Sentencia Social 234/2024 Juzgado de lo Social de Murcia nº 2, Rec. 743/2022 de 08 de julio del 2024

PRIMERO.Los anteriores hechos probados han sido obtenidos mediante la convicción alcanzada por esta Juzgadora tras la valoración de las pruebas practicadas en el presente procedimiento, consistentes en la documental aportada por las partes, y el expediente administrativo obrante en autos.

SEGUNDO.En la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones, la actora interesa que se dicte Sentencia por la que se anule y se deje sin efecto la sanción impuesta; se alega la caducidad de la instancia, y la falta de legitimación pasiva, al negar la relación con los trabajadores afectados en el acta de Inspección, y ello por entender una ausencia de culpabilidad. Frente a tales pretensiones se opuso el letrado de la Comunidad Autónoma alegando las razones que son de ver en el acta grabada al efecto, las cuales pueden sintetizarse del modo siguiente; en primer lugar, se indicaba que debían de confirmarse las Resoluciones Administrativas combatidas, seguidamente, se precisaba que de los hechos constados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y acudiendo a las pruebas documentales se evidencia que por parte de la empresa actora se daba empleo a trabajadores de forma irregular, solicitaba la desestimación de la demanda previo el recibimiento del pleito a prueba.

TERCERO.La parte actora, alega en primer lugar la caducidad del procedimiento sancionador al haber transcurrido más de 6 meses ( art. 20.3 RD 928/98) desde la visita de la inspección el 27 de octubre de 2021 y la notificación a la empresa, el 13 de junio de 2022.

El artículo 17.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 138/2000 de 4 de febrero (EDL 2000/77961) :"Las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a un mismo sujeto no podrán dilatarse por un tiempo superior a nueve meses continuados, salvo que la dilación sea imputable al sujeto a inspección o a las personas dependientes del mismo.(...)"

La caducidad, se entiende el periodo que transcurre desde que la Administración comienza sus actuaciones de comprobación e investigación de la infracción, y el momento en que la ley entiende que dichas actuaciones deberían haber finalizado, es decir, que debería haberse dictado un acta definitiva, en sentido positivo o negativo para el sujeto infractor. Al respecto el Tribunal Supremo tiene establecido que es de aplicación a efectos de caducidad de una Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que las actuaciones no se dilatarán por espacio de más de nueve meses, salvo que la dilación sea imputable al sujeto inspeccionado o a las personas dependientes del mismo.

En este supuesto, la visita de la inspección es el 27 de octubre de 2021, se emite el acta de la inspección el 15 de febrero de 2022, dentro de los cuatro meses, y la notificación a la empresa es el 13 de junio de 2022, dentro de los nueve meses, no concurre la caducidad alegada por la demandante, no estando caducado el expediente.

En cuanto a la falta legitimación pasiva alegada, es una cuestión de fondo, en el acta de inspección consta expresamente que las actuaciones inspectoras se realizaron en el centro de trabajo de la mercantil DIRECCION000.

CUARTO.Centrada la cuestión litigiosa en la forma expuesta en el precedente fundamento de derecho, lo primero que debe de precisarse es que las Actas de Infracción gozan de presunción de certeza "iuris tamtum" respecto de los hechos reflejados en las mismas, siempre que hayan sido objeto de constatación personal y directa por el Inspector actuante tal y como han declarado las Sentencias del TS de 6 de marzo de 1998, de 6 de junio de 1998, de 5 de diciembre de 1998 y de 22 de octubre de 2001, o que resulten acreditados "in situ" documentalmente o por testimonios recogidos en el centro de trabajo e incorporadas a las mismas, tal y como han declarado las Sentencias de Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1988 y 1 de julio de 1990, así como los inmediatamente deducibles de todos ellos (Sentencias del TS de 14 de abril de 1995) o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta (como pueden ser documentos o declaraciones) siempre que se extiendan de acuerdo con los requisitos procedimentales establecidos legalmente, siendo en tal caso, suficiente para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia y convirtiendo en el acta en prueba de cargo. El fundamento de la presunción de veracidad y certeza de las Actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio ha de ser reconocida al inspector actuante. No obstante, esta presunción de certeza ha de ser interpretada conforme a los principios inspiradores del ordenamiento jurídico y sin merma, ni lesión, del derecho de defensa y de presunción de inocencia del administrado, sin que exista inversión del "onus probando", ya que se permite al administrado actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración.

No obstante, a lo expuesto, resulta incuestionable que esa presunción tiene impuestos unos límites que condicionan tanto su eficacia como su alcance. Una exposición general de tales cuestiones se contiene en la Sentencia del TC 76/1990, de 26 de abril, que, si bien referida a la fuerza probatoria de las actas de la inspección tributaria, contiene una doctrina extrapolable, a la actuación inspectora laboral. Señala la indicada Sentencia que las actas y diligencias de la inspección tienen la condición de medio de prueba admisible en derecho respecto a los hechos comprobados directamente por el funcionario actuante, sin extenderse a calificaciones jurídicas, juicios de valor o simples opiniones que el inspector vierta en ellas. Por otra parte, tratándose de un medio de prueba cuyas afirmaciones de hecho sólo encierran una presunción "iuris tamtum" de veracidad, tales afirmaciones pueden ceder ante otras pruebas, pues las referidas actas ni gozan de mayor relevancia que los demás medios probatorios admitidos en derecho, ni pueden prevalecer necesariamente frente a otros que conduzcan a conclusiones distintas, por lo que el órgano judicial procederá a su valoración en conjunto con el resto del material incorporado a los Autos. Esta doctrina se mantiene fielmente por la jurisprudencia de la Sala Tercera de Tribunal Supremo, como muestran las siguientes resoluciones emanadas de dicho órgano judicial:

1) en relación a los límites que abarca la repetida presunción, las Sentencias desde 25 de octubre de 1988, 25 de mayo de 1990, 16 de julio de 1990, 18 de marzo y 11 de mayo de 1992 recogen que aquella sólo comprende los hechos, sin alcanzar a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas del inspector actuante.

2) en relación a los presupuestos que deben de concurrir para que la referida presunción despliegue su eficacia, las Sentencias de 24 de junio de 1991, 15 de septiembre de 1992, 30 de septiembre de 1992, 8 de febrero de 1994, 6 de mayo de 1996, 17 de febrero de 1998, 27 de febrero de 1998 y 27 de abril de 1998 indican que tales hechos son aquellos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el inspector, los inmediatamente deducibles de aquellos o los acreditados por medio de prueba consignados en la propia acta. En el caso de acta levantada previa actuación de controlador laboral, la inspección puede desarrollar su actividad fiscalizadora sin necesidad de visita, mediante comprobación o expediente administrativo siempre que el inspector, a la vista de las actuaciones practicadas, constate la existencia de hechos constitutivos de infracción.

QUINTO.Conforme lo establecido en el art. 36. de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre (BOE del 23), establece "1. Los extranjeros mayores de dieciséis años precisarán, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorización administrativa previa para residir y trabajar. La autorización de trabajo se concederá conjuntamente con la de residencia, salvo en los supuestos de penados extranjeros que se hallen cumpliendo condenas o en otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentariamente.

4. Para la contratación de un extranjero, el empleador deberá solicitar la autorización a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, que en todo caso deberá acompañarse del contrato de trabajo que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización.

5. La carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles con su situación. "

Expuesto lo anterior, es de indicar que el acta recoge los hechos constados directamente por la inspección actuante, y que, de la apreciación de los mismos, se infiere un incumplimiento por parte de la empresa actora al tener prestando servicio a dos trabajadores extranjeros sin permiso, cuando el empresario deberá obtener todas las autorizaciones administrativas necesarias para que los trabajadores extranjeros puedan prestar servicios en España.

De lo expuesto la actuación de la empresa, constituyen una infracción muy grave en grado mínimo conforme a lo previsto en el art. 36. 1 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre; sancionable en la cuantía 10.001€ por cada trabajador empleado de acuerdo con lo establecido en el art. 55.1.c) de la mencionada L.O. 4/2000, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre (B.O.E. del 12), y artículo 254.2 y 4.c) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (BOE del 30), por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, no apreciándose circunstancias agravantes; es ajustada a derecho la calificación de la infracción como muy grave en su grado mínimo, así como la cuantía de la sanción.

SEXTO.Por todo lo expuesto, la demanda deberá de ser desestimada, confirmándose la Resolución dictada por la Delegación de Gobierno de la Región de Murcia que acepta la propuesta de sanción e impone a la demandante la sanción.

SEPTIMO.A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191 de la LRJS.