Sentencia Social 378/2024 Juzgado de lo Social de Guadalajara nº 1, Rec. 547/2024 de 26 de septiembre del 2024

PRIMERO.-La prueba practicada ha sido valorada en conciencia por este juzgador conforme al artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, habiéndose deducido los hechos declarados probados de la prueba documental aportada por las partes, así como de la testifical escuchada tal y como se ha ido desgranando a lo largo de los hechos probados.

SEGUNDO.-Se alega por la empresa la falta de acción del demandante.

La doctrina judicial existente sobre la verdadera naturaleza jurídica del Comité de Seguridad y Salud, en relación con la libertad sindical, se recuerda por STS 26/10/2021 (Rec. 66/2021), donde se dice:

"El art. 5.1 b) de la LPRL , dispone que "la elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas". Junto a lo anterior, el art. 34, en materia de derechos de participación y representación, reconoce un derecho general de los trabajadores a participar en la empresa en las cuestiones relacionados con la prevención de riesgos laborales. Entre los órganos a los que se atribuye esa participación, el art. 38 de dicha Ley , regula el Comité de Seguridad y Salud, calificando dicho órgano como paritario y colegiado, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Es en el art. 39 en el que se identifican las competencias y facultades de dicho Comité. Concretamente, el apartado 1 a) señala como tal la de "Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, la elección de la modalidad organizativa de la empresa y, en su caso, la gestión realizada por las entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado la realización de actividades preventivas; los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y organización de la formación en materia preventiva".

Esta Sala, con carácter general, ha señalado que no se puede entender que se produce vulneración del derecho de libertad sindical, en su vertiente del derecho a la negociación colectiva, en cuestiones que puedan afectar a los Comités o Comisiones que se constituyan sin competencia o facultades negociadoras ( STS de 22 de diciembre de 2008, rec. 143/2007 , y 16 de diciembre de 2009, rec. 139/2008 ). Doctrina que sigue la línea marcada constitucionalmente en las SSTC 187/1987 u 137/1991 , que se citan en el ATC 98/2000 .

Más específicamente, ha señalado que el mandato legal sobre los sujetos que deben participar en la elaboración de la política de prevención implica la necesidad de que las medidas en materia de prevención de riesgos se adopten con la participación de aquellos sujetos colectivos ( STS de 19 de octubre de 2004, rec. 176/2003 ). En ese contexto de participación, se ha calificado al Comité de Seguridad y Salud, tomando lo reseñado en la exposición de motivos de la LPRL, como "órgano de encuentro entre los representantes de los trabajadores y el empresario para el desarrollo de una participación equilibrada en materia de prevención y riesgos" ( STS de 3 de diciembre de 1997, rec. 1087/1997 , 15 de junio de 1998, rec. 4863/1997 , y 30 de abril de 2001, rec. 2887/2000 ). Igualmente, se ha dicho que dicho Comité "es un órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en la materia" ( STS de 15 de junio de 1998, rec. 4863/1997 ). En esa línea, se ha dicho que dichos Comités carecen capacidad negociadora, siendo sus funciones técnicas y de asesoramiento y consulta ( STS 14 de junio de 1999, rec. 3997/1998 , en la que se negó que se vulnerase el derecho de libertad sindical por haberse excluido a un sindicato de su seno, con doctrina que se reproduce en la de 30 de abril de 2001, rec. 2887/2000 y 14 de marzo de 2006, rcud 2466/2004 ), lo que se calificó por el TC como no reprochable constitucionalmente cuando en el ATC 98/2000 así lo indicó respecto de la consideración que se hacía en la sentencia recurrida en amparo "sobre la naturaleza estrictamente técnica de las funciones del Comité de Seguridad y Salud, así como sobre la reserva de las funciones propiamente sindicales sobre prevención de riesgos mediante las competencias legalmente atribuidas a tal representación, entre ellas la negociación colectiva en la materia"."

Nuestro TSJ también se ha pronunciado sobre esta materia, por ejemplo, STSJ CLM 12-05-2022 (Rec. 645/2022):

"En ningún lugar se dice, como parece sugerir la parte recurrente, que los Delegados de Prevención sean titulares del derecho a la libertad sindical. Por ello, más adelante se afirma en la citada sentencia que: " Ya hemos argumentado en nuestro FD Segundo que al margen de -o, más bien, junto a- la titularidad del derecho de información que ostentan los representantes unitarios y los Delegados de Prevención en las empresas, los sindicatos, a través de sus Secciones Sindicales y Delegados Sindicales en las empresas ostentan también dicha titularidad porque se las otorga expresamente el artículo 10.3 de la LOLS , de desarrollo del derecho fundamental de libertad sindical consagrado en el art. 28.1 CE , que comprende como contenido esencial del mismo el derecho a la acción sindical -según afirmó desde temprana fecha la jurisprudencia constitucional- debiendo subrayarse que dicho artículo 10 de la LOLS se encuentra precisamente en el Capítulo IV de la misma titulado "De la acción sindical". (F.J. 4º, 1. C).

Lo mismo ocurre con la sentencia del Tribunal Supremo de 3 mayo 2011, rec. 168/2010 , que resuelve un supuesto sustancialmente diferente al aquí planteado, referido al derecho de los delegados sindicales a acceder a la misma información y documentación que el comité de empresa.

Por ello, sin perjuicio del derecho a la información que los Delegados de Prevención que la legislación ordinaria les reconoce (que habrán de postular por la vía procesal adecuada), no pueden invocar una eventual violación del derecho a la libertad sindical del que no son titulares, para obtener la información requerida al Ayuntamiento demandando, por lo que el motivo de recurso ha de desestimarse."

Así las cosas, asiste la razón a la empresa si el demandante pretendía acceder al centro de trabajo en calidad de miembro del Comité de Seguridad y Salud, el derecho que le asiste para ello se enmarca dentro de la legalidad ordinaria, y no dentro del derecho a la libertad sindical, por lo que, caso de considerar que la empresa le impidió el acceso, debió reclamar por el cauce ordinario, o incluso sancionador, pero cabe hablar de vulneración de los Derechos Fundamentales que contiene el artículo 28 de la Constitución dado que dichas facultades atribuidas al Comité de Seguridad y Salud se sitúan extramuros del precepto constitucional.

Por otra parte, no alcanzamos a comprender, porque nada se dice de ello, ni aún remotamente en la demanda, qué conducta concreta de la empresa desarrollada entre los días 13 y 15 de noviembre de 2023, podría calificarse como vulneradora de un Derecho a la Huelga que el demandante ejercitó esos tres días, formando parte incluso de los piquetes, como él mismo reconoce, sin sufrir represalia ni perturbación alguna en el ejercicio de ese derecho.

La demanda debe ser íntegramente desestimada, siendo el alcance de esta desestimación, el que indicaba la STS 26-09-2018 (Rec. 158/2016):

"Recordemos que la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales circunscribe su objeto al análisis de la existencia o inexistencia de la vulneración invocada, atendiendo a la configuración constitucional del derecho cuya tutela se insta -tanto directa, como en las normas legales que desarrollan la delimitación de tal derecho-. Estamos ante un procedimiento de cognitio limitada, en tanto no incide en las posibilidades derivadas que los actos atribuidos a la parte demandada pudieran tener desde la óptica de la legalidad ordinaria, si no que está en juego en ellos esa afectación del derecho fundamental en cuestión. Lo ponemos de relieve para señalar que, si bien, ciertamente, no puede declararse la inadecuación de procedimiento ( STC 12/82 y 31/84 y STS/4ª de 15 febrero 2000, rec. 502/1999 ) porque no cabe duda de que en este caso se está ejercitando la acción de tutela de la libertad sindical, la respuesta a la pretensión pasa por examinar la lesión denunciada desde la exclusiva posición de la salvaguarda del derecho de libertad sindical, que la actora -ahora recurrente- considera afectado".

Partiendo de tal doctrina jurisprudencial, la apreciación de que no se ha producido la violación del derecho a la libertad sindical ni de huelga del actor, lleva a desestimar la presente demanda, de acuerdo además con el criterio del Ministerio Fiscal.

TERCERO.-Contra la presente sentencia cabe recurso de Suplicación conforme a lo previsto en el artículo 191.3 f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social al haberse ejercitado una acción de vulneración de Derechos Fundamentales.