Sentencia Social 403/2025 Juzgado de lo Social de Ourense nº 2, Rec. 470/2025 de 19 de septiembre del 2025

PRIMERO-La Sala de lo Social del TSJ de Galicia, en su sentencia de 28 de abril de 2025 establece que Administración demandada no acordó la extinción de la relación laboral que la unía al demandante sino que estableció en resolución que no consta impugnada que durante el periodo de dos años desde la declaración de incapacidad permanente subsistiría la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y de ello inferimos que no existe, por el momento, cese que pueda merecer la calificación de despido, incluso aunque advertimos, que, en principio, no existe previsión de mejoría.

En cualquier caso, el cese aún no se ha producido, y ello impide considerar la existencia del despido que se alega en la demanda.

La situación del demandante es, por otro lado, impeditiva de las funciones propias de su puesto de trabajo, pues ha sido declarado en la situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual, de manera que tampoco procedería en ningún caso la readmisión del demandante en su puesto de trabajo en iguales condiciones que antes del

despido como se establece en el fallo de la sentencia de instancia.

Concluimos, por tanto, que, ante la inexistencia de despido en la fecha a la que se refiere la demanda, dada la resolución dictada, y ello sin perjuicio de que ese cese pueda producirse en un momento posterior, lo que posibilitaría la reclamación del demandante, la baja en la Seguridad Social que se impugna no supone la extinción contractual y permite a la parte demandante solicitar una vacante compatible con su estado de salud.

En este sentido, el artículo 7.4 del Convenio colectivo de aplicación establece que cuando un/a trabajador/a sea declarado/a por el órgano

competente en situación de incapacidad permanente total, podrá adjudicársele puesto compatible con su nueva situación y respecto del cual el/la interesado/a cumpla y los requisitos fijados en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

En la previsión convencional es el propio trabajador el que debe solicitar la vacante y esta posibilidad aún se mantiene, sin que conste ninguna reclamación del trabajador a este respecto.

Al amparo de lo establecido por la Sala, e 13 de mayo de 2025 el trabajador presenta escrito solicitando adjudicación de un puesto de trabajo compatible con su situación de incapacidad permanente total.

Es denegada por resolución de 27 de mayo de 2025, notificada el 7 de junio de 2025, por ser personal laboral temporal.

SEGUNDO -El artículo 15.6 del ET dispone que las personas con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que las personas con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con los contratos formativos.

El artículo 2.1 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal estableciendo que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, señalando el artículo 4.1 que queda prohibida toda disposición, conducta, acto, criterio o práctica que atente contra el derecho a la igualdad. Se consideran vulneraciones de este derecho la discriminación, directa o indirecta, por asociación y por error, la discriminación múltiple o interseccional, la denegación de ajustes razonables, el acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de intolerancia, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales, la inacción, dejación de funciones, o incumplimiento de deberes.

El artículo 24.1 de la CE recoge el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva

De acuerdo con la doctrina del TC, en el campo de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado esos derechos debe ser calificada como radicalmente nula.

Entiende esta juzgadora que la resolución de 27 de mayo de 2025 vulnera el derecho a la igualdad de trato (entre trabajadores con contratos temporales y trabajadores con contratos indefinidos), el derecho a la integridad física (no pudiendo existir discriminación por motivos de salud o discapacidad), y el derecho a la tutela judicial efectiva (garantía de indemnidad).

TERCERO-El artículo 183 de la LRJS establece que cuando la sentencia declare la existencia de vulneración el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.

Solicita el actor una indemnización por importe de 7.501,20 euros.

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2022, dictada en Sala General, establece que:

1) La estimación detallada de los daños morales indisolublemente unidos a la vulneración de un derecho fundamental resulta especialmente difícil, por lo que deben flexibilizarse las exigencias para la determinación de la indemnización, de manera que el propio órgano judicial puede establecer prudencialmente su cuantía, sin que se pueda imponer al demandante la obligación de aportar bases más exactas y precisas para su fijación, al no existir parámetros objetivos que permitan traducir en términos económicos el sufrimiento en que el daño moral esencialmente consiste.

2) La nueva regulación introducida por el artículo 183 de la Ley Reguladora del orden social comporta que la exigible identificación de circunstancias relevantes para la cuantificación de los daños ha de excepcionarse en el caso de los daños morales ligados a la violación de un derecho fundamental cuando resulte difícil su evaluación pormenorizada.

3) El empleo a tal fin, con carácter orientativo, de las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS resulta idóneo y razonable. No obstante, dado que la horquilla de la cuantificación de las multas para un mismo tipo de infracción es muy amplia, para fijar el monto de la indemnización resulta preciso valorar las circunstancias concurrentes, como a título ejemplificativo, la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido.

4) Esta clase de indemnización no cumple exclusivamente una función resarcitoria, sino también preventiva o disuasoria de actuaciones lesivas de los derechos fundamentales de los trabajadores.

En el supuesto enjuiciado hay que tener en cuenta para fijar el importe de la indemnización el artículo 8.12 de la LISOS, que tipifica como una falta muy grave las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad, y también el artículo 39 de ese mismo texto legal que contempla tres grados para la imposición de las sanciones por esa clase de infracciones, a cada uno de los cuales le corresponde una horquilla variable de cuantías pecuniarias que la sitúa entre 7.501 y 30.000 euros atendiendo a la fecha de producción de los hechos.

Se considera razonable y ajustado fijar la indemnización en 7.501,20 euros entendiendo que permite resarcir en sus justos términos los perjuicios morales sufridos por el trabajador y cumple al mismo tiempo su función preventiva/disuasoria.

CUARTO-De conformidad con los prevenido en el artículo 191.3.f) de la LRJS puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.