Sentencia Social 275/2025 Juzgado de lo Social de Melilla nº 1, Rec. 1255/2024 de 22 de diciembre del 2025

PRIMERO.

La jurisdicción social resulta competente para conocer del presente litigio conforme a lo dispuesto en los arts. 2 y concordantes de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, al tratarse de una controversia derivada de una relación laboral y relativa a la modificación sustancial de condiciones de trabajo. La acción se ha ejercitado correctamente por la modalidad procesal prevista en el art. 138 LRJS, sin que se aprecien defectos procesales que determinen indefensión material de las partes. Asimismo, al haberse invocado por la parte actora la vulneración de un derecho fundamental, se han observado las especialidades procedimentales previstas en los arts. 177 y siguientes LRJS, en particular la citación del Ministerio Fiscal, sin que su incomparecencia afecte a la validez del procedimiento ni al deber de este órgano judicial de resolver motivadamente sobre el fondo de las pretensiones deducidas.

SEGUNDO.

La alegación de la parte demandada relativa a la inexistencia de una decisión empresarial impugnable no puede ser acogida, pues el control judicial no se supedita a la forma escrita de la actuación empresarial, sino a su realidad material y a sus efectos prácticos sobre las condiciones de trabajo. En el presente caso ha quedado acreditado que la empresa comunicó y ejecutó un cambio efectivo en la distribución del tiempo de trabajo de la actora, alterando el régimen horario previamente existente. La ausencia de soporte documental no neutraliza la existencia de una decisión empresarial, sino que, por el contrario, constituye un elemento relevante a efectos de valorar el cumplimiento de las exigencias legales. Existe, por tanto, una actuación empresarial concreta, eficaz y con proyección jurídica suficiente como para ser objeto de control jurisdiccional en esta modalidad procesal.

TERCERO.

El art. 41.1 del Estatuto de los Trabajadores califica como modificaciones sustanciales aquellas que afecten, entre otras materias, a la jornada y a la distribución del tiempo de trabajo. El paso de un régimen de jornada continuada, mantenido de forma habitual, estable y prolongada en el tiempo, a un sistema de jornada partida con retorno vespertino, no puede ser calificado como una mera variación accidental u organizativa, sino como una alteración cualificada de las condiciones efectivas de prestación del trabajo. Tal modificación incide directamente en la ordenación del tiempo del trabajador y en su disponibilidad diaria, superando el ámbito del poder de dirección ordinario. Esta conclusión es coherente con la doctrina general reiterada y con la STS nº 116/2023, de 8 de febrero (ECLI:ES:TS:2023:438), que exige acudir al procedimiento del art. 41 ET cuando se altera de forma relevante el régimen efectivo de jornada.

CUARTO.

Acreditado el carácter sustancial de la modificación, procede analizar su adecuación a las exigencias formales y causales del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores. En el presente supuesto no consta el cumplimiento de dichas exigencias, al no haberse efectuado notificación escrita individual a la trabajadora, ni respetado un preaviso suficiente, ni identificado de forma concreta las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que justificarían la medida. Tampoco se ha acreditado en el acto del juicio la concurrencia de razones objetivas suficientes que hagan necesaria y proporcionada la implantación de la jornada partida para la actora. La consecuencia jurídica prevista en el art. 138.7 LRJS es la declaración de la modificación como injustificada, con el derecho del trabajador a ser repuesto en sus condiciones anteriores.

QUINTO.

La convicción judicial se alcanza a partir de una valoración conjunta, razonada y no arbitraria de la prueba practicada, conforme a las reglas de la sana crítica. La prueba documental y testifical aportada por la parte actora resulta coherente y consistente en la acreditación del régimen habitual de jornada continuada, mientras que la documental aportada por la demandada no ha logrado desvirtuar de forma suficiente dicha realidad fáctica ni justificar la supuesta variabilidad ordinaria del horario. La redacción de los hechos probados se ha efectuado con criterios de objetividad y claridad, sin introducir valoraciones jurídicas, de modo que no resulta posible su revisión en suplicación sin incurrir en una valoración alternativa de la prueba, vedada a la Sala conforme al art. 193 b) LRJS.

SEXTO.

En relación con la invocada vulneración del derecho fundamental a la garantía de indemnidad, debe recordarse que la activación del régimen de tutela reforzada exige la aportación por la parte actora de indicios suficientes de que la medida empresarial constituye una reacción frente al ejercicio de derechos protegidos. En el presente caso no concurren tales indicios, pues no ha quedado acreditada una conexión temporal y causal sólida entre el ejercicio previo de acciones judiciales o administrativas y la modificación de la jornada. La ausencia de indicios impide la inversión de la carga probatoria, debiendo resolverse la controversia en el plano de la legalidad ordinaria, lo que determina la desestimación de la pretensión de nulidad por vulneración de derechos fundamentales.

SÉPTIMO.

Declarada injustificada la modificación sustancial de condiciones de trabajo, procede reconocer el derecho de la actora a ser repuesta en su régimen de jornada continuada anterior, con los efectos inherentes a dicha reposición desde la fecha de efectividad de la medida. Esta solución resulta plenamente congruente con el marco legal aplicable y con los hechos acreditados, sin perjuicio de que la empresa, si lo estima necesario y concurren causas reales, pueda promover en el futuro una modificación sustancial por los cauces legales y con observancia estricta de las garantías procedimentales y materiales previstas en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores. No procede imposición de costas conforme al régimen propio del orden social.

PRIMERO.

La jurisdicción social resulta competente para conocer del presente litigio conforme a lo dispuesto en los arts. 2 y concordantes de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, al tratarse de una controversia derivada de una relación laboral y relativa a la modificación sustancial de condiciones de trabajo. La acción se ha ejercitado correctamente por la modalidad procesal prevista en el art. 138 LRJS, sin que se aprecien defectos procesales que determinen indefensión material de las partes. Asimismo, al haberse invocado por la parte actora la vulneración de un derecho fundamental, se han observado las especialidades procedimentales previstas en los arts. 177 y siguientes LRJS, en particular la citación del Ministerio Fiscal, sin que su incomparecencia afecte a la validez del procedimiento ni al deber de este órgano judicial de resolver motivadamente sobre el fondo de las pretensiones deducidas.

SEGUNDO.

La alegación de la parte demandada relativa a la inexistencia de una decisión empresarial impugnable no puede ser acogida, pues el control judicial no se supedita a la forma escrita de la actuación empresarial, sino a su realidad material y a sus efectos prácticos sobre las condiciones de trabajo. En el presente caso ha quedado acreditado que la empresa comunicó y ejecutó un cambio efectivo en la distribución del tiempo de trabajo de la actora, alterando el régimen horario previamente existente. La ausencia de soporte documental no neutraliza la existencia de una decisión empresarial, sino que, por el contrario, constituye un elemento relevante a efectos de valorar el cumplimiento de las exigencias legales. Existe, por tanto, una actuación empresarial concreta, eficaz y con proyección jurídica suficiente como para ser objeto de control jurisdiccional en esta modalidad procesal.

TERCERO.

El art. 41.1 del Estatuto de los Trabajadores califica como modificaciones sustanciales aquellas que afecten, entre otras materias, a la jornada y a la distribución del tiempo de trabajo. El paso de un régimen de jornada continuada, mantenido de forma habitual, estable y prolongada en el tiempo, a un sistema de jornada partida con retorno vespertino, no puede ser calificado como una mera variación accidental u organizativa, sino como una alteración cualificada de las condiciones efectivas de prestación del trabajo. Tal modificación incide directamente en la ordenación del tiempo del trabajador y en su disponibilidad diaria, superando el ámbito del poder de dirección ordinario. Esta conclusión es coherente con la doctrina general reiterada y con la STS nº 116/2023, de 8 de febrero (ECLI:ES:TS:2023:438), que exige acudir al procedimiento del art. 41 ET cuando se altera de forma relevante el régimen efectivo de jornada.

CUARTO.

Acreditado el carácter sustancial de la modificación, procede analizar su adecuación a las exigencias formales y causales del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores. En el presente supuesto no consta el cumplimiento de dichas exigencias, al no haberse efectuado notificación escrita individual a la trabajadora, ni respetado un preaviso suficiente, ni identificado de forma concreta las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que justificarían la medida. Tampoco se ha acreditado en el acto del juicio la concurrencia de razones objetivas suficientes que hagan necesaria y proporcionada la implantación de la jornada partida para la actora. La consecuencia jurídica prevista en el art. 138.7 LRJS es la declaración de la modificación como injustificada, con el derecho del trabajador a ser repuesto en sus condiciones anteriores.

QUINTO.

La convicción judicial se alcanza a partir de una valoración conjunta, razonada y no arbitraria de la prueba practicada, conforme a las reglas de la sana crítica. La prueba documental y testifical aportada por la parte actora resulta coherente y consistente en la acreditación del régimen habitual de jornada continuada, mientras que la documental aportada por la demandada no ha logrado desvirtuar de forma suficiente dicha realidad fáctica ni justificar la supuesta variabilidad ordinaria del horario. La redacción de los hechos probados se ha efectuado con criterios de objetividad y claridad, sin introducir valoraciones jurídicas, de modo que no resulta posible su revisión en suplicación sin incurrir en una valoración alternativa de la prueba, vedada a la Sala conforme al art. 193 b) LRJS.

SEXTO.

En relación con la invocada vulneración del derecho fundamental a la garantía de indemnidad, debe recordarse que la activación del régimen de tutela reforzada exige la aportación por la parte actora de indicios suficientes de que la medida empresarial constituye una reacción frente al ejercicio de derechos protegidos. En el presente caso no concurren tales indicios, pues no ha quedado acreditada una conexión temporal y causal sólida entre el ejercicio previo de acciones judiciales o administrativas y la modificación de la jornada. La ausencia de indicios impide la inversión de la carga probatoria, debiendo resolverse la controversia en el plano de la legalidad ordinaria, lo que determina la desestimación de la pretensión de nulidad por vulneración de derechos fundamentales.

SÉPTIMO.

Declarada injustificada la modificación sustancial de condiciones de trabajo, procede reconocer el derecho de la actora a ser repuesta en su régimen de jornada continuada anterior, con los efectos inherentes a dicha reposición desde la fecha de efectividad de la medida. Esta solución resulta plenamente congruente con el marco legal aplicable y con los hechos acreditados, sin perjuicio de que la empresa, si lo estima necesario y concurren causas reales, pueda promover en el futuro una modificación sustancial por los cauces legales y con observancia estricta de las garantías procedimentales y materiales previstas en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores. No procede imposición de costas conforme al régimen propio del orden social.

PRIMERO.

La jurisdicción social resulta competente para conocer del presente litigio conforme a lo dispuesto en los arts. 2 y concordantes de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, al tratarse de una controversia derivada de una relación laboral y relativa a la modificación sustancial de condiciones de trabajo. La acción se ha ejercitado correctamente por la modalidad procesal prevista en el art. 138 LRJS, sin que se aprecien defectos procesales que determinen indefensión material de las partes. Asimismo, al haberse invocado por la parte actora la vulneración de un derecho fundamental, se han observado las especialidades procedimentales previstas en los arts. 177 y siguientes LRJS, en particular la citación del Ministerio Fiscal, sin que su incomparecencia afecte a la validez del procedimiento ni al deber de este órgano judicial de resolver motivadamente sobre el fondo de las pretensiones deducidas.

SEGUNDO.

La alegación de la parte demandada relativa a la inexistencia de una decisión empresarial impugnable no puede ser acogida, pues el control judicial no se supedita a la forma escrita de la actuación empresarial, sino a su realidad material y a sus efectos prácticos sobre las condiciones de trabajo. En el presente caso ha quedado acreditado que la empresa comunicó y ejecutó un cambio efectivo en la distribución del tiempo de trabajo de la actora, alterando el régimen horario previamente existente. La ausencia de soporte documental no neutraliza la existencia de una decisión empresarial, sino que, por el contrario, constituye un elemento relevante a efectos de valorar el cumplimiento de las exigencias legales. Existe, por tanto, una actuación empresarial concreta, eficaz y con proyección jurídica suficiente como para ser objeto de control jurisdiccional en esta modalidad procesal.

TERCERO.

El art. 41.1 del Estatuto de los Trabajadores califica como modificaciones sustanciales aquellas que afecten, entre otras materias, a la jornada y a la distribución del tiempo de trabajo. El paso de un régimen de jornada continuada, mantenido de forma habitual, estable y prolongada en el tiempo, a un sistema de jornada partida con retorno vespertino, no puede ser calificado como una mera variación accidental u organizativa, sino como una alteración cualificada de las condiciones efectivas de prestación del trabajo. Tal modificación incide directamente en la ordenación del tiempo del trabajador y en su disponibilidad diaria, superando el ámbito del poder de dirección ordinario. Esta conclusión es coherente con la doctrina general reiterada y con la STS nº 116/2023, de 8 de febrero (ECLI:ES:TS:2023:438), que exige acudir al procedimiento del art. 41 ET cuando se altera de forma relevante el régimen efectivo de jornada.

CUARTO.

Acreditado el carácter sustancial de la modificación, procede analizar su adecuación a las exigencias formales y causales del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores. En el presente supuesto no consta el cumplimiento de dichas exigencias, al no haberse efectuado notificación escrita individual a la trabajadora, ni respetado un preaviso suficiente, ni identificado de forma concreta las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que justificarían la medida. Tampoco se ha acreditado en el acto del juicio la concurrencia de razones objetivas suficientes que hagan necesaria y proporcionada la implantación de la jornada partida para la actora. La consecuencia jurídica prevista en el art. 138.7 LRJS es la declaración de la modificación como injustificada, con el derecho del trabajador a ser repuesto en sus condiciones anteriores.

QUINTO.

La convicción judicial se alcanza a partir de una valoración conjunta, razonada y no arbitraria de la prueba practicada, conforme a las reglas de la sana crítica. La prueba documental y testifical aportada por la parte actora resulta coherente y consistente en la acreditación del régimen habitual de jornada continuada, mientras que la documental aportada por la demandada no ha logrado desvirtuar de forma suficiente dicha realidad fáctica ni justificar la supuesta variabilidad ordinaria del horario. La redacción de los hechos probados se ha efectuado con criterios de objetividad y claridad, sin introducir valoraciones jurídicas, de modo que no resulta posible su revisión en suplicación sin incurrir en una valoración alternativa de la prueba, vedada a la Sala conforme al art. 193 b) LRJS.

SEXTO.

En relación con la invocada vulneración del derecho fundamental a la garantía de indemnidad, debe recordarse que la activación del régimen de tutela reforzada exige la aportación por la parte actora de indicios suficientes de que la medida empresarial constituye una reacción frente al ejercicio de derechos protegidos. En el presente caso no concurren tales indicios, pues no ha quedado acreditada una conexión temporal y causal sólida entre el ejercicio previo de acciones judiciales o administrativas y la modificación de la jornada. La ausencia de indicios impide la inversión de la carga probatoria, debiendo resolverse la controversia en el plano de la legalidad ordinaria, lo que determina la desestimación de la pretensión de nulidad por vulneración de derechos fundamentales.

SÉPTIMO.

Declarada injustificada la modificación sustancial de condiciones de trabajo, procede reconocer el derecho de la actora a ser repuesta en su régimen de jornada continuada anterior, con los efectos inherentes a dicha reposición desde la fecha de efectividad de la medida. Esta solución resulta plenamente congruente con el marco legal aplicable y con los hechos acreditados, sin perjuicio de que la empresa, si lo estima necesario y concurren causas reales, pueda promover en el futuro una modificación sustancial por los cauces legales y con observancia estricta de las garantías procedimentales y materiales previstas en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores. No procede imposición de costas conforme al régimen propio del orden social.

PRIMERO.

La jurisdicción social resulta competente para conocer del presente litigio conforme a lo dispuesto en los arts. 2 y concordantes de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, al tratarse de una controversia derivada de una relación laboral y relativa a la modificación sustancial de condiciones de trabajo. La acción se ha ejercitado correctamente por la modalidad procesal prevista en el art. 138 LRJS, sin que se aprecien defectos procesales que determinen indefensión material de las partes. Asimismo, al haberse invocado por la parte actora la vulneración de un derecho fundamental, se han observado las especialidades procedimentales previstas en los arts. 177 y siguientes LRJS, en particular la citación del Ministerio Fiscal, sin que su incomparecencia afecte a la validez del procedimiento ni al deber de este órgano judicial de resolver motivadamente sobre el fondo de las pretensiones deducidas.

SEGUNDO.

La alegación de la parte demandada relativa a la inexistencia de una decisión empresarial impugnable no puede ser acogida, pues el control judicial no se supedita a la forma escrita de la actuación empresarial, sino a su realidad material y a sus efectos prácticos sobre las condiciones de trabajo. En el presente caso ha quedado acreditado que la empresa comunicó y ejecutó un cambio efectivo en la distribución del tiempo de trabajo de la actora, alterando el régimen horario previamente existente. La ausencia de soporte documental no neutraliza la existencia de una decisión empresarial, sino que, por el contrario, constituye un elemento relevante a efectos de valorar el cumplimiento de las exigencias legales. Existe, por tanto, una actuación empresarial concreta, eficaz y con proyección jurídica suficiente como para ser objeto de control jurisdiccional en esta modalidad procesal.

TERCERO.

El art. 41.1 del Estatuto de los Trabajadores califica como modificaciones sustanciales aquellas que afecten, entre otras materias, a la jornada y a la distribución del tiempo de trabajo. El paso de un régimen de jornada continuada, mantenido de forma habitual, estable y prolongada en el tiempo, a un sistema de jornada partida con retorno vespertino, no puede ser calificado como una mera variación accidental u organizativa, sino como una alteración cualificada de las condiciones efectivas de prestación del trabajo. Tal modificación incide directamente en la ordenación del tiempo del trabajador y en su disponibilidad diaria, superando el ámbito del poder de dirección ordinario. Esta conclusión es coherente con la doctrina general reiterada y con la STS nº 116/2023, de 8 de febrero (ECLI:ES:TS:2023:438), que exige acudir al procedimiento del art. 41 ET cuando se altera de forma relevante el régimen efectivo de jornada.

CUARTO.

Acreditado el carácter sustancial de la modificación, procede analizar su adecuación a las exigencias formales y causales del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores. En el presente supuesto no consta el cumplimiento de dichas exigencias, al no haberse efectuado notificación escrita individual a la trabajadora, ni respetado un preaviso suficiente, ni identificado de forma concreta las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que justificarían la medida. Tampoco se ha acreditado en el acto del juicio la concurrencia de razones objetivas suficientes que hagan necesaria y proporcionada la implantación de la jornada partida para la actora. La consecuencia jurídica prevista en el art. 138.7 LRJS es la declaración de la modificación como injustificada, con el derecho del trabajador a ser repuesto en sus condiciones anteriores.

QUINTO.

La convicción judicial se alcanza a partir de una valoración conjunta, razonada y no arbitraria de la prueba practicada, conforme a las reglas de la sana crítica. La prueba documental y testifical aportada por la parte actora resulta coherente y consistente en la acreditación del régimen habitual de jornada continuada, mientras que la documental aportada por la demandada no ha logrado desvirtuar de forma suficiente dicha realidad fáctica ni justificar la supuesta variabilidad ordinaria del horario. La redacción de los hechos probados se ha efectuado con criterios de objetividad y claridad, sin introducir valoraciones jurídicas, de modo que no resulta posible su revisión en suplicación sin incurrir en una valoración alternativa de la prueba, vedada a la Sala conforme al art. 193 b) LRJS.

SEXTO.

En relación con la invocada vulneración del derecho fundamental a la garantía de indemnidad, debe recordarse que la activación del régimen de tutela reforzada exige la aportación por la parte actora de indicios suficientes de que la medida empresarial constituye una reacción frente al ejercicio de derechos protegidos. En el presente caso no concurren tales indicios, pues no ha quedado acreditada una conexión temporal y causal sólida entre el ejercicio previo de acciones judiciales o administrativas y la modificación de la jornada. La ausencia de indicios impide la inversión de la carga probatoria, debiendo resolverse la controversia en el plano de la legalidad ordinaria, lo que determina la desestimación de la pretensión de nulidad por vulneración de derechos fundamentales.

SÉPTIMO.

Declarada injustificada la modificación sustancial de condiciones de trabajo, procede reconocer el derecho de la actora a ser repuesta en su régimen de jornada continuada anterior, con los efectos inherentes a dicha reposición desde la fecha de efectividad de la medida. Esta solución resulta plenamente congruente con el marco legal aplicable y con los hechos acreditados, sin perjuicio de que la empresa, si lo estima necesario y concurren causas reales, pueda promover en el futuro una modificación sustancial por los cauces legales y con observancia estricta de las garantías procedimentales y materiales previstas en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores. No procede imposición de costas conforme al régimen propio del orden social.