Sentencia Social 410/2024 Juzgado de lo Social de Badajoz nº 3, Rec. 468/2023 de 13 de noviembre del 2024

PRIMERO.-Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 94 LRJS, y el expediente administrativo.

SEGUNDO.- Alegaciones de las partes.

La parte actora impugna la resolución sancionadora de la administración por entender inexistentes las infracciones imputadas. Señaló, en síntesis, que el trabajador tenía la categoría profesional de tractorista-maquinista de forma que entre sus funciones no tenía encomendada la realización de reparaciones de averías mecánicas de las maquinas que utilizaba, debiendo limitare a realizar tareas básicas de mantenimiento y conservación inherentes a su actividad como conductor profesional, no habiendo ordenado la empresa que realizase ningún tipo de reparación mecánica a la máquina. Añadió que el trabajador recibió información y formación en materia de prevención de riesgos laborales, recibió los equipos de seguridad y fue declarado apto en el reconocimiento médico realizado, señalando que la incapacidad permanente total la tenía reconocida para la profesión de encofrador, trabajo que nada tiene que ver con sus funciones en la empresa, y habiendo sido prevista su situación en la evaluación de riesgos. Por otra parte, sostuvo que el acta de infracción no goza de presunción de veracidad dado que no se basa en hechos objetivamente constatados por el inspector pues este se basa únicamente en la declaración del trabajador, no constatada por ningún otro medio de prueba. Finalmente, respecto al mantenimiento de la máquina sostiene que el inspector incurre en un error puesto que esta si tiene los mantenimientos pertinentes como lo acredita la documentación aportada.

La parte demandada se opuso a la demanda. Sostuvo, por un lado, que la empresa demandada no comunicó a su servicio de prevención de riesgos laborales la condición de incapacitado permanente total para la profesión de encofrador del trabajador accidentado, lo que fue expresamente reconocido por el técnico al inspector de trabajo, lo que supone una clara infracción del precepto imputado. Por otro lado, y respecto al mantenimiento de la máquina sostuvo que la orden de trabajo aportada aparece girada a nombre de una empresa distinta a la demandante, habiendo resultado acreditado que la máquina presentaba una avería que no fue reparada por la empresa, provocando que el trabajador tuviera que manipularla a diario, lo que acabó provocando el accidente. Por todo ello solicita la desestimación de la demanda.

TERCERO.- Hechos sancionados.

La resolución sancionadora impugnada, sobre la base del acta de infracción emitido por el Inspector de Trabajo, imputa a la empresa la comisión de dos infracciones;

(i)No haber tenido en cuenta en la evaluación de riesgos laborales la condición de trabajador discapacitado (pensionista de invalidez permanente) del trabajador accidentado.

(ii)Poner a disposición del trabajador un equipo de trabajo móvil sin mantenimiento alguno una vez que se había detectado y comunicado una avería que convertía en peligrosa su utilización tanto para el trabajador accidentado como para el resto de trabajadores.

a. Incapacidad permanente total.

La impugnación que la empresa realiza de esta infracción se basa en su falta de veracidad al sostener que el trabajador superó un reconocimiento médico en el que fue declarado apto para las funciones de tractorista, recibió formación e información en materia de prevención de riesgos laborales, los equipos de seguridad pertinente y su situación fue incluida en la evaluación de riesgos laborales, de forma que los riesgos no se han visto agravados o modificados por la situación de incapacidad para la profesión de encofrador.

Los argumentos en que la empresa demandante fundamenta su impugnación carecen de relación alguna con la infracción imputada. En este sentido, el acta de infracción considera infringido el art. 25 LPRL dispone:

"El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadoresque, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial,sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo."

Del tenor literal del precepto citado resulta indudable que la norma infringida sanciona la omisión del empresario de su deber de garantizar la seguridad de los trabajadores en situaciones de discapacidad física, psíquica o sensorial, debiendo tener en cuenta esta situación y adoptar las medidas preventivas y de protecciones necesarias, es decir, no se sanciona la omisión del deber de dar formación o información en materia de riesgos laborales, o la ausencia de entrega de equipos de protección u otras circunstancias alegadas por la empresa en su demanda, sino, específicamente, la omisión del deber de adoptar las medidas de prevención y protección adecuada a la situación de discapacidad del trabajador.

La comisión del hecho imputado resulta indudablemente acreditada en el presente procedimiento, de forma que la empresa nunca comunicó a su servicio de prevención de riesgos laborales la condición de incapacitado permanente total para la profesión habitual de encofrador del Sr. Inocencio. No existiendo dicha comunicación expresa resulta materialmente imposible que esta circunstancia personal del trabajador haya sido tenida en cuenta por el citado servicio en su evaluación de riesgos y, por tanto, ninguna medida preventiva o de protección pudo adoptar al respecto.

La ausencia de comunicación de la situación de incapacidad permanente total fue expresamente reconocida por D. Guillermo en la declaración que prestó ante el Inspector de Trabajo el 17 de octubre de 2022, modificando y complementando su informe inicial. El Sr. Guillermo reconoció de forma indubitada que la empresa no le comunicó en momento alguno que el Sr. Inocencio tuviese reconocida la condición de pensionista de incapacidad permanente total para la profesión de encofrador desde el 13 de agosto de 2014, hasta el punto que a fecha de emisión de su informe inicial, el 4 de julio de 2022, seguía siendo desconocedor de tal circunstancia.

Resulta plenamente acreditado que el Sr. Guillermo es el técnico de prevención de riesgos laborales que elaboró la evaluación de riesgos y planificación de actividad preventiva del centro de trabajo en que se ampara la empresa para desvirtuar el acta de infracción, cuestión que no ha sido por esta discutida. Ante esta circunstancia y basando la empresa su acción en negar la presunción de veracidad del acta de infracción, resulta llamativo que, teniendo plena disponibilidad probatoria para ello, no haya hecho comparecer al técnico que realizó tan rotunda y contundente afirmación para tratar de contradecir su relato. La insuficiencia probatoria de la empresa no se limita a esta circunstancia, sino que tampoco aporta ningún otro elemento probatorio -correo electrónico, correo ordinario, o cualquier otro documento de eficacia similar, o testifical de otros empleados del servicio de prevención- que pueda contradecir el relato directo del Sr. Guillermo, es decir, que el servicio de prevención conocía la situación de incapacidad permanente total del Sr. Inocencio.

Por el contrario, trata de hacer valer el cumplimiento de su obligación legal mediante la aportación de documentos que ninguna relación guardan con la infracción imputada, como anteriormente se analizó, de forma que la formación o información en materia de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos, la entrega de equipos de protección, o el reconocimiento médico ordinario carecen de valor probatorio pues ninguno de ellos acredita que la empresa comunicase a su servicio de prevención la situación específica del trabajador.

En definitiva, resulta debidamente acreditado que la empresa no comunicó a su servicio de prevención de riesgos laborales la situación de incapacidad permanente total para la profesión de encofrador del Sr. Inocencio, por lo que dicho servicio de prevención no pudo tener en cuenta dicha situación específica, ni adoptar las medidas preventivas o de protección exigibles a dicha situación, en clara infracción del art. 25 LPRL.

b. Puesta a disposición del trabajador de maquinaria sin el mantenimiento adecuado.

Respecto a esta infracción la empresa fundamenta su oposición, por un lado, en la ausencia de presunción de veracidad del acta de infracción por sustentarse únicamente en la declaración del trabajador y, por otro, la existencia de un error en la valoración del documento acreditativo de la existencia de operaciones de mantenimiento y reparaciones pertinentes efectuadas a la máquina utilizada por el trabajador.

Las causas de impugnación de la resolución sancionadora deben ser desestimadas.

En primer lugar, no puede admitirse que la presunción de veracidad del acta de infracción alcance únicamente a los hechos constatados directamente por el Inspector puesto que ello supondría eliminar de facto dicha presunción, sino que esta alcanza a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a esta, presunción que, en todo caso, es susceptible de prueba en contrario.

En el presente caso, no puede negarse dicha presunción por el mero hecho de asentarse sobre la declaración jurada del trabajador accidentado, declaración vertida con todas las garantías dentro del procedimiento administrativo, pudiendo haber sido debidamente desvirtuada por la empresa demandada, y habiendo tenido, en todo caso, la posibilidad de ofrecer, como así ha hecho, su versión de la forma, modo y causa del accidente de trabajo sufrido por el Sr. Inocencio.

Como se viene sosteniendo, dicha presunción es susceptible de prueba en contrario y, si bien el Sr. Inocencio falleció con anterioridad a la vista no habiendo sido posible someter a contradicción su declaración, lo cierto es que la empresa contaba con alternativas probatorias suficientes para desvirtuar el relato del trabajador. Y es que el Sr. Inocencio en su declaración manifestó que comunicó la avería de la máquina a D. Horacio -encargado de la empresa-.

Por tanto, la empresa cuenta con un medio de prueba pertinente y útil como es la declaración del Sr. Horacio, trabajador propio y al que pudo hacer comparecer para verificar si, efectivamente, el Sr. Inocencio le realizó tal comunicación y si, en su caso, era conocedor de alguna deficiencia que presentase la máquina, es decir, se trata de un relato esencial para, en su caso, desvirtuar el relato de hechos del acta de infracción.

La presunción de veracidad del acta no puede ser desvirtuada mediante la formulación de alegaciones genéricas, imprecisas e indeterminadas huérfanas de cualquier corroboración probatoria. Se trata de alegaciones a través de las que la empresa pretende sustituir del relato de hechos probados del acta de infracción -emitido por profesional especializado e imparcial- por el suyo propio, pero para ello es exigible el despliegue de una actividad probatoria suficiente e intensa tendente a desacreditar tales hechos.

Finalmente, carece del valor probatorio pretendido la orden de trabajo aportada por la empresa y en la que ampara la existencia de un mantenimiento adecuado de la máquina, en base a los siguientes argumentos;

(i)La orden de trabajo aportada aparece emitida a favor de la empresa Caver Explotaciones y Servicios,no de la demandante, con independencia de la relación que una a ambas empresas. Este dato, contrariamente a lo sostenido por la empresa, no es un hecho nuevo, sino que viene siendo puesto de manifiesto por el Inspector de Trabajo en sus informes ampliatorios, por tanto, no consta que sea la empresa demandante la que haya cumplido, en su caso, su obligación en materia de prevención de riesgos laborales.

(ii)Del contenido del documento resulta que a la máquina se le realizaron operaciones rutinarias de mantenimiento -limpieza de filtros, depósitos y prueba de funcionamiento- sin que conste actuación alguna sobre la concreta avería comunicada por el trabajador.

(iii)La actuación de mantenimiento se efectuó el 1 de junio de 2022, mientras que el accidente se produjo el 4 de julio de 2022, es decir, un mes después. De esta forma, y habiendo resultado acreditado que la máquina presentaba una avería concreta y determinada, y que esta fue comunicada por el trabajador a la empresa con anterioridad al accidente, no consta la realización de ninguna operación de mantenimiento o reparación en fechas previas al accidente atendiendo el requerimiento del trabajador, garantizando con ello su seguridad laboral.

Por otra parte, tampoco consta que con posterioridad al accidente se realizase la pertinente reparación de la máquina, con identificación de la causa de avería y, en su caso, verificación de su existencia previa al accidente, lo que podría haber contribuido a desvirtuar el relato del trabajador y, con ello, la presunción de veracidad del acta de infracción.

En conclusión, de la prueba practicada resulta debidamente acreditado que la máquina que utilizaba el trabajador presentaba una avería mecánica que fue comunicada directamente al encargado de la empresa, Sr. Horacio, sin que por se adoptara medida de reparación alguna, obligando al trabajador a intervenir directamente realizando tareas de reparación que no le correspondían, omitiendo la empresa el deber de garantizar la seguridad laboral del trabajador.

En consecuencia, y a la vista de la prueba practicada, procede la íntegra desestimación de la demanda, con la consiguiente confirmación de la resolución administrativa impugnada.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,