Sentencia Social 365/2025 Juzgado de lo Social de Pontevedra nº 3, Rec. 423/2025 de 01 de octubre del 2025

PRIMERO.-La parte actora interesa que se declare nula o injustificada la modificación de sus condiciones de trabajo, debiendo con carácter previo de dar respuesta a las excepciones procesales alegadas por el demandado, comenzando con el examen de la modificación sustancial de la demanda y que debe de rechazarse por la sencilla razón de que se identifica con una serie de preguntas que se consignan en el interrogatorio, que no tienen recorrido alguno para cambiar la pretensión.

En cuanto a la falta de acción, en reiteradas ocasiones la Sala Social del Tribunal Supremo, (así en la sentencia de 18 de julio de 2002 ) ha sostenido que la misma no tiene, al menos desde la visión de los tribunales laborales, un estatuto procesal claramente delimitado que le otorgue autonomía propia, lo que ha propiciado que, según las ocasiones, se la haya identificado, y no en todos los casos acertadamente, con un desajuste subjetivo entre la acción y su titular, una inadecuación objetiva del proceso elegido en relación con la pretensión ejercitada, la ausencia de un interés litigioso actual y real -lo que la demandada también hace valer con la alegación de carencia sobrevenida de objeto-, de modo especial cuando se ejercitan acciones declarativas, y finalmente con una falta de fundamentación de la pretensión ejercitada. La excepción planteada conecta con la tradicional polémica acerca de las acciones declarativas puras, en las que el elemento decisor acerca de su aceptación, está en función de que se aprecie en cada caso si la acción ejercitada encierra un interés digno de tutela por sí mismo o si, por el contrario existe sólo un interés preventivo, sin controversia real y actualizada, constitutivo de un acción de consulta impropia de una decisión judicial y por ello no merecedora de consideración en sede judicial. En tal sentido se pronunció el Tribunal Constitucional en su sentencia 71/1991, de 8 de abril, señalado que "no pueden plantearse al Juez cuestiones no actuales ni efectivas, futuras o hipotéticas o cuya decisión no tenga presencia alguna en la esfera de intereses del actor, mientras que sí que deben de aceptarse las que obedezca a un interés real y actual".

SEGUNDO.-Por otro lado tanto la jurisprudencia constitucional como la jurisprudencia de la Sala del Tribunal Supremo han establecido que el "interés legítimo" al que se refieren el artículo 24 de la Constitución y el artículo 17 1 de la Ley de Procedimiento Laboral como fundamento o soporte del derecho de accionar ante los tribunales de justicia, y específicamente ante los tribunales de la jurisdicción social, debe ser un "interés actual", es decir, un interés que tiene por objeto una "utilidad o efecto práctico de la pretensión de carácter inmediato", sin que sea suficiente un mero interés preventivo o cautelar ( S.T.S. 8 de octubre de 1991, 27 de marzo de 1992 y 20 de junio de 1992 ). Esta precisión del interés legítimo tiene su razón de ser en que la función de los órganos jurisdiccionales es la de resolver litigios, y no la de disipar dudas o evacuar consultas.

En este caso a la hora de exponer estas cuestiones es evidente que lo que se está negando es la existencia de una modificación sustancial, lo que se confunde con la cuestión de fondo, siendo puramente circunstancial la situación de baja médica del demandante que sigue manteniendo que ha existido esa situación y que pide por ello que se deje sin efecto, y además solicita una indemnización por daños morales en cuantía de 6251€. Solo precisar en este aspecto que en demanda no se cita vulneración de derecho fundamental alguno y fue turnada a este Juzgado como MODIFICACION CONDICIONES DE TRABAJO y solo contiene una referencia genérica a que las razones para la modificación son una represalia por haber solicitado el 13 de mayo de 2024 licencia no retribuida y haberla reiterado, cuando realmente esta petición es el origen mismo del conflicto, lo que resulta insuficiente para constituir el indicio necesario, estando ante un debate en el que la empresa precisamente lo que rechaza, es como ya se apuntó, la existencia de una modificación de esta naturaleza.

TERCERO.-Resulta por ello esencial identificar cuando el cambio merece ese calificativo, manteniéndose por la doctrina que a efectos procesales y sustantivos, sólo nos encontraremos ante una modificación de este tipo en la medida en que pueda ser reconocible o identificada como tal, por haberse adoptado cumpliendo las exigencias de forma del artículo citado ( sentencia del T.S.J. de Navarra de 25 de marzo de 2003 ) que permite al empleador la modificación sustancial de las condiciones de trabajo en la materias enumeradas cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen, debiendo de añadir que esta primera operación de concretar si la decisión del demandado constituye una modificación de este tipo o entra dentro del poder organizativo del empresario, no tiene en la actualidad y desde la perspectiva procesal, la relevancia que tenía con anterioridad, habida cuenta de la redacción del artículo 138 de la L.R.J.S. que remite a este proceso aunque no se haya seguido el procedimiento del artículo 41 del E.T.

En este sentido hay que acudir a una interpretación racional de dicha expresión y entender por tal aquella que no es baladí y que implica para los trabajadores una mayor onerosidad de las prestaciones con un perjuicio comprobable, entendiéndolo así el extinto Tribunal Central de Trabajo y manteniendo la Sala 4ª, con posterioridad a la promulgación de la Ley 11/1994 que modificó la redacción del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, los criterios anteriores; así la Sentencia de 3 de abril de 1995, declaraba la necesidad de que las modificaciones, para ser sustanciales, habían de producir perjuicios al trabajador, la de 11 de noviembre de 1997 recordaba que por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista "ad exemplum" del artículo 41.2, pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del ius variandi empresarial. En definitiva, para diferenciar entre sustancial y accidental es necesario tener en cuenta el contexto convencional e individual, la entidad del cambio, el nivel de perjuicio o el sacrificio que la alteración supone para los trabajadores afectados, criterios que deberán de examinarse con atención en el caso concreto.

CUARTO.-Al entender de este juzgador, estamos ante una actuación empresarial amparada en el ius variandi o un ajuste puntual que no requiere del procedimiento señalado para la modificación sustancial y que también tiene su apoyo en el contenido del artículo 22 del convenio colectivo y que afecta, no tanto al cuadrante, sino a la licencia y que dispone que dichas licencias serán concedidas dentro del mes siguiente al de la solicitud, siempre que lo permitan las necesidades del servicio,siendo necesario conciliar lo dispuesto en este precepto con en el contenido del artículo 20 del mismo texto y que el actor subraya a la hora de decir que el cuadrante definitivo se publicara durante la primera quincena del mes de diciembre del año anterior y que una vez publicado se considera definitivo a todos los efectos. La ausencia de negociación respecto al calendario podría tener otros efectos, pero son ajenos a este procedimiento, debiendo de insistirse en que no hay una alteración en los días de trabajo ni una configuración distinta de las jornadas, sino solo una solicitud particular que no afecta a todos los trabajadores, siendo el actor el único que ha impugnado una decisión que solo a él afecta, coincidiendo con la demandada en que esa concesión de licencias es provisional y que no cabe que un cuadrante, que no constituye una decisión formal, configure las jornadas con tanta antelación.

Es más, parece que en demanda se confunde la previsión normativa sobre el calendario laboral con la regulación de la licencia que se ubica en un articulo distinto, por lo que resulta irrelevante la existencia de una bolsa de empleo para atender ciertas eventualidades que no se identifican con una petición de licencia, añadiendo que las necesidades del serviciocondicionan su concesión y que la redacción del precepto invita a pensar que la petición sea única con el fin de examinar su viabilidad o no en el plazo de un mes, recordando que estamos ante un servicio público como la extinción de incendios y salvamento que puede justificar ese tipo de necesidades. De haber querido la voluntad colectiva de las partes plasmada en esos artículos del convenio que ello no fuera así, tal subordinación no existiría y el reconocimiento sería automático. Para terminar solo decir que no consta esa segunda petición de forma separada para su tramitación oportuna, por lo que tampoco puede afirmarse que se hubiera denegado, lo que además nos situaría en otro procedimiento distinto al que nos ocupa y en el que se ventilaría precisamente la concesión o no de ese permiso, que es en definitiva lo que pretende el actor, razones estas que nos llevan a la desestimación de la demanda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación