Sentencia Social 64/2025 Juzgado de lo Social de Ciudad Real nº 1, Rec. 340/2024 de 14 de febrero del 2025

PRIMERO. - Los hechos que se han declarado probados derivan de la documental aportada por las partes, y del contenido del Expediente Administrativo, que se dan por reproducidos, y, de la valoración de la misma, conforme al artículo 97.2 de la LRJS.

SEGUNDO. - La parte demandante alega en su demanda que, respecto de los hechos comprobados por la inspectora, las trabajadoras con contrato para la formación y el aprendizaje fueron objeto de una actividad formativa por parte de la empresa que les facilitó los medios económicos, materiales y humanos necesarios para la formación incluido el tiempo reservado al estudio. Igualmente alega la falta de comprobación directa de la inspectora de trabajo, ya que lo anterior hubiera sido acreditado con la comprobación directa de la Inspectora de trabajo a través de la comparecencia de los trabajadores para tener una visión real de lo sucedido, cuestión que no se ha realizado las trabajadoras no han sido llamadas para ser oídas... Falta de acreditación de la existencia de fraude de ley... La empresa no puede ser responsable de las omisiones voluntarias de los trabajadores, dándose por reproducidas las demás alegaciones, y en el acto de la vista se ratificó en el suplico de su demanda

Por la letrada de la Consejería de Economía, Empresa y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha solicitó que se declare la inadmisibilidad de la demanda por falta de legitimación pasiva, la falta de competencia del juzgado para conocer de las actas de infracción. En tercer lugar, alegar la firmeza del Recurso de Alzada en tiempo y forma. Respecto del fondo el acta señala los hechos contrastados, dando por reproducidas las actas que están dotadas de presunción de certeza, es correcta la sanción impuesta, y por tanto solicita la desestimación íntegra de la demanda.

Por la Abogacía del Estado se alegó la falta de legitimación pasiva dado que se impugnan es una resolución de la secretaria general de Economía, y la demanda se dirige contra la Inspección de trabajo, y no puede ser demandada por ello. Por tanto, la Inspección de trabajo carece de legitimación pasiva. Respecto del fondo solicitó que se dicte una sentencia conforme a derecho.

Igualmente, respecto de la falta de legitimación pasiva entiende que debe ser llamada en el procedimiento por la tutela judicial efectiva que exige oír en el proceso a todos los interesados, y tiene que ser oído para que diga lo que tiene que decir respecto de la impugnación del Recurso de Alzada. La Consejería le hace participe a la Inspección en los folios 114 a 121 del Expediente, y por ello debe ser traído al procedimiento.

Respecto de la falta de legitimación de la a Consejería de Economía, Empresa y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la demanda se presenta por silencio administrativo y no debe ser estimada la falta de legitimación pasiva.

Respecto de la falta de competencia, se hace alusión al documento nº 4, al considerar que es el Juzgado de lo contencioso por auto contenido en dicho documento el que remite a la Jurisdicción social.

TERCERO. - En el caso enjuiciado las cuestiones controvertidas derivan de un acta de infracción de la Inspección de Trabajo de Ciudad Real, de fecha 31-3-2022 y respecto de dichas actas, se ha de partir como afirma TSJ Castilla-La Mancha (Social), sec. 1ª, S 19-12-2019, nº 1688/2019, rec. 1619/2018 que ".... las actas levantadas por la Inspección de Trabajo, tanto el art. 23 de la Ley 23/2015 de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y art. 15 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, como en el art. 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establecen que las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos legalmente estarán dotadas de la presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma, que hayan sido constatados por el Inspector actuante, salvo prueba en contrario.... En relación con el valor probatorio de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo depende de la presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección , que se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991 y 16 de diciembre de 1996) presunción de certeza limitada a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 24 de junio de 1991 y 18 de diciembre de 1995, citadas por la del mismo Tribunal de fecha 16 de diciembre de 1996). Por ello, concluye la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8 de mayo de 2000, que: "El acta de la Inspección es una prueba documental pública susceptible de valoración, en cuanto refleja hechos constatados por funcionario, sin perjuicio, claro está, de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar o señalar los administrados"....Por otra parte, en relación con el valor probatorio de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo, la doctrina jurisprudencial (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo núm.. 614/2017 de 12 de julio, rec. 278/2016 y las en ella citadas) tiene establecido que: "la presunción «iuris tantum» de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción sino que también se extiende a los informes ( STS 22/05/12, rco 76/11 ), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los «hechos» constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS SG 20/10/15, rco 181/14 y 17/03/16, rco 178/15 ). Pero de todas formas no cabe olvidar que:

a).- Las referidas actas «no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas» ( SSTC 76/1990, de 26 de abril FJ 8; 14/1997, de 28 de enero, F J 7; 35/2006, de 13 de febrero, F J 6; y 82/2009, de 23/Marzo , FJ 4) .

b).- En palabras de esta Sala, «... la actuación de la Inspección de Trabajo tiene un carácter informativo que conduce a la ulterior valoración por parte de quien juzga en instancia, como un medio probatorio más sin que quepa atribuirle efecto vinculante alguno y sin que pueda excluirse el análisis de los demás medios de prueba y, en suma, la necesaria convicción de quien juzga tras la valoración de todos ellos» ( SSTS SG 18/03/14, rco. 114/13 y STS SG 17/03/16, rco 178/15; y).

c).- Y como elemental consecuencia de ello, también hemos entendido desde siempre que las actas e informes de la Inspección de Trabajo no son «documento» a los efectos revisorios (así, SSTS 09/02/96, rco 2429/94 ; 27/02/01, rco 141/00 ; y 11/12/03, rco 63/03 ), pues aunque proceden de un funcionario especialmente cualificado en la materia sobre la que informa, de todas formas la material incorporación de sus apreciaciones fácticas carecen de la fehaciencia exigible para modificar la apreciación judicial de los hechos (así, la citada STS SG 17/03/16, rco 178/15 )".

CUARTO. - Partiendo de lo anterior, en relación a la falta de competencia de la jurisdicción social para resolver sobre la nulidad del acta, alegada por la codemandada, secretaria general de Economía, Empresa y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha afirmando que lo impugnado es el acta de infracción de la Inspección de trabajo, y no la resolución administrativa. En el mismo sentido anterior, la parte demandante no modificó el petitum de su demanda, ratificándose en su demanda y manteniéndose en sus peticiones, y en la demanda en cuanto a su petición es clara "...se dicte sentencia declarando al nulidad de la Resolución de fecha 31-3-2022..., que no existe, aunque el acta de infracción de la Inspección de trabajo, es de dicha fecha 31-3-2022, y por tanto quien ha ejercido la potestad sancionadora es la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real que dictó Resolución de fecha 1-9-2022 y confirmada por la de la Secretaria General de Economía, Empresa y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha de fecha 8-3-2023, por la que se imponía una sanción de 626 euros, por la infracción en materia de relaciones laborales, que confirma la sanción, y respecto de la que no se solicita ninguna nulidad, por lo que se ha de dar respuesta a dicha petición.

A tal efecto el artículo 2.1 n) y s de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social viene a establecer que: "Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:

n)En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 5 del artículo 47, en el artículo 47 bis) y en el apartado 7 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional. (...)

s) En impugnación de actos de las Administraciones públicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las comprendidas en el apartado o) de este artículo, incluyendo las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepción de las especificadas en la letra f) del art. 3...".

Como se ha pronunciado distintas resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia, en concreto: STSJ Cataluña (Social), sec. 1ª, de fecha 25-01-2023, nº 385/2023, rec. 5169/2022 y STSJ Madrid (Social), sec. 2ª, de fecha 16-05-2012, nº 390/2012, rec. 2887/2011 que vienen a establecer que: "...la jurisdicción, como norma de derecho absoluto y necesario, constituye el primer presupuesto formal y trámite inexcusable para que el órgano judicial pueda conocer del pleito sometido a su consideración, y por afectar al orden público procesal las cuestiones de competencia "ratione materiae" quedan fuera del principio dispositivo de los litigantes y de la voluntad del propio Juzgado o Tribunal, siendo la jurisdicción improrrogable, como expresamente dispone el artículo 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (, 2635; hasta el extremo de la posibilidad de su apreciación de oficio - arts. 9.6 LOPJ y 5 de la Ley de Procedimiento Laboral (, 1563)-, imponiéndose el estudio preferente de la incompetencia objetiva o por razón de la materia , ya que de concurrir aquélla significaría un obstáculo insuperable que vedaría al órgano judicial entrar en el examen del fondo del asunto...".

En aplicación de dichos preceptos, el acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de fecha 31-3-2022, que no pone fin a la vía Administrativa, como consta en el propio Acta, la advertencia a la empresa de que de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 14.1.f) 17.1 y 18 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidativos de cuotas de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 926/1998 de 14 de mayo en redacción dada por el Real Decreto 772/2011 de 3 de junio, podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de notificación de la presente Acta...y efectivamente como se ha consignado en los hechos probados y consta en el Expediente se realizaron por la empresa demandante las correspondientes alegaciones, y prosiguió el expediente administrativo hasta dictarse las Resoluciones por Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real que dictó Resolución de fecha 1-9-2022, frente a la que se interpuso Recurso de Alzada y que fue desestimado y confirmada la anterior, por la de la Secretaria General de Economía, Empresa y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha de fecha 8-3-2023, que es el acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, y frente a dicha resolución la parte demandante no solicita nada en su demanda, ni tampoco en el acto de la vista, por tanto la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no atribuye competencia alguna a este juzgador respecto a anular el acta de infracción de 31-3-2022, como solicita la parte demandante y mantuvo su expresa petición y ello ha de llevar a la estimación de la falta de competencia objetiva alegada por la letrada de la Secretaria General de Economía, Empresa y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, sin necesidad de entrar a analizar las demás alegaciones.

QUINTO. - La materia objeto de esta litis es susceptible de recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de SM El Rey, y en virtud de la autoridad que me confiere la Constitución Española,