Sentencia Social 257/2024 Juzgado de lo Social de Albacete nº 2, Rec. 354/2023 de 26 de junio del 2024

PRIMERO.-Los hechos declarados como probados se han obtenido de la prueba aportada con la demanda así como de la practicada y aportada en el acto de juicio oral, en especial, lo obrante en el expediente administrativo.

SEGUNDO.-Reiterando idénticos argumentos ya expuestos en el recurso de reposición desestimado, la empresa actora fundamenta su demanda en una única alegación para impetrar la anulación de la Resolución administrativa, cual es que la misma se limitó a contratar una ETT para que ésta le facilitara trabajadores en labores agrícolas, siendo desconocedora de la verdadera situación administrativa y laboral de los trabajadores puestos a su disposición por la ETT y, por tanto, ajena a cualquier responsabilidad que una actuación ilícita cometida por la contratada se pudiera derivar.

No se ha cuestionado la veracidad de lo expresado en el Acta de Infracción que trae origen a las presentes actuaciones y, en cualquier caso, según viene estableciendo una ya inveterada línea de interpretación jurisprudencial (por todas, SS.T.S. de 18 de diciembre de 1.995 y de 10 de junio de 1.997), la totalidad de los hechos referidos en el Acta de Infracción emitida por la Inspección de Trabajo gozan de la presunción de certeza que deriva de lo expuesto en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (L.I.S.O.S.), en relación con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 42/1997, y con el artículo 151.8, párrafo segundo, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (L.R.J.S.), si bien dicha presunción, al ser iuris tantum,puede ser combatida, admitiendo prueba en contrario, pero en el caso de que la prueba propuesta por la parte interesada fuera tan débil o ineficaz para alcanzar el fin pretendido de acreditar lo que con ella se pretende, habría de considerarse veraces los hechos protegidos por tal presunción de veracidad.

Asimismo, la presunción de certeza de la que gozan las Actas de la Inspección es perfectamente compatible con la presunción de inocencia, tal y como dice el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 22/1990, de 15 de febrero; 76/1990, de 26 de abril, y 90/1994, de 17 de marzo, así como en las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1.991 y de 25 de marzo de 1.992; presunción de certeza que en el presente supuesto de hecho no ha sido desvirtuada, y que ha sido recogida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, en sus Sentencias de 8 de mayo de 2.000 y de 4 de diciembre de 2.009, que recuerdan que:

"1. La presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización que en principio debe reconocerse al Inspector actuante ( Sentencias entre otras de 18 de enero y 18 de marzo de 1.991 ), presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia ( artículo 24.2 CE ), ya que los citados preceptos se limitan a atribuir a tales Actas el carácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba de contrario. Y es también reiterada la jurisprudencia de este Tribunal que ha limitado el valor atribuible a las Actas de la Inspección, limitando la presunción de certeza a sólo los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia Acta como puedan ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( Sentencia de 24 de junio de 1991 )".

Partiendo de lo anterior, se constató por la propia Inspección, de forma directa, que la empresa aquí actora contrató los servicios de una ETT para realizar actividades propias de la misma (labores de recolecciones de uva en empresa dedicada al cultivo de la vid), sin que conste causa de temporalidad alguna, antes al contrario, según consta en la alegaciones presentadas "mi representada contrató los servicios de la mercantil ETT TRABAJOS AGRICOLAS ESPECIALES, S.L. para la realización de las campañas agrícolas que precisase a lo largo del año",por tanto, sin la concurrencia de causa de temporalidad concreta, inesperada y/o singular alguna, realizando los trabajadores puestos a disposición de la demandante por la ETT funciones ordinarias y habituales que se conformaban dentro del ciclo productivo permanente de la empresa sancionada.

A mayor abundamiento, el exhibido "Acuerdo mercantil para sus suscripción de contratos de puesta a disposición de personal", en puridad, no constituye un verdadero contrato, sino un pacto o compromiso genérico e inconcreto de futuras contrataciones, sin datar ni exponer fechas y condiciones ciertas, limitados "los trabajos a realizar por los trabajadores proporcionados por la ETT a la usuaria ... en el ámbito territorialde la Región de Murcia...", sin que pueda ser constitutivo de un verdadero contrato de puesta a disposición, al no cumplir los requisitos exigidos en los artículos 6 a 8 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, ni en el artículo 14 de su Reglamento. Es consecuencia de ello que dicho incumplimiento constituye un fraude de ley, pues la ilícita contratación de trabajadores de ETT que en realidad vienen a cubrir necesidades permanentes de la empresa usuaria constituye una interposición ilícita de mano de obra con las consecuencias derivadas de una cesión ilegal de trabajadores (ex artículos 7 y 8 de la Ley/14/94; y S.T.S. de 19 de febrero de 2.009 [Rec. nº 2740/2007]).

Por todo ello, habiendo sido correctamente calificada la conducta de la empresa sancionada, y no habiéndose cuestionado por la actora la idónea tipificación de los actos imputados a la misma por infracción en materia de contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo ( artículo 36.1 y 4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), que dichas infracciones se encuentran tipificadas y calificadas como "muy grave" en el artículo 54.1.d) de la citada Ley, y que, finalmente se encuentran perfectamente baremadas y adecuadas a las sanciones previstas en el artículo 55.3 y 4 de la misma norma orgánica, en relación con el artículo 254, apartados 1º, 2º y 3º del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, apreciada la sanción en grado mínimo, con adecuada y proporcionada la cuantía económica impuesta a la demandante, por todo ello, procede la desestimación de la demanda y la confirmación de la Resolución recurrida.

CUARTO.-Se advertirá a las partes que contra la presente sentencia cabe recurso de suplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 191.3.g) de la L.R.J.S.

Vistoslos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,