Sentencia Social 50/2026 Juzgado de lo Social de Ciudad Real nº 3, Rec. 500/2025 de 12 de enero del 2026

PRIMERO. -Los hechos probados han quedado acreditados de las pruebas habidas en el proceso, y fundamentalmente de la documental aportada por las partes tanto junto con la demanda como con sus respectivos ramos de prueba en el acto del plenario, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la LRJS.

SEGUNDO. -El artículo 177 LRJS delimita el ámbito material de este proceso especial al establecer que "cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios".

Así pues, el objeto del proceso de tutela de la libertad sindical comprende cualquier vulneración de los derechos y libertades fundamentales en el ámbito de las relaciones de trabajo, sean genéricos o específicamente laborales. Pese a ello, el legislador ha optado por continuar destacando de forma expresa únicamente algunos de los derechos cuya protección pretende: los específicamente laborales más característicos - libertad sindical y huelga- y la prohibición del tratamiento discriminatorio y el acoso, a la que ya aludía el anterior artículo 181 de la LPL.

El artículo 181.2 LRJS, en el marco de la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, prevé que "En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Es sabido que la prueba en este tipo de supuestos se articula en un doble plano (portadas, SSTC 90/1997, de 6 de mayo, 66/2002, de 21 de marzo, y 17/2003, de 30 de enero). El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia ( STC 207/2001, de 22 de octubre). El indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe revelar la existencia de un fondo o panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha de la lesión denunciada ( SSTC 214/2001, de 29 de octubre; 14/2002, de 28 de enero; 29/2002, de 11 de febrero, 30/2002, de 11 de febrero y 66/2002 de 21 de marzo). En este punto, como recoge esa última sentencia de 21 de marzo de 2002 "conviene poner de relieve el tipo de conexión necesaria para apreciar la concurrencia del indicio. Desde luego, en ningún caso sería exigible al trabajador la aportación de una prueba plena de la relación entre la decisión empresarial y el ejercicio del derecho fundamental, pues tal exigencia nos situaría fuera del esquema de distribución de cargas probatorias al que responde la denominada prueba indiciaría en el proceso laboral. Muy al contrario, el trabajador cumplirá su carga probatoria con la aportación de hechos a partir de los cuales surja razonablemente un panorama indicativo de la posible restricción en el derecho fundamental".

TERCERO. -A partir de este marco, el objeto del presente procedimiento, tal como quedó delimitado en la vista, consiste en determinar si la negativa del Servicio contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real a facilitar la documentación solicitada por el actor vulneró el derecho fundamental de libertad sindical en su vertiente de acceso a la información.

Sentado lo anterior, no puede acogerse la tesis actora en cuanto pretende que el litigio quede resuelto por la existencia de una sentencia anterior y su posterior ejecución, como si la cuestión estuviera ya definitivamente decidida, pues no concurre el presupuesto de cosa juzgada material en los términos pretendidos: ni se trata aquí de reproducir sin más una reclamación idéntica en todos sus elementos, ni la solución puede ser idéntica, cuando con posterioridad, se ha producido una fijación jurisprudencial relevante que disciplina precisamente el núcleo del debate planteado por la demandada. En efecto, la STS (Sala de lo Social, Sección 1.ª) de 17 de septiembre de 2024 (rec. 33/2023) constituye un hito interpretativo directamente atinente a la cuestión controvertida, porque delimita el alcance del derecho de información en función del tipo de delegado sindical y de su eficacia externa frente a la empresa. De forma determinante, la citada sentencia en su FJ2º dispone "Los delegados sindicales están regulados en el art. 10 de la LOLS :

"1. En las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las Secciones Sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia en los comités de empresa [...] estarán representadas, a todos los efectos, por delegados sindicales [...]

3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa [...] así como los siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo:

1.º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa [...]".

2.-La representación de los trabajadores se articula con un doble canal:

A) Los representantes unitarios (delegados de personal y comités de empresa) regulados en el título II del ET.

B) Los representantes sindicales (secciones sindicales y delegados sindicales) de los arts. 8 y 10 de la LOLS . Hay dos tipos de delegados sindicales:

a) Esta Sala ha admitido la posibilidad de nombrar delegados sindicales que no gocen de los derechos y garantías de la LOLS. La sentencia del TS 1099/2020, de 9 diciembre (rec. 92/2019 ), con cita de las de 15 de febrero de 1990 ; 11 de abril de 2001, recurso 1672/2000 ; y 4834/2018, de 9 de mayo (rcud 3051/2016 ), distingue la dualidad de planos en que actúan los delegados sindicales: "la empresa solamente tiene la obligación de reconocer a los delegados sindicales las garantías y derechos "ex" art. 10.3 LOLS de concurrir los presupuestos del art. 10.1 LOLS y con relación a un número concreto de delegados en atención a la dimensión de su plantilla."

Este Tribunal explica que el art. 10.1 de la LOLS dispone que las secciones sindicales habrán de estar representadas a todos los efectos por delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados. Esa norma exige la concurrencia de dos requisitos:

- La empresa o, en su caso, el centro de trabajo debe ocupar a más de 250 trabajadores.

- El sindicato debe tener presencia en los comités de empresa.

Hemos resaltado "la doble vertiente y dualidad de planos en que actúan las secciones y delegados sindicales, tal y como ya ha manifestado el Tribunal Constitucional: bien como instancias organizativas internas del Sindicato, bien como representaciones externas a las que la Ley confiere determinadas ventajas y prerrogativas, que suponen correlativamente cargas y costes para la empresa [...] los únicos Delegados Sindicales a efectos de la LOLS son los que menciona su art. 10.1 , y que La Empresa tiene que reconocer la condición de Delegado sindical en los supuestos del art. 10.1 de la LOLS , porque el reconocimiento tiene concretas y precisas consecuencias jurídicas, básicamente las garantías y los derechos de los que los Delegados están revestidos ( art. 10.3 LOLS )".

Ahora bien, el art. 10 LOLS no agota el ámbito de la actividad sindical jurídicamente protegida y tampoco se agota en dicho precepto el ámbito de protección del derecho fundamental de libertad sindical. En ese cuadro de significación sindical "se halla tanto la pertenencia a un sindicato como la designación y asunción dentro del mismo de la condición de portavoz o representante de una Sección, en manifestación del ejercicio de la libertad interna de autoorganización del Sindicato, y con independencia del hecho de que la empresa no esté obligada a reconocer a aquél los derechos y garantías del art. 10 de la Ley Orgánica ya mencionada".

En definitiva, hay dos tipos de delegados sindicales, "según posean o no atribuciones de acuerdo con la LOLS. En el primer caso, existe un reconocimiento a efectos externos, más allá del estricto marco de la sección sindical. Son los que reuniendo los requisitos del artículo 10 de dicha Ley , y beneficiados por los derechos que les reconoce este precepto, se identifican habitualmente con el término de delegado sindical. El segundo tipo lo integran aquellos delegados sindicales que no pueden disfrutar de dichos beneficios legales y tienen limitada su actuación a la estricta representación de la sección sindical. Estos representantes-delegados vienen siendo denominadas de distintas maneras: portavoces, delegados internos, delegados privados, delegados sindicales al margen de la ley e incluso también simplemente como delegados sindicales".

b) La sentencia del TS 93/2019, de 6 febrero (rcud 224/2017 ) declaró que, "al tener la empresa más de 250 trabajadores al constituirse la Sección Sindical de FIRET, su Delegado Sindical tiene los derechos y garantías reconocidos en el artículo 10.3 de la LOLS , entre otros, tener acceso a la misma información y documentación que la empresa pone a disposición del Comité de Empresa, por lo que no habiendo facilitado dicha información y documentación [...] la empresa ha vulnerado el derecho de libertad sindical." (En el mismo sentido, sentencia del TS de 29 de marzo de 2011, recurso 145/2010 ).

Los delegados sindicales que reúnen los requisitos del art. 10.1 de la LOLS tienen derecho a recibir la misma información que el comité de empresa (...)".

Esta doctrina, que no puede desconocerse, obliga a examinar en primer término cuál es la condición con la que se ejercitó el pretendido derecho de información, pues sólo desde ahí puede afirmarse o descartarse que la negativa empresarial integre una lesión del derecho fundamental. Y sobre este extremo, de los hechos probados resulta que en el SCIS se constituyó una sección sindical de CSIF el 21 de junio de 2021 al amparo del artículo 8 LOLS, y que al actor se le expidió credencial como delegado de sección sindical. Y resulta asimismo que, con posterioridad, el actor resultó elegido en candidatura de CSIF en las elecciones sindicales celebradas el 8 de abril de 2025, formando parte del Comité de Empresa constituido el 29 de abril de 2025. Sin embargo, lo relevante para resolver la pretensión actora no es la eventual concurrencia de distintas posiciones representativas en abstracto, sino la concreta condición en la que se formularon las solicitudes que sirven de soporte a la demanda. Y es que el objeto del procedimiento se contrae a solicitudes formuladas por el actor en su condición de delegado sindical de la sección sindical constituida al amparo del artículo 8 LOLS, pues tal como se puede apreciar en el ramo de prueba del actor todos y cada uno de los escritos se presentaron en esa condición (doc. 2 adjunto a demanda).

En consecuencia, conforme a la doctrina fijada por la STS de 17 de septiembre de 2024, la actuación del delegado de sección sindical designado al amparo del artículo 8 LOLS no despliega automáticamente frente a la empresa el haz de derechos informativos del artículo 10.3 LOLS, ni impone el deber de proporcionar la misma información y documentación que la empresa pone a disposición del comité de empresa ex artículo 64 ET, deber que el legislador anuda a los delegados sindicales que reúnen los requisitos del artículo 10.1 LOLS. Por ello, aunque conste la existencia de solicitudes y aunque la parte actora invoque un precedente judicial, la conclusión no puede bascular sin más hacia la estimación dado que falta el presupuesto jurídico habilitante del contenido informativo, pues la negativa empresarial no puede calificarse como lesión de la libertad sindical en su vertiente de información si el deber de entrega con ese alcance no es exigible desde la posición representativa en la que se formularon las peticiones. Por lo expuesto, no cabe apreciar vulneración del derecho fundamental invocado, debiendo desestimarse íntegramente la demanda.

CUARTO. -La materia objeto de esta litis es susceptible de recurso de suplicación conforme a lo preceptuado en el art.191 LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,