Sentencia Social 649/2025 Juzgado de lo Social de Badajoz nº 2, Rec. 982/2024 de 01 de noviembre del 2025

PRIMERO. -Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la LRJS.

SEGUNDO. -Impugna la parte demandante la resolución dictada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, y funda su nulidad en los siguientes motivos: en el plazo de alegaciones la empresa demandante solicitó, en el trámite de alegaciones, prueba y la demandada, sin pronunciarse sobre ella, dictó directamente la resolución impugnada; no se le notificó la propuesta de resolución; la resolución no cumple los requisitos del artículo 14 del RD 928/1998; en las actuaciones intervinieron terceras personas. Subsidiariamente, la empresa demandante alega que, dado que no se les advirtió ni requirió, la sanción debe imponerse en su grado mínimo.

TERCERO. -En cuanto a las causas de nulidad de la resolución impugnada alegadas por la demandante, ninguna de ellas puede prosperar. Y, en orden a su desestimación, procede recalcar desde un primer momento la respuesta integral que la Administración demandada dio a todos los motivos de impugnación que la demandante se ha limitado a reproducir en los distintos trámites de audiencia, sin aportar en el acto de la vista nada que desvirtúe lo ya acreditado en el procedimiento sancionador.

En primer lugar, la demandante reiteró que la resolución se dictó sin previo pronunciamiento sobre la prueba propuesta en el trámite de alegaciones.

El artículo 17.1 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social establece que ``las actas de infracción serán notificadas al presunto sujeto o sujetos responsables en el plazo de diez días hábiles contados a partir del término de la actuación inspectora, entendiéndose por ésta la de la fecha del acta, advirtiéndoles que podrán formular escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a su notificación, acompañado de la prueba que estimen pertinente, ante el órgano instructor del expediente y que, en caso de no efectuar alegaciones, el acta de infracción podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 18 bis??. En aplicación de este artículo, el demandante debía acompañar la prueba que estimara pertinente pues sobre él recaía la carga de la prueba de los hechos que desvirtúen lo constatado por la Inspectora de Trabajo. A mayor abundamiento, la prueba aludida por la demandante consistió en una documental aportada con sus alegaciones, que consta en el expediente administrativo; un requerimiento que la empresa hizo a la inspectora para que le devolviera unos originales que entregaron el 9/11/2023, que no tiene mayor relevancia a los fines de este procedimiento y la testifical de una de los trabajadores cuya improcedencia deriva de la evidente presión a la que la empresa le podría someter tras el acta de infracción, sin que, además, la inspectora fundara su acta en una declaración de aquella.

En segundo lugar, en cuanto a la falta de notificación de la propuesta de resolución, el artículo 18.4 Real Decreto 928/1998 establece que ``cuando de las diligencias practicadas se desprenda la invocación o concurrencia de hechos distintos a los reseñados en el acta, el órgano instructor, antes de emitir su propuesta de resolución, dará audiencia al supuesto responsable por término de ocho días con vista de lo actuado. Realizado el trámite de audiencia, el sujeto responsable podrá formular nuevas alegaciones por término de otros tres días, a cuyo término quedará visto para la propuesta de resolución??. En este caso, ningún hecho distinto se aprecia tras el acta de infracción, por lo que no era necesaria tal audiencia al demandante.

En cuanto a la nulidad del acta de infracción por no cumplir los requisitos del artículo 14 RD 928/1998, procede la remisión a lo constatado en el expediente administrativo, ya que las alegaciones de la demandante de que la Inspectora de Trabajo incurrió en ``meras valoraciones subjetivas, conjeturas y deducciones?? no se sostienen, bastando para ello la mera lectura del acta y de las resoluciones en las que se aprecia que la Inspectora se basó en la propia documental que le aportó la empresa, a la que requirió para ello, y que fue el propio representante legal de la empresa el que, tras informarle de la infracción, respondió que ``si los trabajadores desean su día y medio de descanso, que lo soliciten expresamente como ha hecho la plantilla de la Provincia de Badajoz??, de lo que se puede deducir un reconocimiento de los hechos que, unido a todos los demás elementos de valoración, determinan la imputación de la infracción objeto de controversia.

Con relación a la participación de terceros, la demandante manifiesta que la Inspectora de trabajo fue acompañada durante su visita por un miembro del Comité de empresa de la empresa Hospitales Cáceres UTE, y no por un representante de su empresa, y que es manifiesta la hostilidad que existe entre aquella y los trabajadores de su empresa por lo que resulta inadmisible esa influencia externa que debe determinar la nulidad del acta. Esta cusa debe ser analizada a la luz de las circunstancias concurrentes, ya que la inspectora visitó un centro de trabajo de la demandada en el que no hay representante de la empresa, dando traslado a estos de todo lo actuado. En este sentido, nuevamente procede la remisión a lo alegado por la Administración demandada ya que es evidente que, a la vista del objeto de la sanción, carece de relevancia las hostilidades que la demandante pueda mantener con el comité de empresa de la empresa Hospitales Cáceres UTE, siendo un miembro de este quien dirigió a la inspectora a fin de guiarla por el hospital, como ya se constató en el acta de infracción. La insinuación de que este pudo afectar a la resolución de la inspectora supone un ataque inaceptable contra su profesionalidad.

La empresa funda su pretensión en que se desconoce que trabajadores son los afectados y que días y horarios se ha incumplido su horario y tiempo de descanso, ya que se debe partir de que los trabajadores tienen un régimen de turnos ``que permite acumular por periodos de hasta 4 semanas el medio día de descanso semanal o separarlo del correspondiente al día completo para su disfrute en otro día de la semana?? y que ``Cuando al cambiar el trabajador de turno de trabajo no pueda disfrutar del descanso mínimo entre jornadas de 12 horas, se puede reducir el mismo, en el día en que así ocurra, hasta un mínimo de 7 horas, compensándose la diferencia hasta las 12 horas establecidas con carácter general en los días inmediatamente siguientes??. El demandante puso el ejemplo de la trabajadora Dª Adela, cuya copia de registro horario se aportó con el escrito de alegaciones. Sin embargo, recayendo sobre la empresa la carga de la prueba de desvirtuar lo afirmado en el acta de infracción y en la posterior resolución de sanción, nada ha aportado al presente procedimiento, sin que se pueda comprobar nada de lo alegado por esta. La empresa sostiene que se debe valorar el descanso en cómputo anual y, sin embargo, no presenta los registros horarios por tal periodo de ningún trabajador. La alegación de que sufrieron un problema informático no cambia lo expuesto.

En definitiva, y conforme se expuso al inicio de este fundamento, procede la desestimación de las causas de nulidad alegadas por la demandante.

CUARTO.Con relación a la tipicidad y a los agravantes, el artículo 7.5 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social califica como infracción grave: `` La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores. ??

La empresa demandante mantiene que no se le advirtió ni requirió, por lo que, en su caso, procedería la imposición de la sanción en su grado mínimo. Sin embargo, este requerimiento aparece en la propia acta de infracción ``pues como se ha mencionado, los registros horarios completos del personal desde el 1 de mayo al 26 de octubre de 2.023 han sido solicitados en tres ocasiones y no han sido aportados en su totalidad (solamente se han aportado del Sr. Samuel los meses de junio, julio y agosto, de la Sra. `` Luz?? el mes de septiembre, del Sr. Carmelo el periodo comprendido entre mayo a 19 octubre, de la Sra. Angustia mayo y junio, de la Sra. Adela mayo a septiembre, del Sr. Jesús Ángel mayo, junio, julio y algunos días de octubre...), la intencionalidad del sujeto infractor, pues el Empresario conoce perfectamente su incumplimiento y no tiene intención de enmendarlo salvo que se lo exija el personal y a pesar de tratarse de un derecho indisponible, así lo reconoce en comparecencia ante la Actuante al afirmar que si los trabajadores quieren su derecho al descanso semanal completo lo deben reclamar judicialmente ha hecho la plantilla de Badajoz. Finalmente se aprecia el agravante del perjuicio ocasionado al personal, pues se trata de trabajadores con discapacidad reconocida superior al 33% que se ven privados del derecho al descanso, imprescindible para cualquier operario, pero aún más para un trabajador de estas características. ??

Por tanto, la calificación de la infracción e imposición de sanción se estima adecuada a los hechos acreditados.

Por último, la demandante hace hincapié en que recusaron a la Inspectora actuante, por lo que es reprochable la remisión a su acta de infracción para fundar la imposición de sanción y la desestimación de sus reclamaciones. La mera recusación de la inspectora no puede suponer per se ninguna consecuencia y menos todavía cuando tal recusación fue rechazada días después a su presentación. Lo que se aprecia en prácticamente todas las alegaciones de la demandante es una crítica hacia esta funcionaria, a quien le atribuye una enemistad manifiesta hacia esta empresa que no ha acreditado, ya que el hecho de que haya sido la autora de otras actas de infracción contra ella no es, evidentemente, justificación de ello siempre que estas estén debidamente motivadas. En cualquier caso, es una cuestión que excede del marco de la controversia jurídica que aquí se examina y que no desvirtúa la validez de la actuación administrativa ni permite cuestionar la objetividad de los hechos constatadas que, como se ha expuesto, están debidamente documentados y acreditados.

En definitiva, la prueba aportada ha resultado insuficiente al objeto de desacreditar las conclusiones alcanzadas en el seno del expediente sancionador, en relación con el incumplimiento culpable de sus obligaciones por parte de la empresa demandada, por lo que procede la desestimación de la demanda.

QUINTO.En virtud de lo dispuesto en el artículo 191.2.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución no cabe recurso de suplicación.

Por todo lo expuesto;