Sentencia Social 574/2024 Juzgado de lo Social de Oviedo nº 1, Rec. 619/2023 de 17 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Impugna la empresa actora la resolución de la Consejería demandada que, constatando la existencia de fuerza mayor en el expediente de regulación de empleo tramitado al efecto, señala que los efectos se producen desde el día 3 de julio, entendiendo la empresa que esos efectos tienen que producirse desde el día 17 de junio de 2.023, que es cuando existió la imposibilidad de realizar el trabajo como consecuencia de la tormenta que afectó al sistema de ventilación. Alega, además, que el ERTE fue aprobado por silencio administrativo al haber transcurrido más de cinco días entre la presentación de la solicitud y el dictado de la resolución. La Consejería se opone a la demanda, negando la existencia de silencio pues la solicitud fue resuelta en plazo y oponiéndose igualmente en cuanto al fondo, al entender que la imposibilidad efectiva para trabajar se produjo desde el día 3 de julio, pues con anterioridad la empresa había propuesto disfrutar una semana de vacaciones y asumir otra semana la empresa.

SEGUNDO.-Y, comenzando por la existencia del silencio administrativo, debe desestimarse tal alegación. El plazo de que dispone la autoridad laboral para contestar es de cinco días, tal como establece el artículo 47.5 del Estatuto de los trabajadores y el artículo 33 del Real Decreto1483/2012 de 29 de octubre. La solicitud se presentó, según se desprende del expediente administrativo, el día 13 de julio de 2.023, pero el día siguiente fue preciso requerir a la empresa para que subsanase la misma al no haberse aportado la comunicación a los representantes de los trabajadores así como al necesitarse otros documentos, lo que la empresa realizó el mismo día 14 de julio. El día 17 de julio se acuerda requerir informe a la inspección de trabajo y, al mismo tiempo, suspender el procedimiento hasta que se emita él mismo, resolución de suspensión que se notificó a la empresa, que la aceptó ese mismo día 17 a las 14,23 horas. El día 24 de julio se emite el informe por la Inspección de trabajo que es recibido en la Dirección general de empleo el día 25 de julio, dictándose la resolución el día 28 de julio. Dado que el artículo 22 de la Ley 30/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas establece que el transcurso del plazo máximo para resolver un procedimiento y para notificar una resolución puede suspenderse durante el plazo de subsanación de las solicitudes, lo que aquí ocurrió el día 14 de julio que, por ello, no computa, así como cuando se soliciten informes preceptivos, en éste caso el informe de la Inspección de trabajo que se solicitó el día 17 de julio, dando lugar a la suspensión hasta su recepción lo que ocurrió el día 25 de julio, dictándose la resolución el día 28 de julio se dictó dentro del quinto día, notificándose en esa misma fecha, por lo que no operó el silencio administrativo.

TERCERO.-Y, entrando en el fondo del asunto, la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2.008 establece "En realidad, la fuerza mayor se configura en nuestro Derecho, en el marco de la regulación de los efectos del incumplimiento del contrato ( artículo 1105 del Código Civil en relación con los artículos 1101, 1102, 1103 y 1104 del mismo texto legal) como un criterio de imputación (fuerza mayor y caso fortuito frente a culpa y dolo)....un supuesto de fuerza mayor, que, según la doctrina de la Sala Primera de este Tribunal, debe entender como "en una fuerza superior a todo control y previsión", ponderándose a efectos de su concurrencia "la normal y razonable previsión que las circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto" ( sentencias de 20 de julio de 2000 y 18 de diciembre de 2006). De esta forma, la fuerza mayor, a los efectos de los artículos 49.h) y 51.12 del Estatuto de los Trabajadores , ha de entenderse como la actuación de causa extraña al empresario, es decir, como la acción de elementos exteriores que quedan fuera de su esfera de control y en este sentido tiene interés el artículo 76 de la LCE, que vinculaba la fuerza mayor con fenómenos como el incendio, la inundación, el terremoto, la explosión, las plagas del campo, la guerra, el tumulto y las sediciones, aparte de la fórmula general que hace referencia a los acontecimientos de carácter extraordinario que "no hayan podido preverse o que, previstos, no se hayan podido evitar".

En el caso de autos, no se discute la existencia de fuerza mayor que es constatada por la autoridad laboral, pues consta, y así lo certificó la empresa Hunosa, que en el Área Sueros a causa de una tormenta eléctrica producida el día 17 del mes en curso, se ocasionaron daños graves en la subestación principal del Pozo Montsacro, la cual alimenta al ventilador principal y compresores de toda el área y que tras seis días de trabajos en la reparación de la misma, no se había conseguido restablecer las condiciones de normalidad en la instalación, por lo que ante la falta de ventilación principal y suministro de aire comprimido no se podían realizar los trabajos asignados a los contratos, entre ellos el que desempeñaba la empresa actora. La cuestión litigiosa consiste en determinar desde cuando se producen los efectos de ese expediente aprobado por la autoridad laboral, desde el día 17 de junio de 2.023, que es cuando se produce la tormenta y la imposibilidad de desarrollar la actividad propia del contrato, que es la posición que mantiene la empresa con amparo en lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto1483/2012, o desde el día 3 de julio de 2.023 que es cuando los fija la autoridad laboral con base en el informe de la Inspección de trabajo, que vistas las alegaciones que habían formulado los representantes de los trabajadores, señalando que la empresa les había ofrecido disfrutar una semana de vacaciones y asumir la empresa otra semana, la imposibilidad real para el trabajo se producía el día 3 de julio. Sin embargo, vista la regulación asiste la razón a la empresa. Mantiene la Consejería demandada que la demanda ampara su petición en la redacción originaria del artículo 33 del Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre, que señalaba que la resolución de la autoridad laboral debería limitarse a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la extinción de los contratos o la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o de reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor, pero que tal precepto no resulta de aplicación, pues su redacción varió en virtud de lo establecido en el Real Decreto 608/2023 que ya no refiere los efectos a la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. Efectivamente, como señala la Consejería, al haberse presentado la solicitud el día 13 de julio de 2.023 la redacción del artículo 33 del Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre es la dada por el Real Decreto 608/2023 pero, a diferencia de lo que señala la demandada, la redacción sigue siendo la misma en cuanto a cuando se producen los efectos, como no podía ser de otro modo, pues el artículo 47.5 del Estatuto de los trabajadores, en la redacción vigente en aquella fecha, señalaba expresamente "La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud, y deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la reducción de las jornadas de trabajo o suspensión de los contratos de trabajo. La resolución surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor, y hasta la fecha determinada en la misma resolución". Y lo mismo se recoge en el artículo 33 del Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre, que establece en su apartado 5 que "Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, corresponderá a la empresa la decisión sobre la extinción de los contratos de trabajo o sobre la aplicación de medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor". Por tanto, una vez constatada la existencia de fuerza mayor, que es lo que corresponde a la autoridad laboral, los efectos se producen desde que ésta existe, en éste caso desde el día 17 de junio, pues desde ese momento ya no existía posibilidad material de realizar el trabajo al haber resultada afectada la ventilación principal y el suministro de aire comprimido como consecuencia de una tormenta que afectó al Pozo Montsacro, resultando imposible realizar el trabajo de mantenimiento que venían realizando, correspondiendo a la empresa adoptar las medidas que estime más oportunas, pero cuyos efectos se retrotraen al momento en que existe la causa de fuerza mayor. Por todo lo expuesto procede la íntegra estimación de la demanda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación