Sentencia Social 608/2025 Juzgado de lo Social de Toledo nº 2, Rec. 557/2024 de 24 de noviembre del 2025

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en artículo 97.2 de la LRJS, debe hacerse constar que, los anteriores hechos, son el resultado de la documental aportada por las partes y la testifical practicada en la vista.

SEGUNDO.-Reclama la trabajadora actora en su demanda el reconocimiento de la categoría profesional de Encargada General de Servicios en lugar de Encargada de Servicios, conforme al convenio de aplicación, considerando que las funciones que llevaba a cabo en la empresa que describe en su demanda son propias de tal categoría profesional y no de la reconocida por la empresa. A tal acción acumula la reclamación de cantidades devengadas desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2025 en cuantía total de 3.851,16 euros, conforme a las tablas salariales del convenio colectivo de aplicación.

En relación con la petición de clasificación profesional, la trabajadora pretende el reconocimiento de la categoría profesional de Encargada General de Servicios por el desempeño prolongado de las funciones propias de dicha categoría superior a lo que se opone la Administración demandada por entender, de un lado, que nunca ha realizado funciones de la categoría reclamada y de otro, que el único proceso válido para consolidar una categoría superior es el de superar el correspondiente proceso en los términos regulados en el Convenio.

Es reiterada la doctrina jurisprudencial que ha supeditado el ascenso de categoría fundado en el desempeño de tareas superiores, a la norma legal o convencional que la regula ( sentencias del TS de 22 de septiembre de 2017, rcud. 3177/2015 ; 6 de noviembre de 2018, rcud. 2170/2016 y 30 de junio 2020, rcud. 676/2018 ). En este sentido el artículo 21.2 del Convenio Colectivo JCCM estipula: "El desempeño de funciones correspondientes a otra categoría profesional no supondrá, en ningún caso, la consolidación del salario ni de la categoría. Y el artículo 12 del Convenio Colectivo del INSERSO señala: "...Si superados tales plazos existiera un puesto de trabajo vacante de la misma categoría, éste deberá ser cubierto a través de los procedimientos de provisión de vacantes establecidos en el presente Convenio. A los efectos del artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores los procedimientos de provisión de vacantes mediante tumo de ascenso serán los únicos que permitan modificar la categoría profesional de los trabajadores."

De lo expuesto se deduce que no se puede reconocer el derecho de la actora a ser clasificada en la categoría profesional pretendida por el mero desempeño de funciones de otra categoría profesional por cuanto dicha alternativa ha sido descartada por el convenio colectivo que exige superar el correspondiente proceso selectivo conforme a las reglas en materia de ascensos que en el mismo se prevé, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar la diferencia salarial correspondiente que a continuación se analizará.

TERCERO.-En cuanto a las diferencias salariales reclamadas la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene fijado que para tener derecho a retribuciones superiores es necesario no sólo que el ejercicio de dichas funciones exceda de modo evidente de las que son atribuidas a su categoría superior siendo requisito indispensable la realización habitual de todas o la mayor parte de las funciones propias de la categoría superior que han de realizarse en su plenitud y no sólo en parte.

De la confrontación entre las funciones que durante el período reclamado ha venido realizando la actora tal y como se describe en el hecho probado quinto y la descripción de las correspondientes a la categoría que tiene reconocida de encargada de servicios y la reclamada, encargada general de servicios, tal y como aparecen definidas en el Apéndice del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral del INSERSO si bien con la denominación de gobernante a la que se equipara el encargado general de servicios y subgobernante al que se equipara el encargado de servicios, revela que las funciones desempeñadas por la demandante encajan en las funciones esenciales y más importantes de la categoría reclamada.

La testifical del Sr. Roque, gobernante del centro de trabajo, y de la Sra. Adelaida, trabajadora de limpieza y servicios domésticos, permite concluir que la demandante asumía junto con los dos encargados generales de servicios, Josefa y Roque, con los que se turnaba, las funciones de confección de los cuadrantes de trabajo y el organigrama de tareas que desempeñaban todos ellos de igual manera; también elaboraban de manera indistinta el cuadrante del personal limpieza servicio doméstico; la actora asistía ella sola en calidad de gobernanta a las reuniones interdepartamentales que se celebraban los martes cuando le correspondía con arreglo al cuadrante; los trabajadores solicitaban permisos a la demandante cuando se encontraba en su turno y todos se refieren a la demandante como Gobernanta.

Como se puede ver la demandante realizaba la totalidad de las funciones atribuidas a un Encargado de servicios general, incluidas todas las esenciales que definen la categoría profesional, sin que a esta conclusión constituya un obstáculo las alegaciones de existencia de un pacto entre los trabajadores no autorizado por la Administración ya que de las declaraciones del testigo Sr. Roque se desprende no que existiera un pacto entre los tres trabajadores para realizar las mismas funciones pues en este sentido el testigo manifestó que ningún momento le encomendó tareas por delegación a la actora, sino que se repartían así el trabajo porque todos tenían que hacer las mismas funciones, de lo que se deduce que era la Administración la que encomendaba dichas tareas a la actora y en todo caso eran permitidas por la Administración demandada dado que la directora era plenamente conocedora de ellas como se desprende de la grabación aportada, al igual que ocurría cuando asistía a las reuniones interdepartamentales en calidad de Gobernante como así figura en las referidas actas; por último señalar que el hecho de que con arreglo al convenio colectivo el subgobernante asuma las funciones que le delegue el Gobernante no implica que con arreglo a ello pueda encomendarse todas las funciones, y el hecho de que le sustituya en su ausencia debe ser entendido con alcance temporal, lo que en este caso no ocurría.

En consecuencia, se ha de condenar a la empresa a abonar a la actora la cantidad de 3.851,16 euros por el período desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2025, más el 10% de interés por mora, atendiendo a los cálculos realizados por la parte actora, no impugnados de contrario.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el art. 191.2.d) y 137.3 de la LRJS contra esta sentencia cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia.

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en artículo 97.2 de la LRJS, debe hacerse constar que, los anteriores hechos, son el resultado de la documental aportada por las partes y la testifical practicada en la vista.

SEGUNDO.-Reclama la trabajadora actora en su demanda el reconocimiento de la categoría profesional de Encargada General de Servicios en lugar de Encargada de Servicios, conforme al convenio de aplicación, considerando que las funciones que llevaba a cabo en la empresa que describe en su demanda son propias de tal categoría profesional y no de la reconocida por la empresa. A tal acción acumula la reclamación de cantidades devengadas desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2025 en cuantía total de 3.851,16 euros, conforme a las tablas salariales del convenio colectivo de aplicación.

En relación con la petición de clasificación profesional, la trabajadora pretende el reconocimiento de la categoría profesional de Encargada General de Servicios por el desempeño prolongado de las funciones propias de dicha categoría superior a lo que se opone la Administración demandada por entender, de un lado, que nunca ha realizado funciones de la categoría reclamada y de otro, que el único proceso válido para consolidar una categoría superior es el de superar el correspondiente proceso en los términos regulados en el Convenio.

Es reiterada la doctrina jurisprudencial que ha supeditado el ascenso de categoría fundado en el desempeño de tareas superiores, a la norma legal o convencional que la regula ( sentencias del TS de 22 de septiembre de 2017, rcud. 3177/2015 ; 6 de noviembre de 2018, rcud. 2170/2016 y 30 de junio 2020, rcud. 676/2018 ). En este sentido el artículo 21.2 del Convenio Colectivo JCCM estipula: "El desempeño de funciones correspondientes a otra categoría profesional no supondrá, en ningún caso, la consolidación del salario ni de la categoría. Y el artículo 12 del Convenio Colectivo del INSERSO señala: "...Si superados tales plazos existiera un puesto de trabajo vacante de la misma categoría, éste deberá ser cubierto a través de los procedimientos de provisión de vacantes establecidos en el presente Convenio. A los efectos del artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores los procedimientos de provisión de vacantes mediante tumo de ascenso serán los únicos que permitan modificar la categoría profesional de los trabajadores."

De lo expuesto se deduce que no se puede reconocer el derecho de la actora a ser clasificada en la categoría profesional pretendida por el mero desempeño de funciones de otra categoría profesional por cuanto dicha alternativa ha sido descartada por el convenio colectivo que exige superar el correspondiente proceso selectivo conforme a las reglas en materia de ascensos que en el mismo se prevé, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar la diferencia salarial correspondiente que a continuación se analizará.

TERCERO.-En cuanto a las diferencias salariales reclamadas la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene fijado que para tener derecho a retribuciones superiores es necesario no sólo que el ejercicio de dichas funciones exceda de modo evidente de las que son atribuidas a su categoría superior siendo requisito indispensable la realización habitual de todas o la mayor parte de las funciones propias de la categoría superior que han de realizarse en su plenitud y no sólo en parte.

De la confrontación entre las funciones que durante el período reclamado ha venido realizando la actora tal y como se describe en el hecho probado quinto y la descripción de las correspondientes a la categoría que tiene reconocida de encargada de servicios y la reclamada, encargada general de servicios, tal y como aparecen definidas en el Apéndice del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral del INSERSO si bien con la denominación de gobernante a la que se equipara el encargado general de servicios y subgobernante al que se equipara el encargado de servicios, revela que las funciones desempeñadas por la demandante encajan en las funciones esenciales y más importantes de la categoría reclamada.

La testifical del Sr. Roque, gobernante del centro de trabajo, y de la Sra. Adelaida, trabajadora de limpieza y servicios domésticos, permite concluir que la demandante asumía junto con los dos encargados generales de servicios, Josefa y Roque, con los que se turnaba, las funciones de confección de los cuadrantes de trabajo y el organigrama de tareas que desempeñaban todos ellos de igual manera; también elaboraban de manera indistinta el cuadrante del personal limpieza servicio doméstico; la actora asistía ella sola en calidad de gobernanta a las reuniones interdepartamentales que se celebraban los martes cuando le correspondía con arreglo al cuadrante; los trabajadores solicitaban permisos a la demandante cuando se encontraba en su turno y todos se refieren a la demandante como Gobernanta.

Como se puede ver la demandante realizaba la totalidad de las funciones atribuidas a un Encargado de servicios general, incluidas todas las esenciales que definen la categoría profesional, sin que a esta conclusión constituya un obstáculo las alegaciones de existencia de un pacto entre los trabajadores no autorizado por la Administración ya que de las declaraciones del testigo Sr. Roque se desprende no que existiera un pacto entre los tres trabajadores para realizar las mismas funciones pues en este sentido el testigo manifestó que ningún momento le encomendó tareas por delegación a la actora, sino que se repartían así el trabajo porque todos tenían que hacer las mismas funciones, de lo que se deduce que era la Administración la que encomendaba dichas tareas a la actora y en todo caso eran permitidas por la Administración demandada dado que la directora era plenamente conocedora de ellas como se desprende de la grabación aportada, al igual que ocurría cuando asistía a las reuniones interdepartamentales en calidad de Gobernante como así figura en las referidas actas; por último señalar que el hecho de que con arreglo al convenio colectivo el subgobernante asuma las funciones que le delegue el Gobernante no implica que con arreglo a ello pueda encomendarse todas las funciones, y el hecho de que le sustituya en su ausencia debe ser entendido con alcance temporal, lo que en este caso no ocurría.

En consecuencia, se ha de condenar a la empresa a abonar a la actora la cantidad de 3.851,16 euros por el período desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2025, más el 10% de interés por mora, atendiendo a los cálculos realizados por la parte actora, no impugnados de contrario.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el art. 191.2.d) y 137.3 de la LRJS contra esta sentencia cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia.

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en artículo 97.2 de la LRJS, debe hacerse constar que, los anteriores hechos, son el resultado de la documental aportada por las partes y la testifical practicada en la vista.

SEGUNDO.-Reclama la trabajadora actora en su demanda el reconocimiento de la categoría profesional de Encargada General de Servicios en lugar de Encargada de Servicios, conforme al convenio de aplicación, considerando que las funciones que llevaba a cabo en la empresa que describe en su demanda son propias de tal categoría profesional y no de la reconocida por la empresa. A tal acción acumula la reclamación de cantidades devengadas desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2025 en cuantía total de 3.851,16 euros, conforme a las tablas salariales del convenio colectivo de aplicación.

En relación con la petición de clasificación profesional, la trabajadora pretende el reconocimiento de la categoría profesional de Encargada General de Servicios por el desempeño prolongado de las funciones propias de dicha categoría superior a lo que se opone la Administración demandada por entender, de un lado, que nunca ha realizado funciones de la categoría reclamada y de otro, que el único proceso válido para consolidar una categoría superior es el de superar el correspondiente proceso en los términos regulados en el Convenio.

Es reiterada la doctrina jurisprudencial que ha supeditado el ascenso de categoría fundado en el desempeño de tareas superiores, a la norma legal o convencional que la regula ( sentencias del TS de 22 de septiembre de 2017, rcud. 3177/2015 ; 6 de noviembre de 2018, rcud. 2170/2016 y 30 de junio 2020, rcud. 676/2018 ). En este sentido el artículo 21.2 del Convenio Colectivo JCCM estipula: "El desempeño de funciones correspondientes a otra categoría profesional no supondrá, en ningún caso, la consolidación del salario ni de la categoría. Y el artículo 12 del Convenio Colectivo del INSERSO señala: "...Si superados tales plazos existiera un puesto de trabajo vacante de la misma categoría, éste deberá ser cubierto a través de los procedimientos de provisión de vacantes establecidos en el presente Convenio. A los efectos del artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores los procedimientos de provisión de vacantes mediante tumo de ascenso serán los únicos que permitan modificar la categoría profesional de los trabajadores."

De lo expuesto se deduce que no se puede reconocer el derecho de la actora a ser clasificada en la categoría profesional pretendida por el mero desempeño de funciones de otra categoría profesional por cuanto dicha alternativa ha sido descartada por el convenio colectivo que exige superar el correspondiente proceso selectivo conforme a las reglas en materia de ascensos que en el mismo se prevé, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar la diferencia salarial correspondiente que a continuación se analizará.

TERCERO.-En cuanto a las diferencias salariales reclamadas la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene fijado que para tener derecho a retribuciones superiores es necesario no sólo que el ejercicio de dichas funciones exceda de modo evidente de las que son atribuidas a su categoría superior siendo requisito indispensable la realización habitual de todas o la mayor parte de las funciones propias de la categoría superior que han de realizarse en su plenitud y no sólo en parte.

De la confrontación entre las funciones que durante el período reclamado ha venido realizando la actora tal y como se describe en el hecho probado quinto y la descripción de las correspondientes a la categoría que tiene reconocida de encargada de servicios y la reclamada, encargada general de servicios, tal y como aparecen definidas en el Apéndice del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral del INSERSO si bien con la denominación de gobernante a la que se equipara el encargado general de servicios y subgobernante al que se equipara el encargado de servicios, revela que las funciones desempeñadas por la demandante encajan en las funciones esenciales y más importantes de la categoría reclamada.

La testifical del Sr. Roque, gobernante del centro de trabajo, y de la Sra. Adelaida, trabajadora de limpieza y servicios domésticos, permite concluir que la demandante asumía junto con los dos encargados generales de servicios, Josefa y Roque, con los que se turnaba, las funciones de confección de los cuadrantes de trabajo y el organigrama de tareas que desempeñaban todos ellos de igual manera; también elaboraban de manera indistinta el cuadrante del personal limpieza servicio doméstico; la actora asistía ella sola en calidad de gobernanta a las reuniones interdepartamentales que se celebraban los martes cuando le correspondía con arreglo al cuadrante; los trabajadores solicitaban permisos a la demandante cuando se encontraba en su turno y todos se refieren a la demandante como Gobernanta.

Como se puede ver la demandante realizaba la totalidad de las funciones atribuidas a un Encargado de servicios general, incluidas todas las esenciales que definen la categoría profesional, sin que a esta conclusión constituya un obstáculo las alegaciones de existencia de un pacto entre los trabajadores no autorizado por la Administración ya que de las declaraciones del testigo Sr. Roque se desprende no que existiera un pacto entre los tres trabajadores para realizar las mismas funciones pues en este sentido el testigo manifestó que ningún momento le encomendó tareas por delegación a la actora, sino que se repartían así el trabajo porque todos tenían que hacer las mismas funciones, de lo que se deduce que era la Administración la que encomendaba dichas tareas a la actora y en todo caso eran permitidas por la Administración demandada dado que la directora era plenamente conocedora de ellas como se desprende de la grabación aportada, al igual que ocurría cuando asistía a las reuniones interdepartamentales en calidad de Gobernante como así figura en las referidas actas; por último señalar que el hecho de que con arreglo al convenio colectivo el subgobernante asuma las funciones que le delegue el Gobernante no implica que con arreglo a ello pueda encomendarse todas las funciones, y el hecho de que le sustituya en su ausencia debe ser entendido con alcance temporal, lo que en este caso no ocurría.

En consecuencia, se ha de condenar a la empresa a abonar a la actora la cantidad de 3.851,16 euros por el período desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2025, más el 10% de interés por mora, atendiendo a los cálculos realizados por la parte actora, no impugnados de contrario.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el art. 191.2.d) y 137.3 de la LRJS contra esta sentencia cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia.

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en artículo 97.2 de la LRJS, debe hacerse constar que, los anteriores hechos, son el resultado de la documental aportada por las partes y la testifical practicada en la vista.

SEGUNDO.-Reclama la trabajadora actora en su demanda el reconocimiento de la categoría profesional de Encargada General de Servicios en lugar de Encargada de Servicios, conforme al convenio de aplicación, considerando que las funciones que llevaba a cabo en la empresa que describe en su demanda son propias de tal categoría profesional y no de la reconocida por la empresa. A tal acción acumula la reclamación de cantidades devengadas desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2025 en cuantía total de 3.851,16 euros, conforme a las tablas salariales del convenio colectivo de aplicación.

En relación con la petición de clasificación profesional, la trabajadora pretende el reconocimiento de la categoría profesional de Encargada General de Servicios por el desempeño prolongado de las funciones propias de dicha categoría superior a lo que se opone la Administración demandada por entender, de un lado, que nunca ha realizado funciones de la categoría reclamada y de otro, que el único proceso válido para consolidar una categoría superior es el de superar el correspondiente proceso en los términos regulados en el Convenio.

Es reiterada la doctrina jurisprudencial que ha supeditado el ascenso de categoría fundado en el desempeño de tareas superiores, a la norma legal o convencional que la regula ( sentencias del TS de 22 de septiembre de 2017, rcud. 3177/2015 ; 6 de noviembre de 2018, rcud. 2170/2016 y 30 de junio 2020, rcud. 676/2018 ). En este sentido el artículo 21.2 del Convenio Colectivo JCCM estipula: "El desempeño de funciones correspondientes a otra categoría profesional no supondrá, en ningún caso, la consolidación del salario ni de la categoría. Y el artículo 12 del Convenio Colectivo del INSERSO señala: "...Si superados tales plazos existiera un puesto de trabajo vacante de la misma categoría, éste deberá ser cubierto a través de los procedimientos de provisión de vacantes establecidos en el presente Convenio. A los efectos del artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores los procedimientos de provisión de vacantes mediante tumo de ascenso serán los únicos que permitan modificar la categoría profesional de los trabajadores."

De lo expuesto se deduce que no se puede reconocer el derecho de la actora a ser clasificada en la categoría profesional pretendida por el mero desempeño de funciones de otra categoría profesional por cuanto dicha alternativa ha sido descartada por el convenio colectivo que exige superar el correspondiente proceso selectivo conforme a las reglas en materia de ascensos que en el mismo se prevé, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar la diferencia salarial correspondiente que a continuación se analizará.

TERCERO.-En cuanto a las diferencias salariales reclamadas la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene fijado que para tener derecho a retribuciones superiores es necesario no sólo que el ejercicio de dichas funciones exceda de modo evidente de las que son atribuidas a su categoría superior siendo requisito indispensable la realización habitual de todas o la mayor parte de las funciones propias de la categoría superior que han de realizarse en su plenitud y no sólo en parte.

De la confrontación entre las funciones que durante el período reclamado ha venido realizando la actora tal y como se describe en el hecho probado quinto y la descripción de las correspondientes a la categoría que tiene reconocida de encargada de servicios y la reclamada, encargada general de servicios, tal y como aparecen definidas en el Apéndice del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral del INSERSO si bien con la denominación de gobernante a la que se equipara el encargado general de servicios y subgobernante al que se equipara el encargado de servicios, revela que las funciones desempeñadas por la demandante encajan en las funciones esenciales y más importantes de la categoría reclamada.

La testifical del Sr. Roque, gobernante del centro de trabajo, y de la Sra. Adelaida, trabajadora de limpieza y servicios domésticos, permite concluir que la demandante asumía junto con los dos encargados generales de servicios, Josefa y Roque, con los que se turnaba, las funciones de confección de los cuadrantes de trabajo y el organigrama de tareas que desempeñaban todos ellos de igual manera; también elaboraban de manera indistinta el cuadrante del personal limpieza servicio doméstico; la actora asistía ella sola en calidad de gobernanta a las reuniones interdepartamentales que se celebraban los martes cuando le correspondía con arreglo al cuadrante; los trabajadores solicitaban permisos a la demandante cuando se encontraba en su turno y todos se refieren a la demandante como Gobernanta.

Como se puede ver la demandante realizaba la totalidad de las funciones atribuidas a un Encargado de servicios general, incluidas todas las esenciales que definen la categoría profesional, sin que a esta conclusión constituya un obstáculo las alegaciones de existencia de un pacto entre los trabajadores no autorizado por la Administración ya que de las declaraciones del testigo Sr. Roque se desprende no que existiera un pacto entre los tres trabajadores para realizar las mismas funciones pues en este sentido el testigo manifestó que ningún momento le encomendó tareas por delegación a la actora, sino que se repartían así el trabajo porque todos tenían que hacer las mismas funciones, de lo que se deduce que era la Administración la que encomendaba dichas tareas a la actora y en todo caso eran permitidas por la Administración demandada dado que la directora era plenamente conocedora de ellas como se desprende de la grabación aportada, al igual que ocurría cuando asistía a las reuniones interdepartamentales en calidad de Gobernante como así figura en las referidas actas; por último señalar que el hecho de que con arreglo al convenio colectivo el subgobernante asuma las funciones que le delegue el Gobernante no implica que con arreglo a ello pueda encomendarse todas las funciones, y el hecho de que le sustituya en su ausencia debe ser entendido con alcance temporal, lo que en este caso no ocurría.

En consecuencia, se ha de condenar a la empresa a abonar a la actora la cantidad de 3.851,16 euros por el período desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2025, más el 10% de interés por mora, atendiendo a los cálculos realizados por la parte actora, no impugnados de contrario.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el art. 191.2.d) y 137.3 de la LRJS contra esta sentencia cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia.