Sentencia Social 7/2025 Juzgado de lo Social de Salamanca nº 1, Rec. 662/2024 de 15 de enero del 2025

PRIMERO.-Los hechos declarados probados en la presente resolución judicial resultan de la prueba documental aportada por las partes, y que ha sido debidamente relacionada, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97-1 de la L.R.J.S.

SEGUNDO.-En los presentes autos, el Sindicato demandante, a través del procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, regulado en los artículos 177 y siguientes de la L.R.J.S. , ejercita una pretensión encaminada a que se declare la existencia de una vulneración del derecho a la libertad sindical de la organización sindical UGT Castilla y León, por parte de los demandados, se declare la nulidad radical de la convocatoria de la asamblea celebrada el 8 de octubre de 2024, así como el acuerdo revocatorio de toda la candidatura de UGT que se adoptó en la misma, con la reposición inmediata como miembros del Comité de Empresa a los miembros de UGT revocados y a todos los suplentes que integraban la candidatura de UGT, así como a abonar solidariamente los daños y perjuicios derivados de la vulneración de dicho derecho en la cantidad que se fije en sentencia, y que conforme a lo dispuesto en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, estaría entre 7.501 a 30.000 euros. La empresa demandada en el acto del juicio formuló oposición a la demanda, invocando como excepción procesal su falta de legitimación pasiva, al carecer de responsabilidad y porque no se interesa ningún pronunciamiento respecto a la misma, y en cuando al fondo del asunto alegó que la empresa había actuado conforme a derecho. El Comité de Empresa y los trabajadores codemandados que comparecieron igualmente al juicio con la misma defensa, formularon también oposición a la demanda, invocando como cuestión previa la inadecuación de procedimiento, por considerar que debió tramitarse la demanda a través de los cauces del procedimiento ordinario, siendo por tanto preceptivo el previo intento de conciliación, y en cuanto al fondo del asunto que el acuerdo revocatorio es ajustado a derecho.

TERCERO.-Con carácter previo a entrar a conocer del fondo del asunto, se hace necesario un pronunciamiento previo sobre las excepciones procesales alegadas por las partes demandadas, y en primer término la falta de legitimación pasiva invocada por la empresa. En relación a dicha excepción procesal ha de tenerse presente la naturaleza y finalidad esenciales de esta modalidad procesal, que no es otra que la tutela de los derechos fundamentales y la interdicción de toda conducta lesiva de los mismos. Y en este caso, las conductas y actuaciones que en la demanda se relatan como infractoras del derecho a la libertad sindical, se atribuyen al Comité de Empresa y a los trabajadores codemandados en el ámbito del derecho a la libertad sindical, y no por tanto en el de la relación laboral con la empresa, y por lo tanto, la misma efectivamente carece de legitimación pasiva en este caso, teniendo en cuenta como decimos la naturaleza de las pretensiones ejercitadas y del procedimiento elegido.

Se alegó también como cuestión previa por el resto de codemandados la inadecuación del procedimiento, por considerar que a la vista de los términos del suplico de la demanda, que lo que pretende es la nulidad del acuerdo revocatorio adoptado, el procedimiento adecuado debía ser el ordinario.

El proceso de tutela de derechos fundamentales es un proceso de cognición limitada, y en este sentido dispone el apartado 1 del artículo 178 de la L.R.J.S. , que el objeto del mismo queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad. Por lo tanto, ha de quedar fuera del proceso especial cualquier extremo ajeno a verificar si hubo o no lesión del derecho fundamental, lo que impide que por tal cauce procesal puedan ventilarse cuestiones de legalidad ordinaria que no tengan su base en acción contraria a la libertad o al derecho de que se trate, de forma que las acciones distintas a dicha verificación quedarían remitidas en su discusión y examen a la correspondiente modalidad procesal propia del derecho lesionado. Este procedimiento especial tiene por tanto como finalidad proteger al trabajador o sindicato, de aquellos actos que vulneren los derechos regulados en los artículos 14 a 29 de la Constitución Española.

En este sentido la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 2020, recurso 948/1999, con cita de otras anteriores, señala que "...ese proceso se caracteriza por su sumariedad cualitativa, de forma que en él sólo pueden debatirse y decidirse las cuestiones vinculadas a la tutela del derecho fundamental y que lo que delimita esa pretensión es la lesión del contenido esencial del derecho en su configuración constitucional, o en las normas ordinarias de desarrollo que concretan esa delimitación, sin comprender las facultades que hayan podido ser adicionadas por normas infra constitucionales, a las que el artículo 176 se refiere como "fundamentos diversos" a la tutela del correspondiente derecho fundamental ( sentencias de 6 de octubre de 1997 y 24 de noviembre de 1997)".

En este caso, en la demanda interpuesta por la modalidad de tutela de derechos fundamentales, el Sindicato alega que la actuación de los demandados, supone una vulneración del derecho a la libertad sindical, al no haberse convocado la asamblea revocatoria de acuerdo con las formalidades legalmente establecidas y solicita que así se declare, lo que supondría la nulidad del acuerdo adoptado, así como una indemnización por daños y perjuicios.

Siendo así, ninguna duda cabe que estamos ante el ejercicio de una acción judicial que en principio tiene perfecto encaje en la modalidad procesal de tutela de la libertad sindical, en tanto que el fundamento y contenido de la pretensión radica en la imputación a los demandados de una actuación contraria a ese derecho fundamental, con una petición de condena que se ajusta al contenido que haya de tener la sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de la L.R.J.S. , que en su apartado 1-b) expresamente prevee la posibilidad de que de declararse la existencia de vulneración de derechos fundamentales, se acuerde la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada. No hay por lo tanto inadecuación de procedimiento, con independencia del resultado estimatorio o desestimatorio del procedimiento una vez que se analice el fondo del asunto. Deberá desestimarse la demanda en el caso de acogerse los alegatos de la demandada que niega la vulneración del derecho fundamental, pero eso no significa que resulte inadecuada la modalidad procesal utilizada para el ejercicio de esa pretensión. Como alega la parte demandada, el proceso de tutela de derechos fundamentales debe sustentarse en la invocación de la lesión de tales derechos, y no puede descansar exclusivamente en la infracción de derechos de legalidad ordinaria. Pero lo cierto es que en el caso de autos se invoca de forma expresa la infracción del derecho fundamental de libertad sindical que consagra el artículo 28.1 C.E., describiendo la actuación empresarial que el sindicato considera vulneradora del mismo, y las pretensiones finalmente ejercitadas se ajustan a lo dispuesto en el citado artículo 182 de la L.R.J.S. , sin que sea óbice para ello el hecho de que la parte demandada pretenda justificar la conducta que se le atribuye en una determinada interpretación de lo dispuesto en la normativa aplicable, motivos que conducen a rechazar la excepción de inadecuación de procedimiento alegada.

CUARTO.-Entrando en el fondo del asunto, en este caso como decimo se alega por el Sindicato demandante la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical.

El artículo 28 de la Constitución Española dispone: "1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad".

El derecho a la libertad sindical reconocida en el citado precepto, comprende una doble vertiente: a) la individual, que se refiere al derecho de los trabajadores de fundar sindicatos y afiliarse al de su elección ( STC 73/1984), así como permanecer al margen de cualquier organización sindical ( STC 12/1983); y b) la colectiva, en cuanto derecho de los sindicatos al libre ejercicio de su actividad, de cara a la defensa promoción de los intereses económicos que les son propios ( STC 73/1984) y participación en la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores ( STC 40/1985).

En este caso se alega por el Sindicato demandante la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical en su vertiente colectiva, de libre ejercicio de su actividad, instando la nulidad radical de la convocatoria de la asamblea revocatoria celebrada el 8 de octubre de 2024.

Dispone el artículo 67.3 del E.T. que: "La duración del mandato de los delegados de personal y de los miembros del comité de empresa será de cuatro años, entendiéndose que se mantendrán en funciones en el ejercicio de sus competencias y de sus garantías hasta tanto no se hubiesen promovido y celebrado nuevas elecciones. Solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del comité durante su mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de los electores y por mayoría absoluta de estos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. No obstante, esta revocación no podrá efectuarse durante la tramitación de un convenio colectivo, ni replantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis meses."

Completando esta normativa, el artículo 77 del mismo texto legal que regula las asambleas de trabajadores, en su apartado 1, dispone que la asamblea será presidida, en todo caso, por el comité de empresa o por los delegados de personal mancomunadamente, que serán responsables del normal desarrollo de la misma, así como de la presencia en la asamblea de personas no pertenecientes a la empresa. También dispone que sólo podrán tratarse en ella, los asuntos que figuren previamente incluidos en el orden del día, que la presidencia comunicará al empresario la convocatoria y los nombres de las personas no pertenecientes a la empresa que vayan a asistir a la asamblea y acordará con éste las medidas oportunas para evitar perjuicios en la actividad normal de la empresa. Y aunque en principio tal asamblea ha de realizarse en unidad de acto, en el apartado 2 se establece que cuando por trabajarse en turnos, por insuficiencia de los locales o por cualquier otra circunstancia, no pueda reunirse simultáneamente toda la plantilla sin perjuicio o alteración en el normal desarrollo de la producción, las diversas reuniones parciales que hayan de celebrarse se considerarán como una sola y fechadas en el día de la primera.

Además, el artículo 1.1 del Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación de los Trabajadores en la Empresa, establece: "1. La promoción de elecciones para cubrir la totalidad de Delegados de personal y miembros del Comité de empresa podrá efectuarse en los siguientes casos: a) Con ocasión de la conclusión del mandato de los representantes de los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en el párr. 1º art. 67,3 ET. b) Cuando se declare la nulidad del proceso electoral por el procedimiento arbitral o, en su caso, por el órgano jurisdiccional competente. c) Cuando se revoque el mandato electoral de todos los representantes de una empresa o centro de trabajo, conforme a lo previsto en el párr. 2º art. 67.3 ET. Para la revocación de los representantes, sea total o parcial, el promotor o promotores de la misma deberán comunicar por escrito a la oficina pública correspondiente su voluntad de proceder a dicha revocación con una antelación mínima de diez días, adjuntando en dicha comunicación los nombres y apellidos, documento nacional de identidad y firmas de los trabajadores que convocan la asamblea, que debe contener, como mínimo, un tercio de los electores que los hayan elegido".

En interpretación jurisprudencial de los artículos legales reguladores de este tipo de asambleas, puede citarse la Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2004, recurso 4179/2002, que considera que, si bien los representantes unitarios de los trabajadores cuya revocación es el objeto de la asamblea son, en principio, también los llamados a presidirla de acuerdo con el artículo 77 del Estatuto de los Trabajadores, "la nulidad de la asamblea no debe venir determinada por la actitud obstruccionista o pasiva de quienes, conforme al artículo 77, debieran presidirla", por lo que siempre que los representantes unitarios tengan conocimiento de la asamblea y oportunidad real de acudir a la misma y presidirla, aunque finalmente no lo hicieran, no se podría considerar vulnerado el artículo 77 del Estatuto de los Trabajadores. La Sentencia de 27 de enero de 1987 recuerda que el voto debe ser en todo caso directo, no pudiendo mediar en su entrega personas intermedias. La Sentencia de 12 de febrero de 1998, recurso 501/1997, señala que a la impugnación de la asamblea revocatoria no le es aplicable los plazos de caducidad de las acciones para la impugnación de elecciones a representantes de los trabajadores. Y la Sentencia de 2 de octubre de 2012, recurso 3046/2011, admite la validez de la asamblea dirigida a revocar no solamente a los representantes electos, sino también a los suplentes, al no haber limitación legal alguna al respecto, indicando además que "la censura de la asamblea en los supuestos de revocación no está configurada en el artículo 67.3 ET como una decisión causal, es decir motivada en causas determinadas. Se trata más bien de una pérdida de confianza o desacuerdo con la actuación de los representantes que no requiere otra justificación que la propia voluntad revocatoria", criterio reiterado en la sentencia de 28 de enero de 2020, recurso 2884/2017.

Partiendo de la normativa y la doctrina jurisprudencial expuestas, en el caso que nos ocupa, se alega por la parte actora que la convocatoria a la asamblea y la decisión revocatoria adoptada, fueron una represalia contra el Sindicato ahora demandante, por la actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de la acción sindical.

Sin embargo, a la vista de la prueba practicada y de los hechos consignados como acreditados, no existen indicios racionales fácticos sobre la vulneración del derecho de libertad sindical alegado, que permitan deducir que la revocación del mandato representativo de los trabajadores del Sindicato UGT, como miembros del Comité de Empresa, fuera una represalia por las reclamaciones que los mismos hubiesen podido efectuar, que en todo caso se dirigieron a censurar la actuación de la empresa en relación a los trabajadores. Por el contrario, el acuerdo adoptado constituye una actuación legalmente prevista en el ya citado artículo 67.3 del E.T., el cual establece la posibilidad de que los delegados de personal y miembros del Comité de Empresa puedan ser revocados durante su mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de los electores y por mayoría absoluta de los mismos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. Por tanto, el hecho de que una mayoría abrumadora de los trabajadores de la empresa asistentes a la asamblea convocada al efecto, que además suponían más de las tres cuartas partes de la plantilla total, decidieran libremente revocar el mandato otorgado a los trabajadores del Sindicato demandante, como representantes legales de los trabajadores, en modo alguno puede suponer una vulneración del derecho a la libertad sindical de los mismos, máxime si tenemos en cuenta que la empresa demandada, contra la que se dirigió la acción sindical previa, no tuvo intervención alguna ni en la convocatoria de la asamblea, ni en la celebración de la misma, ni en el acuerdo revocatorio adoptado, más allá de proporcionar el local para celebrarla. Por otro lado, ha de tenerse presente que la revocación del mandato no la acuerda la empresa, ni el resto de los miembros del Comité, sino los trabajadores de la misma.

Alega también la parte actora que la nulidad viene determinada por el hecho de que en la convocatoria a la asamblea no se observaron las formalidades legalmente establecidas, al no haberse puesto en conocimiento fehaciente de los representantes sindicales, cuyo mandato se revocó, la celebración de la asamblea, más aun cuando dos de ellos, Don Tomás y Don Marino, se encontraban en situación de incapacidad temporal y Don Artemio y Don Augusto, en situación de excedencia.

Sin embargo, la documental aportada por la parte demandada, acredita que el Sindicato CC. OO. remitió un correo electrónico a la dirección local.salamanca@ugt-sp.ugt.org ,que no ha sido impugnado de contrario, sobre la convocatoria a la asamblea revocatoria, al que se adjuntaba la documentación aportada por los trabajadores de TALHER. Y prueba de que la Sección Sindical de UGT en la empresa tenía conocimiento de la convocatoria de la asamblea revocatoria, es el hecho también acreditado documentalmente, de que dicho Sindicato a su vez, convocó a todos los trabajadores de la empresa, a una asamblea para el día 26 de septiembre de 2024, para informarles de lo que consideraba maniobras por parte de CC. OO. pare proceder a revocarlos. Finalmente señalar que consta acreditado que se comunicó a la oficina pública la voluntad de proceder a la revocación el día 8 de octubre de 2024, acompañando la identificación de los trabajadores promotores de la asamblea en número suficiente, cumpliendo así las formalidades legalmente establecidas.

En definitiva, y en base a lo hasta aquí expuesto, no se puede entender que las personas cuyo mandato pretendía revocarse fueran desconocedoras de la existencia de la asamblea y se les hubiera privado indebidamente de su derecho a presidir la misma, sino al contrario, tenían cabal conocimiento de la misma, sin prejuicio de que mostraran una actitud de pasividad o no asistieran a la asamblea.

Tampoco puede justificarse la nulidad de la convocatoria y del acuerdo adoptado, en el hecho de que los trabajadores que iban a ser revocados, se encontraban dos de ellos en situación de baja laboral y otros en excedencia, pues se trata de trabajadores que formaban parte de la candidatura de UGT como suplentes, y que por tanto no formaban parte del Comité de Empresa en el que estaban los titulares. En otro caso, resultaría burlado el fin que persigue el artículo 67 citado, de revocar el mandato a los representantes de los trabajadores, por el hecho de que los designados como suplentes estuvieran en las situaciones descritas que pueden prolongarse en el tiempo como así ha ocurrido.

En este punto, conviene recordar que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ( STS de 19/01/2004) señala que: "...La asamblea de los trabajadores, como órgano no representativo de participación, es el instrumento previsto legalmente para la expresión directa de la voluntad de los trabajadores en periodos intermedios entre procesos electorales; es la traducción práctica del derecho de reunión pacífica reconocido en el artículo 21 de la Constitución, Art.21 CE de 27 diciembre de 1978 que, por su naturaleza y trascendencia no debe ser limitado más allá de lo que la ley haya establecido, y tiene su consagración en los artículos 4.1, f), Art. 4.1 RDLeg. 1/1995 de 24 marzo de 1995, 67 y 77 del Estatuto de los Trabajadores. De la asamblea en general se ocupa el artículo 77 citado, que ha precisado quienes pueden convocarla y quienes la han de presidir -el comité de empresa o delegados de personal mancomunadamente, en todo caso-; el artículo 67 trata de una asamblea específica, y que pudiéramos calificar de monográfica, porque en ella solamente se puede tratar y votar la revocación de los delegados de personal y miembros del comité de empresa durante su mandato "mediante asamblea convocada al efecto", como textualmente establece el precepto, pero no ha previsto la norma para este caso concreto nada en relación con la presidencia de la asamblea. La interpretación armónica de uno y otro artículo -67 y 77 del Estatuto de los Trabajadores- lleva a la conclusión de que, las asambleas de trabajadores a que alude el artículo 77 citado, deben estar presididas por el comité de empresa o los delegados de personal, mancomunadamente; sin embargo, el asunto único que se va a tratar en la asamblea a que se refiere el artículo 67, y su trascendencia en cuanto supone una verdadera moción de censura a los representantes de los trabajadores, le atribuye unas peculiaridades especiales que, para ciertos casos, se aparta de la regulación de la asamblea en general del artículo 77, y en concreto en la necesidad de que, en todo caso, sea presidida por los representantes de los trabajadores. Resultaría burlado el fin que persigue el artículo 67 citado -revocar el mandato a los representantes de los trabajadores- y sería ilógico aceptar que únicamente fuera válida la asamblea contemplada en dicho precepto cuando estuviera presidida por los representantes de los trabajadores censurados, careciendo sin embargo de eficacia si, para evitar el final anticipado de su mandato, se negaran abiertamente a asumir la presidencia, rehusaran el cumplimiento de ese cometido o bien asistieran a la asamblea en una actitud pasiva y de tolerancia acerca de la presidencia por otras personas. Por consiguiente, la nulidad de la asamblea no debe venir determinada por la actitud obstruccionista o pasiva de quienes, conforme al artículo 77 RDLeg. 1/1995 de 24 marzo de 1995, debieran presidirla, y así sucede en este supuesto en que los delegados de personal fueron convocados a una asamblea en la que se iba a debatir su continuidad como representantes de los trabajadores o su cese; acudieron a ella todos los delegados; hicieron uso de la palabra en varias ocasiones sin poner objeción a que la asamblea no estuviese presidida por ellos mismos, de suerte que, en buena lógica, este comportamiento revela la voluntad de hacer dejación de un derecho, que no es irrenunciable, y de aceptar que fuera ejercido por otras personas que en la asamblea se habían elegido".

Recapitulando lo expuesto, se puede concluir que en este caso no se aprecia la vulneración de derechos fundamentales alegada, lo que además daría lugar a que en este procedimiento, en atención al cauce elegido, no pudiera entrarse a valorar infracciones en materia de legalidad ordinaria, como sería la posible vulneración de los requisitos establecidos en el artículo 67.3 del E.T., para decretar la nulidad de la convocatoria de la asamblea y del acuerdo adoptado. En todo caso, como hemos visto, los miembros del Comité de Empresa fueron revocados de su cargo en una asamblea convocada a tal efecto, que reunió todos los requisitos y garantías necesarios para el pleno cumplimiento de su finalidad, y que concluyó con la expresión de la voluntad de los trabajadores en una amplia mayoría de votos que no ofrece dudas acerca de su firme convicción de remover a los trabajadores del Sindicato demandante, de la representación que hasta ese momento habían ostentado, todo ello realizado a través del cauce legalmente establecido, motivos que conducen a la desestimación de la demanda, y de las pretensiones deducidas en la misma

QUINTO.-Contra la presente resolución cabe recurso de suplicación, artículo 191-3-f) de la L.R.J.S.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación