Sentencia Social 340/2024 Juzgado de lo Social de Ponferrada nº 2, Rec. 495/2024 de 04 de octubre del 2024

Primero.- El relato de hechos probados se extrae del examen conjunto de la prueba documental practicada. En esencia, no ha sido discutido, y resulta de la documentación aportada por ambas representaciones. La mercantil demandada no ha aportado la prueba requerida por la demandante, relativa a las necesidades del servicio que han guiado la modificación objeto de controversia.

Segundo.-Interesa en su demanda la parte actora que se declare que la medida adoptada por la empresa, consistente en en la modificación del cuadrante, sea declarada nula por discriminatoria, dado que otros trabajadores realizan horas extraordinarias o realizan mayor jornada. Agrega la petición de declaración como injustificada, en su caso, con reposición a la situación anterior y abono de daños y perjuicios. Subsidiariamente apela a su derecho a la rescisión contractual.

La empresa, en su contestación, se opone a lo alegado de contrario siendo además que el trabajador no ha llegado a prestar servicios en el nuevo turno al estar en situación de IT, por lo que ningún perjuicio se le ha causado.

Tercero.-El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores sobre el que se sustenta la decisión empresarial impugnada establece que:

"1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la

movilidad funcional prevé el artículo 39.

2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por estos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.

(...)

3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de quince días a la fecha de su efectividad.

En los supuestos previstos en las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1, si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad anteriormente citado, el trabajador que, no habiendo optado por la rescisión de su contrato, se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia declarará la modificación justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones."

Por su parte, el artículo 138.7 de Ley de la jurisdicción social, completa la regulación de este modo:

"La sentencia declarará justificada o injustificada la decisión empresarial, según hayan quedado acreditadas o no, respecto de los trabajadores afectados, las razones invocadas por la empresa.

La sentencia que declare justificada la decisión empresarial reconocerá el derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 40 y en el apartado 3 del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, concediéndole al efecto el plazo de quince días.

La sentencia que declare injustificada la medida reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, así como al abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos.

Se declarará nula la decisión adoptada en fraude de Ley, eludiendo las normas relativas al periodo de consultas establecido en los artículos 40.2, 41.4 y 47 del Estatuto de los Trabajadores, así como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación previstas en la Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos, en su caso, los demás supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del artículo 108."

Pues bien, a la hora de subsumir los hechos en el Derecho aplicable hemos de reconocer que el resultado probatorio no ha arrojado un balance favorable a la subsistencia de la medida adoptada por la empresa.

Indiscutida su naturaleza de modificación sustancial de las condiciones laborales de carácter individual, la empleadora no ha aportado prueba alguna acerca de las supuestas necesidades de reorganización del servicio y ello a pesar de la conducta activa de la demandante al respecto.

Ha sido ésta la que ha incorporado información justificativa de las nuevas contrataciones operadas en la mercantil de modo concomitante a la reducción de su jornada, no todas de tipo ocasional o puntual.

Es palmario el perjuicio causado al demandante, reconocido incluso en la misiva de la empresa, por lo que la medida ha de ser declarada injustificada, con derecho a resarcimiento.

Lo que falta es ese plus de discriminación que la convierta en nula puesto que lo invocado no es más que el efecto inherente a toda modificación de condiciones de carácter individual.

El perjuicio causado al trabajador se ve, además, adecuadamente reparado con la condena a la empresa a la reposición a sus condiciones anteriores, reconociendo el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, cuantificándose los daños y perjuicios ocasionados por la meritada decisión empresarial en las retribuciones dejadas de percibir por la decisión empresarial que se deja sin efecto (que como es obvio no se generan mientras el actor se encuentre en situación de incapacidad temporal).

La demanda ha de ser estimada en su pretensión subsidiaria primera.

Cuarto.- Por lo que respecta a la petición de condena en costas de la parte actora, no ha lugar a la misma al no encontrarnos ante ninguno de los supuestos que previene el art. 97.3º LRJS, puesto que no era necesaria, ni se hizo, conciliación administrativa previa para este procedimiento, ni se ha alegado mala fe o temeridad susceptible de dar lugar a una condena en costas

Quinto.-Contra la presente sentencia no procede dar pie de recurso de suplicación conforme a lo previsto en el artículo 138.6 de la Ley de la jurisdicción social.