Sentencia Social 304/2024 Juzgado de lo Social de Pontevedra nº 1, Rec. 326/2024 de 27 de junio del 2024

ÚNICO. -Accionándose en demanda sobre conflicto colectivo, y conforme al anterior relato de hechos declarados probados, que se deriva de la apreciación de los elementos de convicción -artículo 97.2 de la LJS-, a partir, de hechos aceptados (artículo 85.2 de la LJS) , el párrafo inicial del hecho primero, el hecho segundo, el hecho cuarto, y el último párrafo del hecho quinto, y en lo demás de la valoración de la prueba practicada, y en particular de la prueba documental aportada, salvo el párrafo segundo del hecho primero, el párrafo inicial del hecho tercero, y el segundo párrafo del hecho quinto que resultan de la prueba testifical; - se resuelve en los siguientes términos:

1.-Opuesta por el demandado en el acto de juicio (artículo 85.2 de la LJS) la excepción de incompetencia de la jurisdicción social:

1.1.- El artículo 85.2 de la LJS permite al demandado en contestación a la demanda alegar cuantas excepciones estime procedentes, sin que por ello resulte tal alegación extemporánea como se plantea por el Ministerio Fiscal en su informe, sin perjuicio de que ha de ser en la Sentencia donde se ha de decidir sobre dicha excepción (así lo evidencia lo establecido en el apartado e) del artículo 191.3 de la LJS) .

1.2.- Y para decidir sobre dicha excepción se ha de partir de que conforme a la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo la jurisdicción social no es competente para conocer de una demanda de conflicto colectivo por modificación sustancial y colectiva de las condiciones de trabajo que afecta tanto al personal laboral como funcionarial (STSS 22/01/2019, recurso 235/2017; 11/05/2022, recurso 37/2021; 20/09/2022, recurso 39/2021; 06/10/2022, recurso 36/2021). Y dicha jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene en cuenta que la distribución competencial ha variado tras la entrada en vigor de la LJS, pero debe partirse de la clara distinción entre a) Las actuaciones de la Administración pública "realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones"en materia laboral, sindical y de seguridad social, las que como regla, tratándose de actos singulares o plurales (no de disposiciones generales o asimilados) de su impugnación conoce, como regla, el orden social, con excepciones (en especial en materia de actos de la TGSS) a favor del orden contencioso-administrativo en especial " siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional"( arts. 1, 2 letras ny s, y art. 3 letras a , e y f LJS) ; b) Los actos o decisiones de la Administración pública empleadora respecto de los trabajadores a su servicio de cuya impugnación conoce siempre el orden social ( arts. 1, y 2 letras a , b , e a i LRJS ),si bien cuando tales afectos afectaren conjuntamente al personal laboral y al funcionarial y/o estatutario, la LJS ha optado por atribuir el conocimiento de la impugnación de tales actos en materia laboral o sindical (materia de derechos de libertad sindical y huelga, pactos o acuerdos ex EBEP o laudos arbitrales sustitutivos) al orden contencioso-administrativo ( art. 2 letras f y h y art. 3 letras c , d y e LRJS ), salvo en materia de prevención de riesgos laborales en que la competencia del orden social es plena ( arts. 2.e y 3.b LJS) .Y también tiene en cuenta que aunque no se establezca expresamente en el texto procesal social en su art. 2.n) respecto de la impugnación de los actos plurales de la Administración pública dictados " en el ejercicio de sus potestades y funciones" en materia laboral (en cuanto ahora afecta), dado el principio básico establecido en tal norma para los actos, aún de distinta naturaleza, de la Administración pública empleadora que afecten conjuntamente al personal laboral y al funcionarial y/o estatutario consistente en residenciar el conocimiento de los actos de implicación conjunta ante el orden contencioso-administrativo (salvo en materia de prevención de riesgos laborales), y dicha jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo por analogía considera que debe aplicarse el principio general consistente que tratándose de tales actos plurales de la Administración pública dictados " en el ejercicio de sus potestades y funciones" que afecten conjuntamente al personal laboral y al funcionarial y/o estatutario su impugnación directa incumbe al orden jurisdiccional contencioso-administrativo y no al social. Y por ello cuando en un supuesto de alcance colectivo -la presente demanda se plantea como de conflicto colectivo como por modificación sustancial y colectiva de las condiciones de trabajo- exista esa afectación conjunta, habrá de afirmarse que la impugnación de la decisión, acuerdo o práctica de la Administración empleadora está atribuida al orden jurisdiccional contencioso-administrativo (también STS de 21 de noviembre de 2017, recurso 2267/2015 citada por la STS de 06/10/2022, recurso 36/2021).

1.3.- En el presente caso se evidencia que la decisión de la Administración Local demandada en cuanto a la jornada afecta conjuntamente a personal laboral y funcionarial, y en este sentido la jurisdicción social no es la competente para resolver la cuestión planteada sino la contencioso-administrativa, en tanto la demanda rectora sí impugna la decisión, en cuanto pide la nulidad de la misma, y tal decisión se evidencia tiene naturaleza mixta dada su aplicación a personal funcionario y laboral.

1.4.- Ha de ser estimada, por ello, ésta excepción alegada por la parte demandada, y declarar la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de la demanda, con remisión a la parte demandante, si a su derecho conviniere, a ejercitar sus pretensiones ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,