Sentencia Social 480/2024 Juzgado de lo Social de Avilés nº 1, Rec. 525/2024 de 28 de noviembre del 2024

PRIMERO.-Entiende el actor que la decisión del Ayuntamiento de Avilés de conceder el uso de local sindical propio y correo corporativo al codemandado USO, pese a no contar con ningún representante en la junta de personal ni en el comité de empresa, no habiendo concurrido a las elecciones sindicales de 05-04-2022, supone una vulneración de su derecho a la libertad sindical.

Frente a ello, tanto el Ayuntamiento de Avilés como el sindicado USO, antes de entrar al fondo del asunto, excepcionaron la inadecuación del procedimiento, pues la parte actora no ha explicado en qué medida se ha vulnerado su derecho fundamental a la libertad sindical, estando más bien ante una interpretación de la legalidad respecto al derecho de uso de local sindical que debe seguir los trámites del procedimiento ordinario. La codemandada USO también excepciona su falta de legitimación pasiva, si bien y en aras a la economía procesal, procede abordar en primer lugar al excepción de inadecuación de procedimiento.

SEGUNDO.-La elección de procedimiento adecuado se trata de una materia que pertenece al orden público procesal, apreciable incluso de oficio, y, como tal, reviste fuerza vinculante tanto para los litigantes como para el propio órgano judicial, una de cuyas funciones primordiales es la de cuidar por su recta aplicación y cumplimiento, en garantía de los derechos e intereses legítimos de los justiciables y para evitar cualquier posible situación de indefensión; y en este sentido, una conocida doctrina del Tribunal Constitucional ha declarado que la tutela judicial efectiva, consagrada por el artículo 24.1 de la Constitución Española , supone el estricto cumplimiento por los Juzgados y Tribunales de los principios rectores del proceso como sistema de garantía para las partes. El derecho al proceso, como medio para obtener tutela judicial no autoriza a quien lo ejerce a elegir a su arbitrio un proceso determinado y obtener dentro de él una respuesta judicial de fondo, sino que su ejercicio ha de ajustarse a las normas reguladoras del proceso que son imperativas y no disponibles por las partes. Como señala la STSJ de Andalucía de 26 de enero de 2001 : "hay que indicar que el derecho al proceso como medio para obtener tutela judicial no autoriza a quien lo ejerce, como parece dar a entender la recurrente, a elegir su arbitrio un proceso determinado y obtener dentro de él una respuesta judicial de fondo. Sino que su ejercicio ha de ajustarse a las normas reguladoras del proceso que son imperativas y no disponibles por las partes, dada su naturaleza de orden público".

Y lo imprescindible para determinar si procede o no hacer uso del procedimiento especial establecido en el artículo 177 de la Ley reguladora de la jurisdicción social es el conocimiento de la lesión de un derecho fundamental en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, mediante el que se pretende obtener una tutela del derecho fundamental que se estima lesionado.

Recuerda la STC 326/2005, de 12 de diciembre, (FJ. 4), los parámetros esenciales del canon de enjuiciamiento de una presunta vulneración del derecho a la libertad sindical ( art. 28.1 CE) , tal y como ha sido definido por la doctrina constitucional, señalando que: "Desde la temprana STC 38/1981, de 23 de noviembre , hemos venido subrayando que la libertad de afiliarse a un sindicato y la libertad de no afiliarse, así como el desarrollo de la actividad inherente a la legítima actuación en el seno de la empresa para defender los intereses a cuyo fin se articulan las representaciones de los trabajadores, necesitan de garantías frente a todo acto de injerencia, impeditivo u obstativo del ejercicio de esa libertad. En consecuencia, hemos declarado que dentro del contenido del derecho de libertad sindical reconocido en el art. 28.1 CE se encuadra el derecho del trabajador a no sufrir, por razón de su afiliación o actividad sindical, menoscabo alguno en su situación profesional o económica en la empresa (entre otras muchas, SSTC 44/2001, de 12 de febrero, FJ 3 ; 185/2003, de 27 de octubre , FJ 6 ; 44/2004, de 23 de abril, FJ 3 ; y 216/2005, de 12 de septiembre , FJ 4 ). Se trata de una "garantía de indemnidad retributiva" que veda cualquier diferencia de trato por razón de la afiliación sindical o actividad sindical de los trabajadores y sus representantes, en relación con el resto de los trabajadores (por todas, SSTC 17/1996, de 7 de febrero, FJ 4 ; 74/1998, de 31 de marzo, FJ 3 ; 214/2001, de 29 de octubre , FJ 4 ; 111/2003, de 16 de junio , FJ 5 ; 188/2004, de 2 de noviembre, FJ 4 ; y 17/2005, de 1 de febrero , FJ 2 ). En definitiva, el derecho a la libertad sindical queda afectado y menoscabado si la actividad sindical tiene consecuencias negativas para quien la realiza o si éste queda perjudicado por el desempeño legítimo de la actividad sindical ( SSTC 30/2000, de 31 de enero, FJ 2 ; 111/2003, de 16 de junio, FJ 5 ; 79/2004, de 5 de mayo, FJ 3 ; y 92/2005, de 18 de abril , FJ 3).

La doctrina del TC viene resaltando la importancia de las reglas de distribución de la carga de la prueba para la efectividad de la tutela de los derechos fundamentales. Así, cuando se alegue que una decisión empresarial encubre en realidad una conducta lesiva de los derechos fundamentales, incumbe al empresario la carga de probar que su actuación obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito atentatorio de un derecho fundamental, pero para que juegue en el citado sentido la carga probatoria, el trabajador ha de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona sus derechos fundamentales ( SSTC 87/1998 y 74/1998 ).Es decir, no es suficiente la mera alegación de la vulneración constitucional, al demandante corresponde aportar un indicio razonable de que tal lesión se ha producido, es decir, un principio de prueba dirigido a poner de manifiesto el motivo oculto de aquel acto ( SSTC 90/1997, 87/1998). Así, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar pues, una actividad alegatoria suficiente, concreta y precisa en torno a los indicios de que ha existido discriminación ( STC 266/1993), y solo una vez alcanzado el anterior resultado probatorio por el demandante, sobre la parte demandada recae la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión ( STC 21/1992).

Descendiendo al caso de autos, procede estimar la excepción procesal de inadecuación de procedimiento, pues la pretendida lesión del derecho fundamental invocado por la actora reside en la concesión de un derecho de uso de local y correo corporativo a un sindicato que no ha obtenido la representación que el dicente estima como presupuesto previa para su obtención. Si bien, la actora apela a la tutela de su libertad sindical pero no concreta ni en la demanda ni en el acto del juicio, ni aun de forma superficial, en qué medida esa concesión ha afectado al ejercicio de su derecho sindical, más aún cuando, centrada la posible lesión en el uso de local y correo corporativo, ha confirmado que a día de hoy su derecho al uso de local propio y correo corporativo no se ha visto afectado. Los demandados entienden que sí procede esa concesión, y ello por una interpretación de la LOLS y del Convenio colectivo de la Consejería de Industria y Empleo en su art.63 distinta a la defendida por la parte actora. Así las cosas, estamos ante una cuestión controvertida acerca de si procede o no la concesión del derecho de uso sindical y medios adecuados, derivado de la interpretación normativa, convencional y jurisprudencial, en la que no ha supuesto una discriminación o prohibición concatenada del derecho adicional de uso de local y medios a la demandante en la que pudiera descansar su tutela. De modo que no habiendo la parte actora explicitado, aun de forma superficial, en qué medida la decisión de la corporación demandada ha afectado a su derecho fundamental del ejercicio de su libertad sindical, y centrado el debate en un derecho de uso/concesión, procede estimar la excepción procesal de inadecuación de procedimiento, con íntegra desestimación de la demanda.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,