Sentencia Social 9/2026 Juzgado de lo Social de Toledo nº 2, Rec. 21/2025 de 14 de enero del 2026

PRIMERO.-Se declara la competencia de este Juzgado para conocer de las cuestiones planteadas en el proceso tanto por la condición de los litigantes como por razón de la materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la crítica valoración de la prueba practicada, singularmente de la que entre paréntesis y para mayor claridad expositiva se ha señalado en cada uno de los propios hechos probados.

TERCERO.-Es objeto del presente procedimiento la impugnación por la parte actora de la resolución del Director General de la Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la JCCM, que desestimó el recurso de alzada interpuesto con fecha 22.03.2024 contra el acuerdo del Tribunal Calificador del proceso selectivo de estabilización de empleo temporal mediante el sistema selectivo de concurso-oposición para la cobertura, con carácter fijo y por el sistema general de acceso libre, de plazas vacantes de la categoría de especialista de laboratorio, de 22.02.2024, por el que se publica la relación definitiva de méritos en la fase de concurso y contra el Acuerdo del citado Tribunal Calificador, de 6 de marzo de 2024, por el que se publica la relación de aspirantes que superaron el proceso selectivo.

La demandante manifiesta su disconformidad con la puntuación obtenida en la fase de concurso, alegando que los días que ha prestado servicios en el laboratorio de salud pública de Toledo como técnico de laboratorio contratada por la empresa Tecnología y Servicios Agrarios, S.A. S.M.E. M.P (en adelante, Tragsa) se le deben valorar con 0,0066 puntos/día dado que los servicios en realidad los prestaba por cuenta y bajo la dependencia real de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, toda vez que la relación mantenida entre la citada empresa y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se configura a través de una encomienda de gestión y que prestaba los servicios en sus instalaciones, junto con el personal de la citada Administración y bajo el poder directivo y organizativo y siguiendo las instrucciones directas de la jefatura del laboratorio donde se desarrollaba la encomienda, desempeñando exactamente las mismas funciones que el personal contratado por la Administración. Añade que, no hay distinción entre las funciones realizadas por un especialista de laboratorio y un técnico de laboratorio.

La Administración pública demandada y la interesada se han opuesto a la demanda, alegando la no consideración de Administración Pública de la empresa Tragsa y la distinción entre un especialista de laboratorio y un técnico de laboratorio.

Centrado así el objeto de la controversia, con carácter previo se debe señalar que conforme a la base 2 del anexo II de la convocatoria objeto de este procedimiento: "2. Fase de concurso: En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, el Tribunal valorará los siguientes méritos: a) Experiencia profesional. Se valorarán hasta un máximo de 36 puntos los servicios prestados en las Administraciones Públicas computados hasta el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes de acuerdo con la siguiente puntuación: 1) Servicios prestados en virtud del contrato como personal laboral por cuenta y bajo la dependencia de la administración convocante en la misma categoría profesional a la que se desea acceder: 0,0066 puntos por día trabajado. 2) Servicios prestados en virtud del contrato como personal laboral por cuenta y bajo la dependencia de otras Administraciones Públicas en la misma categoría profesional a la que se desea acceder, y siempre que se trate del mismo Grupo o Subgrupo, en su caso, de Titulación: 0,0026 puntos por día trabajado".

A efectos de su valoración en la fase de concurso, la Administración demandada reconoce que la demandante acredita la prestación de servicios en la empresa Tragsa como técnico de laboratorio desde el 20.05.2008 hasta el 13.01.2012, y como auxiliar de laboratorio desde el 13.07.2017 al 13.01.2018 y desde el 14.01.2019 al 13.01.2020, y así consta en el certificado de la Jefa de Laboratorio de Salud Pública de Toledo, doña Filomena, que fue ratificado en el acto del juicio.

En este caso, el tribunal calificador al desestimar las pretensiones de la interesada, en la reunión celebrada el 16 de enero de 2024 el Tribunal Calificador, no valoró a la demandante los servicios que prestó en el grupo TRAGSA "por no depender los servicios prestados de una Administración Pública", denegándole cualquier puntuación por experiencia en administraciones públicas, sólo otorgándose 2 puntos por superación de pruebas en procesos selectivos

Así las cosas, debe reiterarse que de conformidad con las bases de la convocatoria son objeto de valoración los servicios prestados en cualquier administración pública. A estos efectos, se recuerda que conforme al artículo 2.1 de la Ley 40/2025, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público el sector público comprende "a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional."Añadiendo el apartado segundo que el "sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley "y el apartado tercero que "tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2."

Siendo a este supuesto de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el artículo 1 del Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero de 2019, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filial, Tecnología y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P, TRAGSATEC, S.A., S.M.E., M.P en el que se reconoce que dicha empresa tiene la consideración de medio propio personificado y servicio técnico de la Administraciones públicas. Esto supone que tiene naturaleza jurídica de sociedad mercantil estatal tratándose de una entidad de derecho privado de las previstas en el artículo 2.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que, si bien está integrada en el sector público institucional, no tiene, conforme a lo previsto en el artículo 2.3 de dicha ley, la consideración de Administración pública.

Además, puede constatarse que dicha sociedad no aparece enumerada en el artículo 1.1.e) de la Ley 11/2023, 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024, en el que se prevé las empresas públicas que forman parte del sector público de Castilla-La Mancha.

En esta línea sobre el computo de los servicios prestados en sociedades mercantiles nacionales la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de Enero de 1998 resolvió la cuestión sobre la base de lo dicho por una anterior sentencia de fecha 26 de enero de 1.995 que estimaba el recurso de revisión interpuesto al amparo del apartado b) del antiguo artículo 102 de la Ley Jurisdiccional, en concreto, establece que "las empresas nacionales, hoy sociedades estatales mercantiles, no son en rigor Organismos Autónomos (el Organismo Autónomo es el Instituto Nacional de Industria -INI- que las constituye y cuyo capital público las integra), sino entes de naturaleza privada que actúan en el tráfico jurídico equiparados a sujetos privados y regidos por el Derecho civil, mercantil y laboral. No hay personificación pública y no gozan, por tanto, del carácter de Administración Pública ni en rigor pueden asimilarse a ninguna de las esferas administrativas a que alude el artículo 1º de la Ley 70/1.978 ."Añadiendo que "las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración del Estado o de sus Organismos Autónomos y demás Entidades de derecho público", se hallan regidas "in totum" por el Derecho privado, pues que actúan en el ámbito mercantil o industrial que les es propio como uno más de los sujetos privados".

De esta manera, al ser Tragsa una sociedad mercantil estatal que no tiene la consideración de Administración Pública no pueden calificarse como prestados en la misma categoría profesional de especialista de laboratorio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que, dichos servicios no pueden valorarse de acuerdo con la base 2.a).1) del anexo II de la convocatoria con 0,0066 puntos por día.

Por último, la demandante solicita que se declare la nulidad de las bases de la resolución de convocatoria que ha dado lugar a la promoción y seguimiento de este proceso de selección por el sistema de estabilización de empleo temporal al considerar que infringen el derecho fundamental de igualdad en el acceso al empleo público del artículo 23.2 de la CE y el principio de mérito consagrado en el artículo 103.3 del texto constitucional.

Al respecto, la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 9 de junio de 2014, rec. 15/2014 establece que "la Administración es la única competente, en ejercicio de su discrecionalidad técnica, para establecer el baremo de los méritos a valorar en la fase del concurso, sin que pueda advertirse que ello atenta al principio de igualdad, siempre que la baremación establecida no satisfaga o beneficie de forma desproporcionada a cualquier persona o colectivo".

En el ejercicio de dicha discrecionalidad la Administración ha optado por valorar exclusivamente el trabajo desempeñado en la categoría especialista de laboratorio en las administraciones públicas, al considerar que refleja la aptitud y capacidad para desarrollar las funciones inherentes a dicha categoría, sin que la valoración de este mérito suponga una infracción de los principios de acceso a la función pública. Este criterio es ajustado a derecho cuando según la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 2 de abril de 2008, rec 4538/2003, "la experiencia profesional considerada guarda relación con el puesto objeto de la convocatoria",y no supone tampoco infracción del principio de igualdad toda vez que, como ya dispuso el Tribunal Supremo en la citada sentencia, "lo que resultaría contrario al derecho reconocido en el art. 23.2 de la Constitución es «cualquier reserva, explícita o encubierta, de funciones públicas ad personam» o la adscripción personal «a personas individualmente seleccionadas», pero no la identificación «de modo abstracto y en virtud del hecho objetivo de hallarse ocupando... determinadas plazas». De este modo, la consideración como mérito de la antigüedad en un empleo o función no podría considerarse como referencia individualizada y concreta, de por sí lesiva, de derecho a la igualdad".

En función de lo expuesto, procede la desestimación íntegra de la demanda y la ratificación de la resolución administrativa impugnada.

CUARTO.-A tenor de lo prevenido en el artículo 191.3.g) de la LRJS, contra esta sentencia cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Se declara la competencia de este Juzgado para conocer de las cuestiones planteadas en el proceso tanto por la condición de los litigantes como por razón de la materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la crítica valoración de la prueba practicada, singularmente de la que entre paréntesis y para mayor claridad expositiva se ha señalado en cada uno de los propios hechos probados.

TERCERO.-Es objeto del presente procedimiento la impugnación por la parte actora de la resolución del Director General de la Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la JCCM, que desestimó el recurso de alzada interpuesto con fecha 22.03.2024 contra el acuerdo del Tribunal Calificador del proceso selectivo de estabilización de empleo temporal mediante el sistema selectivo de concurso-oposición para la cobertura, con carácter fijo y por el sistema general de acceso libre, de plazas vacantes de la categoría de especialista de laboratorio, de 22.02.2024, por el que se publica la relación definitiva de méritos en la fase de concurso y contra el Acuerdo del citado Tribunal Calificador, de 6 de marzo de 2024, por el que se publica la relación de aspirantes que superaron el proceso selectivo.

La demandante manifiesta su disconformidad con la puntuación obtenida en la fase de concurso, alegando que los días que ha prestado servicios en el laboratorio de salud pública de Toledo como técnico de laboratorio contratada por la empresa Tecnología y Servicios Agrarios, S.A. S.M.E. M.P (en adelante, Tragsa) se le deben valorar con 0,0066 puntos/día dado que los servicios en realidad los prestaba por cuenta y bajo la dependencia real de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, toda vez que la relación mantenida entre la citada empresa y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se configura a través de una encomienda de gestión y que prestaba los servicios en sus instalaciones, junto con el personal de la citada Administración y bajo el poder directivo y organizativo y siguiendo las instrucciones directas de la jefatura del laboratorio donde se desarrollaba la encomienda, desempeñando exactamente las mismas funciones que el personal contratado por la Administración. Añade que, no hay distinción entre las funciones realizadas por un especialista de laboratorio y un técnico de laboratorio.

La Administración pública demandada y la interesada se han opuesto a la demanda, alegando la no consideración de Administración Pública de la empresa Tragsa y la distinción entre un especialista de laboratorio y un técnico de laboratorio.

Centrado así el objeto de la controversia, con carácter previo se debe señalar que conforme a la base 2 del anexo II de la convocatoria objeto de este procedimiento: "2. Fase de concurso: En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, el Tribunal valorará los siguientes méritos: a) Experiencia profesional. Se valorarán hasta un máximo de 36 puntos los servicios prestados en las Administraciones Públicas computados hasta el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes de acuerdo con la siguiente puntuación: 1) Servicios prestados en virtud del contrato como personal laboral por cuenta y bajo la dependencia de la administración convocante en la misma categoría profesional a la que se desea acceder: 0,0066 puntos por día trabajado. 2) Servicios prestados en virtud del contrato como personal laboral por cuenta y bajo la dependencia de otras Administraciones Públicas en la misma categoría profesional a la que se desea acceder, y siempre que se trate del mismo Grupo o Subgrupo, en su caso, de Titulación: 0,0026 puntos por día trabajado".

A efectos de su valoración en la fase de concurso, la Administración demandada reconoce que la demandante acredita la prestación de servicios en la empresa Tragsa como técnico de laboratorio desde el 20.05.2008 hasta el 13.01.2012, y como auxiliar de laboratorio desde el 13.07.2017 al 13.01.2018 y desde el 14.01.2019 al 13.01.2020, y así consta en el certificado de la Jefa de Laboratorio de Salud Pública de Toledo, doña Filomena, que fue ratificado en el acto del juicio.

En este caso, el tribunal calificador al desestimar las pretensiones de la interesada, en la reunión celebrada el 16 de enero de 2024 el Tribunal Calificador, no valoró a la demandante los servicios que prestó en el grupo TRAGSA "por no depender los servicios prestados de una Administración Pública", denegándole cualquier puntuación por experiencia en administraciones públicas, sólo otorgándose 2 puntos por superación de pruebas en procesos selectivos

Así las cosas, debe reiterarse que de conformidad con las bases de la convocatoria son objeto de valoración los servicios prestados en cualquier administración pública. A estos efectos, se recuerda que conforme al artículo 2.1 de la Ley 40/2025, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público el sector público comprende "a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional."Añadiendo el apartado segundo que el "sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley "y el apartado tercero que "tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2."

Siendo a este supuesto de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el artículo 1 del Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero de 2019, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filial, Tecnología y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P, TRAGSATEC, S.A., S.M.E., M.P en el que se reconoce que dicha empresa tiene la consideración de medio propio personificado y servicio técnico de la Administraciones públicas. Esto supone que tiene naturaleza jurídica de sociedad mercantil estatal tratándose de una entidad de derecho privado de las previstas en el artículo 2.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que, si bien está integrada en el sector público institucional, no tiene, conforme a lo previsto en el artículo 2.3 de dicha ley, la consideración de Administración pública.

Además, puede constatarse que dicha sociedad no aparece enumerada en el artículo 1.1.e) de la Ley 11/2023, 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024, en el que se prevé las empresas públicas que forman parte del sector público de Castilla-La Mancha.

En esta línea sobre el computo de los servicios prestados en sociedades mercantiles nacionales la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de Enero de 1998 resolvió la cuestión sobre la base de lo dicho por una anterior sentencia de fecha 26 de enero de 1.995 que estimaba el recurso de revisión interpuesto al amparo del apartado b) del antiguo artículo 102 de la Ley Jurisdiccional, en concreto, establece que "las empresas nacionales, hoy sociedades estatales mercantiles, no son en rigor Organismos Autónomos (el Organismo Autónomo es el Instituto Nacional de Industria -INI- que las constituye y cuyo capital público las integra), sino entes de naturaleza privada que actúan en el tráfico jurídico equiparados a sujetos privados y regidos por el Derecho civil, mercantil y laboral. No hay personificación pública y no gozan, por tanto, del carácter de Administración Pública ni en rigor pueden asimilarse a ninguna de las esferas administrativas a que alude el artículo 1º de la Ley 70/1.978 ."Añadiendo que "las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración del Estado o de sus Organismos Autónomos y demás Entidades de derecho público", se hallan regidas "in totum" por el Derecho privado, pues que actúan en el ámbito mercantil o industrial que les es propio como uno más de los sujetos privados".

De esta manera, al ser Tragsa una sociedad mercantil estatal que no tiene la consideración de Administración Pública no pueden calificarse como prestados en la misma categoría profesional de especialista de laboratorio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que, dichos servicios no pueden valorarse de acuerdo con la base 2.a).1) del anexo II de la convocatoria con 0,0066 puntos por día.

Por último, la demandante solicita que se declare la nulidad de las bases de la resolución de convocatoria que ha dado lugar a la promoción y seguimiento de este proceso de selección por el sistema de estabilización de empleo temporal al considerar que infringen el derecho fundamental de igualdad en el acceso al empleo público del artículo 23.2 de la CE y el principio de mérito consagrado en el artículo 103.3 del texto constitucional.

Al respecto, la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 9 de junio de 2014, rec. 15/2014 establece que "la Administración es la única competente, en ejercicio de su discrecionalidad técnica, para establecer el baremo de los méritos a valorar en la fase del concurso, sin que pueda advertirse que ello atenta al principio de igualdad, siempre que la baremación establecida no satisfaga o beneficie de forma desproporcionada a cualquier persona o colectivo".

En el ejercicio de dicha discrecionalidad la Administración ha optado por valorar exclusivamente el trabajo desempeñado en la categoría especialista de laboratorio en las administraciones públicas, al considerar que refleja la aptitud y capacidad para desarrollar las funciones inherentes a dicha categoría, sin que la valoración de este mérito suponga una infracción de los principios de acceso a la función pública. Este criterio es ajustado a derecho cuando según la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 2 de abril de 2008, rec 4538/2003, "la experiencia profesional considerada guarda relación con el puesto objeto de la convocatoria",y no supone tampoco infracción del principio de igualdad toda vez que, como ya dispuso el Tribunal Supremo en la citada sentencia, "lo que resultaría contrario al derecho reconocido en el art. 23.2 de la Constitución es «cualquier reserva, explícita o encubierta, de funciones públicas ad personam» o la adscripción personal «a personas individualmente seleccionadas», pero no la identificación «de modo abstracto y en virtud del hecho objetivo de hallarse ocupando... determinadas plazas». De este modo, la consideración como mérito de la antigüedad en un empleo o función no podría considerarse como referencia individualizada y concreta, de por sí lesiva, de derecho a la igualdad".

En función de lo expuesto, procede la desestimación íntegra de la demanda y la ratificación de la resolución administrativa impugnada.

CUARTO.-A tenor de lo prevenido en el artículo 191.3.g) de la LRJS, contra esta sentencia cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Se declara la competencia de este Juzgado para conocer de las cuestiones planteadas en el proceso tanto por la condición de los litigantes como por razón de la materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la crítica valoración de la prueba practicada, singularmente de la que entre paréntesis y para mayor claridad expositiva se ha señalado en cada uno de los propios hechos probados.

TERCERO.-Es objeto del presente procedimiento la impugnación por la parte actora de la resolución del Director General de la Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la JCCM, que desestimó el recurso de alzada interpuesto con fecha 22.03.2024 contra el acuerdo del Tribunal Calificador del proceso selectivo de estabilización de empleo temporal mediante el sistema selectivo de concurso-oposición para la cobertura, con carácter fijo y por el sistema general de acceso libre, de plazas vacantes de la categoría de especialista de laboratorio, de 22.02.2024, por el que se publica la relación definitiva de méritos en la fase de concurso y contra el Acuerdo del citado Tribunal Calificador, de 6 de marzo de 2024, por el que se publica la relación de aspirantes que superaron el proceso selectivo.

La demandante manifiesta su disconformidad con la puntuación obtenida en la fase de concurso, alegando que los días que ha prestado servicios en el laboratorio de salud pública de Toledo como técnico de laboratorio contratada por la empresa Tecnología y Servicios Agrarios, S.A. S.M.E. M.P (en adelante, Tragsa) se le deben valorar con 0,0066 puntos/día dado que los servicios en realidad los prestaba por cuenta y bajo la dependencia real de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, toda vez que la relación mantenida entre la citada empresa y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se configura a través de una encomienda de gestión y que prestaba los servicios en sus instalaciones, junto con el personal de la citada Administración y bajo el poder directivo y organizativo y siguiendo las instrucciones directas de la jefatura del laboratorio donde se desarrollaba la encomienda, desempeñando exactamente las mismas funciones que el personal contratado por la Administración. Añade que, no hay distinción entre las funciones realizadas por un especialista de laboratorio y un técnico de laboratorio.

La Administración pública demandada y la interesada se han opuesto a la demanda, alegando la no consideración de Administración Pública de la empresa Tragsa y la distinción entre un especialista de laboratorio y un técnico de laboratorio.

Centrado así el objeto de la controversia, con carácter previo se debe señalar que conforme a la base 2 del anexo II de la convocatoria objeto de este procedimiento: "2. Fase de concurso: En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, el Tribunal valorará los siguientes méritos: a) Experiencia profesional. Se valorarán hasta un máximo de 36 puntos los servicios prestados en las Administraciones Públicas computados hasta el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes de acuerdo con la siguiente puntuación: 1) Servicios prestados en virtud del contrato como personal laboral por cuenta y bajo la dependencia de la administración convocante en la misma categoría profesional a la que se desea acceder: 0,0066 puntos por día trabajado. 2) Servicios prestados en virtud del contrato como personal laboral por cuenta y bajo la dependencia de otras Administraciones Públicas en la misma categoría profesional a la que se desea acceder, y siempre que se trate del mismo Grupo o Subgrupo, en su caso, de Titulación: 0,0026 puntos por día trabajado".

A efectos de su valoración en la fase de concurso, la Administración demandada reconoce que la demandante acredita la prestación de servicios en la empresa Tragsa como técnico de laboratorio desde el 20.05.2008 hasta el 13.01.2012, y como auxiliar de laboratorio desde el 13.07.2017 al 13.01.2018 y desde el 14.01.2019 al 13.01.2020, y así consta en el certificado de la Jefa de Laboratorio de Salud Pública de Toledo, doña Filomena, que fue ratificado en el acto del juicio.

En este caso, el tribunal calificador al desestimar las pretensiones de la interesada, en la reunión celebrada el 16 de enero de 2024 el Tribunal Calificador, no valoró a la demandante los servicios que prestó en el grupo TRAGSA "por no depender los servicios prestados de una Administración Pública", denegándole cualquier puntuación por experiencia en administraciones públicas, sólo otorgándose 2 puntos por superación de pruebas en procesos selectivos

Así las cosas, debe reiterarse que de conformidad con las bases de la convocatoria son objeto de valoración los servicios prestados en cualquier administración pública. A estos efectos, se recuerda que conforme al artículo 2.1 de la Ley 40/2025, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público el sector público comprende "a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional."Añadiendo el apartado segundo que el "sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley "y el apartado tercero que "tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2."

Siendo a este supuesto de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el artículo 1 del Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero de 2019, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filial, Tecnología y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P, TRAGSATEC, S.A., S.M.E., M.P en el que se reconoce que dicha empresa tiene la consideración de medio propio personificado y servicio técnico de la Administraciones públicas. Esto supone que tiene naturaleza jurídica de sociedad mercantil estatal tratándose de una entidad de derecho privado de las previstas en el artículo 2.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que, si bien está integrada en el sector público institucional, no tiene, conforme a lo previsto en el artículo 2.3 de dicha ley, la consideración de Administración pública.

Además, puede constatarse que dicha sociedad no aparece enumerada en el artículo 1.1.e) de la Ley 11/2023, 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024, en el que se prevé las empresas públicas que forman parte del sector público de Castilla-La Mancha.

En esta línea sobre el computo de los servicios prestados en sociedades mercantiles nacionales la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de Enero de 1998 resolvió la cuestión sobre la base de lo dicho por una anterior sentencia de fecha 26 de enero de 1.995 que estimaba el recurso de revisión interpuesto al amparo del apartado b) del antiguo artículo 102 de la Ley Jurisdiccional, en concreto, establece que "las empresas nacionales, hoy sociedades estatales mercantiles, no son en rigor Organismos Autónomos (el Organismo Autónomo es el Instituto Nacional de Industria -INI- que las constituye y cuyo capital público las integra), sino entes de naturaleza privada que actúan en el tráfico jurídico equiparados a sujetos privados y regidos por el Derecho civil, mercantil y laboral. No hay personificación pública y no gozan, por tanto, del carácter de Administración Pública ni en rigor pueden asimilarse a ninguna de las esferas administrativas a que alude el artículo 1º de la Ley 70/1.978 ."Añadiendo que "las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración del Estado o de sus Organismos Autónomos y demás Entidades de derecho público", se hallan regidas "in totum" por el Derecho privado, pues que actúan en el ámbito mercantil o industrial que les es propio como uno más de los sujetos privados".

De esta manera, al ser Tragsa una sociedad mercantil estatal que no tiene la consideración de Administración Pública no pueden calificarse como prestados en la misma categoría profesional de especialista de laboratorio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que, dichos servicios no pueden valorarse de acuerdo con la base 2.a).1) del anexo II de la convocatoria con 0,0066 puntos por día.

Por último, la demandante solicita que se declare la nulidad de las bases de la resolución de convocatoria que ha dado lugar a la promoción y seguimiento de este proceso de selección por el sistema de estabilización de empleo temporal al considerar que infringen el derecho fundamental de igualdad en el acceso al empleo público del artículo 23.2 de la CE y el principio de mérito consagrado en el artículo 103.3 del texto constitucional.

Al respecto, la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 9 de junio de 2014, rec. 15/2014 establece que "la Administración es la única competente, en ejercicio de su discrecionalidad técnica, para establecer el baremo de los méritos a valorar en la fase del concurso, sin que pueda advertirse que ello atenta al principio de igualdad, siempre que la baremación establecida no satisfaga o beneficie de forma desproporcionada a cualquier persona o colectivo".

En el ejercicio de dicha discrecionalidad la Administración ha optado por valorar exclusivamente el trabajo desempeñado en la categoría especialista de laboratorio en las administraciones públicas, al considerar que refleja la aptitud y capacidad para desarrollar las funciones inherentes a dicha categoría, sin que la valoración de este mérito suponga una infracción de los principios de acceso a la función pública. Este criterio es ajustado a derecho cuando según la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 2 de abril de 2008, rec 4538/2003, "la experiencia profesional considerada guarda relación con el puesto objeto de la convocatoria",y no supone tampoco infracción del principio de igualdad toda vez que, como ya dispuso el Tribunal Supremo en la citada sentencia, "lo que resultaría contrario al derecho reconocido en el art. 23.2 de la Constitución es «cualquier reserva, explícita o encubierta, de funciones públicas ad personam» o la adscripción personal «a personas individualmente seleccionadas», pero no la identificación «de modo abstracto y en virtud del hecho objetivo de hallarse ocupando... determinadas plazas». De este modo, la consideración como mérito de la antigüedad en un empleo o función no podría considerarse como referencia individualizada y concreta, de por sí lesiva, de derecho a la igualdad".

En función de lo expuesto, procede la desestimación íntegra de la demanda y la ratificación de la resolución administrativa impugnada.

CUARTO.-A tenor de lo prevenido en el artículo 191.3.g) de la LRJS, contra esta sentencia cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Se declara la competencia de este Juzgado para conocer de las cuestiones planteadas en el proceso tanto por la condición de los litigantes como por razón de la materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la crítica valoración de la prueba practicada, singularmente de la que entre paréntesis y para mayor claridad expositiva se ha señalado en cada uno de los propios hechos probados.

TERCERO.-Es objeto del presente procedimiento la impugnación por la parte actora de la resolución del Director General de la Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la JCCM, que desestimó el recurso de alzada interpuesto con fecha 22.03.2024 contra el acuerdo del Tribunal Calificador del proceso selectivo de estabilización de empleo temporal mediante el sistema selectivo de concurso-oposición para la cobertura, con carácter fijo y por el sistema general de acceso libre, de plazas vacantes de la categoría de especialista de laboratorio, de 22.02.2024, por el que se publica la relación definitiva de méritos en la fase de concurso y contra el Acuerdo del citado Tribunal Calificador, de 6 de marzo de 2024, por el que se publica la relación de aspirantes que superaron el proceso selectivo.

La demandante manifiesta su disconformidad con la puntuación obtenida en la fase de concurso, alegando que los días que ha prestado servicios en el laboratorio de salud pública de Toledo como técnico de laboratorio contratada por la empresa Tecnología y Servicios Agrarios, S.A. S.M.E. M.P (en adelante, Tragsa) se le deben valorar con 0,0066 puntos/día dado que los servicios en realidad los prestaba por cuenta y bajo la dependencia real de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, toda vez que la relación mantenida entre la citada empresa y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se configura a través de una encomienda de gestión y que prestaba los servicios en sus instalaciones, junto con el personal de la citada Administración y bajo el poder directivo y organizativo y siguiendo las instrucciones directas de la jefatura del laboratorio donde se desarrollaba la encomienda, desempeñando exactamente las mismas funciones que el personal contratado por la Administración. Añade que, no hay distinción entre las funciones realizadas por un especialista de laboratorio y un técnico de laboratorio.

La Administración pública demandada y la interesada se han opuesto a la demanda, alegando la no consideración de Administración Pública de la empresa Tragsa y la distinción entre un especialista de laboratorio y un técnico de laboratorio.

Centrado así el objeto de la controversia, con carácter previo se debe señalar que conforme a la base 2 del anexo II de la convocatoria objeto de este procedimiento: "2. Fase de concurso: En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, el Tribunal valorará los siguientes méritos: a) Experiencia profesional. Se valorarán hasta un máximo de 36 puntos los servicios prestados en las Administraciones Públicas computados hasta el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes de acuerdo con la siguiente puntuación: 1) Servicios prestados en virtud del contrato como personal laboral por cuenta y bajo la dependencia de la administración convocante en la misma categoría profesional a la que se desea acceder: 0,0066 puntos por día trabajado. 2) Servicios prestados en virtud del contrato como personal laboral por cuenta y bajo la dependencia de otras Administraciones Públicas en la misma categoría profesional a la que se desea acceder, y siempre que se trate del mismo Grupo o Subgrupo, en su caso, de Titulación: 0,0026 puntos por día trabajado".

A efectos de su valoración en la fase de concurso, la Administración demandada reconoce que la demandante acredita la prestación de servicios en la empresa Tragsa como técnico de laboratorio desde el 20.05.2008 hasta el 13.01.2012, y como auxiliar de laboratorio desde el 13.07.2017 al 13.01.2018 y desde el 14.01.2019 al 13.01.2020, y así consta en el certificado de la Jefa de Laboratorio de Salud Pública de Toledo, doña Filomena, que fue ratificado en el acto del juicio.

En este caso, el tribunal calificador al desestimar las pretensiones de la interesada, en la reunión celebrada el 16 de enero de 2024 el Tribunal Calificador, no valoró a la demandante los servicios que prestó en el grupo TRAGSA "por no depender los servicios prestados de una Administración Pública", denegándole cualquier puntuación por experiencia en administraciones públicas, sólo otorgándose 2 puntos por superación de pruebas en procesos selectivos

Así las cosas, debe reiterarse que de conformidad con las bases de la convocatoria son objeto de valoración los servicios prestados en cualquier administración pública. A estos efectos, se recuerda que conforme al artículo 2.1 de la Ley 40/2025, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público el sector público comprende "a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional."Añadiendo el apartado segundo que el "sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley "y el apartado tercero que "tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2."

Siendo a este supuesto de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el artículo 1 del Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero de 2019, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filial, Tecnología y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P, TRAGSATEC, S.A., S.M.E., M.P en el que se reconoce que dicha empresa tiene la consideración de medio propio personificado y servicio técnico de la Administraciones públicas. Esto supone que tiene naturaleza jurídica de sociedad mercantil estatal tratándose de una entidad de derecho privado de las previstas en el artículo 2.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que, si bien está integrada en el sector público institucional, no tiene, conforme a lo previsto en el artículo 2.3 de dicha ley, la consideración de Administración pública.

Además, puede constatarse que dicha sociedad no aparece enumerada en el artículo 1.1.e) de la Ley 11/2023, 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024, en el que se prevé las empresas públicas que forman parte del sector público de Castilla-La Mancha.

En esta línea sobre el computo de los servicios prestados en sociedades mercantiles nacionales la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de Enero de 1998 resolvió la cuestión sobre la base de lo dicho por una anterior sentencia de fecha 26 de enero de 1.995 que estimaba el recurso de revisión interpuesto al amparo del apartado b) del antiguo artículo 102 de la Ley Jurisdiccional, en concreto, establece que "las empresas nacionales, hoy sociedades estatales mercantiles, no son en rigor Organismos Autónomos (el Organismo Autónomo es el Instituto Nacional de Industria -INI- que las constituye y cuyo capital público las integra), sino entes de naturaleza privada que actúan en el tráfico jurídico equiparados a sujetos privados y regidos por el Derecho civil, mercantil y laboral. No hay personificación pública y no gozan, por tanto, del carácter de Administración Pública ni en rigor pueden asimilarse a ninguna de las esferas administrativas a que alude el artículo 1º de la Ley 70/1.978 ."Añadiendo que "las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración del Estado o de sus Organismos Autónomos y demás Entidades de derecho público", se hallan regidas "in totum" por el Derecho privado, pues que actúan en el ámbito mercantil o industrial que les es propio como uno más de los sujetos privados".

De esta manera, al ser Tragsa una sociedad mercantil estatal que no tiene la consideración de Administración Pública no pueden calificarse como prestados en la misma categoría profesional de especialista de laboratorio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que, dichos servicios no pueden valorarse de acuerdo con la base 2.a).1) del anexo II de la convocatoria con 0,0066 puntos por día.

Por último, la demandante solicita que se declare la nulidad de las bases de la resolución de convocatoria que ha dado lugar a la promoción y seguimiento de este proceso de selección por el sistema de estabilización de empleo temporal al considerar que infringen el derecho fundamental de igualdad en el acceso al empleo público del artículo 23.2 de la CE y el principio de mérito consagrado en el artículo 103.3 del texto constitucional.

Al respecto, la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 9 de junio de 2014, rec. 15/2014 establece que "la Administración es la única competente, en ejercicio de su discrecionalidad técnica, para establecer el baremo de los méritos a valorar en la fase del concurso, sin que pueda advertirse que ello atenta al principio de igualdad, siempre que la baremación establecida no satisfaga o beneficie de forma desproporcionada a cualquier persona o colectivo".

En el ejercicio de dicha discrecionalidad la Administración ha optado por valorar exclusivamente el trabajo desempeñado en la categoría especialista de laboratorio en las administraciones públicas, al considerar que refleja la aptitud y capacidad para desarrollar las funciones inherentes a dicha categoría, sin que la valoración de este mérito suponga una infracción de los principios de acceso a la función pública. Este criterio es ajustado a derecho cuando según la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 2 de abril de 2008, rec 4538/2003, "la experiencia profesional considerada guarda relación con el puesto objeto de la convocatoria",y no supone tampoco infracción del principio de igualdad toda vez que, como ya dispuso el Tribunal Supremo en la citada sentencia, "lo que resultaría contrario al derecho reconocido en el art. 23.2 de la Constitución es «cualquier reserva, explícita o encubierta, de funciones públicas ad personam» o la adscripción personal «a personas individualmente seleccionadas», pero no la identificación «de modo abstracto y en virtud del hecho objetivo de hallarse ocupando... determinadas plazas». De este modo, la consideración como mérito de la antigüedad en un empleo o función no podría considerarse como referencia individualizada y concreta, de por sí lesiva, de derecho a la igualdad".

En función de lo expuesto, procede la desestimación íntegra de la demanda y la ratificación de la resolución administrativa impugnada.

CUARTO.-A tenor de lo prevenido en el artículo 191.3.g) de la LRJS, contra esta sentencia cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,