientes fundamentos jurídicos.

SEGUNDO.- Interpone la parte actora la presente demanda en materia de tutela de derechos fundamentales, interesando que se declare que la actuación de la Gerencia, denegándole la modificación de turno para poder asistir a un ciclo formativo, supone vulneración del derecho fundamental a la formación, recogido en el art. 27 de la Constitución Española, en relación con el art. 23. a) del ET, y contraviene, asimismo, lo dispuesto en el art. 57 del convenio de aplicación. Alega en su demanda, en síntesis, que estamos en presencia de un derecho constitucionalmente protegido, y no basta con que la demandada alegue sin más necesidades y organización del trabajo, sino que tendrá que justificar debidamente la imposibilidad de adaptación, alegando al respecto que precisamente uno de los días en que se dijo que el servicio quedaría desatendido (17 de octubre) se le ordenó descansar, teniendo en su calendario laboral turno de tarde. Interesa acumuladamente una indemnización por daños morales, asociado a la negativa infundada da de la empresa, que cuantifica en 3700 euros por remisión a la LISOS, dada la negativa empresarial sin siquiera abrir un proceso de negociación con la demandante.

La Gerencia se opone a la estimación de la demanda alegando que, pese a que la matrícula se formalizó el 23/7/2024, no fue sino hasta un mes después cuando solicitó la adaptación de la jornada para cursar estudios, con mucha premura, no siendo posible atender a lo solicitado. Se remite al informe aportado en el acto del juicio referido a las necesidades de personal en la planta donde presta servicios la actora, argumentando que de concedérsele el derecho, en determinados días el servicio quedaría por debajo de los mínimos, lo que implicaría la necesidad, a su vez, de modificar los turnos de los demás trabajadores, con las consiguientes dificultades organizativas. Alega asimismo que no es preceptiva una negociación ex art. 38.4 del ET, ya que el precepto se refiere a la adaptación de jornada para conciliación de ida familiar y laboral, no siendo éste el caso. Se opone de cualquier modo a la indemnización interesada, por considerarla desproporcionada, toda vez que la negativa está fundada y no es preciso un proceso de negociación. Subsidiariamente, de estimarse la demanda, interesa una estimación parcial, para otorgar el derecho a partir de enero de 2025, de cara a la negociación del calendario de trabajo.

TERCERO.-El art. 27 de la Constitución española garantiza el derecho a la educación, que conforme al apartado 2 de dicho precepto "tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".

El Estatuto de los Trabajadores, por su apte, dispone en su art. 23.1: "El trabajador tendrá derecho:

a)Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo y a acceder al trabajo a distancia, si tal es el régimen instaurado en la empresa, y el puesto o funciones son compatibles con esta forma de realización del trabajo, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional".

Por su parte, el art. 57 del convenio de aplicación dispone:

"Adaptación de jornada.

Las personas trabajadoras que cursen estudios encaminados a la obtención de un título académico o certificado de profesionalidad correspondiente a enseñanzas oficiales de carácter reglado tendrán preferencia para elegir el turno de trabajo, en su caso, de vacaciones anuales, así como la adaptación de la jornada diaria de trabajo para la asistencia a los cursos, siempre que las necesidades y la organización del trabajo lo permitan. Tendrán derecho, asimismo, a la concesión de permisos retribuidos para concurrir a exámenes, en los términos que se establezcan. En cualquier caso, será condición indispensable que la persona trabajadora acredite debidamente que cursa con regularidad tales estudios".

En el caso que nos ocupa, ha resultado acreditado que la trabajadora, que presta servicios en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, se ha matriculado en un curso formativo de Grado Superior, en horario presencial de tarde de lunes a viernes, por lo que ha interesado su adaptación a turno fijo de mañana. La sentencia de la sala de lo Social del TSJ de Galicia de 21/10/2019, recurso 3303/2019, invocada por la acota, determinó: "Conforme al artículo 4.2.b) ET los trabajadores tienen derecho a la promoción y a la formación profesional, derechos que está intrínsecamente unidos porque la promoción profesional depende, en gran medida, de la formación del trabajador ( artículos 27.1 , 35.1 y 40 CE ); ahora bien, ello no supone que el empresario cargue con la obligación prestacional del art.27 CE , como tampoco que el derecho sea absoluto y prime sobre las obligaciones derivadas de la relación laboral. Es el legislador el que ha buscado el equilibrio entre los intereses contrapuestos y ha configurado en el art.23 ET cual debe ser el régimen obligacional para las partes para garantizar el derecho a la formación y educación del trabajador con el derecho a la libertad de empresa.

Pues bien, en ese régimen legal lo sustancial son las obligaciones referidas al tiempo de trabajo-pues es fuera de éste donde el trabajador va a ejercer su derecho a la educación-,y dentro del mismo, aun cuando otros derechos se remiten a una configuración convencional, el ap.1.a) establece unos derechos incondicionados:" Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional ",siendo el segundo de éstos el que pretendió ejercitar el actor y le fue denegado por la empresa recurrente. La dimensión constitucional de tal derecho se reconoció por la jurisprudencia citada en la sentencia de instancia ( STS de 25 de octubre de 2002 -Rec. 4005/2001 y de 6 de julio de 2006 -Rec. 1861/2005 ) que argumentó en síntesis que :" "Las normas fundamentales ( artículos 27.1 , 35.1 y 40 CE ) y las de rango de legalidad ordinaria ( artículos 4.2.b ) y 23.1.a) ET ) hacen prevalecer sobre cualquier otra circunstancia, salvo prueba en contrario, el ejercicio por los trabajadores de su derecho a la promoción profesional, y en tal sentido no es aceptable limitar el alcance y el efecto de las normas que reconocen tal derecho más allá de lo razonable, mediante una interpretación restrictiva que no encuentra justificación alguna".

Partiendo, por tanto, de la dimensión constitucional del derecho a la formación, es obligado el reconocimiento del derecho salvo que se acredite por la empresa la concurrencia de circunstancias que hagan manifiesta la dificultad de su otorgamiento. Y en este caso, la empresa denegó la solicitud argumentando que desminados días quedaría un potencial por debajo de 8 trabajadores en el turno, refiriendo, a modo de ejemplo, el día 17 de octubre, que finalmente le fue dado de descanso a la trabajadora demandante. Es en el informe aportado en el acto del juicio cuando se explica el número de trabajadores necesarios por turno, aludiendo nuevamente a las dificultades organizativas derivadas de la concesión del derecho. Sin embargo, considerando que existen 35 trabajadores con la misma categoría profesional de la demandante que prestan servicios en turnos rotativos, la alegación realizada por la empresa es genérica, y no existe una constatación efectiva de tales dificultades organizativas que permita realizar una interpretación restrictiva del derecho de la trabajadora demandante. Procede, por lo expuesto, estimar la pretensión principal ejercitada, declarando vulnerado el derecho fundamental a la educación de la trabajadora demandante y la nulidad de la actuación de la demandada y, en consecuencia, condenar a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León a estar y pasar por esta declaración y al reconocimiento a la trabajadora demandante del derecho a la elección de turno de trabajo en los términos del art. 23.1 a) del ET.

CUARTO.-En cuanto a la indemnización adicional, en la demanda se cuantifica en 3700 euros por remisión a la LISOS, alegando la existencia de un daño moral asociado a la negativa infundada de la demandada y a la ausencia de un proceso de negociación. Tal y como ha señalado la jurisprudencia ( STS 17/05/05, RJ 6446) la sentencia que pone fin al proceso de tutela de derechos fundamentales será normalmente, si se reconoce la lesión del derecho fundamental, una sentencia declarativa y de condena, en la que, se lleva a cabo al mismo tiempo una tutela inhibitoria respecto del acto lesivo de la libertad sindical, una tutela restitutoria o de reposición del derecho vulnerado, y en su caso una tutela resarcitoria de los daños producidos al trabajador o trabajadores afectados".

En relación a la tutela restitutoria de los daños morales, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha sentado las siguientes reglas:

1.- Dado lo dificultoso, por su propia naturaleza, de su determinación y prueba, la LRJS ha flexibilizado la interpretación que de tales extremos se venía efectuando por la jurisprudencia ordinaria, al disponer en el Art. 182.1.d que " La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas: ... d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183.

2.- Por otra parte, el Art. 179.3 LRJS preceptúa que: " La demanda ... deberá expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración, el derecho o libertad infringidos y la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso, con la adecuada especificación de los diversos daños y perjuicios, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 182 y 183, y que, salvo en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada, deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada, incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño , o las bases de cálculo de los perjuicios estimados para el trabajador " ( art. 179.3 LRJS ),

3.- Con la nueva regulación los daños morales van de suyo o resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental, y cuando resulte difícil su estimación detallada deberán flexibilizarse, en lo necesario, las exigencias normales para la determinación de la indemnización ( STS 17/12/13, Rec. 109/12; 30/04/14, Rec. 213/13; 19/12/17, Rec. 624/16), sobre cuya cuantía debe pronunciarse el juez determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño " ( art. 183.2 LRJS ).

4.- La cuantificación de los daños corresponde al Juez de Instancia siendo solo revisable en los casos en que resulte manifiestamente arbitraria, irrazonable o desproporcionada ( SSTS de 5/2/2013, Rec. 89/2012; 17/06/14, Rec. 157/13), habiéndose considerado idónea la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS para las infracciones producidas tanto por la Jurisprudencia ordinaria ( SSTS 15/2/2012, Rec. 67/2011; 8/07/14, Rec. 282/13; 29/11/17, Rec. 7/17) como por la constitucional ( STC 247/06)".

Aplicando la anterior doctrina jurisprudencial al supuesto enjuiciado, para la reparación de los daños morales ínsitos en cualquier vulneración de un derecho fundamental, atendiendo a que la indemnización tiene una finalidad no solo resarcitoria sino también disuasoria, y al carácter puntual de la lesión, procede modular la indemnización interesada, considerando que la negativa lo es hasta 31 de diciembre de 2024, a la vista del calendario, y teniendo presente la premura de la solicitud en relación con la fecha de inicio del curso -pudiendo haber solicitado la trabajadora su derecho con antelación a la vista de la fecha de la formalización de la matrícula-; y por otra parte, el art. 57 del convenio colectivo no impone al apertura de un proceso de negociación, motivos por los que se considera que, en una prudente moderación, la indemnización debe queda fijada en 1500 euros.

QUINTO.-Contra la presente sentencia procede recurso de suplicación de acuerdo con cuanto al efecto se establece en el artículo 191 de la LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,