Sentencia Social 8/2026 Juzgado de lo Social de Ciudad Real nº 1, Rec. 1085/2024 de 08 de enero del 2026

PRIMERO.- A los efectos del artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se declaran probados los hechos que anteceden tras el examen conjunto y ponderado llevado a cabo respecto de la prueba documental contenida en el ramo de prueba obrante en los autos y de la prueba testifical practicada en el acto del juicio.

SEGUNDO.- Controversia.En el presente procedimiento, la actora solicita que se declare que viene desempeñando funciones correspondientes a un grupo superior, solicitando el reconocimiento de un encuadramiento en el subgrupo A2 (nivel 22) o, subsidiariamente, en el subgrupo C1 (nivel 18), con abono de las diferencias retributivas devengadas desde noviembre de 2023, actualizando en el acto del juicio la cuantía reclamada. La demandada se opone negando que concurran funciones propias de grupo superior y, en todo caso, invocando que el acceso y la promoción en el empleo público vienen sometidos a los principios de igualdad, mérito y capacidad. En cuanto a la cuantificación, discrepa de las cantidades actualizadas por la actora y propone un cálculo alternativo.

TERC ERO. -El artículo 39.4 del ET establece que "Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones superiores a las del grupo profesional o a las de categorías equivalentes por un período superior a seis meses durante un año o a ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción competente".

El TS en la reciente Sentencia de 6/11/2018, (rec 2170/2016) reitera doctrina respecto al obstáculo convencional que puede existir para el acceso a una categoría superior.

Dice dicha sentencia: "Como nuestra citada STS 707/2017 expone, consideramos acertada la doctrina de la sentencia recurrida, conforme a la cual, si el convenio colectivo supedita el ascenso a la realización de pruebas específicas, el desempeño continuado de funciones de categoría superior confiere derecho a percibir las remuneraciones correlativas, pero no a la reclasificación profesional.

El artículo 39.2 ET que se dice infringido admite una especie de prescripción adquisitiva, de modo que el desempeño prolongado de funciones superiores a las de la propia categoría o perfil profesional permite "reclamar el ascenso", pero inmediatamente condiciona ese derecho cuanto afirma que "si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo". El mismo enfoque aparece en el artículo 24 ET ("los ascensos dentro del sistema de clasificación profesional se producirán conforme a lo que se establezca en convenio").

Por su lado, el EBEP ( arts. 14.c y 19.2 ) se remite a las previsiones del ET y a los convenios colectivos para establecer los términos de la promoción profesional de los empleados públicos sometidos a régimen laboral".

Y concluye: "En suma: el legislador contempla el ascenso cuando queda acreditado el desarrollo efectivo de funciones superiores a las propias del grupo o categoría, pero siempre supedita esa posibilidad al cumplimiento de lo previsto en el convenio colectivo".

Así las cosas, descendiendo al caso de los autos, debe partirse de que, tratándose de personal laboral de Administración Pública, la valoración de una eventual "superior categoría" no puede hacerse desconectada del régimen propio del empleo público. En particular, el propio acuerdo de relaciones laborales del Ayuntamiento de Malagón estipula de forma expresa tanto el ingreso como la promoción profesional, de modo que el artículo 18.4 dispone que "El ingreso como empleado público en el Ayuntamiento de Malagón se hará de acuerdo con la Oferta de Empleo Público, mediante convocatoria pública... Toda selección del empleado público deberá realizarse a través de los sistemas de concurso, oposición o Concurso-Oposición en los que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad". En igual sentido, el artículo 20.2 regula la promoción profesional y establece expresamente que "La promoción profesional se llevará a cabo bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad, siempre con carácter interno entre el personal laboral fijo", añadiendo que "Las convocatorias de promoción se efectuarán mediante el sistema de concurso, o concurso-oposición". Estas previsiones convencionales, que vinculan a las partes, operan como parámetro decisivo para resolver la primera pretensión (reconocimiento de nueva clasificación profesional), pues impiden que, por la sola vía declarativa de un proceso de clasificación profesional, pueda atribuirse a la actora la condición y categoría propias de un grupo superior como si de una promoción se tratara, eludiendo el cauce de convocatoria y concurrencia previsto en el propio acuerdo. Esta misma idea es la que recoge la doctrina jurisprudencial aportada por la demandada y que, ha de ser tomada en consideración, así la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2023, dispone que "El único procedimiento válido para adquirir una categoría profesional superior es superar un proceso selectivo de promoción interna", y que "tanto el acceso como el ascenso deben ser regidos por las normas que lo regulen de forma que si se quiere pretender ostentar una categoría, ya desde el inicio -acceso- o por promoción -ascenso- no es posible eludirlas"; añadiendo, además, que "la progresión en la carrera profesional y la promoción interna están sometidas a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación" y que "El fraude de ley en el que pueda incurrir el empleador público, en los ámbitos como el acceso al empleo o promoción profesional, no puede servir para eludir los mandatos constitucionales". Consecuencia de lo anterior es que no puede acogerse la pretensión principal de encuadramiento en A2 ni la subsidiaria de reconocimiento de la categoría C1 con efectos de adquisición de la misma, pues ello equivaldría, materialmente, a una promoción profesional al margen de los mecanismos de convocatoria y concurrencia competitiva que el propio acuerdo impone.

Ahora bien, junto a la pretensión de reclasificación la actora acumula reclamación de diferencias retributivas por las funciones efectivamente desempeñadas, y en este punto debe valorarse la prueba practicada sobre el contenido real del trabajo y su correspondencia funcional, distinguiendo entre (i) la imposibilidad de consolidar o adquirir categoría por vía judicial al margen de los cauces de promoción y (ii) el derecho a no resultar retribuida por debajo del contenido funcional que la propia Administración le exige de manera ordinaria, en la medida en que ello sea jurídicamente compatible con el régimen del empleo público y con el propio acuerdo. De la documental aportada (descripción de tareas; informes de teletrabajo; autorizaciones nominativas del Alcalde para tramitar subvenciones en representación municipal) y, especialmente, de la testifical practicada, resulta acreditado que la actora asume de manera habitual la preparación y tramitación de expedientes administrativos en diversas materias (subvenciones, convocatorias y actas de órganos colegiados, autorizaciones y tramitaciones administrativas recurrentes), con una intervención que excede de la mera mecanización. Así, la testigo doña Celestina, compañera de trabajo de la actora en el Departamento de Secretaría, declaró que la actora "hace desde la convocatoria hasta la redacción de las actas" y que en el ámbito de subvenciones "lo domina ella", añadiendo que, cuando el contenido es técnico, "siempre termina pidiendo auxilio al técnico ingeniero", lo que revela que su actuación no consiste en emitir un criterio técnico propio sino en llevar el curso administrativo y la formalización documental. Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, D. Florentino (testigo propuesto por la demandada y autor del informe-propuesta obrante en autos) confirmó que, cuando encarga la elaboración de determinados actos, lo hace mediante directrices y con revisión posterior, describiendo un "flujo de trabajo" en el que él "le doy las instrucciones para que redacte el decreto para luego... yo supervisarlo y ponerme a la firma del alcalde", y precisó que en expedientes "muy estandarizados y formalizados" la función de la actora consiste "simplemente subir la firma" y "cambiar una serie de datos", asumiendo él los informes jurídicos o la resolución técnica cuando el asunto lo requiere. Esta prueba, valorada en conjunto, conduce a una conclusión: no queda acreditado que la actora desempeñe funciones propias de un subgrupo A2, porque no se evidencia la asunción ordinaria de funciones de gestión técnica o jurídica con autonomía decisoria y responsabilidad propia del nivel superior, ni puede obviarse que el propio Secretario sitúa la dirección jurídica y el informe preceptivo en su ámbito; pero sí queda acreditado que, en la práctica diaria del departamento, la actora realiza de forma constante tareas de tramitación administrativa completa, preparación de expedientes, formalización de documentos y actos administrativos de plantilla bajo supervisión, así como gestión ordinaria de procedimientos y seguimiento de plazos y comunicaciones, lo que, en términos funcionales, se aproxima a cometidos de mayor entidad que los puramente auxiliares. En consecuencia, sin que ello suponga atribuir a la actora una superior categoría profesional -lo que se rechaza por las razones ya expuestas y por la fuerza normativa de los artículos 18.4 y 20.2 del acuerdo- procede reconocer, a efectos estrictamente retributivos, que durante el periodo reclamado la actora ha venido realizando de manera habitual y predominante funciones administrativas que exceden de las propias de la categoría auxiliar, bajo un esquema de supervisión y firma final por la Secretaría/Alcaldía, y que por ello tiene derecho al abono de la diferencia retributiva entre lo efectivamente percibido en su puesto y lo correspondiente al nivel retributivo inmediatamente superior que se corresponda con dichas funciones, sin consolidación de categoría.

CUARTO. -En cuanto a la reclamación de cantidad referida a las diferencias de retribución generadas, la parte actora actualizó en juicio su reclamación acompañando en su ramo de prueba como documento núm. 13 el desglose de las diferencias salariales entre su categoría profesional C2 y la correspondiente al grupo superior C1, basada en retribuciones mensuales y pagas extraordinarias para los años 2023, 2024 y 2025, sumando una reclamación total de 7.886,85 euros. Por su parte, la demandada presenta un desglose alternativo (doc. 12), en el que calcula una diferencia global entre C1 y C2 para el mismo periodo por importe de 7.426,68 euros. Examinadas ambas propuestas, se observa que ambas parten de los mismos elementos retributivos (salario base, complemento específico, complemento de destino y trienios), pero difieren tanto en el valor atribuido a cada concepto como en la forma de proyectar las pagas extraordinarias y los periodos de devengo. En particular, la actora atribuye en sus cálculos de forma homogénea valores lineales a lo largo de los ejercicios, sin tener en cuenta los matices en la progresión mensual ni la antigüedad concreta que le corresponde en cada momento, lo que genera un leve desfase acumulado. Frente a ello, los cálculos de la parte demandada se ajustan de manera más precisa a las retribuciones anuales consolidadas para el personal laboral del Ayuntamiento de Malagón, reflejando con mayor fidelidad los importes brutos reales de cada concepto y la estructura de las pagas extraordinarias prorrateadas por semestre natural. Así se constata, en el desglose por mensualidades que incluye las diferencias de complemento de destino y trienios conforme al nivel correspondiente, aplicando los importes oficiales en cada ejercicio. Asimismo, en lo que se refiere a las pagas extraordinarias, la parte actora aplica una suma automática por mensualidad completa sin ajustar el cálculo al devengo parcial de las pagas, lo que conduce a una sobreestimación de la cantidad reclamada, en especial en el ejercicio 2025, cuyo cómputo se limita hasta el mes de octubre más la paga extra de junio. Por tanto, teniendo en cuenta que el objeto del pronunciamiento se limita a reconocer el derecho al abono de las diferencias retributivas derivadas del desempeño de funciones de grupo C1 sin consolidación de categoría, y que las mismas han de determinarse sobre la base de los importes reales vigentes en cada momento conforme a los conceptos salariales aplicables, procede acoger la estimación cuantitativa presentada por la parte demandada, en tanto se desglosan con exactitud los componentes de las retribuciones. Así, el total de diferencias salariales entre el grupo C1 y el grupo C2 desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2025, asciende a 7.426,68 euros, cantidad q que deberá ser abonada por la entidad demandada, con los intereses por mora previstos en el artículo 29.3 del ET.

QUINTO. -La materia objeto de esta litis es susceptible de recurso de suplicación conforme a lo preceptuado en el art.191 LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,