Sentencia Social 221/2025 Juzgado de lo Social de Cartagena nº 3, Rec. 24/2025 de 19 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Los anteriores hechos probados han sido obtenidos tras la valoración conjunta de la prueba, consistente en la documental que, al no ser impugnados por la empresa, dada su ausencia en juicio deben tener plenos efectos probatorios. Por otro lado, corresponde a los propios hechos constatados por la Inspección de Trabajo a la que se le ha pedido cumplido informe.

SEGUNDO.- En la demanda se reclama la modificación de condiciones de trabajo, correspondiente a la finalización de un uso y disfrute de un apartamento como consecuencia de la relación laboral, que la Inspección de Trabajo, como es obvio, ha determinado que es un salario en especie y que ha supuesto que la empresa tuviera que hacer sendas liquidaciones complementarias por dichos conceptos. Niega la demandante que se haya producido modificación alguna de las circunstancias, y de la prueba documental presentada consta que no hay cambio de titularidad alguna en el apartamento en disputa, que sigue siendo de la misma empresa SANTIZEMA SLU, que además es la única propietaria de las participaciones de la demandada. Por todo ello la modificación realizada es evidentemente una modificación sustancial y en cuanto no ha quedado probada la razón de dicha modificación ha de declararse injustificada.

TERCERO.- Solicita la demandante que tal modificación es además nula, en cuanto que la realidad obedece a una vulneración de derechos fundamentales en concreto denuncia la vulneración del art. 24 de la CE en cuanto al principio de indemnidad. Como se razona en la STS de 12 de abril de 2013, rec. 2327/2012: "...Tratándose de tutelares derechos fundamentales, el legislador ha instrumentado un mecanismo de defensa del derecho fundamental, cual es la inversión probatoria prevista en el art. 179.2 LPL («una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación..., corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas»).Pero, como se advierte en la STC 151/2004, de 20 de septiembre, "a los hechos que comportan el ejercicio de los derechos fundamentales invocados y a la circunstancia concurrente de la extinción del contrato de trabajo será preciso añadir otros elementos que pongan indiciariamente en conexión lo uno (el factor protegido) con lo otro (el resultado de perjuicio que concretaría la lesión -en este caso, la extinción contractual), por cuanto que el ejercicio del derecho de huelga o el de acciones o actos preparatorios o previos y necesarios para el proceso (protegidos frente a represalias empresariales por la garantía de indemnidad - art. 24.1 CE ) representan únicamente, en principio, un presupuesto de la posibilidad misma de la violación de los arts. 28.2 y 24.1 CE , pero no un indicio de vulneración que por sí solo desplace al demandado la obligación de probar la regularidad constitucional de su acto""

En fin, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 125/2008, de 20 de octubre, se mantiene:

"Como recordábamos en nuestras SSTC 41/2006, de 13 de febrero (FJ 5 ), y 138/2006, de 8 de mayo (FJ 7), los despidos "pluricausales" son aquellos despidos disciplinarios en los que, frente a los indicios de lesión de un derecho fundamental, como puede ser el invocado en este recurso de amparo, el empresario alcanza a probar que el despido obedece realmente a la concurrencia de incumplimientos contractuales del trabajador que justifican la adopción de la medida extintiva. Y es que, como ya dijimos en la STC 7/1993, de 18 de enero , "cuando se ventila un despido "pluricausal", en el que confluyen una causa, fondo o panorama discriminatorio y otros eventuales motivos concomitantes de justificación, es válido para excluir que el mismo pueda considerarse discriminatorio o contrario a los derechos fundamentales que el empresario acredite que la causa alegada tiene una justificación objetiva y razonable que, con independencia de que merezca la calificación de procedente, permita excluir cualquier propósito discriminatorio o contrario al derecho fundamental invocado" (FJ 4)".

En cuanto a la indemnidad tiene declarado nuestro Tribunal Constitucional en reciente sentencia Pleno. Sentencia 148/2025, de 9 de septiembre de 2025 ECLI:ES:TC:2025:148 ponente la Magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga: " a) La jurisprudencia constitucional ha reconocido dentro del ámbito de protección del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) una singular manifestación a proyectar en el contexto de las relaciones laborales, como es la garantía de indemnidad del trabajador frente a eventuales consecuencias desfavorables impuestas por el empleador derivadas y causales del ejercicio previo de acciones judiciales, actos preparatorios de estas o actos extrajudiciales dirigidos a la evitación del proceso (así, STC 120/2006, de 24 de abril , FJ 6). La construcción por la jurisprudencia constitucional de la garantía de indemnidad, como manifestación extraprocesal del derecho a la tutela judicial efectiva, responde a una progresiva evolución en la que cabe distinguir, al menos, los tres momentos relevantes siguientes: (i) El reconocimiento de la garantía de indemnidad en las SSTC 7/1993 y 14/1993, de 18 de enero , en los casos del previo ejercicio de acciones judiciales o del desarrollo de actos preparatorios legalmente necesarios para su ejercicio. (ii) Una primera ampliación de esa garantía en la STC 55/2004, de 19 de abril , en los casos de actuaciones previas no imperativas cuando del contexto se deduzca que están directamente encaminadas al ejercicio de acciones judiciales. Y (iii) una segunda ampliación de esta garantía en la STC 75/2010, de 19 de octubre , en los casos de denuncias dirigidas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de su función legal de vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social, exigencia de las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su caso, conciliación, mediación y arbitraje en dichas materias... La ampliación de la garantía de indemnidad a los supuestos de actos preparatorios no imperativos encaminados al ejercicio de acciones judiciales: El Tribunal, con origen en la STC 55/2004, de 19 de abril , ha ampliado también de modo explícito el ámbito de protección de la garantía de indemnidad a aquellos supuestos en los que, existiendo un acto preparatorio o previo para el ejercicio de acciones legales ante los órganos judiciales, no tuviera la consideración legal de necesario para el acceso a la jurisdicción como era, en aquel caso, la remisión por el abogado del trabajador de una carta a la dirección de la empresa con una reclamación vinculada con el desarrollo de la actividad laboral. A esos efectos, el Tribunal incidió en los beneficios que se derivan de la evitación de los procesos como algo útil o deseable, que es la finalidad pretendida por reclamaciones extrajudiciales previas, concluyendo que «el objetivo de evitar un proceso permite extender la garantía de la indemnidad a esa actividad previa no imperativa, pero conveniente y aconsejable, cuando del contexto, que se integra por los actos anteriores, coetáneos y posteriores, se deduzca sin dificultad que aquella está directamente encaminada al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» (FJ 3).

Partiendo de tan claros pronunciamientos, se evidencian aquí los indicios que la demandante ha presentado, la carta un abogado en nombre de la demandante, que ha de tenerse por cierta pues incluso consta una contestación a la misma, y las actuaciones previas a la decisión de la empresa de la Inspección de Trabajo que indican claramente la trabajadora cuya investigación se interesa. Frente a dichos indicios que son coincidentes en el ámbito temporal, que determina una presunción de reacción o represalia frente a la reclamación de la actora, la empresa no ha justificado, como ha quedado arriba indicado, la necesidad del cambio de las condiciones labores que la actora venia pacíficamente disfrutando, por lo que la demanda debe estimarse también en el aspecto de la vulneración de derechos fundamentales reclamada por lo que la modificación se considerará nula a todos los efectos.

CUARTO.-La actora pide una indemnización por la vulneración de derechos fundamentales, en la cantidad de diez mil euros que será estimada, ya que se sitúa dentro de los parámetros que dentro del usus fori se viene estableciendo, sin que en ningún caso se considere desmesurada. La Sala IV del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones sobre la reparación de los daños morales. Por su proximidad en el tiempo y claridad expositiva merece destacarse la reciente STS 5/2024, de 8 de enero (rcud. 2537/2021) ( ROJ: STS 58/2024 - ECLI:ES:TS:2024:58 ) en la que se razona lo siguiente: "Al efecto hemos afirmado que los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental, y al ser especialmente difícil su estimación detallada, deben flexibilizarse las exigencias normales para la determinación de la indemnización. Reiterando esa doctrina, la indemnización de daños morales abre la vía a la posibilidad de que sea el órgano judicial el que establezca prudencialmente su cuantía, sin que pueda exigirse al reclamante la aportación de bases más exactas y precisas para su concreción, en tanto que en esta materia se produce la "inexistencia de parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento en que tal daño [moral] esencialmente consiste ... [lo que] lleva, por una parte, a un mayor margen de discrecionalidad en la valoración ... y, por otra parte, "diluye en cierta medida la relevancia para el cálculo del quantum indemnizatorio" de la aplicación de parámetros objetivos, pues "los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados "no tienen directa o secuencialmente una traducción económica" [ SSTS/Iª 27/07/06 Ar. 6548; y SSTS/4ª 28/02/08 -rec. 110/01 -]" ( SSTS 21/09/09 -rcud 2738/08 -; y 11/06/12 -rcud 3336/11 )", de tal forma que "en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras la LRJS se considera que la exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada" ha de excepcionarse en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada".Es también conocida como aplicación orientativa la LISOS que ha sido correctamente aplicada por la actora, en un grado mínimo, muy ligeramente aumentado hasta los 10.000 € que es adecuado a razón de que la indemnización debe tener también un efecto disuasorio, por lo que debe tenerse en cuenta que estamos ante una con un importante patrimonio y no puede limitarse a un mínimo establecido, como a cualquier otro autónomo o pequeño empresario, pues de lo contrario se perdería dicho efecto disuasorio, teniendo en cuenta también, como queda dicho, la ansiedad creada en la trabajadora.

QUINTO.-Contra la presente resolución cabe interponer recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social del TSJ de la Región de Murcia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En base a los antecedentes, hechos y fundamentos señalados, se dicta el siguiente: