Sentencia Social 390/2025 Juzgado de lo Social de Zamora nº 1, Rec. 248/2025 de 15 de diciembre del 2025

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la LRJS, se hace constar que los hechos que se declaran probados se desprenden de la documental aportada por las partes y testifical, valorada conforme a las reglas de la sana crítica.

El trabajador que ha testimoniado a instancia de la demandante afirma que desde el Comité se estima que el cambio no se hizo conforme a Convenio Colectivo, quien lo hace a propuesta de la demandada dice que sigue en el mismo puesto, que se le retiró el incentivo correspondiente al mismo y que la trabajadora había manifestado que estaba sobrepasada por las funciones de coordinadora.

SEGUNDO.-la demandada opone la excepción de Cosa Juzgada. Entre este proceso y el descrito en el hecho segundo del relato histórico no coincide la misma causa de pedir. En aquel se pedía que se dejara sin efecto la modificación de las condiciones de trabajo; en este se declare la violación de derechos fundamentales, con la consiguiente indemnización. Sin embargo, también se solicita que se declare la nulidad radical de la modificación sustancial de condiciones laborales, petición sobre la que ha de recaer la fuerza de la cosa juzgada negativa.

La sentencia que desestimó la petición por caducidad de la acción y que es firme le ha privado del derecho de ejercitarla en nuevos procedimientos para no quebrantar el principio de seguridad jurídica de rango constitucional.

TERCERO.-Ejercita la actora acción de tutela de derechos fundamentales a la que acumula la reclamación de daños y perjuicios .Manifiesta que la actuación empresarial ha vulnerado derechos relativos a la igualdad, integridad moral y la dignidad de la persona. En el suplico solicita que se declare vulneración de su derecho a la igualdad y no discriminación por razón de salud .

Se procede a examinar los derechos fundamentales que la actora dice han sido violados por la empleadora:

a)Derecho a la Igualdad art. 14 CE . El principio de igualdad implica que toda persona tiene derecho a un tratamiento idéntico ante situaciones similares. En consecuencia se exige un término de comparación . Antes de decidir si ha existido un trato diferencial , arbitrario o caprichoso se ha de comparar el trato dado es peor que el recibido por otro trabajador/a. A supuestos de hecho iguales deben darse idénticas consecuencias. No se mencionan otros trabajadores que haya recibido trato distinto. No se puede entrar a comparar .No consta violación de este derecho.

b) Derecho a la integridad moral y dignidad de la persona.Al demandante le corresponde aportar un indicio razonable dirigido a poner de manifiesto la lesión del derecho fundamental que invoca infringido. El motivo rector de la demanda estriba en que la empleadora la ha cesado como coordinadora y la ha adscrito al puesto de Orientadora Educativa, con la consiguiente pérdida del plus de Coordinación. Impugna la medida ante la Jurisdicción social, impugnación que no prospero por la incuria de la demandante al dejar caducar la acción.

Analizado las pruebas practicadas en relación al cambio de puesto de trabajo se puede concluir que no supone indicio solido de que se tratara de socavar la integridad moral de la trabajadora, sino la adopción de una medida que en principio cabe dentro del poder de dirección de la empresa, ex art. 20 ET, y que podrán estar o no justificadas, pero sino lo están y necesitan justificación- hay decisiones empresariales que no la necesitan- La única consecuencia sería que pudieran ser dejadas sin efecto si el trabajador las impugna- cosa que no hizo- pero no tienen por qué denotar infracción de ningún derecho fundamental, sino tan solo de la normativa legal o convencional que exija la justificación que falta.

c) Discriminación por Salud.La actora fue cambiada de puesto de trabajo a partir del 1 de septiembre de 2024. Antes de esta fecha la actora no acredita las prolongadas y repetidas situaciones de incapacidad temporal, sobre las que manifiesta se basa la vulneración de sus derechos . Es la demandada quien mediante el doc. nº 10 permite tener por probado que inició situación de incapacidad temporal el 21 de junio de 2024.

No obstante la trabajadora alega trastornos de ansiedad y depresión desde el año 2021, no estando acreditadas bajas laborales por esa causa.

No hay indicios de que la decisión empresarial tenga su causa en las bajas laborales de la trabajadora.

La actora manifiesta en informe clínico de 5 de julio de 2024 que se siente asfixiada por el trabajo lo que le genera mucha ansiedad debido a la presión ; que la pandemia ha hecho que el trabajo aumente. Esta y la denuncia de una subordinada por acoso laboral explican el cambio organizativo decidido por el empleador.

Esta Juzgadora estima que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales invocados.

No existiendo vulneración la reclamación de indemnización decae por sí misma.

CUARTO.-Pide la demandada que se imponga a la trabajadora multa por mala fe procesal y temeridad. La demanda rectora de este procedimiento no está lejos de actuación temeraria, pretende conseguir a través de un nuevo procedimiento la petición que dejó caducar en el de modificación de condiciones de trabajo.

No obstante esta juzgadora estima que no se ha acreditado convenientemente la temeridad para imponer las costas a la parte demandante y considera que no resulta debidamente justificado imponer nuevo gravamen a la trabajadora cuando es evidente que le han sobrevenido acontecimientos desagradables.

QUINTO.-A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191 y art. 190 de la LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la LRJS, se hace constar que los hechos que se declaran probados se desprenden de la documental aportada por las partes y testifical, valorada conforme a las reglas de la sana crítica.

El trabajador que ha testimoniado a instancia de la demandante afirma que desde el Comité se estima que el cambio no se hizo conforme a Convenio Colectivo, quien lo hace a propuesta de la demandada dice que sigue en el mismo puesto, que se le retiró el incentivo correspondiente al mismo y que la trabajadora había manifestado que estaba sobrepasada por las funciones de coordinadora.

SEGUNDO.-la demandada opone la excepción de Cosa Juzgada. Entre este proceso y el descrito en el hecho segundo del relato histórico no coincide la misma causa de pedir. En aquel se pedía que se dejara sin efecto la modificación de las condiciones de trabajo; en este se declare la violación de derechos fundamentales, con la consiguiente indemnización. Sin embargo, también se solicita que se declare la nulidad radical de la modificación sustancial de condiciones laborales, petición sobre la que ha de recaer la fuerza de la cosa juzgada negativa.

La sentencia que desestimó la petición por caducidad de la acción y que es firme le ha privado del derecho de ejercitarla en nuevos procedimientos para no quebrantar el principio de seguridad jurídica de rango constitucional.

TERCERO.-Ejercita la actora acción de tutela de derechos fundamentales a la que acumula la reclamación de daños y perjuicios .Manifiesta que la actuación empresarial ha vulnerado derechos relativos a la igualdad, integridad moral y la dignidad de la persona. En el suplico solicita que se declare vulneración de su derecho a la igualdad y no discriminación por razón de salud .

Se procede a examinar los derechos fundamentales que la actora dice han sido violados por la empleadora:

a)Derecho a la Igualdad art. 14 CE . El principio de igualdad implica que toda persona tiene derecho a un tratamiento idéntico ante situaciones similares. En consecuencia se exige un término de comparación . Antes de decidir si ha existido un trato diferencial , arbitrario o caprichoso se ha de comparar el trato dado es peor que el recibido por otro trabajador/a. A supuestos de hecho iguales deben darse idénticas consecuencias. No se mencionan otros trabajadores que haya recibido trato distinto. No se puede entrar a comparar .No consta violación de este derecho.

b) Derecho a la integridad moral y dignidad de la persona.Al demandante le corresponde aportar un indicio razonable dirigido a poner de manifiesto la lesión del derecho fundamental que invoca infringido. El motivo rector de la demanda estriba en que la empleadora la ha cesado como coordinadora y la ha adscrito al puesto de Orientadora Educativa, con la consiguiente pérdida del plus de Coordinación. Impugna la medida ante la Jurisdicción social, impugnación que no prospero por la incuria de la demandante al dejar caducar la acción.

Analizado las pruebas practicadas en relación al cambio de puesto de trabajo se puede concluir que no supone indicio solido de que se tratara de socavar la integridad moral de la trabajadora, sino la adopción de una medida que en principio cabe dentro del poder de dirección de la empresa, ex art. 20 ET, y que podrán estar o no justificadas, pero sino lo están y necesitan justificación- hay decisiones empresariales que no la necesitan- La única consecuencia sería que pudieran ser dejadas sin efecto si el trabajador las impugna- cosa que no hizo- pero no tienen por qué denotar infracción de ningún derecho fundamental, sino tan solo de la normativa legal o convencional que exija la justificación que falta.

c) Discriminación por Salud.La actora fue cambiada de puesto de trabajo a partir del 1 de septiembre de 2024. Antes de esta fecha la actora no acredita las prolongadas y repetidas situaciones de incapacidad temporal, sobre las que manifiesta se basa la vulneración de sus derechos . Es la demandada quien mediante el doc. nº 10 permite tener por probado que inició situación de incapacidad temporal el 21 de junio de 2024.

No obstante la trabajadora alega trastornos de ansiedad y depresión desde el año 2021, no estando acreditadas bajas laborales por esa causa.

No hay indicios de que la decisión empresarial tenga su causa en las bajas laborales de la trabajadora.

La actora manifiesta en informe clínico de 5 de julio de 2024 que se siente asfixiada por el trabajo lo que le genera mucha ansiedad debido a la presión ; que la pandemia ha hecho que el trabajo aumente. Esta y la denuncia de una subordinada por acoso laboral explican el cambio organizativo decidido por el empleador.

Esta Juzgadora estima que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales invocados.

No existiendo vulneración la reclamación de indemnización decae por sí misma.

CUARTO.-Pide la demandada que se imponga a la trabajadora multa por mala fe procesal y temeridad. La demanda rectora de este procedimiento no está lejos de actuación temeraria, pretende conseguir a través de un nuevo procedimiento la petición que dejó caducar en el de modificación de condiciones de trabajo.

No obstante esta juzgadora estima que no se ha acreditado convenientemente la temeridad para imponer las costas a la parte demandante y considera que no resulta debidamente justificado imponer nuevo gravamen a la trabajadora cuando es evidente que le han sobrevenido acontecimientos desagradables.

QUINTO.-A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191 y art. 190 de la LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la LRJS, se hace constar que los hechos que se declaran probados se desprenden de la documental aportada por las partes y testifical, valorada conforme a las reglas de la sana crítica.

El trabajador que ha testimoniado a instancia de la demandante afirma que desde el Comité se estima que el cambio no se hizo conforme a Convenio Colectivo, quien lo hace a propuesta de la demandada dice que sigue en el mismo puesto, que se le retiró el incentivo correspondiente al mismo y que la trabajadora había manifestado que estaba sobrepasada por las funciones de coordinadora.

SEGUNDO.-la demandada opone la excepción de Cosa Juzgada. Entre este proceso y el descrito en el hecho segundo del relato histórico no coincide la misma causa de pedir. En aquel se pedía que se dejara sin efecto la modificación de las condiciones de trabajo; en este se declare la violación de derechos fundamentales, con la consiguiente indemnización. Sin embargo, también se solicita que se declare la nulidad radical de la modificación sustancial de condiciones laborales, petición sobre la que ha de recaer la fuerza de la cosa juzgada negativa.

La sentencia que desestimó la petición por caducidad de la acción y que es firme le ha privado del derecho de ejercitarla en nuevos procedimientos para no quebrantar el principio de seguridad jurídica de rango constitucional.

TERCERO.-Ejercita la actora acción de tutela de derechos fundamentales a la que acumula la reclamación de daños y perjuicios .Manifiesta que la actuación empresarial ha vulnerado derechos relativos a la igualdad, integridad moral y la dignidad de la persona. En el suplico solicita que se declare vulneración de su derecho a la igualdad y no discriminación por razón de salud .

Se procede a examinar los derechos fundamentales que la actora dice han sido violados por la empleadora:

a)Derecho a la Igualdad art. 14 CE . El principio de igualdad implica que toda persona tiene derecho a un tratamiento idéntico ante situaciones similares. En consecuencia se exige un término de comparación . Antes de decidir si ha existido un trato diferencial , arbitrario o caprichoso se ha de comparar el trato dado es peor que el recibido por otro trabajador/a. A supuestos de hecho iguales deben darse idénticas consecuencias. No se mencionan otros trabajadores que haya recibido trato distinto. No se puede entrar a comparar .No consta violación de este derecho.

b) Derecho a la integridad moral y dignidad de la persona.Al demandante le corresponde aportar un indicio razonable dirigido a poner de manifiesto la lesión del derecho fundamental que invoca infringido. El motivo rector de la demanda estriba en que la empleadora la ha cesado como coordinadora y la ha adscrito al puesto de Orientadora Educativa, con la consiguiente pérdida del plus de Coordinación. Impugna la medida ante la Jurisdicción social, impugnación que no prospero por la incuria de la demandante al dejar caducar la acción.

Analizado las pruebas practicadas en relación al cambio de puesto de trabajo se puede concluir que no supone indicio solido de que se tratara de socavar la integridad moral de la trabajadora, sino la adopción de una medida que en principio cabe dentro del poder de dirección de la empresa, ex art. 20 ET, y que podrán estar o no justificadas, pero sino lo están y necesitan justificación- hay decisiones empresariales que no la necesitan- La única consecuencia sería que pudieran ser dejadas sin efecto si el trabajador las impugna- cosa que no hizo- pero no tienen por qué denotar infracción de ningún derecho fundamental, sino tan solo de la normativa legal o convencional que exija la justificación que falta.

c) Discriminación por Salud.La actora fue cambiada de puesto de trabajo a partir del 1 de septiembre de 2024. Antes de esta fecha la actora no acredita las prolongadas y repetidas situaciones de incapacidad temporal, sobre las que manifiesta se basa la vulneración de sus derechos . Es la demandada quien mediante el doc. nº 10 permite tener por probado que inició situación de incapacidad temporal el 21 de junio de 2024.

No obstante la trabajadora alega trastornos de ansiedad y depresión desde el año 2021, no estando acreditadas bajas laborales por esa causa.

No hay indicios de que la decisión empresarial tenga su causa en las bajas laborales de la trabajadora.

La actora manifiesta en informe clínico de 5 de julio de 2024 que se siente asfixiada por el trabajo lo que le genera mucha ansiedad debido a la presión ; que la pandemia ha hecho que el trabajo aumente. Esta y la denuncia de una subordinada por acoso laboral explican el cambio organizativo decidido por el empleador.

Esta Juzgadora estima que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales invocados.

No existiendo vulneración la reclamación de indemnización decae por sí misma.

CUARTO.-Pide la demandada que se imponga a la trabajadora multa por mala fe procesal y temeridad. La demanda rectora de este procedimiento no está lejos de actuación temeraria, pretende conseguir a través de un nuevo procedimiento la petición que dejó caducar en el de modificación de condiciones de trabajo.

No obstante esta juzgadora estima que no se ha acreditado convenientemente la temeridad para imponer las costas a la parte demandante y considera que no resulta debidamente justificado imponer nuevo gravamen a la trabajadora cuando es evidente que le han sobrevenido acontecimientos desagradables.

QUINTO.-A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191 y art. 190 de la LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la LRJS, se hace constar que los hechos que se declaran probados se desprenden de la documental aportada por las partes y testifical, valorada conforme a las reglas de la sana crítica.

El trabajador que ha testimoniado a instancia de la demandante afirma que desde el Comité se estima que el cambio no se hizo conforme a Convenio Colectivo, quien lo hace a propuesta de la demandada dice que sigue en el mismo puesto, que se le retiró el incentivo correspondiente al mismo y que la trabajadora había manifestado que estaba sobrepasada por las funciones de coordinadora.

SEGUNDO.-la demandada opone la excepción de Cosa Juzgada. Entre este proceso y el descrito en el hecho segundo del relato histórico no coincide la misma causa de pedir. En aquel se pedía que se dejara sin efecto la modificación de las condiciones de trabajo; en este se declare la violación de derechos fundamentales, con la consiguiente indemnización. Sin embargo, también se solicita que se declare la nulidad radical de la modificación sustancial de condiciones laborales, petición sobre la que ha de recaer la fuerza de la cosa juzgada negativa.

La sentencia que desestimó la petición por caducidad de la acción y que es firme le ha privado del derecho de ejercitarla en nuevos procedimientos para no quebrantar el principio de seguridad jurídica de rango constitucional.

TERCERO.-Ejercita la actora acción de tutela de derechos fundamentales a la que acumula la reclamación de daños y perjuicios .Manifiesta que la actuación empresarial ha vulnerado derechos relativos a la igualdad, integridad moral y la dignidad de la persona. En el suplico solicita que se declare vulneración de su derecho a la igualdad y no discriminación por razón de salud .

Se procede a examinar los derechos fundamentales que la actora dice han sido violados por la empleadora:

a)Derecho a la Igualdad art. 14 CE . El principio de igualdad implica que toda persona tiene derecho a un tratamiento idéntico ante situaciones similares. En consecuencia se exige un término de comparación . Antes de decidir si ha existido un trato diferencial , arbitrario o caprichoso se ha de comparar el trato dado es peor que el recibido por otro trabajador/a. A supuestos de hecho iguales deben darse idénticas consecuencias. No se mencionan otros trabajadores que haya recibido trato distinto. No se puede entrar a comparar .No consta violación de este derecho.

b) Derecho a la integridad moral y dignidad de la persona.Al demandante le corresponde aportar un indicio razonable dirigido a poner de manifiesto la lesión del derecho fundamental que invoca infringido. El motivo rector de la demanda estriba en que la empleadora la ha cesado como coordinadora y la ha adscrito al puesto de Orientadora Educativa, con la consiguiente pérdida del plus de Coordinación. Impugna la medida ante la Jurisdicción social, impugnación que no prospero por la incuria de la demandante al dejar caducar la acción.

Analizado las pruebas practicadas en relación al cambio de puesto de trabajo se puede concluir que no supone indicio solido de que se tratara de socavar la integridad moral de la trabajadora, sino la adopción de una medida que en principio cabe dentro del poder de dirección de la empresa, ex art. 20 ET, y que podrán estar o no justificadas, pero sino lo están y necesitan justificación- hay decisiones empresariales que no la necesitan- La única consecuencia sería que pudieran ser dejadas sin efecto si el trabajador las impugna- cosa que no hizo- pero no tienen por qué denotar infracción de ningún derecho fundamental, sino tan solo de la normativa legal o convencional que exija la justificación que falta.

c) Discriminación por Salud.La actora fue cambiada de puesto de trabajo a partir del 1 de septiembre de 2024. Antes de esta fecha la actora no acredita las prolongadas y repetidas situaciones de incapacidad temporal, sobre las que manifiesta se basa la vulneración de sus derechos . Es la demandada quien mediante el doc. nº 10 permite tener por probado que inició situación de incapacidad temporal el 21 de junio de 2024.

No obstante la trabajadora alega trastornos de ansiedad y depresión desde el año 2021, no estando acreditadas bajas laborales por esa causa.

No hay indicios de que la decisión empresarial tenga su causa en las bajas laborales de la trabajadora.

La actora manifiesta en informe clínico de 5 de julio de 2024 que se siente asfixiada por el trabajo lo que le genera mucha ansiedad debido a la presión ; que la pandemia ha hecho que el trabajo aumente. Esta y la denuncia de una subordinada por acoso laboral explican el cambio organizativo decidido por el empleador.

Esta Juzgadora estima que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales invocados.

No existiendo vulneración la reclamación de indemnización decae por sí misma.

CUARTO.-Pide la demandada que se imponga a la trabajadora multa por mala fe procesal y temeridad. La demanda rectora de este procedimiento no está lejos de actuación temeraria, pretende conseguir a través de un nuevo procedimiento la petición que dejó caducar en el de modificación de condiciones de trabajo.

No obstante esta juzgadora estima que no se ha acreditado convenientemente la temeridad para imponer las costas a la parte demandante y considera que no resulta debidamente justificado imponer nuevo gravamen a la trabajadora cuando es evidente que le han sobrevenido acontecimientos desagradables.

QUINTO.-A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191 y art. 190 de la LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,