Sentencia Social 336/2024 Juzgado de lo Social de Avilés nº 1, Rec. 308/2024 de 31 de julio del 2024

PRIMERO.-Entiende el actor que ha sido objeto de una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, al degradarle a tareas de comercial, alegando que la causa de la modificación alegada no existe, pues ha continuado desempeñando funciones administrativas tras la fusión, aduciendo además incumplimiento de los requisitos formales de la comunicación.

A tal pretensión se opone la empresa demandada, alegando que el motivo del cambio obedece la absorción de ASTURSOL por motivos económicos.

SEGUNDO.-Tal como recoge la sentencia del País Vasco de 25 de febrero de 2.014 "el poder de dirección del empresario, plasmación legal de la libertad de empresa que el artículo 38 de la Constitución garantiza, tiene su reflejo en el artículo 5 del Estatuto de los trabajadores, en cuyo apartado c) impone al trabajador el deber de cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas. De otro lado, el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores dispone que el trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en que éste delegue y que en el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquél en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres.

En cualquier caso, trabajador y empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe. En el ámbito funcional (funciones que ha de desempeñar el trabajador) el poder de dirección del empresario encuentra su plasmación en el artículo 39.1 del Estatuto de los Trabajadores que dispone que la movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo profesional. A falta de definición de grupos profesionales, la movilidad funcional podrá efectuarse entre categorías profesionales equivalentes. Es lo que se conoce como "iusvariandi", consistente en la facultad empresarial de especificar la prestación debida por el trabajador, dentro del grupo profesional y entre categorías equivalentes, no necesitada, en principio, de ningún tipo de justificación causal ni sujeta a límite temporal, lo que no impide que tal facultad sea modalizada por convenio colectivo (vid. STSJ Cataluña 30/11/2007 ) o bien por contrato de trabajo. Este ius variandi se ve limitado por la imposibilidad de adoptarse decisiones arbitrarias y por la buena fe contractual, que ha de inspirar la relación laboral, por lo que no se trata de un poder omnímodo o no sujeto a control alguno ( STS 19 diciembre 2002 , STS 27 noviembre 1989 )".

TERCERO.-Aplicada la anterior doctrina al caso de autos, y a la vista del examen de la prueba documental y testifical practicada, podemos concluir que la decisión adoptada por la empresa está plenamente justificada y las causas que la motivaron suficientemente acreditadas.

Así, es claro que se ha producido una absorción de la mercantil ASTURSOL por la empresa DULGALICIA, tal y como se desprende de la escritura pública aportada como prueba a los folios 78 y siguientes. Los motivos de la absorción, de índole económica, se explican en las comunicaciones realizadas al actor, donde se dice que ello redundará en un ahorro de costes, fundamentalmente de índole administrativo, mejora de la competitividad, optimización de recursos materiales y humanos, evitando duplicidad de gestiones y tareas administrativas. En consecuencia, con dicha fusión, se cierran las instalaciones de almacén y oficinas de Asturias y se suprimen los puestos de trabajo de almacén y los trabajos de administración, 4 puestos en total, (1 operario de almacén, 1 operario con funciones de administración y almacén, y 2 puestos de calle debido a la reestructuración de rutas). El cierre de las instalaciones implica que la mercancía se posicionara diariamente en Asturias a través de una empresa logística, con un almacén en el polígono de Silvota. Y consecuencia de todo ello, es que el puesto de trabajo del actor es amortizado, siendo asumidas sus funciones por Aldo, delegado de la zona de Asturias y Galicia de DULGALICIA.

Otro dato a destacar es que el hecho de la absorción era conocido por el demandante, pues las empresas lo hicieron llegar a sus trabajadores el 08-03-2022, mediante comunicación escrita. Tales circunstancias encuentran plena acogida en el supuesto del artículo 41 ET, pues con ello se pretende "facilitar el ajuste racional de las estructuras productivas a las sobrevenidas circunstancias del mercado, fruto de la variable situación económica, con el objetivo de procurar el mantenimiento del puesto de trabajo en lugar de su destrucción, atendiendo así a fines constitucionalmente legítimos, como son garantizar el derecho al trabajo de los ciudadanos ( art. 35.1 CE) , mediante la adopción de una política orientada a la consecución del pleno empleo ( art. 40.1 CE) , así como la libertad de empresa y la defensa de la productividad ( art. 38 CE) ", por asumir los términos de la STC 8/2015, de 22 de enero.

El actor sostiene que continúa desempeñando labores administrativas tras el cierre de las instalaciones, trabajando en su propio domicilio, si bien ello no ha podido ser acreditado por quien tiene la carga de la prueba. Los mails aportados dan constancia de que la informática debe funcionar hasta que acabe el mes (se refiere a mayo de 2022), coincidiendo con el cierre de las instalaciones en Asturias, y se habla de ir montando equipo completo a Tahiel en su casa (doc nº 10 del ramo de prueba del actor); y que se ha dado la orden de dar de baja todas las líneas de teléfono fijas del almacén de Asturias y que el viernes 27 (de mayo), el actor debe tener toda la informática funcionando en su casa. Ahora bien, estos mails de mayo y junio de 2022, no justifican, en modo alguno, que le actor haya desempeñado las tareas de encargado desde su domicilio, pues las funciones de encargado no se limitan a la recepción de facturas y albaranes, sino que conlleva otras muchas tales como visitas y pedidos a proveedores, recuento de almacén, organización de las rutas de los comerciales, etc. de las que no existe constancia se realizaran por el actor. Antes al contrario, los testigos que depusieron en el acto de la vista explicaron como el actor ya no realiza tareas administrativas desde hace un año aproximadamente, y en concreto Adolfo declaró que le llevaba al actor facturas y albaranes a su domicilio durante el mes de mayo y/o junio, si bien después de la fusión matizó que reportaba toda la documentación a Lugo. En definitiva, no se ha justificado que el actor, tras la absorción de la empresa, desempeñara las funciones habituales de encargado, más allá, a lo sumo, de tareas residuales que pudo desempeñar durante los meses de mayo y junio, mientras se hacía efectiva la absorción. Otro dato incontestable de ello es que el actor pasó a situación de IT el 22-07-2022 hasta el 26-12-2023, lo que presume que no trabajó durante ese periodo, salvo prueba en contrario que no se ha desplegado.

Y en cuanto a los requisitos formales de la comunicación, se estima han sido cumplidos todos ellos. No se produjo la entrega formal de la comunicación al actor el día 4 de abril al huir precipitadamente del lugar con toda la documentación, siendo inviable que la firmara. Así lo afirmaron los testigos Pedro y Aldo, y se hace constar en el escrito enviado al actor el día siguiente, con notificación del acuerdo de modificación de su puesto de trabajo, y respeto del plazo de 15 días, que se le conceden como permiso retribuido, desde el 4 al 19 de abril, fecha en que debía comenzar a trabajar.

No apreciando pues arbitrariedad en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo del actor, no cabe apreciar infracción de derechos fundamentales, que además en el presente caso, ni siquiera se concretan, no presentando la parte actora, sobre la que recae esta carga de prueba, indicio alguno de vulneración o discriminación, pues el puesto del actor no ha sido el único amortizado como consecuencia de la absorción, afectando de igual modo a otros trabajadores. Se desestima pues la indemnización reclamada por este concepto.

CUARTO.-En la medida en que, tal y como se ha razonado, no nos hallamos ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no opera la proscripción del art. 138.6 de la LRJS y al haberse invocado la violación de derechos fundamentales, frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación