Sentencia Social 104/2025 Juzgado de lo Social de Albacete nº 1, Rec. 402/2023 de 20 de marzo del 2025

PRIMERO.- Prueba.

Los hechos declarados como probados se han obtenido de la prueba aportada con la demanda así como de la practicada y aportada en el acto de juicio oral (testificales y documental), en especial, lo obrante en el expediente administrativo.

SEGUNDO.- Circunstancias fácticas contextuales del accidente de trabajo.

En primer lugar, es necesario recordar que la totalidad de los hechos referidos en el Acta de Infracción emitida por la Inspección de Trabajo gozan de la presunción de certeza que deriva de lo expuesto en el artículo 53 de la L.I.S.O.S., en relación con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 42/1997, y con el artículo 151.8, párrafo segundo, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (L.R.J.S.), si bien dicha presunción, al ser iuris tantum,puede ser combatida, admitiendo prueba en contrario, pero en el caso de que la prueba propuesta por la parte interesada fuera tan débil o ineficaz para alcanzar el fin pretendido de acreditar lo que con ella se pretende, habría de considerarse veraces los hechos protegidos por tal presunción de veracidad.

Lo primero que cabe manifestar es que la empresa ha presentado idénticas alegaciones y razonamientos a los ya expuestos en las alegaciones formuladas, sucesivamente, ante la ITSS, ante la instructora del procedimiento sancionador y ante la (primera) Resolución de la Delegación provincial de Albacete de la Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ya han sido reiteradamente respondidas por los diferentes órganos administrativos que han dio resolviendo los sucesivos recursos planteados ante los mismos, siendo la presente resolución judicial una mera reiteración de las citadas respuestas, toda vez que la mercantil actora no ha presentado prueba alguna de suficiente entidad como para destruir la presunción de certeza del contenido fáctico del Acta de Infracción, ni haya desvelado error jurídico alguno en la aplicación de la diferente normativa legal expuesta en la misma, antes al contrario, de la prueba presentada se corroboraría la veracidad de los extremos fácticos tenidos por acreditados y la adecuada correlación de los mismos con la normativa de aplicación para la constatación de la infracción normativa imputada a la empresa y la cabal adecuación jurídica de la sanción aplicada.

En el supuesto de la presente litis consta debidamente acreditados los siguientes extremos fácticos directamenteconstatados por la Inspectora actuante y que han sido, incluso, corroborados por la testifical propuesta por la empresa, además de las manifestaciones expuestas por las trabajadoras codemandadas; así:

- En lo que se refiere a las pausas, la propia empresa reconoce con sus manifestaciones y con la testifical propuesta en la persona del Responsable de Almacén (D. Francisco) que no se producen tal como se establece en la evaluación específica, concluyendo, que si se agrupan todos los descansos que tienen las trabajadoras se realizan más tiempo de descanso de lo que incluso se recomienda. El horario de trabajo de las personas trabajadoras que prestan servicios para la mercantil actora como "Peladoras de ajos" es de 06:00 a 14:30 horas (8,30 horas), con una pausa de 30 minutos para el almuerzo ("descanso de bocadillo") que la empresa, al no contabilizar como tiempo de trabajo efectivo, obliga a que se preste de 14:00 a 14:30 horas. En el estudio ergonómico del año 2.014 se indica la necesidad de realizar "pausas de, al menos, 10 minutos cada 2 horas",siendo su razón de ser para evitar que las personas trabajadoras realicen el mismo trabajo manual durante largos períodos de tiempo, con movimientos de muñeca y mano muy repetitivos.

Sin embargo, la empresa no tiene establecido un tiempo de descanso obligatorio de 10 minutos cada 2 horas de trabajo, sino que va contabilizando como tal todos aquellos períodos en los que las personas trabajadoras precisan ir al aseo, pudiendo ocurrir que si no tienen necesidad de ir durante más de dos horas la empresa no las obliga a interrumpir su jornada de trabajo en cualquier caso. En consecuencia, la distribución de los descansos que hace la empresa no es la prescrita en la documentación de prevención de riesgos laborales para el puesto de "pelador/a de ajos", ya que no se realizan los descansos establecidos cada 2 horas, y con la distribución empresarial no se impide la aparición de la citada enfermedad profesional, tal como ha quedado constancia en el expediente.

- En lo que se refiere a la alternancia de puestos: El registro de rotación aportado no destruye lo expresado en el Acta de Infracción, donde se expone que la ITSS pudo constatar directamente, y por las declaraciones de la trabajadora y de los informes de investigación de las enfermedades profesionales, que no se produce ninguna alternancia de puestos de trabajo ni de tareas, dedicándose toda la jornada de trabajo a la operación de pelar ajos.

De la testifical referida y del interrogatorio coincidente de las trabajadoras demandadas se acredita que las personas trabajadoras van rotando en las diferentes secciones de la empresa (confección de bolsitas, líneas de destrío, ...), según las propias necesidades de la empresa, no de forma protocolizada, en tanto que si la mercantil no precisa reforzar un determinado tipo de tarea, las "Peladoras de ajos" pueden permanecer realizado dicha actividad laboral durante un período más prolongado de tiempo que el establecido como medida preventiva prevista en la evaluación ergonómica que consta realizada, pero que la empresa viene incumpliendo, por uno u otro motivo, de forma sistemática y habitual.

TERCERO.- Calificación jurídica de la actuación de la empresa y responsabilidad de la misma en la causación de la enfermedad profesional.

De todo lo anterior procede concluir -coincidiendo plenamente con el criterio jurídico de la Inspección de Trabajo y con el de la Administración regional demandada- que existe una evidente y directa relación de causalidad entre la coincidente lesión sufrida por las trabajadoras ("Síndrome del túnel carpiano") que sucesivamente motivaron sus bajas médicas por contingencia profesional y la falta de medidas de prevención de la empresa, por cuanto siendo la actividad laboral que realizaban las trabajadores una habitual que se realizaba en la empresa, la mercantil infringió normativa específica en materia de seguridad y salud laboral, en concreto el artículo 5.2 de la L.I.S.O.S. ("2. Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley"),vulnerándose los artículos 4.2.d) ("2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: ... d) A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales")y 19 ("1. El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo")del E.T., en relación con los artículos 14 ("1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.")y 16 ("Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva")de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Estando específicamente tipificada dicha infracción en el artículo 12.1 b) de la L.I.S.O.S., al concurrir todos los elementos esenciales configuradores del tipo sancionador, pues la empresa "No llevó a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan",

CUARTO.- Sanción a imponer.

Una vez identificada correctamente la infracción cometida por la empresa y su adecuada y cabal adecuación al tipo sancionado, también se considera correcta y proporcional su incardinación y calificación como "infracción grave" así contemplada en el artículo 12.1 b) de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, e impuesta dentro de los márgenes legales previstos en atención al sistema de graduación establecido en la propia norma ( artículo 40.2. b) de la L.I.S.O.S.) en su mínimo grado, en cuantía de 5.000 €, lo que impide que pueda ser entendida como desproporcionada, tal y como han concluido las diferentes Resoluciones administrativas recurridas, que han de ser confirmadas en su totalidad y, con ello, la consecuente desestimación de la demanda planteada.

QUINTO.- Recurso.

Se advertirá a las partes que contra la presente sentencia cabe recurso de suplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en la interpretación que del mismo realiza la doctrina jurisprudencial vinculante ( S.T.S. de 12 de noviembre de 2.019 [Rec. nº 529/2017], por todas).

Vistoslos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo