Sentencia Social 268/2024 Juzgado de lo Social de Palencia nº 1, Rec. 385/2024 de 22 de julio del 2024

PRIMERO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados se han deducido de la prueba documental obrante en autos y expediente administrativo.

SEGUNDO.-Ejercita la parte actora la presente demanda al amparo de la previsión contenida en el art. 139 LJS, solicitando se declare su derecho a un permiso horario de ausencia, concretado en 30 minutos al inicio y 30 minutos al final de cada jornada de trabajo, al amparo del art. 82 d) del convenio de aplicación. Interesa el dictado de una sentencia estimatoria por haberse dictado una resolución extemporánea a la solicitud, en aplicación del régimen de plazos de resolución previsto en el Decreto 183/1994 de 25 de agosto, resultando de aplicación el instituto del silencio positivo, que impide efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto.

La parte demandada se opone a la estimación de la demanda, alegando que el mencionado Decreto es de aplicación al silencio en procedimientos administrativos, no como en el caso que nos ocupa, estando ante un proceso social al ser la demandante personal laboral. En cuanto al fondo, se remite a la resolución denegatoria, con expresión del incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 82 d) del convenio.

TERCERO.-Vistas las posiciones de las partes, el Decreto 183/1994 de 25 de agosto, aprobado en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Real Decreto-ley 14/1993, de 4 de agosto, determina los plazos de resolución de los procedimientos administrativos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de resolución expresa produzca, y lo regula como sigue, en lo que es de aplicación al caso:

"Artículo único:

Los plazos de resolución de los procedimientos administrativos desarrollados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de resolución expresa produzca, serán los que seguidamente se determinan.

1. Procedimientos en materia de gestión de personal

a) Las solicitudes formuladas en los procedimientos administrativos que se relacionan, se podrán entender estimadas una vez transcurridos sin que hubiera dictado resolución expresa, los plazos máximos de resolución señalados a continuación: (...)

-Reducción de la jornada por razones de guarda legal: 10 días".

Como alega la parte demandada, la Ley 30/1992 no es aplicable en el ámbito del ejercicio por la Administración de facultades de Derecho Privado, cuando se ha despojado de su condición de poder público y actúa como un sujeto privado, lo que ocurre cuando acude a una contratación laboral. Asimismo el Decreto 183/1994 de la Junta de Castilla y León, sobre plazos de resolución de procedimientos administrativos, resulta inaplicable igualmente dado que no estamos ante ningún procedimiento administrativo. Así lo resolvió la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para un asunto similar en sentencia de 3/4/2017, recurso de suplicación 365/2017, invocada por la demandada, que recuerda que las Administraciones Públicas también pueden actuar en relaciones jurídicas de Derecho Privado y que el contrato de trabajo, precisamente, es una relación jurídica de Derecho Privado, por lo cual cuando la Administración actúa como empleadora no está sujeta al Derecho Administrativo, sino al Derecho Laboral y los actos que como tal empleadora realice no son actos administrativos, sino actos de Derecho Privado. Por tanto, la inaplicabilidad de la norma invocada al supuesto que nos ocupa impide estimar la pretensión ejercitada al amparo de dicha norma.

Subsidiariamente, entrando al fondo del asunto, el art. 82 d) del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de esta dispone:

"Artículo 82. Permisos de carácter general

Se concederán permisos, con derecho a la totalidad de las retribuciones salvo en los supuestos de incompatibilidad legalmente establecidos, previo aviso cuando fuera posible y posterior justificación acreditativa, por alguno de los motivos siguientes y por el tiempo que se indica:

d) Los empleados y empleadas públicas que acrediten la guarda legal de un familiar que padeciera una discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% por ciento tendrán derecho a una hora diaria de ausencia en el trabajo, previa acreditación de la necesidad de atención al mismo.

El empleado o empleada por su voluntad podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad.

La reducción de jornada por este motivo podrá ampliarse a una hora diaria, siempre que esta se haga coincidir con la parte variable del horario que constituye el tiempo de flexibilidad de la jornada.

Cuando dos empleados o empleadas públicas tuvieran a su cargo una misma persona en tales circunstancias, solo uno de ellos podrá ejercitar este derecho".

Sobre este aspecto nada se añade en el acto del juicio a la valoración efectuada por la resolución denegatoria, y tal como consta en la misma, la parte actora no acredita ostentar la guarda legal sobre su cónyuge, ni acredita documentalmente la necesidad de atención al mismo, no constando la necesidad de concurso de tercera persona. No concurriendo los requisitos exigidos convencionalmente, las pretensiones de la parte actora no merecen favorable acogida por las razones expuestas.

CUARTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación.

En atención a lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,