Sentencia Social 13/2025 Juzgado de lo Social de Albacete nº 1, Rec. 694/2024 de 21 de enero del 2025

PRIMERO.-A los efectos del artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (L.R.J.S.), se declaran probados los hechos que anteceden por la documental aportadas por las partes y de las diferentes testificales prestadas, estando referenciado en cada extremo fáctico que antecede el respectivo soporte probatorio en el que se fundamenta.

SEGUNDO.-Entrando a conocer del fondo del asunto, el actor no ha negado en momento alguno la comisión de los hechos que se le imputan (desatención de las guardias de alarmas los días 15 y 16 de junio de 2.024, pese a que tenía previo conocimiento de su encomienda por la empresa, tal y como el mismo expresamente reconoce en el primer párrafo del hecho quinto de su escrito de demanda), justificando su actitud incumplidora en los argumentos de que: (1) su empleadora le debía abonar previamente lo que considera que se le debía; y (2) que las guardias, en lo sucesivo, le fueran abonadas con carácter previo a su realización, así como los gastos que le generen.

Asimismo, considera que la empresa le ha sancionado por haber presentado reclamación en sede administrativa, en reclamación de derechos y cantidad, en momento anterior a su sanción laboral, la cual considera una actuación reactiva de la demandada al planteamiento de legítimas reclamaciones por su parte, lo que debería conllevar la declaración de nulidad de la sanción impuesta al trabajador por violación de sus derechos fundamentales, en concreto, por infracción del artículo 24 de la Constitución Española (C.E.), por violación de la garantía de indemnidad, al considerar que la sanción impuesta al mismo viene motivadas por el planteamiento de reclamaciones a la empresa realizadas por el trabajador.

Para entrar a analizar esta cuestión capital de declaración de nulidad de la sanción realizada por la empresa por violación del citado derecho fundamental es necesario traer a colación la doctrina jurisprudencial que analiza la carga probatoria que en este tipo de procedimientos cada una de las partes debe soportar y satisfacer, así como las consecuencias jurídicas de ello derivadas. En este sentido, la institución de la "inversión de la carga de la prueba" que prevé el artículo 181.2 de la L.R.J.S. determina que en aquellos procesos en los que se alegue la vulneración de un derecho fundamental -como ocurre en el presente caso en el que se alega la existencia de violación del derecho de indemnidad del actor ( artículo 24 de la C.E.) - supone que una vez constatada la concurrencia de indiciosde que se han podido producir la violación del derecho fundamental denunciada, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Pero sin que dicha presunción pudiere implicar que la mera alegación de dicha violación de un derecho fundamental determine la presunción plena (iuris et de iure)de violación, sino que la parte actora precisa probar uno o varios indicios (hechos indiciarios) de los que no llegue a poder presumirse de modo completo que existe la violación, pero de los que sí puede deducirse la probabilidad de su existencia. Por tanto, al no existir una presunción plena de violación, sino un simple juicio de probabilidad, no puede decirse que al demandado corresponda destruir una presunción, sino que el hecho indiciario y la probabilidad son el presupuesto para que exista la inversión de la carga de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 80/2001, de 26 de marzo; y 190/2001, de 1 de octubre, entre otras).

De tal forma que, por lo que hace referencia al demandante, resulta necesario aclarar, a la vista de la expresión de la norma procesal, que es a él a quien le incumbe, en primer lugar, la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental invocado. Si bien, de suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena, sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba, como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional a propósito de un despido supuestamente discriminatorio, al señalar que "para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión"( Sentencias del Tribunal Constitucional 21/1992, de 14 de febrero, y 180/94, de 20 de junio). En cuanto al demandado, una vez acreditada la concurrencia de indicios de que se ha podido producir la violación de algún derecho fundamental del trabajador, le corresponderá "la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad",lo que "sitúa al demandado frente a una doble posibilidad: o bien trata de probar que su comportamiento no ha provocado la violación de ningún derecho fundamental del trabajador o, por el contrario, trata de demostrar que concurre algún tipo de circunstancia de entidad suficiente para justificar el acto empresarial que excluya cualquier sospecha de trato atentatorio del derecho fundamental en cuestión"( S.T.S. de 22 de enero de 2.019 [rcud. nº 3701/2016]).

Correspondiendo al Juez, finalmente, la libre valoración de la prueba, con absoluta libertad de criterio sobre los diversos medios de prueba aportados ( SS.T.S. de 22 de enero de 1.991, y de 28 de enero de 1.991; y S.T.S.J. de la Comunidad Valenciana de 25 de octubre de 2.005, EDJ 2005, 299549), sin mayores cortapisas a la hora de estimar veraces unos medios probatorios frente a otros, lo que no le exime de la obligación de explicitar en la Sentencia ( artículo 97.2 de la L.R.J.S. ) el razonamiento lógico que de las pruebas le conduce a los hechos que estima probados ( Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1.989, de 20 de febrero; S.T.S.J. de Cataluña de 27 de diciembre de 1.991, rec. 4441/1991; y SS.T.S.J. de la Comunidad Valenciana de 9 de febrero de 1.994 y de 22 de febrero de 1.994); debiéndose entender que la valoración realizada por el Juzgador es correcta, salvo que se demuestre que sea arbitraria, irracional, ilógica o absurda ( S.T.S.J. de Cataluña de 15 de julio de 2.005 [EDJ 2005, 322652]).

TERCERO.-En el presente caso, la parte actora no ha aportado prueba indiciaria alguna de la que se pudiera deducir que la sanción impuesta al actor aquí combatida ha podido venir motivada, directa o indirectamente, por causa de las reclamaciones realizadas por el mismo, lo que impide la inversión de la carga probatoria y motiva la desestimación de la alegación realizada.

Dicha conclusión se alcanza por cuanto, en primer lugar, no ha sido negada ni combatida por el actor la realidad de los hechos imputados en la carta de sanción, ni el cumplimiento por la empresa de los requisitos formales para su imposición, ni la procedencia y proporcionalidad de la sanción impuesta dentro de la tipificación que para las mismas reserva la norma convencional de referencia, ni su correcta graduación, dentro de los márgenes normativos permitidos.

En segundo lugar, son datos debidamente acreditados (en especial por la testifical del compañero de trabajo del actor, D. Ambrosio, con quien comparte idénticas condiciones laborales, específicamente, la tarea de realizar las guardias de alarma en semanas alternas con el actor) que, desde el inicio de la relación laboral de ambos, la empresa les informó, expresamente, de que una parte de sus obligaciones laborales consistía en que debían de estar disponibles durante los fines de semana y festivos alternos, para acudir a su centro de trabajo cuando en el mismo se activara una alarma o existiera una urgencia que atender (por ejemplo, por fallos en el suministro eléctrico interno de la granja, por fallos en el sistema de refrigeración o ventilación, por fugas de agua, por roturas en el sistema de alimentación de los animales y similares). Dicha parte de su débito laboral se habría de compensar mediante la reducción de su jornada de trabajo, en tanto que la normal realización de su jornada de trabajo habitual (de lunes a jueves de 07:00 a 14:30 horas y viernes de 07:00 a 14:00 horas, con media hora diaria de descanso de bocadillo) no alcanza el tope máximo de jornada de trabajo ordinaria anual de 1.780 horas (exartículo 9 del Convenio colectivo de aplicación), realizando el actor, en concreto, un total de 1.562,75 horas de trabajo en el año 2.023, de las que 131,18 horas fueron de descanso, y de 775,55 horas de trabajo totales, de las 70,91 horas fueron de descanso, en el año 2.024, hasta el 31 de julio, sin que, en ningún caso, el tiempo de trabajo para la cobertura de las atenciones a las alarmas han alcanzado la diferencia anual de tiempo de trabajo.

Si bien es cierto que la empresa no ha compensado los gastos de desplazamientos generados por la atención de dichas alarmas (en el caso del actor, de unos 54 kilómetros, aproximadamente, desde su domicilio al centro de trabajo, en viajes de ida y vuelta cada servicio), dicha obligación laboral y su coste económico (a cargo exclusivo del trabajador) y personal (llamamiento en momentos de descanso semanal, incluso de madrugada) fue puesta en conocimiento por la empresa en el momento de la firma del contrato de trabajo como condición laboral específica del contrato, a lo cual el actor no puso reparo alguno en dicho momento ni en otro posterior alguno hasta el mes de abril de 2.024 (más de 4 años y 7 meses después del inicio de la relación laboral), esto es, cumpliendo con dicha obligación sin plantear problema o reivindicación alguna desde el inicio de la relación laboral (el 9 de septiembre de 2.019) y hasta su primer incumplimiento sancionado (madrugada del jueves 4 al viernes 5 de abril de 2.024).

Si en algún momento determinado el actor alcanzó el convencimiento de que dicha condición específica de su deber laboral no era asumible por el mismo (porque entendía que suponía una descompensada carga económica y/o personal su cumplimiento), tenía a su disposición la posibilidad de plantear abiertamente a la empresa la modificación de dicha concreta condición de trabajo (bien su supresión y aumento de la jornada laboral ordinaria, bien un cambio de puesto de trabajo sin obligación de su realización) o su compensación económica con aumento del salario a percibir por dicho trabajo, y si la empresa se negare a alguna de dichas posibilidades o alguna otra que el actor le pudiera plantear, tenía a su disposición la posibilidad de su reclamación en vía judicial (tal y como así hizo con el inicio de la presentación de la papeleta de mediación el día 9 de abril de 2.024). Pero en lo que en modo alguno está legitimado el actor es mostrar una actitud de abierta rebeldía al cumplimiento de una parte de sus obligaciones laborales que venía realizando hasta ese momento de forma habitual y normal, como ya realizó, con carácter previoal planteamiento de dicha papeleta de mediación, el día 5 de abril de 2.024 al no acudir a atender hasta tres alarmas la madrugada de dicho día, siendo plenamente consciente del incumplimiento de su débito laboral, sin ofrecer justificación válida alguna, lo que se evidencia con el acatamiento no contestado de la sanción impuesta por la empresa (2 días de suspensión de empleo y sueldo).

El actor tiene como deber laboral principal cumplir, con diligencia y buena fe, con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo y con las instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas (apartados a) y c) del artículo 5 del E.T.), siendo las órdenes recibidas del empresario claras y concretas, dentro del ámbito de la empresa y en el área de sus facultades, y plenamente conocidas por el actor, que las ha venido realizado desde hacía varios años sin incumplimiento, queja o disconformidad alguna sobre el particular, sin que le correspondiera al actor, en ese momento, un juicio de valor o jurídico sobre el cumplimiento dicho concreto deber laboral ( S.T.S.J. de Castilla-La Mancha de 6 de julio de 2.006 [EDJ 2006, 299878]), y sin que se haya acreditado por el actor que dicho deber de atención a las alarmas suponga un supuesto claro y flagrante de irregularidad, como sería, por ejemplo, atentar a la dignidad o a la integridad física o moral del actor ( S.T.S.J. de Cataluña de 30 de octubre de 2.003 [rec. sup. 3470/2003]), máxime cuando la orden empresarial de cumplimiento del deber laboral de realizar la actividad profesional para la que fue contratado es la que venía realizando con normalidad desde hacía varios años. Únicamente puede negarse a cumplirlas, sin incurrir en desobediencia, cuando el empresario actúe con manifiesta arbitrariedad y abuso de derecho o atente contra la dignidad del trabajador ( SS.T.S. de 28 de noviembre de 1.989; de 28 de diciembre de 1.989; y de 10 de abril de 1.990), o si la orden es claramente antijurídica ( S.T.S. de 15 de marzo de 1.991), o existiera un peligro grave e inminente ( S.T.S. de 25 de abril de 1.991), que le facultaría el derecho a resistencia o ius resistentiaeal cumplimiento de órdenes ilícitas o antijurídicas así dadas por la empresa, pero sin que quepan apreciaciones subjetivas, por lo que el trabajador debe probar su existencia ( S.T.S.J. de Madrid de 19 de febrero de 1.998). Sin que en el presente caso se haya acreditado por la parte actora la concurrencia de ninguna de dichas circunstancias.

Si el trabajador hubiera considerado en el momento de la segunda sanción, por los incumplimientos de desatención al servicio de guardias los días 15 y 16 de junio, que el empresario le obliga a realizar un trabajo que no es acorde con las funciones laborales propias de su categoría profesional, o que deberían ser específicamente compensadas económicamente más allá de la eximición de parte de su jornada laboral anual, el cauce lícito adecuado para ello era el planteamiento de la correspondiente acción para su reclamación, o si la misma ya se hubiera planteado, esperar a su resolución en sede judicial, pero lo que en modo alguno podía lícitamente hacer era negarse a realizarlas, so pena de incurrir en una actitud rebelde o contumazmente incumplidora de sus deberes laborales, pese a los reiterados intentos de la empresa de reconducir su actitud, primero con una sanción previa por idéntico comportamiento (acatado y asumido por el actor) y, posteriormente, con advertencias y amonestaciones verbales y por escrito, por lo que, ante el empecinamiento del actor en el incumplimiento de su deber laboral básico de realizar las actividades profesionales para las que ha sido contratado, imponerle la segunda sanción de suspensión de empleo y sueldo durante tres días aquí impugnada se considera el uso de su derecho disciplinario por parte de la empresa demandada de forma adecuada y proporcional.

Por todo lo expuesto, procede confirmar la sanción impuesta al actor ( artículo 114.1.a) de la L.R.J.S. ), al cumplir la demandada con todas las exigencias formales y materiales que impone la normativa legal y convencional de referencia para así considerarlo, habiendo acreditado la empresa la realidad de los incumplimientos legales y convencionales imputados al trabajador.

CUARTO.-Se advertirá a las partes que contra la presente sentencia no cabe recurso de suplicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 115.3 y 191.2.a) de la L.R.J.S. .

Vistoslos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,