Sentencia Social 270/2024 Juzgado de lo Social de Salamanca nº 2, Rec. 96/2024 de 17 de mayo del 2024

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la prueba documental aportada por las partes que se ha ido relacionado de conformidad con el art.97.2 LRJS.

SEGUNDO.-A través de la demanda formulada se impugnan las Resoluciones de 24-11-2021 y 5-12-2023 solicitando que se deje sin efecto la sanción alegando caducidad del expediente, indefensión, falta de motivación y de proporcionalidad.

La Administración se opone a la demanda solicitando la confirmación de las resoluciones.

TERCERO.-Caducidad del expediente sancionador.

Por la parte actora se impugna la Resolución por caducidad del expediente sancionador alegando que se han dilatado las actuaciones comprobatorias más del plazo legal invocando el art.17. 1 y 3 del RD 138/2000 de 4 de febrero pero sin fijación de fechas.

El citado artículo establece "1. Las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a un mismo sujeto no podrán dilatarse por un tiempo superior a nueve meses continuados, salvo que la dilación sea imputable al sujeto a inspección o a las personas dependientes del mismo. No obstante, podrá ampliarse, con el alcance y requisitos que se indican a posteriori, por otro periodo que no excederá de nueve meses, cuando concurran las siguientes circunstancias...." Y en el nº 3 se establecen las reglas para el cómputo de los plazos de nueve o de dieciocho meses.

En el Acta de Infracción se indica que para comprobar incumplimientos en materia de jornada, horarios y descansos en el sector del taxi de la ciudad de Salamanca, se solicitó a la Asociación Provincial de Auto-taxis de Salamanca el registro de conexiones al Sistema ALFA-6 de RadiotaxiSalamanca, no indicándose en qué fecha se realiza la solicitud ni cuando se recibe la información. Sí que se establece que recibida la información se citó de comparecencia al empresario el 8 de junio de 2021 y el Acta es de 20-9-2021. En este periodo no han transcurrido los nueve meses y si la parte que alega la caducidad considera que se debe computar con anterioridad es a ella a quién correspondía fijar la fecha desde la que se debía realizar el cómputo.

Por otra parte el art. 20.3 del Real Decreto 928/1998 de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, establece que "El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores por infracciones de orden social será de seis meses, computados desde la fecha del acta hasta la fecha en que se notifique la resolución, produciéndose en caso de superación de dicho plazo la caducidad del expediente. Cuando concurran circunstancias excepcionales, podrá acordarse la ampliación de dicho plazo máximo, en los términos previstos en los artículos 21.5 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre".

El Acta de Infracción es de 20-9-2021, la Resolución que impone la sanción y confirma el Acta es de 24 de noviembre de 2021 y se notificó al demandante el 3-12-2021, por lo que no había transcurrido el indicado plazo de seis meses para que pudiera apreciarse la caducidad del expediente sancionador, por lo que esta excepción debe ser rechazada.

CUARTO.-En el Acta de Infracción se propone y se atribuye a la empresa demandante la comisión de una infracción grave del art. 7.5 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto que tipifica como tal "La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12 , 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores ".

La conducta que se imputa a la empresa es la vulneración del art.34.3 ET porque se considera que no respeta el descanso entre jornadas de dos trabajadores en un total de veinte días en el caso de Adriana y quince en el caso de Feliciano.

Respecto de esta misma cuestión se ha pronunciado el Juzgado de lo Social nº1 de Salamanca en sentencias de 5 de abril de 2024 (autos 715, 716, 717/2023...) por lo que por razones de seguridad jurídica se deben dar por reproducida la fundamentación jurídica de dichas sentencias que establecían "La resolución sancionadora aquí impugnada, se fundamenta en el Acta de Infracción extendida por la Inspección de Trabajo. La actuación inspectora se encaminó a comprobar posibles incumplimientos en materia de jornada, horarios y descansos en el sector del taxi de la ciudad de Salamanca. El Acta de infracción levantada, se fundamenta básicamente en la información facilitada por la Asociación Provincial de Auto- taxis de Salamanca, en concreto la del registro de conexiones al Sistema ALFA-6, de todos los taxis cuyos titulares tienen contratados a trabajadores por cuenta ajena, de los servicios prestados en los meses de abril de 2020 al 15 de enero de 2021. En la información facilitada por la Asociación constaban los servicios prestados por cada uno de esos taxis, identificados por el número de licencia, nombre del titular de la misma, así como las horas que figuraban en la aplicación sobre los horarios de los servicios y el nombre del conductor que figuraba en cada uno de ellos. A la vista de la información facilitada y que resulta como decimos de los datos proporcionados por la aplicación informática, es de donde la Inspección concluye por estimar que no se respetaron los descansos entre jornadas en las fechas concretas que figuran en el Anexo al Acta de Infracción.

Como es bien sabido, las Actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social gozan de la presunción "iuris tantum" de certeza, respecto de los hechos reflejados en las mismas que hayan sido constatados por el inspector actuante de conformidad con lo establecido en el art. 53.2 del R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, presunción que para ser desvirtuada requiere la aportación de una prueba en contrario eficaz, fehaciente e indubitada. Señala la STS de 5 de octubre de 1993 "que la presunción de veracidad del precitado art. 38 del Decreto 1860-75 tiene su justificación por la existencia de una actividad de comprobación realizada por órganos de la administración de actuación especializada, en aras del interés público y con garantías encaminadas a asegurar la necesaria imparcialidad.

El Tribunal Constitucional ( S.T.C. 77-1990, de 26 de abril y A.T.C. 7-1989, de 13 de enero ) ha sentado que "la presunción de certeza no es una presunción iuris et de iure ya que se admite prueba en contrario. A las actas no se les puede otorgar una veracidad absoluta e indiscutible, lo que no seria constitucionalmente admisible, sino que pueden ceder frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas".

Pero el Tribunal Supremo también ha reiterado que el acta no extiende la presunción a los juicios del inspector (sentencias de 25 de mayo , 16 de julio de 1990 , 20 de abril de 1992 , 20 de junio de 1995 , 23 de abril de 1996 ), sino tan solo a los hechos de apreciación directa en tal momento o comprobados bien documentalmente o bien mediante testimonios allí recogidos más consignados en la correspondiente acta ( sentencias de 30 de abril , 1 de julio de 1990 , 18 de febrero de 1992 , 22 de abril , 13 de octubre y 14 diciembre de 1992 , 27 de junio de 1995 , 3 de abril , 21 de mayo , 2 y 16 de julio y 25 de octubre ).

Se alega por la parte actora la falta de motivación de la resolución impugnada, frente a lo cual hay que decir que la motivación exigida a los actos administrativos a los que alude el art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , implica, según establece el propio precepto, la "sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho", requisito que constituye una manifestación del principio de buena administración implícito en la Constitución (arts. 9.3 , 103 y 106 ), referido a un modo de actuación que se impone a las Administraciones Públicas, de suerte que el conjunto de derechos que del mismo derivan, lleva aparejado el correlativo elenco de deberes plenamente exigibles por el ciudadano, entre los que figura el de que las consecuencias que se anuden a las actuaciones administrativas -especialmente cuando agraven su situación o les imponga cargas- les sean debidamente explicadas de forma que puedan desplegar las acciones defensivas que el ordenamiento le ofrece, como señaló la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en sentencia de 15 de octubre de 2020 (Rec. 1652/2019 ), obligación de motivación de sus decisiones que ha sido positivizada en el art. 41.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea .

Aplicando tales preceptos al presente supuesto, la resolución que se impugna es la dictada por el Jefe de la Oficina Territorial en fecha 21 de diciembre de 2021, de cuyo examen se infiere que la misma cumple ampliamente el requisito de motivación, con una exposición en los antecedentes de hecho tanto de la actuación de la Inspección de Trabajo (con la descripción de la infracción, conducta realizada por el demandante, su tipificación y calificación), como de los motivos de oposición invocados en el escrito de alegaciones, dando respuesta a cada uno de ellos, y además, dentro de los fundamentos de derecho, desarrollar la normativa aplicable, por lo que no concurre la falta de motivación invocada ni indefensión alguna para el demandante.

Llegados a este punto, procede entrar a analizarse si en este caso se ha producido el incumplimiento normativo que permite la imposición de la sanción al demandante.

Como señalábamos, la presunción de certeza de las actas de la Inspección de Trabajo alcanza a los hechos que por su objetividad, son susceptibles de percepción directa por el Instructor. No obstante, los jueces y tribunales no se encuentran condicionados de manera definitiva, ni por las apreciaciones jurídicas del acta de infracción, ni tampoco por los hechos constatados en la misma, cuando la prueba practicada en el juicio, con las debidas garantáis de inmediación, publicidad, concentración y oralidad, llega a una apreciación y convicción distinta.

En este caso, el Acta de infracción lo que recoge como hechos constatados, son los datos facilitados por la Asociación Provincial de Auto-taxis de Salamanca, y extraídos de la aplicación ALFA-6, y no del registro de jornada que no consta entre la documentación requerida y aportada por el demandante a la Inspección. Como consta en el informe pericial aportado por la parte actora y que fue ratificado en el acto del juicio, se trata de una aplicación Smart TD, desarrollada por la empresa Taxitronic, que se encuentra en la Play Store de Google, y que sirve para notificar los servicios disponibles cuando un usuario llama a Radio Taxi, es decir, que está concebida para facilitar la gestión del servicio de taxis a los clientes. La aplicación asocia un terminal, usuario y contraseña por cada vehículo, con el que se conecta a la red y verifica la autenticidad del usuario, requiriéndose además una segunda conexión, en este caso por bluetooth, con el taxímetro de vehículo, que también requiere de un usuario y PIN de acceso. El perito informa además que el usuario y contraseña asignados a cada vehículo siguen un patrón, utilizando el número de licencia, que parece en la puerta de cada vehículo, y la matrícula del mismo. Por otro lado, la aplicación no distingue el dispositivo desde el que se conecta, pudiendo hacerse la conexión desde cualquier dispositivo que tenga instalada la aplicación, siempre que se sepa el usuario y la contraseña, además de ser posible el uso por más de un usuario, y que los datos sean editables por la central. En definitiva, es cierto que como señala el Acta de infracción, en la información facilitada por la Asociación a la Inspección y extraída de la aplicación informática, que consta aportada como Anexo al Acta, figura el nombre del trabajador asalariado del aquí demandante, así como la hora y día de finalización del servicio y de recogida al día siguiente, de las que efectivamente resulta que entre una y otra no media el lapso temporal de doce horas que motiva la sanción. No obstante, de estos datos, no cabe inferir sin más que los datos reflejados por el sistema se correspondan con las fecha y horas de inicio de la jornada laboral de los trabajadores asalariados. Y ello porque como explicó el perito, y es lógico teniendo en cuenta la forma de funcionamiento de esta aplicación informática, no se distingue el dispositivo desde el que se hace la conexión, de manera que puede verificarse desde cualquier dispositivo que tenga la aplicación instalada, solo sabiendo el usuario y contraseña, que son correlativos con el número de licencia que figura en el propio vehículo y la matrícula, y porque en definitiva no es un sistema configurado para el control de turnos o de horarios, sino de gestión del servicio de taxi, y que por lo tanto no puede tomarse en consideración sin más a los fines de acreditar la jornada realizada por el trabajador. Por lo tanto, los datos que de dicha aplicación resultan no pueden darse por concluyentes a los fines pretendidos en el Acta de Infracción, al no otorgar la debida seguridad en lo que respecta al control de turnos en cuanto no permite discriminar ni identificar con la necesaria certeza la identidad del conductor del vehículo, ni la hora de finalización del turno puesto que puede cerrarse desde otro dispositivo o editarse. Buena prueba de ello es que en relación a otro titular de una licencia de taxi, y por los mismos hechos, se extendió Acta de infracción, en base también a los datos que resultaban del sistema Alfa-6, y se dictó resolución sancionadora, que fue dejada sin efecto después, estimando el recurso de alzada formulado, al acreditarse que el trabajador por cuenta ajena, que tenía asignadas clave y contraseña para el uso de la aplicación, había sido despedido con anterioridad al periodo objeto de comprobación por parte de la Inspección, tal y como se acreditada con la prueba documental aportada por la parte actora.

En definitiva no puede estimarse que en este caso concurra prueba que acredite la comisión de los hechos que motivan la sanción impuesta, teniendo en cuenta además que los principios y garantías del Derecho sancionador administrativo son sustancialmente iguales a los del Derecho Penal por ser un ejercicio del poder punitivo que hay que controlar en aras de garantizar un procedimiento justo. Como punto final y con el fin de subrayar la importancia de la presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador, cabe destacar la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990, de 26 de abril que señala: "no puede suscitar ninguna duda que la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas en general o tributarias en particular, pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio".

En base a los motivos expuestos, y al estimarse que no cabe apreciarse la comisión de la infracción por la que el actor ha sido sancionado, procede estimar la demanda, dejando sin efecto la resolución impugnada.

QUINTO.-Contra la presente resolución no cabe recurso al no superar la cuantía del litigio la cantidad de 18.000€ en aplicación del art.191.3. g) LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación;