Sentencia Social 58/2025 Juzgado de lo Social de Avilés nº 1, Rec. 268/2024 de 03 de febrero del 2025

PRIMERO.-En la demanda iniciadora del proceso se solicita por el demandante, con carácter principal, el reconocimiento a ser clasificado en la categoría profesional en el área 2; el grupo profesional C nivel 1, de acuerdo con lo previsto en el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, así como el abono de las diferencias retributivas entre la categoría que pretende y la que tiene reconocida.

La doctrina jurisprudencial caracteriza el proceso de clasificación profesional como aquel en el que se reclama el ascenso por venir realizando funciones superiores a las del grupo profesional o a las categorías equivalentes durante los períodos temporales que el precepto establece, derivando al proceso ordinario aquellas pretensiones que exceda de aquel objeto y se requiera de operaciones jurídicas más complejas que normalmente exigirán la valoración e interpretación de normas, legales o convencionales, o de pactos que pudieran regular la movilidad funcional. Así la sentencia del TS de 22 de junio de 2010 señala: "Como recuerdan, (...), entre otras, nuestras SSTS/IV 13-octubre-2006 (rcu. 2867/2005), 26-enero-2009 (rcu. 219/2008) y 3-abril-2009 (rcu. 1106/2008), en especial en esta última, recaídas en asuntos relativos a la misma materia de clasificación profesional que la ahora enjuiciada, es doctrina unificada que: A) La modalidad procesal de clasificación profesional es la adecuada cuando se trata de reclamar categoría superior a la reconocida, en la que son determinantes y se cuestionan "los hechos y circunstancias del trabajo efectivamente desarrollado". B) La pretensión condiciona el cauce procesal a seguir, independientemente de la procedencia o improcedencia de la cuestión de fondo discutida, y de la denominación que el actor le haya dado ( s. de 29-10-01, rcu. 444/2001). C) Lo relevante para entender que se está ante una pretensión sobre clasificación profesional es que se funde en la discrepancia entre las funciones efectivamente realizadas y la categoría atribuida, con independencia de que esa falta de correspondencia se produzca en la clasificación inicial o en el ulterior desarrollo de la relación laboral (ss. de 24-4-93 -rcu. 1894/1992, 28-9-93 -rcu. 2135/1992), 17-11-93 -rcu. 3688/1992, 29-10-01 -rcu. 444/2001, 10-6-02 -rcu. 36/2001, 2-12-02 -rcu. 1153/2002 y 30-5-06 -rcu. 2207/2005, entre otras). D) Lo dicho en el apartado A) anterior no significa que en los pleitos de clasificación no haya que resolver un problema jurídico pues, es evidente que en el examen de los problemas de equivalencia entre función realmente desempeñada y categoría hay que considerar tanto elementos fácticos --las funciones realmente desempeñadas--, como jurídicos --la definición del ámbito de la categoría de la norma profesional aplicable--, pero lo que se quiere señalar es que cuando el problema trasciende de dichos posibles desajustes ya no puede ser objeto del indicado proceso, cual ocurre cuando hay que abordar cuestiones más complejas que afectan a la propia interpretación de la normativa reguladora de la clasificación (ss. de 5-07-05 -rcu. 2451/2004 y 3-5-06 -rcu. 1684/2005 entre otras)". tal delimitación conduce a definir la controversia, que queda determinada por el contraste entre la definición del convenio colectivo de la categoría profesional pretendida por el trabajador y el trabajo desarrollado por el mismo.

SEGUNDO.-Así las cosas, según el art. 15 del Convenio aplicable que define los grupos profesionales se señala que en el área 2, al grupo C "Pertenecen las personas que, realizan actividades de tipo técnico dentro de un área determinada de conocimiento, y se responsabilizan de la programación y supervisión de actividades realizadas por colaboradores internos o externos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Organizan y programan las actividades bajo su responsabilidad, pudiendo llegar a supervisar de forma cercana la actividad desarrollada por las personas que componen sus equipos. Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media".

A su vez se cataloga en el nivel 1 el trabajador que "Cuenta con los recursos y/o los conocimientos necesarios y con amplia experiencia profesional en las tareas del grupo. Puede impartir formación de procesos y técnica. Actúa con iniciativa en las tareas asignadas. Desarrolla su actividad con autonomía en los procesos asignados. Puede supervisar tareas de personas a su cargo".

A la vista de la prueba obrante en autos, resulta probado que el actor realiza formación, o shadowing,término que prefiere utilizar la demandada para negar que, efectivamente, el demandante imparta formación, pero el hecho es que el contenido esencial de esta práctica es mostrar a nuevas incorporaciones cómo realiza su trabajo, pues cuenta para ello con la experiencia suficiente, así lo explicó Dña. Visitacion, compañera del demandante, en consonancia con lo depuesto por Dña. Maite, quien afirma haber comenzado a trabajar para la demandada en 2023 y recibir formación del demandante, así como que éste le revisa el trabajo, ello pese a estar en la misma categoría. Apuntalado este punto por la documental aportada por la actora consistente en los turnos de shadowing, como documento nº3, manifestaciones que entran en contradicción con las plasmadas por la responsable directa Dña. Benita, quien afirma que Dña. Maite realiza las mismas funciones que el actor. El actor realiza además entre sus tareas la resolución autónoma de incidencias que se le plantean acordes a su nivel técnico, así como también dado el conocimiento de distintas lenguas, pues tiene la capacidad suficiente para ello, dota de capacidad suficiente. El informe emitido por la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social resulte concluyente ni esclarecedor, limitándose a reproducir las indicaciones de la empresa demandada. La afirmación del testigo D. Balbino, responsable de la oficina de DXC en Avilés, respecto a la oposición a la pretensión del actor sobre la base, entre otras, que el actor está monotorizado durante su jornada laboral, no quiere decir que el demandante no realiza sus funciones y resuelva incidencias con plena autonomía, más aún cuando el actor presta sus servicios en la modalidad de teletrabajo.

Sentado lo anterior, no es desconocida por este Juzgado la profunda conflictividad en la empresa demandada a cuenta de la clasificación profesional de sus empleados, (vid acta de reunión de empresa, documento nº 1.a), que se traduce en la existencia de reclamaciones individuales de diferentes trabajadores. Ciertamente, razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, reclaman dar soluciones idénticas para casos análogos, y siendo esto así, tiene particular trascendencia en el caso que nos ocupa la doctrina del TSJ de Asturias, que descarta la tesis sostenida por la empresa en el sentido de que para el encuadramiento el trabajador debe realizar todas y cada una de las funciones que se realizan con ocasión del desempeño laboral.

De otro lado la sentencia del TSJ Asturias de fecha 16-03-2021, rec. 263/2021, establece que: "El XVII convenio colectivo estatal del sector define al grupo C como las personas que, realizan actividades de tipo técnico dentro de un área determinada de conocimiento, y se responsabilizan de la programación y supervisión de actividades realizadas por colaboradores internos o externos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Organizan y programan las actividades bajo su responsabilidad, pudiendo llegar a supervisar de forma cercana la actividad desarrollada por las personas que componen sus equipos. Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media.

El nivel 1 se asigna a quien cuenta con los recursos y/o los conocimientos necesarios y con amplia experiencia profesional en las tareas del grupo. Puede impartir formación de procesos y técnica. Actúa con iniciativa en las tareas asignadas. Desarrolla su actividad con autonomía en los procesos asignados. Puede supervisar tareas de personas a su cargo.

No requiere que realice tareas de supervisión ni de formación, sino que incluso si no los lleva a cabo pero reúne el resto de requisitos, se incluiría en este nivel.

El mismo convenio describe el grupo E, al que está adscrito el actor, como: Pertenecen a este grupo profesional las personas que, ejecutan los procesos administrativos y técnico-operativos, con un grado de complejidad medio, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Puede supervisar tareas de personas a su cargo. Desarrollan sus funciones con autonomía limitada.

La comparativa de ambas descripciones con las tareas del hecho probado 3º que implican no sólo la planificación de los procesos en coordinación con el cliente sino la resolución y la asistencia en los problemas, con autonomía aunque con supervisión, excede a las meramente técnico-operativas de complejidad media, porque implican una mayor complejidad, teniendo en cuenta la formación y experiencia del actor que presta servicios desde el año 2020, lo que lleva a la estimación de la demanda.

Ello lleva a la estimación de la demanda, sin que la demandada se haya opuesto a la cuantificación de la reclamación económica derivada del reconocimiento de la categoría reclamada.

Estimada la pretensión principal, no procede entrara a conocer de la petición subsidiaria.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,

Fallo