Sentencia Social 441/2025 Juzgado de lo Social de Lugo nº 1, Rec. 611/2025 de 04 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Valoración de la prueba.

Los hechos se extraen del examen de la documental que en cada caso se cita e identifica por el folio y acontecimiento en el que obra, sin perjuicio de los hechos declarados como no controvertidos derivado de la conformidad de ambas partes. ( Art. 97.2 LRJS).

SEGUNDO.- Objeto de controversia.

Frente a la demanda rectora de autos, que solicita que se reconozca y conceda el permiso parental para el cuidado de hijo menor de 8 años, se opone la parte demandada.

En primer lugar, la Conselleria demandada manifestó la falta de legitimación pasiva, al ser el INSS a quien le correspondería el pago de la prestación. Respecto al fondo del asunto negó el carácter retribuido del permiso solicitado de acuerdo con el Art. 49 e y g Estatuto básico del empleado público aplicable al presente caso. Por otro lado, argumentó que la denegación se había basado las situaciones previstas en la propia normativa respecto a que las causas del servicio y sus necesidades lo permitiesen, cuestión que se tuvo en cuenta para denegar el mismo. Por último se oponía a la alegación de discriminación y vulneración de derechos fundamentales.

Por su parte, el INSS alegó falta de legitimación pasiva al no ser competente para la prestación de la permiso.

Por tanto, el objeto de la controversiase centra en la valoración de las condiciones de denegación del permiso solicitado y, si estas, se ajustan a la legalidad.

TERCERO.- Encuadre normativo y fundamentación.

En el presente supuesto el objeto de la controversia se basa en la denegación del permiso parental de cuidado de hijo menor de 8 años en base a que, el Art. 49.g) del RD-Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), confía un concesión a que las necesidades del servicio lo permitan "(...) g) Permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años: no tendrá carácter retribuido y tendrá una duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y conforme a los términos que reglamentariamente se establezcan.

Este permiso, constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.

Cuando las necesidades del servicio lo permitan, corresponderá a la persona progenitora, adoptante o acogedora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los períodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la Administración con una antelación de quince días y realizándose por semanas completas (...)".

Otra controversia sería si se considera infracción del Art. 7.10 del RD-Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y sanciones en el orden social (LISOS) " 10. Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, así como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , salvo que proceda su calificación como muy graves, de acuerdo con el artículo siguiente",la negativa a la concesión del permiso en base a los argumentos esgrimidos por la administración pública demandada.

La segunda de las cuestiones seria analizable desde el punto de vista de que se entendiera no argumentada o razonada, las primeras de las cuestiones jurídicas a analizar.

Pues bien, en base a los hechos probados, ha resultado acreditado que el argumento esgrimido por la Conselleria demandada sí que estaría justificado. Basta con observar el hecho probado quinto respecto a los procedimientos de cobertura de la plaza ocupada por la actora en la que, con independencia de las personas que estuvieran adscritas a las listas de contratación, ambos procesos, a principios del año 2025 y en julio de 2025 quedaron desiertas. Es cierto que, la falta de cobertura de plazas no podría ser, en principio, impedimento para la obtención del permiso. Pero también es cierto que la propia normativa establece la posibilidad de denegación siempre que las necesidades del servicio pongan de manifiesto lo contraproducente, en ese momento, de dicha concesión. Y al quedar desierta la cobertura temporal de la plaza se entiende ajustada a derecho la negativa para la concesión de este permiso.

Igualmente, hay que tener en cuenta que, la documental que acredita el hecho probado cuarto, el informe de dirección del centro, que es la persona que gestiona directamente el centro de trabajo, ya pone de manifiesto dicha imposibilidad por el tiempo en el que se solicita y la dificultad de cobertura, precisamente, por ser época de tener que cubrir situaciones de permisos retribuidos de diversa índole.

Al resolver sobre esta cuestión, huelga entrar a valorar sobre la falta de legitimación pasiva del INSS cuya vinculación con el pago o no de la prestación estaba ligada su presencia, pero al determinarse la no obligación de concesión, ya no se analiza sobre la obligación reclamada de contrario de que dicho permiso fuera retribuido.

Por tanto, a juicio de este juzgador y en base a los hechos declarados probados, sí que estaría justificada la negativa a la concesión y, por ende, debería desestimarse la demanda.

CUARTO.- Del recurso.

De acuerdo con el Art. 191 LRJS, en su apartado 2 letra f), en los procedimientos relativos a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral previstos en el Artículo 139, no procederá recurso de suplicación, salvo que se hubiera acumulado pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios que, por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación. En el presente caso, al acompañarse una petición de indemnización por daños y perjuicios en cuantía superior a 3.000 euros, resulta procedente la interposición del recurso de suplicación.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales aplicados y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, por la autoridad que me confiere la Constitución y demás disposiciones legales vigentes,