Sentencia Social 150/2025 Juzgado de lo Social de Melilla nº 1, Rec. 495/2024 de 12 de agosto del 2025

PRIMERO.La parte actora impugna la modificación de las condiciones de trabajo realizada por la empresa demandada a los trabajadores a los que representa, siguiendo para ello el procedimiento de conflictos colectivos contemplado en los arts.153 a 162 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS). Y ello con base en que la modificación del horario de los trabajadores del centro no ha respetado el deber de negociación de buena fe con los sindicatos y, por tanto, ha violentado la libertad sindical como derecho fundamental, y ello porque, entiende, la empresa demandada ya tenía tomada la decisión antes de sentarse a negociar (llamamiento a los interinos con carácter previo, la no asunción de ninguna de sus reclamaciones, etc.) y el periodo de consultas fue una mera formalidad sin contenido real, incumpliendo las normas relativas a dicho periodo contempladas en el art. 41 y 47 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), imponiendo unilateralmente su decisión, con la consiguiente nulidad de pleno derecho.

El sindicato personado se adhiere a dichas argumentaciones y pedimentos.

La empresa demandada, por su parte, alega que sí que respetó la buena fe de toda negociación laboral, recogiendo incluso algunas de las reclamaciones de los trabajadores. Antes, sin embargo, alega como excepción procesal la de inadecuación del procedimiento utilizado por la parte actora y la carencia sobrevenida de objeto. Veámoslo, dejando claro, antes, que a los efectos de lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados lo han sido de la valoración conjunta, conforme a las reglas de la sana crítica, de los elementos de convicción y de las pruebas propuestas y practicadas en juicio, consistentes fundamentalmente, en este caso, en la documental aportada y en la falta de controversia de los hechos declarados probados, de acuerdo con el art. 87.1 LRJS y los arts. 281.3 y 405.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), por remisión de la Disposición Final Cuarta de la LRJS.

SEGUNDO.Dispone el art. 153.1 LRJS que se tramitarán por el procedimiento de conflictos colectivos, entre otras, «las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41». Este es el procedimiento elegido por la parte actora, por entender que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo llevada a cabo por la empresa demandada afecta a los intereses generales de la mayoría de los trabajadores del aeropuerto de Melilla y que, de hecho, la propia demandada les dirigió a ese procedimiento al plantear, por ejemplo, las consultas previas previstas en la Ley para este tipo de procesos.

La empresa demandada, sin embargo, entiende que para seguir este procedimiento es necesario cumplir con los requerimientos del art. 41.2 ET, tal y como prevé el citado art. 153.1 LRJS, el cual señala que se considera «de carácter colectivo» la modificación de las condiciones de trabajo reconocidas a los trabajadores que, en un periodo de noventa días, afecte al menos a 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores. Sostiene la demandada que Aena SME S.A., como no es controvertido, ocupa a más de 7.000 empleados, por lo que la modificación de ampliación de horario acordada debería haber afectado al menos a 30 trabajadores para seguir el procedimiento pretendido por la parte actora. Como el cambio horario ha afectado, según resulta acreditado y ya se ha indicado en el Fundamento anterior, a dieciocho trabajadores, el procedimiento seguido no es el correcto, según la empresa demandada. Esta trae a conocimiento de este juzgador jurisprudencia que señala que este umbral numérico del art. 41.2 ET hace alusión «a la totalidad de la plantilla de la empresa, no a quienes presten sus servicios en el centro de trabajo concreto» ( STS 19 noviembre 2019).

Expuestos los argumentos de las partes, este juzgador se inclina por dar la razón a la empresa demandada, dado el apoyo jurisprudencial referido. Ello lleva a una falta de legitimación activa por parte de los representantes sindicales actuantes, que habrían procedido indebidamente de acuerdo con el art. 154 LRJS. El procedimiento seguido debería haber sido el previsto en los arts. 138 y siguientes LRJS para el caso de modificaciones sustanciales de condiciones generales de contratación no colectivas, donde la legitimación activa corresponde directamente a «los trabajadores afectados por la decisión empresarial», no a los órganos de representación de estos y/o sus sindicatos, los actuales recurrentes. Que la empresa haya apuntado aparentemente y con carácter previo a este procedimiento colectivo no cambia la realidad normativa que regula la cuestión: la pretendida doctrina de los actos propios alegada por la parte actora no puede ir en contra de la legalidad vigente.

En consecuencia, debemos concluir afirmando que no nos encontramos ante un conflicto colectivo y, en aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta, no queda sino apreciar la excepción procesal alegada, con la correspondiente desestimación de la demanda, sin necesidad de proceder al análisis del resto de cuestiones controvertidas.

TERCERO.De conformidad con lo establecido en la LRJS, no procede la imposición de costas.