Sentencia Social 514/2024 Juzgado de lo Social de Guadalajara nº 1, Rec. 901/2024 de 29 de noviembre del 2024

PRIMERO.- Los hechos se derivan del expediente administrativo y de la documental aportada, así como de la testifical escuchada.

En alusión al hecho séptimo, y a la vista de que la representación letrada de CCOO cuestionaba la validez del testimonio del señor Lázaro, hay que significar que todos los aspectos que fue comentando a lo largo de su declaración han sido contrastados con los detalles que ofrece la documentación que se ha presentado. Se ha aportado una fotocopia de un poder notarial, si bien la misma está incompleta y por eso no hacemos alusión a lo que dice en los hechos probados, a pesar de ello contiene algunos extremos que sí se pueden leer completos que, junto con otros propios de los organigramas que aporta también, permiten contrastar lo que ha declarado este testigo, que, por otra parte, resulta del todo acorde y conforme a la lógica de una empresa tan compleja como ésta.

SEGUNDO.- Se plantea, la falta de acción de la empresa para impugnar el laudo electoral y se hace desde un plano conceptual conjunto con la carencia sobrevenida de objeto y la falta de legitimación activa de la empresa.

El razonamiento es que, a la vista de los resultados de las elecciones, la decisión de incluir o no a estos tres trabajadores no cambiaría en absoluto que la lista más votada haya sido la de Comisiones Obreras, en apoyo de sus tesis se invoca el Auto del Tribunal Constitucional 32/1997.

El argumento debe ser rechazado a la vista de las circunstancias, y es que la lista de CCOO es la única que concurrió a las elecciones y, en consecuencia, el resultado no podía ser otro que la elección de un Comité monocolor; sin embargo, esto se ha impugnado por UGT y está pendiente de resolverse por lo que, de prosperar aquella impugnación, y ya concurriendo dos sindicatos a las elecciones el resultado sí puede variar y los votos de estos tres señores excluidos, potencialmente, sí pueden conducir a un resultado útil aunque sea una posibilidad hipotética.

Como consideración adicional hay que decir que CCOO está solicitando la suspensión de este procedimiento al entender que el resultado del otro procedimiento condiciona éste, y que en consecuencia habría litispendencia. Si bien entendemos que, aunque tiene razón, en que la desestimación de la demanda de UGT convertiría el resultado de este procedimiento en intrascendente, esto no significa que el resultado de este procedimiento y del otro puedan dar lugar a resoluciones contradictorias o excluyentes entre sí dado que la inclusión o exclusión de los tres trabajadores en el censo electoral, no tiene nada que ver con si a UGT se le ha excluido del proceso electoral con razón o sin ella, por lo que las resoluciones en ningún caso pueden ser excluyentes.

En la Jurisdicción Social, uno de los principios básicos que han de ser respetados es el de celeridad, y en concreto en el tipo de procedimiento que nos encontramos se revela mucho más importante dado que, legalmente, se trata de una materia de tramitación urgente, por lo que la suspensión derivada de litispendencia sólo puede ser acordada en el caso ineludible de que puedan darse resoluciones contradictorias o excluyentes entre sí.

TERCERO.- Entrando en el fondo, se plantea en este caso la aplicabilidad a los trabajadores mencionados del artículo 16 del RD 1382/1985 que regula la relación laboral especial del Personal de Alta Dirección y que dice lo siguiente:

"Sin perjuicio de otras formas de representación, el personal de alta dirección no participará como elector ni como elegible en los órganos de representación regulados en el Título II del Estatuto de los Trabajadores. "

El extremo que no es pacífico en este caso es si dichos trabajadores pueden ser considerados o no como personal de Alta de Dirección, bien entendido que, a los únicos efectos de su inclusión o exclusión del Censo Electoral, sin que esta sentencia pueda servir para modificar la naturaleza jurídica de la relación laboral que les vincula con la empresa a la vista de que no estamos en el procedimiento adecuado para ello en la medida en que ni siquiera son parte, sino que han despuesto como testigos, los propios afectados.

Señala la STS de 4-6-1999, Recurso 1972/1998, como doctrina general unificada, respecto a las características que deben de concurrir para considerar existente una relación laboral del ato cargo, que:

"a) Uno de los elementos indiciarios de la relación especial de servicios de los empleados de alta dirección es que las facultades otorgadas "además de afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, han de estar referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos trascendentales de sus objetivos, con dimensión territorial plena o referida a zonas o centros de trabajo nucleares para dicha actividad". Ello es así porque este contrato especial de trabajo se define en el art. 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto , de un lado por la inexistencia de subordinación en la prestación de servicios (autonomía y plena responsabilidad), y de otro lado por el ejercicio de los poderes que corresponden a decisiones estratégicas para el conjunto de la empresa y no para las distintas unidades que la componen (poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma) ( STS/Social 24-I-1990, 12-IX-1990 2-I-1991 y STS/IV 22-IV-1997 -recurso 3321/1996 ).

b) Es exigencia para atribuir a una relación laboral el carácter especial que es propio de las de alta dirección y que explícitamente figura en el mencionado art. 1.2 Real Decreto 1382/1984 , que la prestación de servicios haya de ejercitarse asumiendo, con autonomía y plena responsabilidad, poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativa a los objetivos generales de la misma, y que "el alto cargo, en el desarrollo de sus funciones y ejercicio de sus facultades, ha de gozar, además, de autonomía, asumiendo la responsabilidad correspondiente; autonomía que sólo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la titularidad de la empresa, por lo que, normalmente, habrá de entenderse excluido del ámbito de aplicación del referido Real Decreto y sometido a la legislación laboral común, aquellos que reciban tales instrucciones de órganos directivos, delegados de quien ostente la titularidad de la empresa, pues los mandos intermedios, aunque ejerzan funciones directivas ordinarias, quedan sometidos al ordenamiento laboral común, ya que la calificación de alto cargo requiere la concurrencia de las circunstancias expuestas, en tanto que definitorios de tal condición, a tenor del repetidamente citado art. 2.1" ( STS/Social 2-IX-1990 ).

c) No cabe confundir el ejercicio de determinadas funciones directivas por algunos trabajadores -fenómeno de delegación de poder siempre presente en las organizaciones dotadas de cierta complejidad- con la alta dirección que delimita el art. 1.2 Real Decreto 1382/1985 en relación con el art. 2.1.a) ET , "en concepto legal, que, en la medida en que lleva la aplicación de un régimen jurídico especial en el que se limita de forma importante la protección que el ordenamiento otorga a los trabajadores, no puede ser objeto de una interpretación extensiva" ( SSTS/Social 13-III-1990 y 11-VI-1990 ).

d) Destacándose que "lo que caracteriza la relación laboral del personal de alta dirección es la participación en la toma de decisiones en actos fundamentales de gestión de la actividad empresarial" y que "para apreciar la existencia de trabajo de alta dirección se tienen que dar los siguientes presupuestos: el ejercicio de poderes inherentes a la titularidad de la empresa, el carácter general de esos poderes, que se han de referir al conjunto de la actividad de la misma, y la autonomía en su ejercicio, sólo subordinado al órgano rector de la sociedad. Y precisamente como consecuencia de estas consideraciones referentes a la delimitación del concepto de «alto cargo», es por lo que se ha proclamado que este especial concepto ha de ser de interpretación restrictiva y hay que entender, para precisarlo, al ejercicio de funciones de rectoría superior en el marco de la empresa" (SSTS/Social 24-I-1990 y 2-I-1991)".

Naturalmente la calificación jurídica que merezca la relación mantenida entre las partes no viene condicionada por la denominación que se le atribuya o por la opinión que al respecto puedan manifestar los propios interesados, pues como establece la doctrina jurisprudencial, los contratos tienen la naturaleza jurídica que se deriva de su contenido obligacional, independientemente de la denominación que le otorguen los intervinientes ( Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1990).

A la vista de las circunstancias, en realidad, debemos centrarnos en el señor Lázaro dado que es el superior jerárquico de los otros dos excluidos. Si se concluye que la relación de este último no es de Alta Dirección es imposible que los otros dos puedan serlo, mientras si la respuesta fuera positiva, habría que analizar la de cada uno de ellos, en la medida que podría darse el caso de que, como hábilmente apunta el letrado de UGT, se diera una estimación parcial de exclusión de aquel e inclusión de éstos.

Por ello se impone, en primer término, el análisis de la naturaleza jurídica que vincula a dicho señor con la empresa.

Y lo que apreciamos es que este señor, hasta llegar al Consejo de Administración de la empresa, tiene que pasar por el Director Gerente, éste por el Director General, éste por el CEO y finalmente está el Consejo de Administración.

Tampoco observamos que tenga ninguna capacidad decisoria en materias estratégicas o de política de empresa, sino que se limita a ejecutar lo planificado por otros órganos superiores, así, recibe un presupuesto limitado para funcionar en el centro de trabajo, su planificación anual debe ser aprobada, sus poderes para representar a la empresa vienen sometidos a pautas, esencialmente, económicas, y cualquier decisión más o menos estructural tiene que ser también autorizada por órganos superiores.

Su autonomía se limita a las líneas que le vienen pautadas, contratar o despedir al personal operativo, adquirir material para el funcionamiento cotidiano y organizar el día del centro de trabajo.

Su actividad, en consecuencia, está desvinculada de la íntegra actividad de la misma, dado que se limita a su centro de trabajo, y no tiene ninguna potestad en materia de objetivos globales de la empresa o toma de decisiones estratégicas para el conjunto de la empresa. Además, sus poderes tampoco son generales, sino limitados a los ámbitos que le son propios y su subordinación no es directa al órgano rector de la sociedad.

En definitiva las facultades directivas que tiene son de índole meramente ejecutiva y fruto de la necesaria descentralización y delegación organizativa que tiene que existir en una sociedad de este tipo, pero carece de toda potestad en materia estratégica o global.

Siendo así, los otros dos trabajadores excluidos, como ya se anticipaba, que son meros Jefes de Departamento subordinados al señor Lázaro, es claro que no pueden estar vinculados mediante relaciones laborales de Alta Dirección.

En un alegato plagado de buenos argumentos y magníficamente expuesto, el Abogado de CCOO expone que los trabajadores excluidos, sobre todo el señor Lázaro, han venido ostentando potestades empresariales en los distintos órganos paritarios o en los actos de conciliación celebrados, y en consonancia con ello han defendido la postura empresarial en todo tipo de negociaciones que se han venido desarrollando en el seno de la empresa, y que esta circunstancia es un claro contrasentido con que el hecho de que puedan concurrir, como electores y como elegibles, a las elecciones sindicales que sirven para dar lugar a la composición de un comité de empresa que tiene que servir de interlocutor social en todo tipo de avatares y negociaciones en las que ellos, necesariamente, se van a posicionar y a defender en la posición contraria como ha venido sucediendo hasta ahora.

Lleva razón en el fondo del argumento y desde un plano meramente teórico. la tesis que plantea evoca una potencial autocontratación colectiva que, en suma, lleva al siempre censurable amarillismo sindical, cuyo caso extremo viene prohibido por el artículo trece, párrafo segundo de la Ley Orgánica de Libertad sindical.

Sin embargo, y a pesar de la brillantez con se expone, no podemos compartirlo, dado que su lógica transita dentro del plano de lo hipotético o especulativo, lo que podemos afirmar a la vista de las circunstancias concurrentes.

El Colegio Electoral tiene un tamaño considerable donde, ciertamente, se diluye la participación electoral de tres personas, por lo que su influencia en la composición del Comité es prácticamente nula en la medida que los tres votos representan un 0,0048 % del total del Censo, como tampoco consta que ni ellos, ni la propia empresa, hayan tenido ninguna intención de influir en la organización sindical del centro de trabajo empresa, ni en la composición de su Comité, ni se presentan a las elecciones, ni promueven ninguna candidatura específica, que sería la conducta amarilla denunciable como antisindical

Frente a este contrasentido, que decimos transita en el terreno conceptual e hipotético, se alza el derecho de las tres personas excluidas a participar como electores o elegibles en las elecciones sindicales, facultad que toma sentido a la vista del Derecho Fundamental a la Libertad Sindical consagrado en el artículo 28 de la Constitución, y del que no puede privárseles aunque tengan la condición de mandos intermedios de la empresa y ejerzan, por mera delegación, el papel de defensores de los intereses empresariales en el marco del desarrollo de las relaciones laborales cotidianas que se dan en el centro de trabajo, dado que ninguna norma lo hace, porque la única exclusión de que tenemos constancia es la de las personas trabajadoras con contratos de Alta Dirección, que quedan excluidas, estricto censo, es decir en la regulación reglamentaria de esta particular relación laboral, el legislador, podría haber excluido también a aquellos que habitualmente ejerzan papeles de representación de la empresa por delegación de la misma, pero no lo ha hecho, y ciertamente no caben interpretaciones restrictivas del ejercicio de Derechos Fundamentales.

CUARTO.- Contra la presente Sentencia no cabe recurso (artículo 191.2 apartado c).

En atención a lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, y en virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española,