Sentencia Social 284/2025 Juzgado de lo Social de Burgos nº 3, Rec. 506/2025 de 02 de julio del 2025

PRIMERO.-A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, los hechos que se declaran probados han sido obtenidos de los documentos aportados por parte actora y empresa, así como interrogatorio de la parte demandada y testificales practicadas; con arreglo a las reglas de la sana crítica.

En el acto del juicio se admitió la prueba documental propuesta por la parte demandada, sin perjuicio de su valoración en Sentencia. El art. 82.5 LJS señala que "En la citación también se requerirá el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, con diez días de antelación al acto de juicio, de la prueba documental o pericial de que intenten valerse. La prueba se deberá presentar en formato electrónico, salvo que la parte no venga obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, en cuyo caso se admitirá la presentación en papel o en otros soportes no digitales.

Transcurrido este plazo, sólo se admitirán a la parte actora o demandada los documentos, dictámenes, medios e instrumentos relativos al fondo del asunto cuando se hallen en alguno de los casos siguientes:

1.º Ser de fecha posterior siempre que no se hubiesen podido confeccionar ni obtener con anterioridad a dicho momento procesal.

2.º Tratarse de documentos, medios o instrumentos de fecha anterior, cuando la parte que los presente justifique no haber tenido antes conocimiento de su existencia.

3.º No haber sido posible obtener la prueba documental o dictamen pericial con anterioridad por causas no imputables a la parte, siempre que se hubiera efectuado en plazo la designación del archivo, protocolo o lugar en que se encuentren, o el registro, libro registro, actuaciones o expediente del que se pretenda obtener una certificación o anunciado, en su caso, el dictamen.

Cuando un documento, medio o instrumento sobre hechos relativos al fondo del asunto, se presentase una vez precluido el plazo indicado en este apartado, las demás partes podrán alegar en el juicio la improcedencia de tomarlo en consideración, por no encontrarse en ninguno de los casos indicados. El tribunal resolverá en el acto y, si apreciare ánimo dilatorio o mala fe procesal en la presentación del documento, podrá, además, imponer al responsable una multa dentro de los límites fijados en el apartado 4 del artículo 75".

El Decreto por el que se cita a las partes a los actos de conciliación y juicio es notificado a la empresa el día 29 de mayo de 2025, habiendo aportado la empresa diversa documentación el día 13 de junio de 2025, es decir, no existía posibilidad material de presentación de la documentación con 10 días de antelación. Por tanto, ad cautelam, se admitió dicha documental.

SEGUNDO.-Por la parte demandada se opuso la excepción de inadecuación de procedimiento, alegando que el procedimiento adecuado sería el de conflicto colectivo, por cuanto se plantea la demanda refiriéndose al comité de empresa, cuando la libertad sindical se predica de los sindicatos y de sus secciones sindicales.

Se debe rechazar la prosperabilidad de la excepción de inadecuación del procedimiento planteada por la empresa, pues la parte actora está ejercitando una acción de tutela de sus derechos fundamentales, invocando en demanda sendos preceptos constitucionales que se consideran infringidos, al vincular la conducta empresarial, como dice la Sentencia aportada por la parte actora de 10 de noviembre de 2021, dictada por este Juzgado, "a la imposición unilateral del empresario de finalizar un mandato representativo supone una conculcación directa al derecho de la Libertad Sindical, por cuanto afecta a un derecho que los representantes tienen otorgado por la CE, y su ejercicio ha de ser libre, dentro de los parámetro legales",se advierte la corrección del cauce procedimental elegido de conformidad con los art. 177 y ss LRJS.

TERCERO.-En cuanto al fondo del asunto, se hace preciso reiterar los argumentos expuestos por la Sentencia dictada por este Juzgado citada anteriormente. Así, el art. 177 LRJS, en atención a lo previsto en el Art. 53.2 de la CE, dispone que "Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento".

Conforme al art. 178.1. LRJS "El objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad".

Según el art. 181.2 LRJS "En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Al respecto, razona la STS 21-2-2018, recurso 842/2016 "La evidente dificultad probatoria del móvil antisindical o discriminatorio en una conducta empresarial ha sido tenida en cuenta por el legislador, no para producir, de entrada, una inversión de la carga de la prueba, sino para provocar una aliteración de la misma a través de la exigencia, para el actor, de aportar únicamente indicios racionales de la lesión. Y, aunque el referido artículo 181.2 LRJS no provoca, en puridad, una traslación de la carga de la prueba sí que produce determinados efectos en la posición procesal de las partes respecto de la actividad probatoria que conviene reseñar.

Así, por lo que hace referencia al demandante resulta necesario aclarar, a la vista de la expresión de la norma procesal, que es a él a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental, quiere esto decir que incumbe al trabajador la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional, a propósito de un despido supuestamente discriminatorio, al señalar que "para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión" ( SSTC 21/1992, de 14 de febrero y 180/94, de 20 de junio)".

CUARTO.-El artículo 28 de la CE consagra el derecho de la libertad sindical, derecho que a su vez es protegido por Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, en cuyos artículos doce y trece dispone la tutela de la libertad sindical.

En el caso que nos ocupa, la actuación que según la parte actora conculca aquel derecho fundamental lo constituye la imposición empresarial del término del mandato representativo de los miembros de comité de empresa de la mercantil RANDSTAD PROJECT SERVICES, S.L.

El artículo 44.5 del ET, dispone "Cuando la empresa, el centro de trabajo o la unidad productiva objeto de la transmisión conserve su autonomía, el cambio de titularidad del empresario no extinguirá por sí mismo el mandato de los representantes legales de los trabajadores, que seguirán ejerciendo sus funciones en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que regían con anterioridad".

Por su parte el artículo 67.3 del mismo texto legal añade, "La duración del mandato de los delegados de personal y de los miembros del comité de empresa será de cuatro años, entendiéndose que se mantendrán en funciones en el ejercicio de sus competencias y de sus garantías hasta tanto no se hubiesen promovido y celebrado nuevas elecciones.

Solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del comité durante su mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de los electores y por mayoría absoluta de estos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. No obstante, esta revocación no podrá efectuarse durante la tramitación de un convenio colectivo, ni replantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis meses".

Por su parte la Directiva del Consejo 2001/23/ CE, de 12 de marzo de 2001 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad establece en su art.6.1 que «en la medida en que la empresa, el centro de actividad o una parte de éstos conserve su autonomía, el estatuto y la función de los representantes o de la representación de los trabajadores afectados por un traspaso subsistirán en los términos de las condiciones existentes antes de la fecha de traspaso según lo previsto por las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas o por un acuerdo siempre que se reúnan las condiciones necesarias para la formación de la representación de los trabajadores».

Por otra parte, el artículo 1 RD 1844/1994 de 9 de septiembre, en relación con el proceso electoral, declara:

1. La promoción de elecciones para cubrir la totalidad de Delegados de personal y miembros del Comité de empresa podrá efectuarse en los siguientes casos:

a) Con ocasión de la conclusión del mandato de los representantes de los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en el párr. 1º art. 67,3 ET.

b) Cuando se declare la nulidad del proceso electoral por el procedimiento arbitral o, en su caso, por el órgano jurisdiccional competente.

c) Cuando se revoque el mandato electoral de todos los representantes de una empresa o centro de trabajo, conforme a lo previsto en el párr. 2º art. 67,3 ET.

Para la revocación de los representantes, sea total o parcial, el promotor o promotores de la misma deberán comunicar por escrito a la oficina pública correspondiente su voluntad de proceder a dicha revocación con una antelación mínima de diez días, adjuntando en dicha comunicación los nombres y apellidos, documento nacional de identidad y firmas de los trabajadores que convocan la asamblea, que debe contener, como mínimo, un tercio de los electores que los hayan elegido.

d) A partir de los seis meses de la iniciación de actividades en un centro de trabajo, sin perjuicio de que, por haberse así pactado, conforme al art. 69,2 ET, existiera un límite inferior de antigüedad para los trabajadores elegibles, en cuyo caso éste será el período mínimo a partir del cual procederá la promoción de elecciones.

2. Podrán celebrarse elecciones parciales cuando existan vacantes producidas por dimisiones, revocaciones parciales, puestos sin cubrir, fallecimiento o cualquier otra causa, siempre que no hayan podido ser cubiertas por los trámites de sustitución automática previstos en el art. 67,4 ET. El mandato de los representantes elegidos se extinguirá en la misma fecha que el de los demás representantes ya existentes.

En definitiva, la representatividad colectiva se ejerce en el ámbito de la empresa o centro de trabajo en el que se prestan los servicios y por aquellos trabajadores que hayan resultado elegidos por los compañeros de esas unidades. Así las cosas, el mantenimiento o la extinción del referido mandato representativo dependerá de la subsistencia o no, como entidad económica dotada de autonomía, de la unidad productiva utilizada en la empresa transferida como base objetiva para la constitución de la correspondiente institución representativa. Si aquella unidad (la empresa o el centro de trabajo) subsiste bajo condiciones de autonomía, pervive la función representativa; pero si la organización de empresa tomada en consideración como unidad electoral desaparece tras su absorción, fusión o integración en una nueva organización empresarial, los mandatos se extinguen.

En la medida en que la conservación del mandato representativo requiere la subsistencia del substrato objetivo y subjetivo o electoral de su representación, es decir, del ámbito en el que fueron elegidos los representantes, la desaparición de un centro de trabajo implica la finalización del mandato representativo de los representantes del indicado centro (TS 28-4-17, EDJ 88849). Esta regla general admite las siguientes excepciones:

1. En los supuestos de transmisión de empresa en que el centro de trabajo quede afecto a una transmisión empresarial y desaparezca pero mantenga su autonomía, supuesto en el que la propia norma determina el mantenimiento de la representación (nº 952).

2. Cuando el cierre obedece a un fraude de ley o a una maquinación que tengan por objeto el cierre del centro para conseguir, precisamente, la finalización ante tempus del mandato representativo de los trabajadores.

3. En el supuesto en el que parte de los representantes del centro donde fueron elegidos fue trasladado a otro centro, situado en la misma localidad, al que fue trasladada también parte de la plantilla, centro que no tenía representantes de los trabajadores, en cuyo caso se admite que los representantes pudieran mantener su representación, pero hasta que se promovieran nuevas elecciones o concurriese una causa legal de extinción (TS 5-12-13).

En este punto es de aplicación la doctrina de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 29-7-10 , la cual ha declarado en su fallo lo siguiente: "Una entidad económica transmitida conserva su autonomía, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/23 del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de (transmisiones) de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, cuando las facultades conferidas a los responsables de esta entidad dentro de las estructuras de organización del cedente, a saber, la facultad de organizar, de manera relativamente libre e independiente, el trabajo en dicha entidad desarrollando la actividad económica que le es propia y, más concretamente, las facultades de dar órdenes e instrucciones, distribuir tareas a los trabajadores subordinados pertenecientes a la entidad en cuestión y decidir sobre el empleo de los medios materiales puestos a su disposición, sin intervención directa de otras estructuras de organización del empresario, permanecen en esencia inalteradas dentro de las estructuras de organización del cesionario.

El mero cambio de los máximos responsables jerárquicos no puede de por sí menoscabar la autonomía de la entidad transmitida, a menos que los nuevos máximos superiores jerárquicos dispongan de facultades que les permitan organizar directamente la actividad de los trabajadores de la referida entidad y sustituir así a los superiores inmediatos de dichos trabajadores en la adopción de decisiones dentro de esta última.

De acuerdo con esta doctrina, hay que entender que los trabajadores de RANDSTAD que prestaban sus servicios en el centro de trabajo de LÁCTEAS FLOR DE BURGOS, siguen ejerciendo las mismas funciones y en el mismo centro de trabajo que lo ejercían, con anterioridad a pasar a formar parte de la plantilla de Lácteas Flor de Burgos.

Así, el representante legal de la empresa Sr. Pedro Miguel, afirma que cuando Randstad era Randstad, LFB, en función de los pedidos que recibía de los clientes, les daba traslado a través del coordinador general, para que luego trasladara a los responsables de turno, lo que hay que fabricar; que los clientes eran y son de LÁCTEAS FLOR DE BURGOS.

Y el testigo Sr. Belarmino, responsable de planta, señala que, antes del 1 de mayo de 2025, en LÁCTEAS FLOR DE BURGOS había dos secciones en producción: 1- sección de fundidos de queso, 2- sección de frescos, y la actividad de rallados y loncheados estaba subcontratada con Randstad. Que LFB indicaba al coordinador general el número de productos que necesita en función de los requerimientos del cliente y de la planificación, de la organización del trabajo se ocupaba el coordinador de Randstad. Que con el cambio accionarial en la empresa se decide internalizar el servicio. El único personal que se subroga el 1 de mayo de 2025 son los operadores y los jefes de equipo-turno. El resto de los mandos no se subrogan, ahora pertenecen y forman parte de LFB. Ahora hay tres secciones de producción en LFB gestionadas por tres responsables de área. Por encima de esos jefes de sección está el declarante como Jefe de Planta. Que puntualmente los operarios que se han subrogado han ocupado posiciones distintas en la sección de rayados y loncheados, y, entre ellos, algunos de los representantes de los trabajadores que formaban parte del Comité de Empresa de Randstad. Que es una unidad productiva igual que la de antes, pero la gestión no es igual, y ello se realiza en la misma nave.

Conforme al listado aportado por la empresa demandada de relación de trabajadores que fueron subrogados con fecha 1 de mayo de 2025, todos ellos han seguido prestando sus servicios en la sección de rallados y loncheados, como lo hacían con anterioridad a la subrogación; habiendo realizado tareas en otras secciones de la fábrica, 12 de ellos, de un total de 41; sin que se especifique el período temporal de ejercicio de estas otras funciones. Además, hay que tener en cuenta que LFB, tanto antes de la subrogación, como ahora, era quien decidía la producción que había de realizar Randstad, transmitiendo esta información al coordinador general; función que ahora realiza directamente LFB, por lo que simplemente se suprime un mando intermedio. Por ello, se entiende que subsiste la unidad electoral, y debe mantenerse el mandato representativo, sin que puedan ser representados los trabajadores subrogados por un Comité de Empresa de LFB respecto del que no han tenido ocasión de elegir.

Por lo tanto, en ningún supuesto cabe que sea la propia empresa la que unilateralmente decida revocar el mandato de los representantes, quienes por disposición legal ejercen sus funciones con una duración de 4 años, salvo las excepciones analizadas con anterioridad, entre las que no se incluye la que estamos analizando; lo que implica vulneración del derecho a la libertad sindical, pues la imposición unilateral del empresario de finalizar un mandato representativo supone una conculcación directa al derecho de la Libertad Sindical, por cuanto afecta a un derecho que los representantes tienen otorgado por el artículo 28 CE, artículo 4 ET y el 1 de la LO 11/1985 de 2 de agosto, y su ejercicio ha de ser libre, dentro de los parámetro legales.

QUINTO.-De conformidad con el art. 66.3 de la LRJS, relativo al acto de conciliación "si no compareciera la otra parte, debidamente citada, se hará constar expresamente en la certificación del acta de conciliación o de mediación y se tendrá la conciliación o la mediación por intentada sin efecto, y el juez o tribunal impondrán las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación."

Por su parte añade el artículo 97 del mismo texto legal, 3. La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros.

La imposición de las anteriores medidas se efectuará a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio la posibilidad de dicho pronunciamiento una vez concluido el acto de juicio, se concederá a las partes un término de dos días para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el secretario judicial, sin causa justificada, se aplicarán por el juez o tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 66.

No habiéndose acreditado las anteriores circunstancias de mala fe temeridad en la empresa demandada, no procede la condena en costas interesada.

SEXTO.-A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición.

En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191 de la LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,