Sentencia Social 247/2024 Juzgado de lo Social de Albacete nº 3, Rec. 239/2022 de 17 de junio del 2024

PRIMERO.-Solicita la parte demandante que se declare que se declare la existencia de vulneración empresarial de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el art. 14 y 24 de la CONSTITUCION ESPAÑOLA y que redundan en menoscabo de la dignidad del trabajador y del art. 4.1 c) y 17.1 del Estatuto de lo Trabajadores, en virtud de los arts. 80, 177.2 y 4, 178.2 y 184 de la Ley de Jurisdicción Social, se declaren radicalmente nulos los actos emanados de la empresa vulneradoras de dichos preceptos, por la que estimando íntegramente la presente demanda, se declare EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ADSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE LA MEDIDA DE BAJA INDEMNIZADA SOLICITADA POR EL TRABAJADOR, y solicita el abono de la indemnización reparadora del daño moral producido, que cuantifica en 25.000 €.

Las partes demandadas se opusieron alegando que no hay vulneración ninguna de sus derechos fundamentales, ya que el orden de prelación en la admisión de las bajas respondió a los criterios seguidos en el Acta final de 3 de diciembre de 2021, desarrollados por la Comisión de Seguimiento de 26 de enero de 2021.

Con carácter previo a entrar en el fondo del asunto, se resolvió la falta de legitimación pasiva alegada por los demandados, personas físicas, en el sentido de declarar bien constituida la litis, al ser personas que pudieran resultar interesadas en el resultado del pleito, con independencia de su responsabilidad en cuanto al fondo.

También con carácter previo se aclaró la demanda, en el sentido de manifestar el actor que no pedía la nulidad de la ejecución del acuerdo colectivo íntegramente, sino que solo pretende que se declare su derecho a causar baja indemnizada, por lo que la indebida acumulación de acciones planteada por UNICAJA BANCO S.A. quedó vacía de contenido.

SEGUNDO.-El artículo 181.2 LRJS, en el marco de la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, prevé que "En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Así las cosas, la primera de las garantías a que debemos referirnos es la de la inversión de la carga de la prueba que se contiene en el precitado artículo 181.2 de la LRJS.

Pues bien, el Tribunal Constitucional ha reiterado desde la STC 38/1981, de 23 de noviembre, que en aquellos litigios en los que existen indicios de lesión de derechos fundamentales, atañe al empresario acreditar que su decisión obedece a motivos razonables y ajenos a toda vulneración del derecho fundamental de que se trate. La necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y facultades que tenga reconocidos por las normas de aplicación al caso, pasa por considerar la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la operación de desvelar en los procedimientos judiciales correspondientes la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad sólo aparente del acto empresarial, dificultad de prueba que explica la jurisprudencia constitucional sobre prueba indiciaría en el proceso laboral desde sus primeros pronunciamientos y que ha tenido concreciones en la propia legislación procesal.

Es sabido que la prueba en este tipo de supuestos se articula en un doble plano (portadas, SSTC 90/1997, de 6 de mayo, 66/2002, de 21 de marzo, y 17/2003, de 30 de enero). El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia ( STC 207/2001, de 22 de octubre). El indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe revelar la existencia de un fondo o panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha de la lesión denunciada ( SSTC 214/2001, de 29 de octubre; 14/2002, de 28 de enero; 29/2002, de ll de febrero, 30/2002, de ll de febrero y 66/2002 de 21 de marzo).

En este punto, como recoge esa última sentencia de 21 de marzo de 2002 "conviene poner de relieve el tipo de conexión necesaria para apreciar la concurrencia del indicio. Desde luego, en ningún caso sería exigible al trabajador la aportación de una prueba plena de la relación entre la decisión empresarial y el ejercicio del derecho fundamental, pues tal exigencia nos situaría fuera del esquema de distribución de cargas probatorias al que responde la denominada prueba indiciaría en el proceso laboral. Muy al contrario, el trabajador cumplirá su carga probatoria con la aportación de hechos a partir de los cuales surja razonablemente un panorama indicativo de la posible restricción en el derecho fundamental".

Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber probatorio, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. Se trata de una auténtica carga probatoria que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de toda vulneración de derechos fundamentales ( STC 66/2002, de 21 de marzo).

La ausencia de prueba trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante despliegan toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental del trabajador (así lo hemos establecido con reiteración desde la STC 90/1997, de 6 de mayo); esa carga probatoria incumbe al empresario incluso en el supuesto de decisiones discrecionales, o no causales, y que no precisan por tanto ser motivadas, ya que esto no excluye que, desde la perspectiva constitucional, sea igualmente ilícita una decisión de esta naturaleza contraria a los derechos fundamentales del trabajador (por ejemplo, STC 171/2003, de 29 de septiembre , FJ 6); y no basta una genérica explicación de la empresa, pues debe acreditar ad casum que existe alguna justificación laboral real y de entidad suficiente en su decisión, es decir, desde la específica y singular proyección sobre el caso concreto ( STC 79/2004, de 5 de mayo , FJ 3, y las allí citadas)".

En resumen, en este tipo de pleitos es la parte actora debe aportar indicios de que se ha producido una lesión del derecho fundamental; una vez se aprecien dichos indicios, será la empresa demandada la que deberá aportar una justificación objetiva y razonable suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

En la resolución de la presente litis no existe indicio alguno de vulneración del derecho fundamental del actor a la igualdad, ni de que se le haya discriminado por razón de edad, como sostiene.

La parte actora basa su demanda en que no se han respetado los criterios de selección previstos en el Acta final de 3 de diciembre de 2021, y dice que se ha concedido la baja indemnizada a personas de menos edad que él, y por lo tanto, se le ha discriminado por razón de la edad.

Bien, de la prueba practicada se desprende que esto no es así. Hemos de partir de que le actor tenía 54 años a fecha 31 de diciembre de 2021.

Recordemos que estamos ante el supuesto de que existe un número de solicitudes superior al número de plazas previstas en el Informe Técnico para cada provincia. En el caso de la provincia de Albacete, en concreto, estaban autorizadas 46 plazas (pagina 183 del documento 14 de UNICAJA BANCO S.A.), y se presentaron 68 solicitudes (documento 9 de UNICAJA BANCO S.A.).

El Acta final de 3 de diciembre de 2021, ya señala que "En aquellas provincias donde el número de adhesiones voluntarias superen el excedente identificado en el Informe Técnico, la empresa podrá priorizar las necesidades organizativas de modo que se reduzca la diferencia entre ambas, pudiendo decidir la extinción del contrato sin sujeción al orden de prelación establecido anteriormente, rechazando en ese caso la solicitud de adhesión a la medida siempre que se haya alcanzado la cifra de 1.513" (página 6 del acta final"(página 6 del Acta).

Es decir, ya prevé el Acta de 3 de diciembre de 2021 que si se superan las solicitudes, la empresa podrá priorizar las necesidades organizativas pudiendo decidir la extinción del contrato sin sujeción al orden de prelación establecido anteriormente, que es al que se aferra el actor.

Además de esta previsión, y a la vista de que se superaron las solicitudes de adhesión previstas (1.513, según se refleja en la página 5 de ese Acta de diciembre de 2021), en la Comisión de Seguimiento de 26 de enero de 2022 (documento 4 de UNICAJA BANCO S.A.), para dotar de una mayor objetividad a esas "necesidades organizativas", estableció un orden de prelación, dando preferencia en primer lugar al colectivo vulnerable, y después a la edad de los trabajadores, si bien se hace constar expresamente lo siguiente:

"En el supuesto en que el corte se sitúe en los colectivos de personas menores de 50 años o con menos de 10 años de antigüedad a 31 de diciembre de 2021, personas con 54 añosy personas entre 50 y 53 años- en todos casos edad a 31 de diciembre de 2021- se aplicará el criterio de mayor eficiencia económica,salvo que existan causas organizativas de idoneidad o polivalencia funcional que requieran utilizar otra prioridad en la aceptación para este colectivo de corte."

Es decir, que en el supuesto del actor, que pertenecía al colectivo de 54 años, "se aplicará el criterio de mayor eficiencia económica".

Por tanto, la entidad demandada no ha rechazado la petición de adhesión del actor por razón de su edad exclusivamente, sino porque en aplicación de lo previsto en las normas reguladoras del despido colectivo, aplicó criterios de eficiencia económica.

De hecho, constan como aceptadas las solicitudes de adhesión voluntaria de otros dos trabajadores Amanda y Sixto (documento 8 de UNICAJA BANCO S.A.), nacidos en 1967, mismo año que el actor, pero, claro pertenecientes al colectivo vulnerable, motivo por el cual sí que se les adhirió a la baja indemnizada.

Cosa distinta hubiera sido que la parte actora hubiera impugnado, a través de otra modalidad procesal, las causas de admisión o rechazo de las solicitudes de adhesión voluntaria, si es que no está conforme con ellas.

Pero desde luego, lo que está claro, es que no ha existido un móvil discriminatorio por razón de edad en el rechazo de la solicitud del actor, sino una aplicación de los criterios de prelación fijados en el Acta de 3 de diciembre de 2023, y perfilados en la de 26 de diciembre, que reconducen, en caso de exceso de solicitudes, como ocurrió, a las facultades organizativas de la entidad demandada, para el colectivo de trabajadores de 54 años que no se encontraran en el colectivo vulnerable (en cuyo caso sí que tenían preferencia para la admisión de sus solicitudes).

Por todo esto, dado que no existe ningún indicio de vulneración de derechos fundamentales, es por lo que procede la desestimación de la demanda.

CUARTO.-Respecto a la solicitud que se formula sobre la condena al pago de costas por parte de la defensa de Abel y de los demandados defendidos por el letrado Eugenio Nieto Lara, no procede su fijación .

En este sentido, el artículo 97.3 LRJS, que regula la posibilidad de imponer una sanción pecuniaria que incluye los honorarios del Abogado, circunscribe esta posibilidad a los supuestos en que el litigante hubiera obrado de mala fe o con temeridad así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, extremo que aquí no se ha probado, pues una cosa es que no prospere la acción de reclamación de cantidad ejercitada, y otra que la desestimación de la demanda equivalga a temeridad o mala fe procesal.

Por otro lado, ya se resolvió en la vista oralmente que la llamada al proceso de los demandados personas físicas es una forma de constituir el litisconsorcio pasivo necesario, en aras a proteger sus intereses, si se pudieran ver afectados por el fondo del asunto.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,