Sentencia Social 109/2025 Juzgado de lo Social de Cartagena nº 1, Rec. 753/2024 de 14 de marzo del 2025

PRIMERO.En el presente proceso el demandante reclama frente a la empresa demandada, tras la aclaración de demanda realizada en el acto del juicio, el reconocimiento de la categoría profesional E5, en lugar de la E8 que tiene reconocida, que es la que corresponde a las funciones que desempeña, y a abonar las diferencias retributivas devengadas, en cuantía que quedó establecida en 39.780,94 euros, desde enero de 2022 y hasta la fecha del juicio.

Con carácter previo, hay que aclarar que se ha declarado probado el importe de las diferencias en virtud de las nóminas aportadas y las tablas salariales del convenio colectivo.

SEGUNDO.Frente a las pretensiones de la parte actora, la demandada se opone y plantea las excepciones de inadecuación de procedimiento y falta de acción.

Comenzando por la primera excepción, hay que realizar una primera precisión, y es que en la demanda se reclama el reconocimiento de la categoría profesional E5 frente a la E8, pero tales categorías no existen en el convenio colectivo de la empresa. En el artículo 7 del I Convenio Colectivo Intercentros de la empresa "Navantia" se establece un sistema de clasificación profesional por grupos funcionales y grupos profesionales y, conforme al artículo 8, dentro de cada grupo profesional se establecen unos niveles que, en conjunción con el grupo asignado a cada trabajador, determinan la "clasificación organizativa".

Por tanto, en principio, dado que lo que el trabajador reclama no es el reconocimiento de un grupo ni de una categoría profesional, cabría entender que su pretensión no puede tramitarse por la modalidad procesal regulada en el artículo 137 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Sin embargo, puesto que el propio convenio, en el artículo 10, define estos niveles profesionales en función de las categorías a las que corresponden y las tareas que estas engloban, puede considerarse que se trata de una demanda de clasificación profesional. En cualquier caso, dado que, por la cuantía de las diferencias salariales reclamadas, la sentencia que se dicte es susceptible de recurso de suplicación, el hecho de que el proceso se hubiese tramitado como ordinario no supondría ninguna diferencia procesal relevante.

TERCERO.En cuanto a la excepción de falta de acción, planteada como cuestión material o de fondo, la letrada de la empresa demandada afirmó en el acto del juicio que no existen discrepancias significativas respecto a las funciones que desempeña el trabajador, y que el debate se centra en una cuestión estrictamente jurídica. Así, alegó que la pretensión del actor se enmarca en el nuevo sistema de clasificación profesional del I Convenio Colectivo Intercentros de la empresa Navantia, cuyo desarrollo está encomendado a la comisión de política salarial y promoción profesional y, mientras este desarrollo no finalice con el encuadramiento de los grupos profesionales 3 y 4, que ha quedado pendiente, se sigue aplicando el sistema anterior, regulado en los convenios colectivos de la Empresa Nacional Bazán, en base al cual se reconoce a los trabajadores el acceso al nivel superior (E5) cuando cumplen la antigüedad de 8 años, que es el motivo por el que algunos de los trabajadores que prestan servicios en el mismo departamento y con las mismas funciones que el actor tienen reconocido este nivel superior.

Para resolver esta cuestión, hay que comenzar por delimitar la pretensión del demandante, y es que, aunque en la demanda se invoca el artículo 12.1 del convenio, este precepto no resulta aplicable, puesto que regula el cambio de nivel dentro del mismo grupo funcional o profesional, y lo que la parte actora plantea no es que se haya producido un cambio en sus funciones que determine un cambio de nivel, sino que, desde el inicio de la relación laboral, el nivel que le ha sido reconocido no corresponde a las funciones que desempeña.

Se plantea, por tanto, que el encuadramiento del actor en el sistema de clasificación profesional de la empresa es incorrecto desde la celebración del contrato de trabajo, en el que se fija el nivel E8, pretensión que debe ser desestimada por varias razones.

En primer lugar, hay que resaltar que el convenio colectivo establece con claridad que el sistema de clasificación profesional se establece en función de grupos funcionales y grupos profesionales, y el artículo 11 establece que, dentro de cada grupo funcional, quienes estén encuadrados en los grupos 3 y 4 deberán realizar todas las tareas propias y auxiliares de dicho encuadramiento. En este caso, no se discute que el demandante está correctamente encuadrado en el grupo 4, y que todas las tareas que realiza corresponden al mismo, por lo que su clasificación profesional es correcta.

En cuanto al pretendido cambio de categoría que, en realidad, sería un cambio de nivel profesional, es cierto que el artículo 10, tras definir los cuatro grupos profesionales, contiene una "definición de los niveles profesionales", pero lo hace "al objeto de mantener las definiciones tradicionales como criterios orientativos", recogiendo las categorías profesionales que sí formaban parte del sistema de clasificación profesional de los anteriores convenios colectivos de la Empresa Nacional Bazán y que ya no existen.

No puede mantenerse, por tanto, que exista una exacta y automática correlación entre las funciones propias de las anteriores categorías profesionales y los niveles profesionales del nuevo convenio, sino que se trata de un criterio meramente orientativo. De hecho, el propio convenio dejó pendiente de desarrollo la aplicación del nuevo sistema de clasificación profesional, encomendando a la comisión de política salarial y promoción profesional, creada por la disposición adicional primera, las tareas de realizar el encuadramiento del personal en la nueva estructura de clasificación profesional y en la nueva tabla salarial en un plazo de nueve meses, lo que se ha realizado respecto a los grupos profesionales 1 y 2 pero no para los grupos 3 y 4, al no haberse alcanzado un acuerdo.

En cuanto a la alegación de la parte actora de que ha finalizado el plazo establecido para que la comisión finalizase su tarea, hay que indicar que eso no implica que quede abierta la posibilidad de que cada trabajador pueda impugnar a título individual su encuadramiento, puesto que la misma disposición prevé que, una vez transcurrido el plazo sin alcanzar un acuerdo, las discrepancias se someterán a la Comisión Mixta para su resolución, al igual que se prevé en el artículo 12.1 para las diferencias que puedan surgir en relación con los cambios de nivel, y el artículo 12.2 para los cambios de grupo funcional.

Para finalizar, cabe añadir que preceptos convencionales similares a los examinados, que prevén el sometimiento a las comisiones de seguimiento de los convenios (con sus distintas denominaciones) de las controversias surgidas en su aplicación, han sido validados por la Sala 4ª del Tribunal Supremo (entre otras, sentencias de 17-09-2014 y 18-12-2012), afirmando que "lo contrario supondría desconocer lo querido por los negociadores y la fuerza vinculante que a los convenios colectivos reconoce el artículo 37.1 de la Constitución ".En este mismo sentido, en la sentencia nº 816/2020, de 30 de septiembre (rec. 26/2019), se afirma que: "La jurisprudencia de esta Sala, por todas STS 17 de julio de 2014, rec. 133/2013 , ha defendido que, en los conflictos nacidos en el marco de aplicación e interpretación del convenio, debe agotarse el cauce específico de solución extrajudicial que los propios negociadores han determinado. Ello es así, porque en tales casos la finalidad de esa vía de solución es más amplia que la mera solución del conflicto concreto suscitado. En palabras del TC ( STC 217/1991, 4 de noviembre ) es un trámite que (...) encuentra una plena justificación, toda vez que tiene por objeto, no sólo los fines generales expuestos de la conciliación o de la reclamación previa, sino también procurar una solución de la controversia por medios autónomos, propios de la autonomía colectiva y no jurisdiccional que, por estar insertos en el ámbito del convenio, conocen de primera mano las características y necesidades del medio en el que operan y se desenvuelven, lo que se refuerza y acrecienta cuando el conflicto en el que interviene la comisión paritaria se plantea en torno a la interpretación del convenio colectivo, pues dicha comisión es designada por las partes negociadoras del mismo".

CUARTO.Por todo lo expuesto, procede la desestimación de la demanda, lo que incluye la pretensión de abono de diferencias retributivas, ya que, como a lo anteriormente expuesto, no cabe considerar que el demandante desempeñe funciones que corresponden a un grupo profesional o categoría distintos, y tampoco cabe reconocerle un nivel salarial mayor eludiendo los procedimientos previstos en el convenio colectivo.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo