Sentencia Social 532/2025 Juzgado de lo Social de Oviedo nº 3, Rec. 867/2024 de 15 de diciembre del 2025

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la valoración conjunta de la prueba practicada en el plenario, consistente en documental y expediente administrativo, valorada conforme a las reglas de la sana crítica ( art. 97.2 de la LRJS).

SEGUNDO.-En la demanda rectora del procedimiento se impugna exclusivamente la sanción accesoria de exclusión del acceso a subvenciones de ese tipo por periodo de un año, que se propuso por la Inspección de Trabajo en el acta de Infracción (en relación en concreto al acceso a las ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación profesional para el empleo) y fue confirmada por resolución del titular de la Consejería demandada de fecha 2 de julio de 2024, y por posterior resolución de 14 de agosto de 2024 que desestimó el recurso de reposición interpuesto por la empresa.

Se debe señalar que en su demanda la empresa demandante manifiesta expresamente que acepta los hechos comprobados en el acta de infracción, y por tanto el incumplimiento de las obligaciones que le incumbían. Si esto es así, fundamenta su impugnación en negar que haya habido algún tipo de intencionalidad en la comisión de la infracción y que no debería ser tenida en cuenta la cifra de negocios de la empresa como agravante de la infracción.

En el presente caso, una vez reconocida por la empresa demandante la comisión de la infracción del artículo 15.6.c) de la LISOS, se consideran correctas y proporcionadas la calificación jurídica, las infracciones señaladas y las sanciones propuestas conforme al Acta de Infracción confirmada por las resoluciones recurridas, conforme a lo previsto en el artículo en el artículo 40.1.b) y el artículo 46.1.b) de la LISOS, siendo que se han aplicado dos criterios de graduación de la sanción previstos en el artículo 39.2 del mismo texto legal, que son la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor y la cifra de negocios de la empresa (En el Acta de infracción consta la cifra de negocios de la memoria del ejercicio 2021 que asciende a 10.098.524,31 euros, a la que se añade los datos de la memoria del ejercicio 2022 que ascienden a 10.903.720,58 euros). Es en el citado artículo 46.1.b) en el que se prevé la sanción accesoria impuesta y que es la que exclusivamente se discute en el presente procedimiento, que en estas circunstancias está justificada como se ha valorado por la Inspección de Trabajo, de forma que la exclusión del acceso a los beneficios derivados se ha impuesto durante el periodo de un año, cuando la normativa prevé la posibilidad de que dicha exclusión lo sea por un periodo de hasta dos años. Lo anterior, de manera que como se indica en el informe de la Inspección emitido el 3 de junio de 2024, que se incorpora a la resolución impugnada, el establecimiento de sanciones pecuniarias debe prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, y debe considerarse que en el presente caso se ha respectado el principio de proporcionalidad por lo antes expuesto, y además se debe tener en cuenta que la existencia de la sanción accesoria no dará lugar a la reducción de la sanción en un 40% en caso de pago voluntario por el sujeto responsable de la sanción pecuniaria.

Finalmente, se debe recordar la presunción de certeza de que están dotadas las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo cual está recogido expresamente en el artículo 151.8, párrafo segundo, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al disponer que "los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados" .

Asimismo, al respecto hay que indicar ( sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-1991, 16-5-1996, 6-3-1998 y 6-10-1998) que la presunción de certeza de los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, alcanza no sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resultan acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma; es decir que la presunción "iuris tantum" no sólo alcanza a los hechos directa y personalmente percibidos o apreciados por el Inspector actuante en el curso de las actuaciones comprobatorias, sino que también se extiende, entre otros, a los hechos comprobados a través de testimonios o declaraciones, ya sean de trabajadores o de sus representantes legales, como del empresario o de sus representantes o terceros.

Como señala, entre otras, la citada sentencia del Tribunal Supremo de 6-10-1998 dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialidad que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público ( STS 26-4-1989).

En el presente caso, no se ha desvirtuado la presunción de veracidad y certeza que, como se dijo, tiene el acta de la Inspección de Trabajo, que por su carácter objetivo e imparcial, debe prevalecer sobre las alegaciones de parte realizadas por la empresa.

En función de lo expuesto, procede la desestimación de la demanda y la ratificación de la resolución administrativa impugnada.

TERCERO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación, conforme a lo previsto en el artículo 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la valoración conjunta de la prueba practicada en el plenario, consistente en documental y expediente administrativo, valorada conforme a las reglas de la sana crítica ( art. 97.2 de la LRJS).

SEGUNDO.-En la demanda rectora del procedimiento se impugna exclusivamente la sanción accesoria de exclusión del acceso a subvenciones de ese tipo por periodo de un año, que se propuso por la Inspección de Trabajo en el acta de Infracción (en relación en concreto al acceso a las ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación profesional para el empleo) y fue confirmada por resolución del titular de la Consejería demandada de fecha 2 de julio de 2024, y por posterior resolución de 14 de agosto de 2024 que desestimó el recurso de reposición interpuesto por la empresa.

Se debe señalar que en su demanda la empresa demandante manifiesta expresamente que acepta los hechos comprobados en el acta de infracción, y por tanto el incumplimiento de las obligaciones que le incumbían. Si esto es así, fundamenta su impugnación en negar que haya habido algún tipo de intencionalidad en la comisión de la infracción y que no debería ser tenida en cuenta la cifra de negocios de la empresa como agravante de la infracción.

En el presente caso, una vez reconocida por la empresa demandante la comisión de la infracción del artículo 15.6.c) de la LISOS, se consideran correctas y proporcionadas la calificación jurídica, las infracciones señaladas y las sanciones propuestas conforme al Acta de Infracción confirmada por las resoluciones recurridas, conforme a lo previsto en el artículo en el artículo 40.1.b) y el artículo 46.1.b) de la LISOS, siendo que se han aplicado dos criterios de graduación de la sanción previstos en el artículo 39.2 del mismo texto legal, que son la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor y la cifra de negocios de la empresa (En el Acta de infracción consta la cifra de negocios de la memoria del ejercicio 2021 que asciende a 10.098.524,31 euros, a la que se añade los datos de la memoria del ejercicio 2022 que ascienden a 10.903.720,58 euros). Es en el citado artículo 46.1.b) en el que se prevé la sanción accesoria impuesta y que es la que exclusivamente se discute en el presente procedimiento, que en estas circunstancias está justificada como se ha valorado por la Inspección de Trabajo, de forma que la exclusión del acceso a los beneficios derivados se ha impuesto durante el periodo de un año, cuando la normativa prevé la posibilidad de que dicha exclusión lo sea por un periodo de hasta dos años. Lo anterior, de manera que como se indica en el informe de la Inspección emitido el 3 de junio de 2024, que se incorpora a la resolución impugnada, el establecimiento de sanciones pecuniarias debe prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, y debe considerarse que en el presente caso se ha respectado el principio de proporcionalidad por lo antes expuesto, y además se debe tener en cuenta que la existencia de la sanción accesoria no dará lugar a la reducción de la sanción en un 40% en caso de pago voluntario por el sujeto responsable de la sanción pecuniaria.

Finalmente, se debe recordar la presunción de certeza de que están dotadas las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo cual está recogido expresamente en el artículo 151.8, párrafo segundo, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al disponer que "los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados" .

Asimismo, al respecto hay que indicar ( sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-1991, 16-5-1996, 6-3-1998 y 6-10-1998) que la presunción de certeza de los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, alcanza no sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resultan acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma; es decir que la presunción "iuris tantum" no sólo alcanza a los hechos directa y personalmente percibidos o apreciados por el Inspector actuante en el curso de las actuaciones comprobatorias, sino que también se extiende, entre otros, a los hechos comprobados a través de testimonios o declaraciones, ya sean de trabajadores o de sus representantes legales, como del empresario o de sus representantes o terceros.

Como señala, entre otras, la citada sentencia del Tribunal Supremo de 6-10-1998 dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialidad que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público ( STS 26-4-1989).

En el presente caso, no se ha desvirtuado la presunción de veracidad y certeza que, como se dijo, tiene el acta de la Inspección de Trabajo, que por su carácter objetivo e imparcial, debe prevalecer sobre las alegaciones de parte realizadas por la empresa.

En función de lo expuesto, procede la desestimación de la demanda y la ratificación de la resolución administrativa impugnada.

TERCERO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación, conforme a lo previsto en el artículo 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la valoración conjunta de la prueba practicada en el plenario, consistente en documental y expediente administrativo, valorada conforme a las reglas de la sana crítica ( art. 97.2 de la LRJS).

SEGUNDO.-En la demanda rectora del procedimiento se impugna exclusivamente la sanción accesoria de exclusión del acceso a subvenciones de ese tipo por periodo de un año, que se propuso por la Inspección de Trabajo en el acta de Infracción (en relación en concreto al acceso a las ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación profesional para el empleo) y fue confirmada por resolución del titular de la Consejería demandada de fecha 2 de julio de 2024, y por posterior resolución de 14 de agosto de 2024 que desestimó el recurso de reposición interpuesto por la empresa.

Se debe señalar que en su demanda la empresa demandante manifiesta expresamente que acepta los hechos comprobados en el acta de infracción, y por tanto el incumplimiento de las obligaciones que le incumbían. Si esto es así, fundamenta su impugnación en negar que haya habido algún tipo de intencionalidad en la comisión de la infracción y que no debería ser tenida en cuenta la cifra de negocios de la empresa como agravante de la infracción.

En el presente caso, una vez reconocida por la empresa demandante la comisión de la infracción del artículo 15.6.c) de la LISOS, se consideran correctas y proporcionadas la calificación jurídica, las infracciones señaladas y las sanciones propuestas conforme al Acta de Infracción confirmada por las resoluciones recurridas, conforme a lo previsto en el artículo en el artículo 40.1.b) y el artículo 46.1.b) de la LISOS, siendo que se han aplicado dos criterios de graduación de la sanción previstos en el artículo 39.2 del mismo texto legal, que son la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor y la cifra de negocios de la empresa (En el Acta de infracción consta la cifra de negocios de la memoria del ejercicio 2021 que asciende a 10.098.524,31 euros, a la que se añade los datos de la memoria del ejercicio 2022 que ascienden a 10.903.720,58 euros). Es en el citado artículo 46.1.b) en el que se prevé la sanción accesoria impuesta y que es la que exclusivamente se discute en el presente procedimiento, que en estas circunstancias está justificada como se ha valorado por la Inspección de Trabajo, de forma que la exclusión del acceso a los beneficios derivados se ha impuesto durante el periodo de un año, cuando la normativa prevé la posibilidad de que dicha exclusión lo sea por un periodo de hasta dos años. Lo anterior, de manera que como se indica en el informe de la Inspección emitido el 3 de junio de 2024, que se incorpora a la resolución impugnada, el establecimiento de sanciones pecuniarias debe prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, y debe considerarse que en el presente caso se ha respectado el principio de proporcionalidad por lo antes expuesto, y además se debe tener en cuenta que la existencia de la sanción accesoria no dará lugar a la reducción de la sanción en un 40% en caso de pago voluntario por el sujeto responsable de la sanción pecuniaria.

Finalmente, se debe recordar la presunción de certeza de que están dotadas las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo cual está recogido expresamente en el artículo 151.8, párrafo segundo, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al disponer que "los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados" .

Asimismo, al respecto hay que indicar ( sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-1991, 16-5-1996, 6-3-1998 y 6-10-1998) que la presunción de certeza de los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, alcanza no sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resultan acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma; es decir que la presunción "iuris tantum" no sólo alcanza a los hechos directa y personalmente percibidos o apreciados por el Inspector actuante en el curso de las actuaciones comprobatorias, sino que también se extiende, entre otros, a los hechos comprobados a través de testimonios o declaraciones, ya sean de trabajadores o de sus representantes legales, como del empresario o de sus representantes o terceros.

Como señala, entre otras, la citada sentencia del Tribunal Supremo de 6-10-1998 dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialidad que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público ( STS 26-4-1989).

En el presente caso, no se ha desvirtuado la presunción de veracidad y certeza que, como se dijo, tiene el acta de la Inspección de Trabajo, que por su carácter objetivo e imparcial, debe prevalecer sobre las alegaciones de parte realizadas por la empresa.

En función de lo expuesto, procede la desestimación de la demanda y la ratificación de la resolución administrativa impugnada.

TERCERO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación, conforme a lo previsto en el artículo 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la valoración conjunta de la prueba practicada en el plenario, consistente en documental y expediente administrativo, valorada conforme a las reglas de la sana crítica ( art. 97.2 de la LRJS).

SEGUNDO.-En la demanda rectora del procedimiento se impugna exclusivamente la sanción accesoria de exclusión del acceso a subvenciones de ese tipo por periodo de un año, que se propuso por la Inspección de Trabajo en el acta de Infracción (en relación en concreto al acceso a las ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación profesional para el empleo) y fue confirmada por resolución del titular de la Consejería demandada de fecha 2 de julio de 2024, y por posterior resolución de 14 de agosto de 2024 que desestimó el recurso de reposición interpuesto por la empresa.

Se debe señalar que en su demanda la empresa demandante manifiesta expresamente que acepta los hechos comprobados en el acta de infracción, y por tanto el incumplimiento de las obligaciones que le incumbían. Si esto es así, fundamenta su impugnación en negar que haya habido algún tipo de intencionalidad en la comisión de la infracción y que no debería ser tenida en cuenta la cifra de negocios de la empresa como agravante de la infracción.

En el presente caso, una vez reconocida por la empresa demandante la comisión de la infracción del artículo 15.6.c) de la LISOS, se consideran correctas y proporcionadas la calificación jurídica, las infracciones señaladas y las sanciones propuestas conforme al Acta de Infracción confirmada por las resoluciones recurridas, conforme a lo previsto en el artículo en el artículo 40.1.b) y el artículo 46.1.b) de la LISOS, siendo que se han aplicado dos criterios de graduación de la sanción previstos en el artículo 39.2 del mismo texto legal, que son la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor y la cifra de negocios de la empresa (En el Acta de infracción consta la cifra de negocios de la memoria del ejercicio 2021 que asciende a 10.098.524,31 euros, a la que se añade los datos de la memoria del ejercicio 2022 que ascienden a 10.903.720,58 euros). Es en el citado artículo 46.1.b) en el que se prevé la sanción accesoria impuesta y que es la que exclusivamente se discute en el presente procedimiento, que en estas circunstancias está justificada como se ha valorado por la Inspección de Trabajo, de forma que la exclusión del acceso a los beneficios derivados se ha impuesto durante el periodo de un año, cuando la normativa prevé la posibilidad de que dicha exclusión lo sea por un periodo de hasta dos años. Lo anterior, de manera que como se indica en el informe de la Inspección emitido el 3 de junio de 2024, que se incorpora a la resolución impugnada, el establecimiento de sanciones pecuniarias debe prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, y debe considerarse que en el presente caso se ha respectado el principio de proporcionalidad por lo antes expuesto, y además se debe tener en cuenta que la existencia de la sanción accesoria no dará lugar a la reducción de la sanción en un 40% en caso de pago voluntario por el sujeto responsable de la sanción pecuniaria.

Finalmente, se debe recordar la presunción de certeza de que están dotadas las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo cual está recogido expresamente en el artículo 151.8, párrafo segundo, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al disponer que "los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados" .

Asimismo, al respecto hay que indicar ( sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-1991, 16-5-1996, 6-3-1998 y 6-10-1998) que la presunción de certeza de los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, alcanza no sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resultan acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma; es decir que la presunción "iuris tantum" no sólo alcanza a los hechos directa y personalmente percibidos o apreciados por el Inspector actuante en el curso de las actuaciones comprobatorias, sino que también se extiende, entre otros, a los hechos comprobados a través de testimonios o declaraciones, ya sean de trabajadores o de sus representantes legales, como del empresario o de sus representantes o terceros.

Como señala, entre otras, la citada sentencia del Tribunal Supremo de 6-10-1998 dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialidad que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público ( STS 26-4-1989).

En el presente caso, no se ha desvirtuado la presunción de veracidad y certeza que, como se dijo, tiene el acta de la Inspección de Trabajo, que por su carácter objetivo e imparcial, debe prevalecer sobre las alegaciones de parte realizadas por la empresa.

En función de lo expuesto, procede la desestimación de la demanda y la ratificación de la resolución administrativa impugnada.

TERCERO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación, conforme a lo previsto en el artículo 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,