Sentencia Social 375/2024 Juzgado de lo Social de León nº 3, Rec. 280/2024 de 19 de julio del 2024

PRIMERO.-Los documentos obrantes en los ramos de prueba de ambas partes, particularmente el contrato de trabajo, el Informe de la Inspección de Trabajo, nóminas, correos electrónicos, acuerdo sobre la reducción y modificación horaria por cuidado de hijos, acta de elecciones sindicales, convenio colectivo de aplicación y testifical practicada en el acto de juicio a instancia de trabajadora y empresa, constituyen los elementos de prueba que sustentan el anterior relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LJS.

SEGUNDO.-En el presente procedimiento se ejercita por la parte demandante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 138 LJS, una acción dirigida a que se declare nula o subsidiariamente injustificada la decisión de la empresa demandada de asignar a la actora funciones que estima no se corresponden con el trabajo que ha venido desempeñando como agente de calidad.

La empresa demandada, se opone alegando que la movilidad llevada a cabo se ampara dentro de la facultad organizativa de la empresa y la posibilidad de movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional; pone de manifiesto que no estamos en presencia de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sino ante una mera movilidad funcional que forma parte de las facultades de autoorganización de la empresa y que, por tanto, no está sometida al procedimiento establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Alega, asimismo, que se cumplen los dos requisitos para proceder a tal modificación funcional del artículo 21 del Convenio Colectivo, esto es, que los puestos están dentro del mismo grupo profesional (Grupo D) y que la trabajadora no requería un proceso formativo complejo de adaptación, ya que había realizado en su momento funciones de Teleoperador, tal como indica la parte actora expresamente en su demanda.

TERCERO.-Efectivamente, el art. 138.7 de la LRJS dispone la nulidad de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo en los supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del artículo 108 del mismo texto, que incluyen la situación de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 de la misma Ley.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Sala de lo Social del TSJCyL en varias sentencias, entre ellas, las de 11 de marzo de 2020 (Rec. 164/20) y 2 de noviembre de 2021 (Rec. 2067/21), las cuales reproduce en su sentencia de 12 de diciembre de 2022.

En la primera de ellas, en la que también resuelven la movilidad funcional de una persona de agente de calidad a teleoperadora, ponen de manifiesto: <<...Defiende la recurrente que los puestos de agente de calidad y teleoperadora especialista están comprendidos en el mismo grupo profesional y no existen entre ellos diferencias sustanciales, por lo que la movilidad funcional acordada en base a criterios empresariales organizativos no constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Discrepa, con ello, de la sentencia de instancia, que entiende que las funciones de ambas especialidades son muy distintas y que su modificación, unida al cambio de horario, exigía el cumplimiento de los requisitos del art. 41 ET , añadiendo que no se han acreditado las causas alegadas por la empresa para justificar su decisión y que con posterioridad al cambio de funciones de la actora la empresa "está ofreciendo al público plazas de categoría superior, en concreto de coordinador, que no consta que haya ofrecido a esta trabajadora, aunque también oferta plazas por promoción interna, en las que no consta que haya participado".

El art. 21 del Convenio Colectivo de ámbito estatal deContact Center (BOE de 12.7.2017) establece que "La movilidad funcional en el seno de la empresa se realizará, conforme a lo establecido en el presente Convenio, respetando, en todo caso, el régimen jurídico, garantías y requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

La movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional no podrá realizarse entre especialidades radicalmente distintas que requieran procesos formativos complejos de adaptación.

Dentro del grupo profesional, el grado de requerimientos o de desempeños de las funciones realizadas en cada momento determinarán el nivel retributivo que sea de aplicación.

La movilidad dentro del mismo grupo profesional no supondrá reducción del nivel retributivo de procedencia... ".

El art. 37 incluye en el grupo profesional D tanto a los agentes de calidad como a los teleoperadores especialistas y el 39 atribuye a los primeros un nivel 8 y a los segundos un nivel 10. Conforme al art. 38, son funciones propias de los agentes de calidad "efectuar el control de calidad de las tareas realizadas por el personal Teleoperador y Gestor" y las de los teleoperadores especialistas "tareas de Contact Center habituales y normales con una formación previa. Atienden o emiten contactos siguiendo métodos de trabajo con actuaciones protocolizadas, y recepcionan llamadas para la prestación o atención de cualesquiera servicios enumerados en el artículo 2 de este Convenio", es decir, "contactar o ser contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de tecnología digital o por cualquier otro medio electrónico, para la prestación, entre otros, de los siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en entornos multimedia, servicios de soporte técnico a terceros, gestión de cobros y pagos, gestión mecanizada de procesos administrativos y de «back office», información, promoción, difusión y venta de todo tipo de productos o servicios, realización o emisión de entrevistas personalizadas, recepción y clasificación de llamadas, etc., así como cuantos otros servicios de atención a terceros se desarrollen a través de los entornos antes citados".

Siendo este el marco normativo aplicable al caso, la atribución de funciones de teleoperadora especialista a una trabajadora que venía realizando tareas de agente de calidad no supera los límites del grupo profesional pues ambos niveles se integran en el D, llamado grupo de operaciones ( art. 38). Ello supone, de acuerdo con el art. 22.2 del ET y 35.1 del convenio colectivo, una equivalencia en términos suficientes como para justificar un conjunto unitario de aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, sin perjuicio de que, dentro del mismo, existan diferencias funcionales, de formación y de responsabilidad que justifican la aplicación de distintos niveles económicos (art. 39), definidos en una escala que va del 5 al 11 y que, en relación a los puestos sometidos a litigio, es de 8 para el agente de calidad y de 10 para el teleoperador especialista, lo que revela una clara proximidad entre ambos, tanto en términos absolutos (2 unidades) como relativos (2 unidades sobre una oscilación posible de 6), revelando, a pesar de sus diferencias, una cercanía destacable en los aspectos que determinan la definición de dichos niveles, tanto en lo referente a la cualificación profesional como a las funciones, de acuerdo con los arts. 35 y 36 del convenio colectivo. Por ello la Sala no comparte el razonamiento en que la sentencia funda su pronunciamiento estimatorio: el art. 21 del convenio colectivo prohíbe la movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional entre especialidades "radicalmente distintas", es decir, esencial y completamente diferentes, y tal condición no puede atribuirse a dos puestos que comparten tales conexiones y equivalencias que son incluidos en el mismo grupo profesional. Por otra parte, el art. 38.5 atribuye al agente de calidad el control de calidad de las tareas realizadas por el personal teleoperador, lo que implica necesariamente un conocimiento preciso de las funciones desarrolladas por éste, aun mas si, como aquí ocurre, unas y otras se desenvuelven dentro de un mismo proyecto. No cabe entender, en consecuencia, que la realización de tales funciones requiera para el agente procesos formativos complejos de adaptación, elemento que, según hemos visto, constituye de forma acumulativa el otro requisito convencional para hacer efectiva la citada prohibición.

Concluimos, en virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en un supuesto semejante por la sentencia del TSJ de Andalucía, Sevilla, de 26.9.19, rec. 2072/2019 , que no estamos en uno de los supuestos para los que el convenio colectivo prevé necesariamente acuerdo entre las partes o sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo ( art. 21), sino que la empresa actuó en el ámbito de su legítima facultad de acordar la movilidad funcional de sus trabajadores dentro del mismo grupo profesional de conformidad con el art. 39 ET y sin sobrepasar los límites que este precepto impone, por lo que no era necesario cumplir los requisitos del art. 41 del mismo texto...>>.

CUARTO.-Siendo este el marco normativo aplicable al caso, la atribución de funciones de agente de calidad a una trabajadora que venía realizando tareas de coordinación, no supera los límites del grupo profesional pues ambos niveles se integran en el grupo D, llamado grupo de operaciones (art. 39).

Ello supone, de acuerdo con el art. 22.2 del ET y 35.1 del convenio colectivo, una equivalencia en términos suficientes como para justificar un conjunto unitario de aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, sin perjuicio de que, dentro del mismo, existan diferencias funcionales, de formación y de responsabilidad que justifican la aplicación de distintos niveles económicos (art. 41), definidos en una escala que va del 5 al 11 y que, en relación a los puestos sometidos a litigio, es de 8 para coordinador y de 8 para el agente de calidad, revelando, a pesar de sus diferencias en cuanto a las funciones a desempeñar, una identidad en cuanto a su nivel retributivo, tanto en lo referente a la cualificación profesional como a las funciones, de acuerdo con los arts. 37 y 38 del convenio colectivo.

Aunque en el presente caso, la trabajadora afectada es una coordinadora, que pasa a agente de calidad (las sentencias de referencia analizan el supuesto de un agente de calidad que pasa a teleoperadora), el resultado es el mismo, de modo que, en aplicación del criterio reproducido, se ha de concluir que estamos ante una medida adoptada por la empresa en el ejercicio regular de las funciones que le reconocen los artículos 5 c) y 20 del ET, que no implica modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la actora, a quien se le respeta su pertenencia al mismo grupo profesional y su retribución de origen, así como su jornada y horario, y que si bien la decisión puede ser incómoda y molesta para quien la sufre, no supone la misma un incumplimiento empresarial de las condiciones en que se asienta la relación de trabajo entre las partes, ni implica una afectación objetiva a la dignidad personal de la demandante.

En consecuencia, no cabe hablar de una modificación trascendente, esencial o sustancial de las condiciones de trabajo, sino de una variación que, por su intensidad se encuentra incardinada en el ius variandi del empresario, sin sujeción a justificación legal, convencional ni contractual, por lo que no era necesario cumplir los requisitos del artículo 41 de E.T.

La aplicación de este criterio, al presente supuesto, determina la desestimación de la demanda al haber actuado la empresa demandada, en el ámbito de su legítima facultad de acordar la movilidad funcional de su trabajadora dentro del mismo grupo profesional de conformidad con el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores y sin sobrepasar los límites que este precepto impone, por lo que no era necesario cumplir los requisitos del artículo 41 del mismo texto legal.

Por otra parte, la declaración de inexistencia de modificación sustancial de condiciones de trabajo, hace innecesario analizar sobre si la misma ha vulnerado o no los derechos fundamentales de la trabajadora, por cuanto si no hay modificación sustancial, difícilmente se pueden vulnerar sus derechos fundamentales.

Si bien, si se puede advertir que la empresa, acredita, una desconexión total entre la adaptación horaria y la movilidad funcional, pues es una trabajadora con reducción de jornada por cuidado de hijos desde 2021, y la adaptación horaria, por el mismo motivo, en febrero/24 es de común acuerdo con la empresa. Por eso debe recordarse que, necesariamente ha de ir precedida del ejercicio por parte del trabajador de una acción judicial o de actos preparatorios o previos o reclamaciones extrajudiciales", lo que no ocurre en este caso, en que no consta que mediase ninguna reclamación judicial o extrajudicial ni actos preparatorios que motivasen la reacción empresarial, ya que solo cursó una solicitud de reducción de jornada que le fue aceptada. No puede, por tanto, hablarse de represalia por el ejercicio de los derechos derivados del artículo 24 de la Constitución Española.

Y tampoco se ha aportado prueba alguna que acredite que la condición de la misma como presidenta del comité de empresa esté relacionada con la movilidad funcional.

Ha resultado probado de forma objetiva que los únicos criterios utilizados por la empresa TELEMARK para llevar a cabo la movilidad funcional son: 1º) que se trata de categorías con el mismos nivel; 2º) la existencia de quejas de algunos teleoperadores a los que coordinaba la demandante (se aportan los mail por la empresa y dos de las testigos actuantes habían reportado esas quejas); 3º) el cliente Vodafone pidió mediante correo electrónico de 22 de febrero de 2024 una figura de agente de calidad para auditar llamadas en su servicio (se aporta el correo electrónico por la empresa); 4º) La empresa considera que la trabajadora es muy buena como técnico.

Todo lo anteriormente dispuesto conduce a la desestimación íntegra de la demanda.

QUINTO.-De conformidad con lo establecido en el artículo 191.3.f de la LRJS, contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación, por afectar a derechos fundamentales de la trabajadora.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,