Sentencia Social 1/2026 Juzgado de lo Social de Ciudad Real nº 2, Rec. 1226/2024 de 07 de enero del 2026

PRIMERO.- A los efectos del artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se declaran probados los hechos que anteceden tras el examen conjunto y ponderado llevado a cabo respecto de la prueba documental contenida en el ramo de prueba obrante en los autos y de la prueba testifical practicada en el acto del juicio.

SEGUNDO.- Controversia.En el presente procedimiento el actor solicita que se le reconozca una clasificación profesional superior a la ostentada, solicitando, con carácter principal, el reconocimiento como técnico de urbanismo en el subgrupo A2/B (nivel 22) y, con carácter subsidiario, como administrativo del grupo C1 (nivel 18), con la consiguiente condena al Ayuntamiento al abono de las diferencias retributivas, actualizadas en el acto del juicio, por importe de 23.469,23 euros para el supuesto de estimación principal y de 8.441,89 euros para el supuesto de estimación subsidiaria. El Ayuntamiento de Malagón, se opone a la demanda. Reconoce la categoría del actor como auxiliar administrativo C2, nivel 17, y su adscripción al Departamento de Urbanismo. Sin embargo, niega que proceda la reclasificación interesada al entender que las funciones realizadas por el demandante son operativas y rutinarias, de apoyo administrativo y ejecución, realizadas mediante modelos o plantillas y bajo supervisión técnica, sin autonomía decisoria ni asunción de funciones propias de categorías superiores, apoyándose en el expediente administrativo y en informes emitidos por Secretaría y por la Arquitecta Técnica Municipal. Añade que la reclasificación en el empleo público exige el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad y, en su caso, el acceso o promoción por los procedimientos previstos legalmente. En cuanto a la cuantificación, discrepa de las cantidades actualizadas por la actora y propone un cálculo alternativo.

TERC ERO. -El artículo 39.4 del ET establece que "Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones superiores a las del grupo profesional o a las de categorías equivalentes por un período superior a seis meses durante un año o a ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción competente".

El TS en la reciente Sentencia de 6/11/2018, (rec 2170/2016) reitera doctrina respecto al obstáculo convencional que puede existir para el acceso a una categoría superior.

Dice dicha sentencia: "Como nuestra citada STS 707/2017 expone, consideramos acertada la doctrina de la sentencia recurrida, conforme a la cual, si el convenio colectivo supedita el ascenso a la realización de pruebas específicas, el desempeño continuado de funciones de categoría superior confiere derecho a percibir las remuneraciones correlativas, pero no a la reclasificación profesional.

El artículo 39.2 ET que se dice infringido admite una especie de prescripción adquisitiva, de modo que el desempeño prolongado de funciones superiores a las de la propia categoría o perfil profesional permite "reclamar el ascenso", pero inmediatamente condiciona ese derecho cuanto afirma que "si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo". El mismo enfoque aparece en el artículo 24 ET ("los ascensos dentro del sistema de clasificación profesional se producirán conforme a lo que se establezca en convenio").

Por su lado, el EBEP ( arts. 14.c y 19.2 ) se remite a las previsiones del ET y a los convenios colectivos para establecer los términos de la promoción profesional de los empleados públicos sometidos a régimen laboral".

Y concluye: "En suma: el legislador contempla el ascenso cuando queda acreditado el desarrollo efectivo de funciones superiores a las propias del grupo o categoría, pero siempre supedita esa posibilidad al cumplimiento de lo previsto en el convenio colectivo".

Así las cosas, en el caso de los autos la petición principal del actor de reconocimiento de una superior clasificación profesional como técnico de urbanismo (subgrupo A2/B), no puede prosperar, pues no ha quedado acreditado que el actor haya venido realizando de forma prevalente, autónoma y con contenido propio las funciones nucleares de carácter técnico propias de dicho subgrupo, sino tareas de tramitación administrativa y preparación de documentación mediante modelos, con revisión técnica posterior. En este sentido, resulta relevante, de un lado, el informe de D. Luis, Arquitecto Municipal, de 15 de noviembre de 2024, donde se expresa que el actor, aun siendo Auxiliar Administrativo, "considero que realiza funciones pertenecientes a la Categoría Administrativo", enumerando la elaboración de "informes tipo" del Departamento de Urbanismo y de "informes tipo relacionados con las Autorizaciones de Licencias de Actividad", precisando en ambos casos que "posteriormente son supervisados y firmados por mi", así como la asunción del área administrativa del Cementerio Municipal, la actualización de bases de datos de animales de compañía y el desempeño del PIC. De otro lado, la testifical del propio arquitecto municipal en el acto del juicio es coherente con ese contenido: describió que el actor recibe solicitudes, las traslada a los técnicos, y una vez que estos informan o indican requerimientos, el actor cumplimenta documentos y "modelos" con datos del solicitante, ubicación, tipo de obra, y cálculos vinculados a tasas, que posteriormente son revisados y firmados por el técnico, manteniéndose, por tanto, el circuito de control técnico y firma en el personal cualificado. Asimismo, el informe de la Arquitecta Técnica Municipal de 4 de noviembre de 2025 confirma esa realidad organizativa al referir "redacción de informes mediante modelos previos... para su revisión y firma posterior" y que las funciones que impliquen emisión de "informes tipo" "siempre son supervisadas por los Técnicos del Departamento". Con este cuadro probatorio no puede tenerse por acreditado un desempeño material propio de un A2, ni por su contenido ni por la forma de actuación (preparación por modelos y supervisión técnica), de manera que la pretensión principal debe desestimarse.

En segundo lugar, en cuanto a la pretensión subsidiaria, la prueba practicada sí permite concluir que el actor realiza de manera habitual tareas de tramitación administrativa completa de expedientes del departamento, confección de documentos administrativos por modelos, gestión de bases de datos y atención del PIC, así como la asunción del área administrativa del cementerio; extremos, además, reconocidos y descritos por quien ostenta jefatura técnica del servicio (Arquitecto Municipal) y corroborados por la testifical del arquitecto municipal. Ello evidencia que el actor desempeña cometidos de naturaleza administrativa en sentido amplio, lo que activa el principio retributivo del trabajo efectivamente realizado previsto en la legislación laboral. En este punto, el artículo 39.3 del ET dispone que "El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice". Esta previsión legal se armoniza, además, con la regulación convencional interna del Ayuntamiento, puesto que el propio acuerdo de relaciones laborales del Ayuntamiento de Malagón contempla un sistema de ordenación de personal que liga la provisión de puestos y la promoción a mecanismos formales, pero no excluye que el trabajo efectivamente prestado despliegue consecuencias económicas cuando exista desviación funcional.

Ahora bien, el propio convenio del Ayuntamiento establece con claridad que el acceso y la promoción se articulan mediante procedimientos selectivos y bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, de modo que no cabe convertir el mero desempeño en un reconocimiento constitutivo y consolidable de categoría superior. Así, el artículo 18.4 del acuerdo dispone, que "El ingreso como empleado público en el Ayuntamiento de Malagón se hará de acuerdo con la Oferta de Empleo Público, mediante convocatoria pública... Toda selección del empleado público deberá realizarse a través de los sistemas de concurso, oposición o Concurso-Oposición en los que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad". En igual sentido, el artículo 20.2 regula la promoción profesional y establece expresamente que "La promoción profesional se llevará a cabo bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad, siempre con carácter interno entre el personal laboral fijo", añadiendo que "Las convocatorias de promoción se efectuarán mediante el sistema de concurso, o concurso-oposición", con valoración de méritos y, en su caso, pruebas. Este clausulado convencional, por tanto, no solo no ampara la adquisición automática de una categoría superior por desempeño, sino que regula la progresión profesional por procedimientos tasados, selectivos y publicitados.

Esta misma idea es la que recoge la doctrina jurisprudencial aportada por la demandada y que, ha de ser tomada en consideración. En particular, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2023 (unificación de doctrina) dispone que "en ningún caso el desempeño de funciones de una categoría profesional superior supondrá la adquisición de la categoría superior" y que "el único procedimiento válido para adquirir una categoría profesional superior es superar un proceso selectivo de promoción interna". Añade, asimismo, que "tanto el acceso como el ascenso deben ser regidos por las normas que lo regulen" y que, incluso aunque se pretendiera fundar la pretensión en un fraude de ley, "tampoco permitiría el ascenso porque hasta la progresión en la carrera profesional y la promoción interna se someten a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". Esta doctrina, en conexión con el propio acuerdo de relaciones laborales del Ayuntamiento que reproduce y refuerza esos principios en sus artículos 18 y 20, conduce a que, aun constatada una desviación funcional hacia cometidos administrativos superiores al C2, el pronunciamiento judicial no deba traducirse en la declaración constitutiva de una nueva categoría consolidada, sino en el reconocimiento del derecho económico derivado del trabajo efectivamente realizado, en los términos del artículo 39.3 del Estatuto de los Trabajadores, manteniéndose incólume la exigencia de procedimientos de promoción con sujeción a igualdad, mérito y capacidad para el acceso o ascenso.

Por ello, la estimación debe quedar limitada al plano retributivo y referida al nivel inmediatamente superior que resulta coherente con las funciones acreditadas (administrativo C1), sin extenderse al subgrupo A2 pretendido con carácter principal, ni comportar declaración de adquisición de categoría.

CUARTO. -En cuanto a la reclamación de cantidad referida a las diferencias de retribución generadas, la parte actora actualizó en juicio su reclamación subsidiaria a 8.441,89 euros, mientras que la demandada impugnó dicha cuantificación y aportó un cálculo alternativo, afirmando que "ascendería a 7.426,68" para el tránsito C2 a C1 hasta octubre de 2025. En ausencia de otros elementos numéricos más precisos que desvirtúen de forma suficiente el cálculo aportado por la Administración sobre la base de nóminas y periodo concreto, procede fijar la condena en la cantidad propuesta por la demandada para el escenario subsidiario, esto es, 7.426,68 euros, en concepto de diferencias retributivas derivadas del desempeño de funciones propias del nivel funcional inmediatamente superior (administrativo C1) respecto de las retribuciones percibidas como auxiliar C2, con el interés por mora salarial del artículo 29.3 del ET.

QUINTO. -La materia objeto de esta litis es susceptible de recurso de suplicación conforme a lo preceptuado en el art.191 LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,