Sentencia Social 211/2024 Juzgado de lo Social de Gijón nº 2, Rec. 428/2021 de 17 de mayo del 2024

PRIMERO.-Impugna la empresa, dedicada a actividades jurídicas, la Resolución de la Dirección Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la que, confirmando el Acta de Infracción, se le impone una sanción pecuniaria por importe total de 6251 euros por la comisión de una infracción muy grave, de conformidad con el art. 23.1-e) de la LISOS 5/2000, consistente en haber llevado a cabo con carácter fraudulento un desproporcionado incremento de las bases de cotización, del 43%, en los meses de mayo y junio de 2018, del trabajador D. Juan Carlos, con la categoría profesional de Abogado, a fin de provocar un aumento de su prestación de incapacidad temporal que inició el 10 de julio de 2018 y en la posterior prestación de incapacidad permanente absoluta que le fue reconocida por el INSS en enero de 2020. Alega como motivos de fondo, atinentes a la justificación del incremento de las bases cotización en cuestión, que dicho incremento se produjo debido a que dicho trabajador fue nombrado responsable del departamento jurídico al que estaba adscrito como consecuencia de que la anterior responsable, hija del administrador de la empresa, ya había cumplido un año de permanencia en situación de incapacidad temporal, de abril de 2017 a abril de 2018, que le fue prorrogado, por lo que no se preveía su reincorporación a esa fecha y desde la baja de la misma llevaba el trabajador asumiendo sus funciones y responsabilidades, así como que todos los responsables de cada departamento jurídico especializado cotizan por el máximo y que se incrementó también a otros trabajadores, desconociendo la empleadora los problemas de salud del citado trabajador, por lo que niega el fraude.

Pretensión frente a la que se opone el INSS, argumentando que gozan de una presunción de veracidad las actas de infracción, constando en la de autos que existe una desconexión temporal entre el inicio de la baja de la supuesta responsable del departamento y la fecha en la que se dice haber nombrado director o responsable del mismo al trabajador, lo que no consta formalmente, ni se distingue la diferencia entre director desde dicha baja y responsable al cabo de un año de la baja de la otra trabajadora, coincidiendo el incremento de las bases de cotización con las pruebas diagnósticas realizadas al trabajador dos meses antes de su incapacidad temporal, que culminó con el reconocimiento de la incapacidad permanente, para incrementar también dichas prestaciones, sin que guarde relación el incremento de bases de otros trabajadores que no están en la misma situación.

SEGUNDO.-Entrando en el análisis de la cuestión de fondo, la resolución del pleito depende de la valoración de la presunción de certeza de la que gozan las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Efectivamente, la jurisprudencia es unánime al señalar que existe una presunción de certeza que alcanza a los hechos contenidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ( STSJ del País Vasco de 16 mayo 2006, STSJ de Málaga, Andalucía, de 24 octubre de 2002), al hallarnos ante un procedimiento especial «de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social no prestacionales» «ex» artículo 151 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, instado por la empresa al amparo de lo dispuesto en dicho precepto, en el que entre otras y por lo que a las reglas del «onus probandi» se refiere, rigen unas reglas especiales, en virtud de o dispuesto el segundo párrafo del apartado 8, conforme al cual, "los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados". Establece así la Ley de la Jurisdicción Social una presunción «iuris tantum» de veracidad de los hechos que figuran en el documento origen del procedimiento, estableciendo la alteración de la carga de la prueba que pesará sobre la parte demandada, esto es, el empresario, con lo cual la natural consecuencia de esta afirmación legal será, que si la parte demandante no aporta prueba en contrario, las afirmaciones de la comunicación base del procedimiento habrán de tenerse como ciertas por el Juzgador de instancia y si la parte demandante aporta pruebas, éste deberá valorarlas conjuntamente con las afirmaciones hechas en la referida comunicación.

En el caso enjuiciado, efectivamente, la empresa, niega la existencia de fraude en el incremento de las bases de cotización en el previo expediente administrativo, lo que reitera en el acto del juicio, sobre la base de un supuesto nombramiento del trabajador como responsable, del que no hay constancia fehaciente alguna ni coincide temporalmente con la baja de quien se dice que fue la anterior responsable. No tiene sentido que no se le nombrara responsable, en su caso, con anterioridad si desempeñaba las mismas funciones, como sería lógico, ya que tampoco está previsto en ninguna norma legal, convencional, pacto o instrucción interna, que haya de hacerse al transcurrir un año de la IT del trabajador al que se sustituye. Tampoco hay un organigrama que distinga las funciones o diferencias entre director y responsable, ni justificación de por qué ser director no supone incremento alguno cuando supuestamente hacía las mismas tareas, pues no figura ninguna otra persona como responsable. No consta siquiera que sean responsables de departamentos otros trabajadores que cotizan por el máximo, pues la situación del hijo del administrador es diferente, dada su condición de socio de la empresa, como es lógico, y los otros dos trabajadores que cobran también el máximo, resulta que están destinados en el mismo departamento jurídico, lo que rompe la tesis de la actora de que hay un responsable por cada departamento, ya que en algunos no consta ese incremento máximo y las subidas que se han producido son muy inferiores. Son datos que, de ser ciertos, se entiende que podía haber acreditado formalmente la empleadora si hubiera actuado con la diligencia debida, máxime al dedicarse a actividades jurídicas, integrada por profesionales a los que se les presupone la preparación suficiente para dejar constancia legal y formalmente de cuestiones de esta entidad en el ámbito interno, cuando han de hacerlo constantemente en su ejercicio profesional.

TERCERO.-No debe olvidarse, además, que el art. 23.1-e) de la LISOS que fue aplicado a la parte actora, lo que sanciona no es la obtención del incremento de la prestación, a modo de infracción de resultado, sino, tal como dice el precepto, los incrementos de las bases de modo que "provoquen" un aumento de las prestaciones, es decir, se trata de una infracción de actividad o de mera intención, sin que sea necesario para su comisión que se produzca el resultado lesivo a la Seguridad Social, tal como viene declarando la jurisprudencia ( STSJ de Asturias de 5 de julio y de 21 de noviembre de 2002). Sobre este particular, hemos de acudir a la interpretación jurisprudencial de la valoración de la prueba que compete exclusivamente al Magistrado de instancia y que ha de hacerlo según las reglas de la sana crítica y su apreciación personal e inmediata y, en este sentido, la prueba practicada no se estima satisfactoria para lograr los fines pretendidos. Frente a las tajantes afirmaciones fácticas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se alza una endeble versión auspiciada por el representante de la empresa sancionada. Estos datos del Acta, referidos a hechos concretos y no a valoraciones o suposiciones de las funcionarias actuantes, hacen que prevalezca la versión de éstas frente a la ofrecida en el expediente por la empresa, lógicamente interesadas en que no se la sancione ( STSJ de Cataluña de 10 de septiembre de 2006).

Son relevantes para practicar un contraste entre las dos versiones, los siguientes datos, declarados probados, que a continuación se exponen: en el departamento de Dº de Familia y Sucesiones de la empresa, al que estaba adscrito D. Juan Carlos, trabajaba también Dª. Africa, hija del administrador de la misma, que comenzó un período de incapacidad temporal en abril de 2017, en el que permaneció hasta ser declarada afecta de incapacidad permanente absoluta mediante Resolución del INSS de 27 de marzo de 2019, sin que conste que con motivo de dicha baja D. Juan Carlos fuera nombrado director o responsable de ese departamento o especialidad; la empresa incrementó el salario de dicho trabajador en 600 euros en el mes de mayo de 2018, coincidiendo con las fechas en se le hacen pruebas diagnósticas de traumatología y cirugía ortopédica, y en 925 euros en junio de 2018, alcanzando la base máxima de cotización establecida para dicho año de 3751,20 euros, aumentando en un 43% la que tenía anteriormente, coincidiendo con las fechas en que le continúan practicando pruebas médicas, entre ellas, una biopsia; las patologías del trabajador D. Juan Carlos no se detectaron por un hallazgo casual, provenían de estudios que se le venían haciendo desde el 31 de octubre de 2017, y es a partir de mayo y junio de 2018, coincidiendo con las fechas en que se incrementan sus bases de cotización, cuando se intensifica la sintomatología, detectándose que la evolución no era normal y presentaba mayor gravedad, como aclaró el perito de parte en el acto del juicio; en julio de 2018 se produce la intervención quirúrgica programada que lleva al trabajador a la situación de incapacidad temporal, en la que permanece hasta el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta; otros dos Abogados de la empresa, adscritos ambos al departamento de Derecho Civil y Mercantil, así como el Letrado D. Patricio, hijo también del administrador de la mercantil y socio de la misma, adscrito al departamento de Derecho Penal, cotizan también por el máximo para el año 2018 de 3751,20 euros; y a otros dos trabajadores se les incrementa en torno a un 10% y un 20%, respectivamente. Sin que sea verosímil que la empleadora no tuviera conocimiento de la situación médica del trabajador, pues éste, evidentemente, tiene que solicitar que se le concedan las correspondientes licencias o permisos, justificando su causa, en este caso médica, para ausentarse de su puesto de trabajo.

Entiende quien suscribe, salvo mejor criterio de la Superioridad, que procede, por lo tanto, la desestimación íntegra de la demanda, confirmando la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues se constata que la empresa incrementó indebidamente las bases de cotización del trabajador en los meses de mayo y junio de 2018, provocando un aumento en las prestaciones de incapacidad temporal y de incapacidad permanente.

CUARTO.-A tenor de lo establecido en el art. 191 de la LRJS, contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación.