Sentencia Social 448/2024 Juzgado de lo Social de Vigo nº 2, Rec. 595/2024 de 26 de septiembre del 2024

PRIMERO.-Los hechos que han sido declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del Juicio Oral, según las reglas de la sana crítica, conforme a los principios de inmediación y oralidad; especialmente de la documental consistente en nóminas, convenio colectivo, comunicaciones al comité, acta de elecciones sindicales y certificado del proceso de formación; y testifical propuesta por las partes (cfr. artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

SEGUNDO.-1.- La medida que se impugna como si formara parte de la esencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, consiste en el cambio de puesto de trabajo, de un área a otra, manteniendo intactas todas las condiciones laborales, especialmente la derivada de su grupo profesional. La demandante ostenta el grupo profesional 7 y trabajaba en logística y como consecuencia de un proceso de externalización de este servicio, se le ha asignado a producción, dentro del mismo grupo profesional.

2.- De entrada ya cabe asumir, como hace la parte demandada, que no nos encontramos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo, como quiera que a) el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores permite la movilidad funcional horizontal sin necesidad de justificación alguna y consta sobradamente que las labores asumidas forman parte del mismo grupo profesional; b) porque la medida se ha hecho efectiva con un proceso de formación para elevar el nivel profesional, del 7 al 8; y c) porque las labores distintas a las de conductora de carretilla que se le pueden ordenar a la trabajadora no alteran sustancialmente el contenido normal de la prestación habitual, porque forman parte del contenido general de la prestación y más genéricamente, al grupo profesional nivel 7 al que pertenece, que es definido en el artículo 18 del convenio colectivo de la empresa como personal directo e indirecto polivalente,y dentro de esa polivalencia, se pueden asumir las nuevas labores en producción. Ni que decir tiene que el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores no prevé ningún derecho de preferencia al mantenimiento incólume de las funciones por pertenecer al comité de empresa.

3.- La doctrina unificada en este punto ha venido entendiendo que existe una modificación sustancial cuando ésta sea de tal naturaleza que altere y transforme los aspectos fundamentales de la relación laboral, pasando a ser otros distintos de un modo notorio (en tal sentido sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1987, 15 de marzo de 1991, 11 de diciembre de 1997 y 22 de junio de 1998), y aquella que afecta al estatus básico del trabajador produciendo una transformación en la condición del trabajo de tal índole que queda desdibujada en sus contornos esenciales ( sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1990), en tanto que se ha estimado que esta modificación no es sustancial cuando se trata de alteraciones poco significativas de acomodación a nuevos tiempos y circunstancias o de alteraciones de carácter organizativo, justificadas por la aplicación de técnicas innovadoras informáticas ( sentencias del Tribunal Supremo de 3 de abril de 1995 y 11 de diciembre de 1997).

4.- Por eso consideramos que la decisión empresarial no cercena los requisitos del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, sencillamente porque no nos encontramos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo sino ante una decisión empresarial que configura adecuadamente la ordenación del trabajo respecto a unas funciones que forman parte del grupo profesional al que pertenece, sin que concurra ni una modificación de jornada, ni de horario ni de funciones respecto a las asumidas por las partes en el contrato, incardinado dentro del poder de dirección de la empresa; ni tan si quiera puede hablarse de ius variandiporque no se varía ninguna condición esencial del negocio jurídico laboral, sino más bien se produce una reubicación de la trabajadora con un cambio de área sin que se haya probado de forma suficiente que haya habido una variación sustancial el contenido normal de la prestación, por lo que no se produjo novación alguna de las obligaciones de las partes. No podemos obviar que la medida se encuadra dentro de otras de flexibilidad interna tras la externalización del servicio de carretillas para evitar la extinción del contrato; de hecho, el sistema de grupos profesionales, a tenor del artículo 18 del convenio colectivo de la empresa, pretende mejorar la flexibilidad interna, minorando el impacto de aquellas medidas que flexibilidad externa, que pudiesen suponer la salida de personal de la Compañía, al poder trasladar a las personas entre los distintos niveles, dentro de su grupo, sin mermas retributivas.

5.- Por último, no consta que se haya provocado un serio perjuicio a la trabajadora porque todas las condiciones laborales esenciales [salario, horario, jornada] se mantienen incólumes, especialmente la salarial, pues si bien en logística se hacían horas extra, también había un sistema de bolsa de horas de compensación, además de no acreditarse -dado el poco tiempo transcurrido- que en el nuevo puesto no se puedan genera horas extra. Efectivamente, la doctrina unificada (por todas, Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2001 y 22 de septiembre de 2003) considera que el perjuicio para el trabajador se produce cuando se provoca una mayor onerosidad en las prestaciones con un perjuicio comprobable; para esto, hay que acudir, a juicio de la doctrina (CAMPS y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 17 de enero de 1995) a una triple perspectiva: importancia cualitativa, alcance temporal y eventuales compensaciones. En el caso de autos la medida no supone rémora económica, es beneficiosa para la carrera profesional de la trabajadora en este escenario de formación para elevar el nivel profesional y la incidencia, respecto al horario anterior y a las funciones habituales, no es apreciable.

6.- En consecuencia, la demanda debe ser desestimada.

TERCERO.-Según lo dispuesto por el artículo 138.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra esta resolución no puede interponerse recurso alguno.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, de conformidad con lo establecido por el artículo 117 de la Constitución, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español,