Sentencia Social 158/2025 Juzgado de lo Social de Ourense nº 1, Rec. 85/2025 de 20 de marzo del 2025

PRIMERO.-Solicita la empresa demandante en su demanda el que se declare no haber lugar a la imposición de la sanción de 3000 € impuesta por el acta de infracción de fecha 7 de mayo de 2024, por advertirse un vicio en la resolución combatida de incongruencia omisiva y por no poderse imputar a la misma infracción alguna, revocando íntegramente la resolución impugnada y procediendo al archivo del expediente.

Concreta la demandante que en relación con el trabajador don Donato se produce un vicio de incongruencia omisiva en cuanto la resolución recurrida no entra a valorar la argumentación esgrimida por esta parte respecto a la interpretación que la inspectora actuante realiza del Artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que vulnera el requisito de motivación que le es exigible a todo acto administrativo y que afecta, como es lógico al derecho de defensa de mi representada. Y además concluye que el Artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores establece, en cualquier caso, que los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos, y siendo el contrato fijo discontinuo, una modalidad de contrato fijo, ningún incumplimiento existe por parte de la empresa demandante.

En primer lugar, señalar que al no haber efectuado la empresa alegaciones durante el procedimiento, como ocurre en el presente caso, permite aplicar la norma contenida en el Artículo 118 de la Ley 39/2015, ya citada, cuando preceptúa que no se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuándo pudiendo haberlos aportado en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Por tanto, la resolución que resuelve el recurso de alzada, estaba exonerada de entrar a resolver las alegaciones realizadas sobre el trabajador don Donato a que se hace referencia a la demanda. En cualquier caso dicha resolución a pesar de ello motiva por qué se entiende que no son válidos los contratos fijos discontinuos en supuestos de contratas o subcontratas, como la realizada por la demandante, que conforme a lo previsto en el Artículo 16.4 "Cuando la actuación fija discontinua es por celebración de contratas, subcontratas o con motivo de concesiones administrativas en los términos de este artículo, los periodos de inactividad solo podrán producirse, como plazos de espera de recolocación entre subcontrataciones," Señalando que en las circunstancias de hecho del presente caso no pueden llegar a producirse, tal y como se expone en el acta de infracción, pues en aplicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, Artículo 27.4, estos trabajadores tienen derecho a la subrogación en las condiciones establecidas en dicho artículo cuando se produzca una nueva adjudicación de dicho contrato, por lo que la contratación fija discontinua no da cumplimiento al requisito establecido en el indicado artículo de tener periodos de inactividad, con lo que se debe de confirmar la interpretación dada por la Inspección de Trabajo a las disposiciones que rigen la contratación de trabajadores fijos discontinuos en el presente supuesto. Motivación que se estima más que suficiente, al amparo de lo preceptuado en el Artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que regula el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO.-Pero en cualquier caso no puede entenderse, tal como hace la demandante, que el incumplimiento de los límites de temporalidad que establecía el Artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, antes de su reforma, se ve satisfecho, con la modalidad de contrato fijo discontinuo, por cuanto el citado precepto establecía, para dicho incumplimiento, que los trabajadores "adquirirán la condición de trabajadores fijos", y trabajadores fijos son única y exclusivamente los que prestan servicios de manera indefinida durante todo el año, sin límite temporal alguno, no encontrándose entre tales, los que están vinculados por un contrato fijo discontinuo, pues precisamente el incumplimiento de los plazos de temporalidad, lo que denota es la necesidad permanente y estructural de la empresa de cubrir ese tipo de trabajo, y por tanto, la transformación del contrato temporal irregular en un contrato indefinido.

TERCERO.-Teniendo en cuenta que los 3 trabajadores afectados estaban vinculados en el momento de producirse la inspección por contratos fijos-discontinuos, y que la empresa demandante prestaba sus servicios tal como se hace constar en el acta de infracción, según el contrato suscrito entre la empresa y el Ministerio de Fomento, clave de contrato: NUM000, es decir que la empresa demandante, es una empresa contratista, resulta perfectamente aplicable, tal como hace la Inspectora actuante lo dispuesto en el Artículo 16.4 del Estatuto de los Trabajadores que señala que "cuando la contratación fija-discontinua se justifique por la celebración de contratas-subcontratas o con motivo de concesiones administrativas en los términos de este artículo, los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre subcontrataciones, pudiendo establecer los Convenios Colectivos Sectoriales un plazo máximo de inactividad entre subcontratas, que, en defecto de previsión convencional, será de 3 meses. Pero teniendo en cuenta que, en el sector de la construcción, los trabajadores por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 27.4 del Convenio Colectivo General del sector, tienen derecho a la subrogación en las condiciones establecidas en dicho artículo, cuando se produzca una nueva adjudicación de dicho contrato, por lo que no pueden existir periodos de inactividad, por lo que no puede existir un contrato fijo discontinuo.

Por tanto, la empresa demandada si incurrió en la infracción establecida por el Artículo 5 del Real Decreto Legislativo 5/2020, de 5 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, al transgredir la normativa sobre modalidades contractuales mediante su utilización respecto a supuestos distintos de los previstos legalmente, tipificada como falta grave en el Artículo 7.2, por lo que procede la imposición de una sanción en relación con cada uno de los trabajadores, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 39.6 y 40.1.c) de la misma norma, de 1000 euros, apreciada en su grado mínimo, lo que supone una sanción total de 3000 euros.

Así las cosas, al ser perfectamente ajustadas a derecho las resoluciones recurridas, deben de confirmarse las sanciones impuestas a la demandante y desestimar con ello la presente demanda.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.