Sentencia Social 380/2025 Juzgado de lo Social de Gijón nº 2, Rec. 604/2025 de 23 de diciembre del 2025

PRIMERO.-El actor impugna la decisión empresarial por la que Paradores de España acuerda que pase a prestar servicios a otro centro de trabajo, desde Gijón a Madrid, considerando que su traslado debe ser calificado como nulo, con indemnización de daños morales, o, subsidiariamente, improcedente, con fundamento en que se produjo con vulneración de su derechos a la indemnidad o tutela judicial efectiva, al ser una represalia por sus denuncias ante el Canal Ético de la empresa, además de no resultar debidamente justificada la decisión por no cumplir con las exigencias legales de fondo, por lo que debe dejarse sin efecto. Pretensión frente a la que se opone la contraparte, alegando que viene justificada por razones organizativas y productivas.

Pues bien, en el caso de autos el trabajador impugna una decisión empresarial que se le comunicó por escrito con invocación de su causa, relativa al cambio de centro de trabajo en el que ha de prestar servicios, pasando a otro ubicado en distinta localidad y que puede exigir, en el planteamiento de la comunicación, un cambio de residencia, con carácter definitivo y permanente, a partir del 22 de octubre de 2025, fundando la impugnación no en el incumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, formales o sustantivos, sino en la improcedencia legal de la medida para el supuesto que motiva la movilidad, ya sea porque vulnera sus derechos fundamentales o ya sea porque la entiende injustificada.

SEGUNDO.-Entrando en el análisis de la nulidad, la doctrina del Tribunal Constitucional viene resaltando la importancia de las reglas de distribución de la carga de la prueba para la efectividad de la tutela de los derechos fundamentales ( STC 38/1981). En este sentido, cuando se alegue que una decisión empresarial encubre en realidad una conducta lesiva de los derechos fundamentales, incumbe al empresario la carga de probar que su actuación obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito atentatorio de un derecho fundamental, pero para que juegue en el citado sentido la carga probatoria, el trabajador ha de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona sus derechos fundamentales ( SSTC 87/1998 y 74/1998). Es decir, no es suficiente la mera alegación de la vulneración constitucional, al demandante corresponde aportar un indicio razonable de que tal lesión se ha producido, es decir, un principio de prueba dirigido a poner de manifiesto el motivo oculto de aquel acto ( SSTC 90/1997, 74/1998, 87/1998). Así, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar, pues, una actividad alegatoria suficiente, concreta y precisa en torno a los indicios de que ha existido discriminación ( STC 266/1993), y solo una vez alcanzado el anterior resultado probatorio por el demandante, sobre la parte demandada recae la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión ( STC 21/1992).

Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la vulneración de la denominada garantía de indemnidad - art. 24.1 de la C.E.- se traduce, en el ámbito de las relaciones laborales, en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de forma que conlleva la declaración de nulidad al acordarse como represalia por ejercer el trabajador acciones tendentes al reconocimiento de sus derechos o acciones, que incluye no solo las judiciales, sino también los actos previos o preparatorios a las mismas ( STC de 18 de enero de 1993). Sin embargo, en el caso enjuiciado, entiende quien suscribe que no hay suficientes indicios, dado que el traslado no fue inmediato a la interposición de las denuncias, sino que hay una desconexión temporal, dado que las denuncias contra su superiora jerárquica son de mayo de 2024 y la carta de movilidad geográfica data de 18 de septiembre de 2025, con efectos al día 22 de octubre de 2025, es decir, es posterior en más de un año, y las denuncias o reclamaciones de septiembre de 2025 por retribuciones de objetivos y su traslado a Madrid son posteriores a cuando el actor tuvo ya conocimiento previamente, por vía telefónica, de que en un futuro iba a ser desplazado.

Además de que dicha decisión no procede de su superiora, sino directamente de la empleadora, difícilmente puede sostenerse que es una represalia contra él en concreto cuando se enmarca en una decisión o medida global, ya que los trabajadores que forman parte del equipo de restauración de la empresa, con la misma categoría profesional de técnicos de restauración que el actor, han sido trasladados también a los Servicios Centrales de la empresa en Madrid, de manera gradual o progresiva, siguiendo los mismos criterios aplicados al resto del equipo técnico, dentro del proceso general de centralización funcional del área, para incrementar la eficacia operativa, mejorar la coordinación de proyectos y reforzar la cohesión del equipo con un incremento de la presencialidad al 100%, con la excepción del técnico de restauración ubicado en el Parador de Cádiz, por razones estratégicas, al ser dicho Parador la sede regional del Sur de España, lo que se entiende lógico, dadas las dimensiones de la comunidad andaluza.

TERCERO.-Entrando en el análisis de la improcedencia de la medida, en su caso, se entiende que en el caso enjuiciado el cambio de residencia viene impuesto por el hecho mismo del traslado, en el sentido de que resultaría notablemente gravoso mantener la anterior residencia en Gijón y desplazarse desde ella a la localidad de Madrid, donde radica el nuevo centro de trabajo, de forma diaria ( STSJ de Cataluña de 7 de abril de 2004). Si el cambio de centro de trabajo implica un cambio de residencia, como sucede en el caso de autos, nos hallamos ante la movilidad geográfica propiamente dicha ( artículo 40 ET), que la empresa justifica en razones organizativas y productivas. Sobre este particular, el art. 40.1 del E.T., viene a disponer que "El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial". Subsumiendo las causas alegadas por la empresa en su carta y detallado el por qué de la decisión de trasladar al actor, se llega a la conclusión de que la decisión de traslado tiene su origen en una mejora de la organización de los recursos propios que puedan contribuir a mejorar la situación de la empresa a nivel competitivo o en la prestación de sus servicios a los clientes, pues la cuestión no se centra en la situación económica de la empresa, como pretende el actor sosteniendo que es buena, sino en razones organizativas y productivas.

Efectivamente, el actor ya se venía desplazando con anterioridad una semana al mes, aproximadamente, a Madrid y a la región norte de Paradores y, según se explica, ahora debe hacerlo tres semanas, aunque también dispone de días de teletrabajo, dado que su especial o concreta actividad profesional consiste en la coordinación y supervisión de actividades de restauración, con responsabilidades de diseño, implantación y seguimiento de procedimientos culinarios en los establecimientos de la red de Paradores, integrada dentro de la Dirección de Restauración, dependiendo funcionalmente de la Jefatura de Restauración y de la Dirección de Negocio. Con la adopción de dicha medida de cambio organizativo bajo un modelo 100% presencial, la empresa obtiene mayor cohesión interna, coordinación e inmediatez, fluidez en la comunicación y reducción de conflictos o discrepancias, unificar criterios y mejorar la transmisión de valores y cultura corporativa hacia los establecimientos, supervisión directa, agilidad operativa, eficacia y control de calidad en los procesos, y aumentar la calidad e innovación del departamento, ya que anteriormente se habían detectado deficiencias consistentes en una productividad real más reducida por emplear más tiempo en reuniones virtuales, menor supervisión, retrasos en proyectos colaborativos, déficit en comunicación, coordinación e interacción para la toma de decisiones, debilitación de la cultura corporativa y limitación en innovación y creatividad por la ausencia de interacción presencial para generar ideas colectivas.

Es por ello que el traspaso de dicho personal técnico, dada su especial función, pues no solo afecta al demandante, como antes se adelantó, se entiende justificada porque su presencia permanente de manera centralizada ofrece mayor eficiencia, inmediatez, coordinación, cohesión y unificación de criterios y valores del servicio, a transmitir a los establecimientos, con abaratamiento de costes, en esa labor que realizan de coordinación y supervisión de actividades de restauración, con responsabilidades de diseño, implantación y seguimiento de procedimientos culinarios en los establecimientos de la red de Paradores. Por tanto, y ante la acreditación de las causas legalmente contempladas que permiten adoptar de un modo justificado una decisión de traslado, la demanda debe ser desestimada.

CUARTO.-A tenor de lo establecido en el art. 191.2-e) de la LRJS, contra la presente Resolución puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-El actor impugna la decisión empresarial por la que Paradores de España acuerda que pase a prestar servicios a otro centro de trabajo, desde Gijón a Madrid, considerando que su traslado debe ser calificado como nulo, con indemnización de daños morales, o, subsidiariamente, improcedente, con fundamento en que se produjo con vulneración de su derechos a la indemnidad o tutela judicial efectiva, al ser una represalia por sus denuncias ante el Canal Ético de la empresa, además de no resultar debidamente justificada la decisión por no cumplir con las exigencias legales de fondo, por lo que debe dejarse sin efecto. Pretensión frente a la que se opone la contraparte, alegando que viene justificada por razones organizativas y productivas.

Pues bien, en el caso de autos el trabajador impugna una decisión empresarial que se le comunicó por escrito con invocación de su causa, relativa al cambio de centro de trabajo en el que ha de prestar servicios, pasando a otro ubicado en distinta localidad y que puede exigir, en el planteamiento de la comunicación, un cambio de residencia, con carácter definitivo y permanente, a partir del 22 de octubre de 2025, fundando la impugnación no en el incumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, formales o sustantivos, sino en la improcedencia legal de la medida para el supuesto que motiva la movilidad, ya sea porque vulnera sus derechos fundamentales o ya sea porque la entiende injustificada.

SEGUNDO.-Entrando en el análisis de la nulidad, la doctrina del Tribunal Constitucional viene resaltando la importancia de las reglas de distribución de la carga de la prueba para la efectividad de la tutela de los derechos fundamentales ( STC 38/1981). En este sentido, cuando se alegue que una decisión empresarial encubre en realidad una conducta lesiva de los derechos fundamentales, incumbe al empresario la carga de probar que su actuación obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito atentatorio de un derecho fundamental, pero para que juegue en el citado sentido la carga probatoria, el trabajador ha de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona sus derechos fundamentales ( SSTC 87/1998 y 74/1998). Es decir, no es suficiente la mera alegación de la vulneración constitucional, al demandante corresponde aportar un indicio razonable de que tal lesión se ha producido, es decir, un principio de prueba dirigido a poner de manifiesto el motivo oculto de aquel acto ( SSTC 90/1997, 74/1998, 87/1998). Así, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar, pues, una actividad alegatoria suficiente, concreta y precisa en torno a los indicios de que ha existido discriminación ( STC 266/1993), y solo una vez alcanzado el anterior resultado probatorio por el demandante, sobre la parte demandada recae la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión ( STC 21/1992).

Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la vulneración de la denominada garantía de indemnidad - art. 24.1 de la C.E.- se traduce, en el ámbito de las relaciones laborales, en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de forma que conlleva la declaración de nulidad al acordarse como represalia por ejercer el trabajador acciones tendentes al reconocimiento de sus derechos o acciones, que incluye no solo las judiciales, sino también los actos previos o preparatorios a las mismas ( STC de 18 de enero de 1993). Sin embargo, en el caso enjuiciado, entiende quien suscribe que no hay suficientes indicios, dado que el traslado no fue inmediato a la interposición de las denuncias, sino que hay una desconexión temporal, dado que las denuncias contra su superiora jerárquica son de mayo de 2024 y la carta de movilidad geográfica data de 18 de septiembre de 2025, con efectos al día 22 de octubre de 2025, es decir, es posterior en más de un año, y las denuncias o reclamaciones de septiembre de 2025 por retribuciones de objetivos y su traslado a Madrid son posteriores a cuando el actor tuvo ya conocimiento previamente, por vía telefónica, de que en un futuro iba a ser desplazado.

Además de que dicha decisión no procede de su superiora, sino directamente de la empleadora, difícilmente puede sostenerse que es una represalia contra él en concreto cuando se enmarca en una decisión o medida global, ya que los trabajadores que forman parte del equipo de restauración de la empresa, con la misma categoría profesional de técnicos de restauración que el actor, han sido trasladados también a los Servicios Centrales de la empresa en Madrid, de manera gradual o progresiva, siguiendo los mismos criterios aplicados al resto del equipo técnico, dentro del proceso general de centralización funcional del área, para incrementar la eficacia operativa, mejorar la coordinación de proyectos y reforzar la cohesión del equipo con un incremento de la presencialidad al 100%, con la excepción del técnico de restauración ubicado en el Parador de Cádiz, por razones estratégicas, al ser dicho Parador la sede regional del Sur de España, lo que se entiende lógico, dadas las dimensiones de la comunidad andaluza.

TERCERO.-Entrando en el análisis de la improcedencia de la medida, en su caso, se entiende que en el caso enjuiciado el cambio de residencia viene impuesto por el hecho mismo del traslado, en el sentido de que resultaría notablemente gravoso mantener la anterior residencia en Gijón y desplazarse desde ella a la localidad de Madrid, donde radica el nuevo centro de trabajo, de forma diaria ( STSJ de Cataluña de 7 de abril de 2004). Si el cambio de centro de trabajo implica un cambio de residencia, como sucede en el caso de autos, nos hallamos ante la movilidad geográfica propiamente dicha ( artículo 40 ET), que la empresa justifica en razones organizativas y productivas. Sobre este particular, el art. 40.1 del E.T., viene a disponer que "El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial". Subsumiendo las causas alegadas por la empresa en su carta y detallado el por qué de la decisión de trasladar al actor, se llega a la conclusión de que la decisión de traslado tiene su origen en una mejora de la organización de los recursos propios que puedan contribuir a mejorar la situación de la empresa a nivel competitivo o en la prestación de sus servicios a los clientes, pues la cuestión no se centra en la situación económica de la empresa, como pretende el actor sosteniendo que es buena, sino en razones organizativas y productivas.

Efectivamente, el actor ya se venía desplazando con anterioridad una semana al mes, aproximadamente, a Madrid y a la región norte de Paradores y, según se explica, ahora debe hacerlo tres semanas, aunque también dispone de días de teletrabajo, dado que su especial o concreta actividad profesional consiste en la coordinación y supervisión de actividades de restauración, con responsabilidades de diseño, implantación y seguimiento de procedimientos culinarios en los establecimientos de la red de Paradores, integrada dentro de la Dirección de Restauración, dependiendo funcionalmente de la Jefatura de Restauración y de la Dirección de Negocio. Con la adopción de dicha medida de cambio organizativo bajo un modelo 100% presencial, la empresa obtiene mayor cohesión interna, coordinación e inmediatez, fluidez en la comunicación y reducción de conflictos o discrepancias, unificar criterios y mejorar la transmisión de valores y cultura corporativa hacia los establecimientos, supervisión directa, agilidad operativa, eficacia y control de calidad en los procesos, y aumentar la calidad e innovación del departamento, ya que anteriormente se habían detectado deficiencias consistentes en una productividad real más reducida por emplear más tiempo en reuniones virtuales, menor supervisión, retrasos en proyectos colaborativos, déficit en comunicación, coordinación e interacción para la toma de decisiones, debilitación de la cultura corporativa y limitación en innovación y creatividad por la ausencia de interacción presencial para generar ideas colectivas.

Es por ello que el traspaso de dicho personal técnico, dada su especial función, pues no solo afecta al demandante, como antes se adelantó, se entiende justificada porque su presencia permanente de manera centralizada ofrece mayor eficiencia, inmediatez, coordinación, cohesión y unificación de criterios y valores del servicio, a transmitir a los establecimientos, con abaratamiento de costes, en esa labor que realizan de coordinación y supervisión de actividades de restauración, con responsabilidades de diseño, implantación y seguimiento de procedimientos culinarios en los establecimientos de la red de Paradores. Por tanto, y ante la acreditación de las causas legalmente contempladas que permiten adoptar de un modo justificado una decisión de traslado, la demanda debe ser desestimada.

CUARTO.-A tenor de lo establecido en el art. 191.2-e) de la LRJS, contra la presente Resolución puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-El actor impugna la decisión empresarial por la que Paradores de España acuerda que pase a prestar servicios a otro centro de trabajo, desde Gijón a Madrid, considerando que su traslado debe ser calificado como nulo, con indemnización de daños morales, o, subsidiariamente, improcedente, con fundamento en que se produjo con vulneración de su derechos a la indemnidad o tutela judicial efectiva, al ser una represalia por sus denuncias ante el Canal Ético de la empresa, además de no resultar debidamente justificada la decisión por no cumplir con las exigencias legales de fondo, por lo que debe dejarse sin efecto. Pretensión frente a la que se opone la contraparte, alegando que viene justificada por razones organizativas y productivas.

Pues bien, en el caso de autos el trabajador impugna una decisión empresarial que se le comunicó por escrito con invocación de su causa, relativa al cambio de centro de trabajo en el que ha de prestar servicios, pasando a otro ubicado en distinta localidad y que puede exigir, en el planteamiento de la comunicación, un cambio de residencia, con carácter definitivo y permanente, a partir del 22 de octubre de 2025, fundando la impugnación no en el incumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, formales o sustantivos, sino en la improcedencia legal de la medida para el supuesto que motiva la movilidad, ya sea porque vulnera sus derechos fundamentales o ya sea porque la entiende injustificada.

SEGUNDO.-Entrando en el análisis de la nulidad, la doctrina del Tribunal Constitucional viene resaltando la importancia de las reglas de distribución de la carga de la prueba para la efectividad de la tutela de los derechos fundamentales ( STC 38/1981). En este sentido, cuando se alegue que una decisión empresarial encubre en realidad una conducta lesiva de los derechos fundamentales, incumbe al empresario la carga de probar que su actuación obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito atentatorio de un derecho fundamental, pero para que juegue en el citado sentido la carga probatoria, el trabajador ha de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona sus derechos fundamentales ( SSTC 87/1998 y 74/1998). Es decir, no es suficiente la mera alegación de la vulneración constitucional, al demandante corresponde aportar un indicio razonable de que tal lesión se ha producido, es decir, un principio de prueba dirigido a poner de manifiesto el motivo oculto de aquel acto ( SSTC 90/1997, 74/1998, 87/1998). Así, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar, pues, una actividad alegatoria suficiente, concreta y precisa en torno a los indicios de que ha existido discriminación ( STC 266/1993), y solo una vez alcanzado el anterior resultado probatorio por el demandante, sobre la parte demandada recae la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión ( STC 21/1992).

Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la vulneración de la denominada garantía de indemnidad - art. 24.1 de la C.E.- se traduce, en el ámbito de las relaciones laborales, en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de forma que conlleva la declaración de nulidad al acordarse como represalia por ejercer el trabajador acciones tendentes al reconocimiento de sus derechos o acciones, que incluye no solo las judiciales, sino también los actos previos o preparatorios a las mismas ( STC de 18 de enero de 1993). Sin embargo, en el caso enjuiciado, entiende quien suscribe que no hay suficientes indicios, dado que el traslado no fue inmediato a la interposición de las denuncias, sino que hay una desconexión temporal, dado que las denuncias contra su superiora jerárquica son de mayo de 2024 y la carta de movilidad geográfica data de 18 de septiembre de 2025, con efectos al día 22 de octubre de 2025, es decir, es posterior en más de un año, y las denuncias o reclamaciones de septiembre de 2025 por retribuciones de objetivos y su traslado a Madrid son posteriores a cuando el actor tuvo ya conocimiento previamente, por vía telefónica, de que en un futuro iba a ser desplazado.

Además de que dicha decisión no procede de su superiora, sino directamente de la empleadora, difícilmente puede sostenerse que es una represalia contra él en concreto cuando se enmarca en una decisión o medida global, ya que los trabajadores que forman parte del equipo de restauración de la empresa, con la misma categoría profesional de técnicos de restauración que el actor, han sido trasladados también a los Servicios Centrales de la empresa en Madrid, de manera gradual o progresiva, siguiendo los mismos criterios aplicados al resto del equipo técnico, dentro del proceso general de centralización funcional del área, para incrementar la eficacia operativa, mejorar la coordinación de proyectos y reforzar la cohesión del equipo con un incremento de la presencialidad al 100%, con la excepción del técnico de restauración ubicado en el Parador de Cádiz, por razones estratégicas, al ser dicho Parador la sede regional del Sur de España, lo que se entiende lógico, dadas las dimensiones de la comunidad andaluza.

TERCERO.-Entrando en el análisis de la improcedencia de la medida, en su caso, se entiende que en el caso enjuiciado el cambio de residencia viene impuesto por el hecho mismo del traslado, en el sentido de que resultaría notablemente gravoso mantener la anterior residencia en Gijón y desplazarse desde ella a la localidad de Madrid, donde radica el nuevo centro de trabajo, de forma diaria ( STSJ de Cataluña de 7 de abril de 2004). Si el cambio de centro de trabajo implica un cambio de residencia, como sucede en el caso de autos, nos hallamos ante la movilidad geográfica propiamente dicha ( artículo 40 ET), que la empresa justifica en razones organizativas y productivas. Sobre este particular, el art. 40.1 del E.T., viene a disponer que "El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial". Subsumiendo las causas alegadas por la empresa en su carta y detallado el por qué de la decisión de trasladar al actor, se llega a la conclusión de que la decisión de traslado tiene su origen en una mejora de la organización de los recursos propios que puedan contribuir a mejorar la situación de la empresa a nivel competitivo o en la prestación de sus servicios a los clientes, pues la cuestión no se centra en la situación económica de la empresa, como pretende el actor sosteniendo que es buena, sino en razones organizativas y productivas.

Efectivamente, el actor ya se venía desplazando con anterioridad una semana al mes, aproximadamente, a Madrid y a la región norte de Paradores y, según se explica, ahora debe hacerlo tres semanas, aunque también dispone de días de teletrabajo, dado que su especial o concreta actividad profesional consiste en la coordinación y supervisión de actividades de restauración, con responsabilidades de diseño, implantación y seguimiento de procedimientos culinarios en los establecimientos de la red de Paradores, integrada dentro de la Dirección de Restauración, dependiendo funcionalmente de la Jefatura de Restauración y de la Dirección de Negocio. Con la adopción de dicha medida de cambio organizativo bajo un modelo 100% presencial, la empresa obtiene mayor cohesión interna, coordinación e inmediatez, fluidez en la comunicación y reducción de conflictos o discrepancias, unificar criterios y mejorar la transmisión de valores y cultura corporativa hacia los establecimientos, supervisión directa, agilidad operativa, eficacia y control de calidad en los procesos, y aumentar la calidad e innovación del departamento, ya que anteriormente se habían detectado deficiencias consistentes en una productividad real más reducida por emplear más tiempo en reuniones virtuales, menor supervisión, retrasos en proyectos colaborativos, déficit en comunicación, coordinación e interacción para la toma de decisiones, debilitación de la cultura corporativa y limitación en innovación y creatividad por la ausencia de interacción presencial para generar ideas colectivas.

Es por ello que el traspaso de dicho personal técnico, dada su especial función, pues no solo afecta al demandante, como antes se adelantó, se entiende justificada porque su presencia permanente de manera centralizada ofrece mayor eficiencia, inmediatez, coordinación, cohesión y unificación de criterios y valores del servicio, a transmitir a los establecimientos, con abaratamiento de costes, en esa labor que realizan de coordinación y supervisión de actividades de restauración, con responsabilidades de diseño, implantación y seguimiento de procedimientos culinarios en los establecimientos de la red de Paradores. Por tanto, y ante la acreditación de las causas legalmente contempladas que permiten adoptar de un modo justificado una decisión de traslado, la demanda debe ser desestimada.

CUARTO.-A tenor de lo establecido en el art. 191.2-e) de la LRJS, contra la presente Resolución puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-El actor impugna la decisión empresarial por la que Paradores de España acuerda que pase a prestar servicios a otro centro de trabajo, desde Gijón a Madrid, considerando que su traslado debe ser calificado como nulo, con indemnización de daños morales, o, subsidiariamente, improcedente, con fundamento en que se produjo con vulneración de su derechos a la indemnidad o tutela judicial efectiva, al ser una represalia por sus denuncias ante el Canal Ético de la empresa, además de no resultar debidamente justificada la decisión por no cumplir con las exigencias legales de fondo, por lo que debe dejarse sin efecto. Pretensión frente a la que se opone la contraparte, alegando que viene justificada por razones organizativas y productivas.

Pues bien, en el caso de autos el trabajador impugna una decisión empresarial que se le comunicó por escrito con invocación de su causa, relativa al cambio de centro de trabajo en el que ha de prestar servicios, pasando a otro ubicado en distinta localidad y que puede exigir, en el planteamiento de la comunicación, un cambio de residencia, con carácter definitivo y permanente, a partir del 22 de octubre de 2025, fundando la impugnación no en el incumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, formales o sustantivos, sino en la improcedencia legal de la medida para el supuesto que motiva la movilidad, ya sea porque vulnera sus derechos fundamentales o ya sea porque la entiende injustificada.

SEGUNDO.-Entrando en el análisis de la nulidad, la doctrina del Tribunal Constitucional viene resaltando la importancia de las reglas de distribución de la carga de la prueba para la efectividad de la tutela de los derechos fundamentales ( STC 38/1981). En este sentido, cuando se alegue que una decisión empresarial encubre en realidad una conducta lesiva de los derechos fundamentales, incumbe al empresario la carga de probar que su actuación obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito atentatorio de un derecho fundamental, pero para que juegue en el citado sentido la carga probatoria, el trabajador ha de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona sus derechos fundamentales ( SSTC 87/1998 y 74/1998). Es decir, no es suficiente la mera alegación de la vulneración constitucional, al demandante corresponde aportar un indicio razonable de que tal lesión se ha producido, es decir, un principio de prueba dirigido a poner de manifiesto el motivo oculto de aquel acto ( SSTC 90/1997, 74/1998, 87/1998). Así, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar, pues, una actividad alegatoria suficiente, concreta y precisa en torno a los indicios de que ha existido discriminación ( STC 266/1993), y solo una vez alcanzado el anterior resultado probatorio por el demandante, sobre la parte demandada recae la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión ( STC 21/1992).

Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la vulneración de la denominada garantía de indemnidad - art. 24.1 de la C.E.- se traduce, en el ámbito de las relaciones laborales, en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de forma que conlleva la declaración de nulidad al acordarse como represalia por ejercer el trabajador acciones tendentes al reconocimiento de sus derechos o acciones, que incluye no solo las judiciales, sino también los actos previos o preparatorios a las mismas ( STC de 18 de enero de 1993). Sin embargo, en el caso enjuiciado, entiende quien suscribe que no hay suficientes indicios, dado que el traslado no fue inmediato a la interposición de las denuncias, sino que hay una desconexión temporal, dado que las denuncias contra su superiora jerárquica son de mayo de 2024 y la carta de movilidad geográfica data de 18 de septiembre de 2025, con efectos al día 22 de octubre de 2025, es decir, es posterior en más de un año, y las denuncias o reclamaciones de septiembre de 2025 por retribuciones de objetivos y su traslado a Madrid son posteriores a cuando el actor tuvo ya conocimiento previamente, por vía telefónica, de que en un futuro iba a ser desplazado.

Además de que dicha decisión no procede de su superiora, sino directamente de la empleadora, difícilmente puede sostenerse que es una represalia contra él en concreto cuando se enmarca en una decisión o medida global, ya que los trabajadores que forman parte del equipo de restauración de la empresa, con la misma categoría profesional de técnicos de restauración que el actor, han sido trasladados también a los Servicios Centrales de la empresa en Madrid, de manera gradual o progresiva, siguiendo los mismos criterios aplicados al resto del equipo técnico, dentro del proceso general de centralización funcional del área, para incrementar la eficacia operativa, mejorar la coordinación de proyectos y reforzar la cohesión del equipo con un incremento de la presencialidad al 100%, con la excepción del técnico de restauración ubicado en el Parador de Cádiz, por razones estratégicas, al ser dicho Parador la sede regional del Sur de España, lo que se entiende lógico, dadas las dimensiones de la comunidad andaluza.

TERCERO.-Entrando en el análisis de la improcedencia de la medida, en su caso, se entiende que en el caso enjuiciado el cambio de residencia viene impuesto por el hecho mismo del traslado, en el sentido de que resultaría notablemente gravoso mantener la anterior residencia en Gijón y desplazarse desde ella a la localidad de Madrid, donde radica el nuevo centro de trabajo, de forma diaria ( STSJ de Cataluña de 7 de abril de 2004). Si el cambio de centro de trabajo implica un cambio de residencia, como sucede en el caso de autos, nos hallamos ante la movilidad geográfica propiamente dicha ( artículo 40 ET), que la empresa justifica en razones organizativas y productivas. Sobre este particular, el art. 40.1 del E.T., viene a disponer que "El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial". Subsumiendo las causas alegadas por la empresa en su carta y detallado el por qué de la decisión de trasladar al actor, se llega a la conclusión de que la decisión de traslado tiene su origen en una mejora de la organización de los recursos propios que puedan contribuir a mejorar la situación de la empresa a nivel competitivo o en la prestación de sus servicios a los clientes, pues la cuestión no se centra en la situación económica de la empresa, como pretende el actor sosteniendo que es buena, sino en razones organizativas y productivas.

Efectivamente, el actor ya se venía desplazando con anterioridad una semana al mes, aproximadamente, a Madrid y a la región norte de Paradores y, según se explica, ahora debe hacerlo tres semanas, aunque también dispone de días de teletrabajo, dado que su especial o concreta actividad profesional consiste en la coordinación y supervisión de actividades de restauración, con responsabilidades de diseño, implantación y seguimiento de procedimientos culinarios en los establecimientos de la red de Paradores, integrada dentro de la Dirección de Restauración, dependiendo funcionalmente de la Jefatura de Restauración y de la Dirección de Negocio. Con la adopción de dicha medida de cambio organizativo bajo un modelo 100% presencial, la empresa obtiene mayor cohesión interna, coordinación e inmediatez, fluidez en la comunicación y reducción de conflictos o discrepancias, unificar criterios y mejorar la transmisión de valores y cultura corporativa hacia los establecimientos, supervisión directa, agilidad operativa, eficacia y control de calidad en los procesos, y aumentar la calidad e innovación del departamento, ya que anteriormente se habían detectado deficiencias consistentes en una productividad real más reducida por emplear más tiempo en reuniones virtuales, menor supervisión, retrasos en proyectos colaborativos, déficit en comunicación, coordinación e interacción para la toma de decisiones, debilitación de la cultura corporativa y limitación en innovación y creatividad por la ausencia de interacción presencial para generar ideas colectivas.

Es por ello que el traspaso de dicho personal técnico, dada su especial función, pues no solo afecta al demandante, como antes se adelantó, se entiende justificada porque su presencia permanente de manera centralizada ofrece mayor eficiencia, inmediatez, coordinación, cohesión y unificación de criterios y valores del servicio, a transmitir a los establecimientos, con abaratamiento de costes, en esa labor que realizan de coordinación y supervisión de actividades de restauración, con responsabilidades de diseño, implantación y seguimiento de procedimientos culinarios en los establecimientos de la red de Paradores. Por tanto, y ante la acreditación de las causas legalmente contempladas que permiten adoptar de un modo justificado una decisión de traslado, la demanda debe ser desestimada.

CUARTO.-A tenor de lo establecido en el art. 191.2-e) de la LRJS, contra la presente Resolución puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,