Sentencia Social 39/2026 Juzgado de lo Social de Badajoz nº 3, Rec. 143/2025 de 27 de enero del 2026

PRIMERO.- Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la LJS.

SEGUNDO. -La demandante interesa la anulación de la puntuación otorgada en el proceso de selección para el puesto de administrativo convocado por el Ayuntamiento de Alconchel con el consecuente reconocimiento de que los servicios prestados para este Ayuntamiento desde el 27/07/2020 hasta el 26/07/2021 lo fueron en la categoría de administrativo y no de auxiliar administrativo y, por tanto, su selección y contratación como administrativo para el ejercicio 2024. Además, interesa una indemnización por los daños y perjuicios causados.

La demandada Ayuntamiento de Alconchel, se opuso con base en que la obligación de la demandante era la de acreditar sus méritos en la fase de concurso del proceso de selección, lo que hizo mediante la presentación de un certificado del Ayuntamiento de servicios prestados en el que constaba la prestación de servicios con la categoría profesional de auxiliar administrativo que, además, es la categoría que consta tanto en el contrato que celebró la trabajadora con el Ayuntamiento como en las nóminas y que se correspondía con el salario percibido y las funciones desempeñadas. El Ayuntamiento alegó que, si la trabajadora consideraba que la categoría profesional era incorrecta, debió impugnarlo por el procedimiento adecuado y no pretender su modificación en un proceso selectivo que se limitó a valorar la documentación presentada por ella misma.

La demandada Dª Matilde se adhirió a la oposición del Ayuntamiento y añadió que su categoría profesional es también la de auxiliar administrativo y en esa condición sustituyó a la demandante durante su baja por maternidad.

TERCERO.- A la vista de las posiciones de las partes, el objeto de controversia radica en torno a determinar si, a efectos del proceso selectivo convocado en 2024, los servicios prestados por la demandante para el Ayuntamiento entre el 27/07/2020 y el 26/07/2021 deben ser considerados con la categoría de administrativo, y no de auxiliar administrativo, a pesar de que esta fue la categoría formalmente reconocida durante toda la relación laboral.

En primer lugar, procede resolver la admisión de la documental presentada por la demandante en el acto de la vista, impugnada por extemporánea por la demandada. No obstante, en la medida en que esa documental es la relativa a la convocatoria de 2020 que no es controvertida y que consta en las actuaciones, no plantea problema su admisión.

En este caso, tras la valoración de la documental aportada, queda acreditado que la demandante celebró un contrato de trabajo temporal con el Ayuntamiento con la categoría profesional de auxiliar administrativo, categoría que también figura en todas las nóminas percibidas durante la vigencia del contrato, así como en el certificado de servicios emitido por el Ayuntamiento, documento que fue presentado por la propia demandante en el proceso selectivo controvertido.

La pretensión de la demandante no puede prosperar, y no tanto por la inexistencia de dudas sobre la corrección de la categoría profesional que se le reconoció a la demandante, ya que la letrada del Ayuntamiento tampoco supo explicar la razón de por qué se contrató a la demandante como auxiliar administrativo después de haber superado un proceso de selección para un puesto de trabajo de administrativo, sino porque no puede pretender una revisión indirecta y extemporánea de una relación laboral extinguida hace años a través de un proceso selectivo posterior.

El proceso selectivo convocado en 2024 se rige por unas bases claras, concretamente la aquí controvertida establecía la acreditación por parte de los aspirantes de sus méritos ``por experiencia debidamente acreditada con contrato/s de trabajo y/o certificado/s de empresa de administrativ@, hasta 2 puntos, otorgándose 1 punto por cada seis meses de experiencia acreditada, hasta un máximo de 2 puntos??, para lo que la demandante presentó el certificado de servicios prestados emitido por el Ayuntamiento el 15/02/2024. El Tribunal de selección se limitó a valorar la documentación presentada por las aspirantes, sin que le correspondiera revisar ni recalificar relaciones laborales extinguidas ni entrar a conocer sobre nada ajeno al proceso selectivo. Lo contrario implicaría atribuir a dicho Tribunal de selección competencias que no le son propias y que infringirían el carácter reglado de las bases de la convocatoria.

La demandante no formuló, durante su relación laboral, objeción alguna frente al contrato suscrito, las nóminas percibidas o incluso el certificado emitido años después sobre los servicios prestados, sin que pueda acogerse su alegación de desconocimiento genérico del contrato y las nóminas, lo que resulta incompatible con una mínima diligencia exigible. A mayor abundamiento, la demandante aportó el certificado de servicios prestados sin mostrar sorpresa o disconformidad con este.

En definitiva, aun cuando el iter seguido en la contratación inicial pudiera suscitar dudas, el momento para su impugnación no es el proceso selectivo de 2024 que fue correctamente resuelto conforme a sus bases y a la documentación aportada por las aspirantes.

En cuanto a la indemnización interesada, la desestimación de la pretensión inicial conlleva necesariamente su rechazo.

En atención a lo expuesto, procede la desestimación de la demanda.

CUARTO. -En virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3 C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

PRIMERO.- Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la LJS.

SEGUNDO. -La demandante interesa la anulación de la puntuación otorgada en el proceso de selección para el puesto de administrativo convocado por el Ayuntamiento de Alconchel con el consecuente reconocimiento de que los servicios prestados para este Ayuntamiento desde el 27/07/2020 hasta el 26/07/2021 lo fueron en la categoría de administrativo y no de auxiliar administrativo y, por tanto, su selección y contratación como administrativo para el ejercicio 2024. Además, interesa una indemnización por los daños y perjuicios causados.

La demandada Ayuntamiento de Alconchel, se opuso con base en que la obligación de la demandante era la de acreditar sus méritos en la fase de concurso del proceso de selección, lo que hizo mediante la presentación de un certificado del Ayuntamiento de servicios prestados en el que constaba la prestación de servicios con la categoría profesional de auxiliar administrativo que, además, es la categoría que consta tanto en el contrato que celebró la trabajadora con el Ayuntamiento como en las nóminas y que se correspondía con el salario percibido y las funciones desempeñadas. El Ayuntamiento alegó que, si la trabajadora consideraba que la categoría profesional era incorrecta, debió impugnarlo por el procedimiento adecuado y no pretender su modificación en un proceso selectivo que se limitó a valorar la documentación presentada por ella misma.

La demandada Dª Matilde se adhirió a la oposición del Ayuntamiento y añadió que su categoría profesional es también la de auxiliar administrativo y en esa condición sustituyó a la demandante durante su baja por maternidad.

TERCERO.- A la vista de las posiciones de las partes, el objeto de controversia radica en torno a determinar si, a efectos del proceso selectivo convocado en 2024, los servicios prestados por la demandante para el Ayuntamiento entre el 27/07/2020 y el 26/07/2021 deben ser considerados con la categoría de administrativo, y no de auxiliar administrativo, a pesar de que esta fue la categoría formalmente reconocida durante toda la relación laboral.

En primer lugar, procede resolver la admisión de la documental presentada por la demandante en el acto de la vista, impugnada por extemporánea por la demandada. No obstante, en la medida en que esa documental es la relativa a la convocatoria de 2020 que no es controvertida y que consta en las actuaciones, no plantea problema su admisión.

En este caso, tras la valoración de la documental aportada, queda acreditado que la demandante celebró un contrato de trabajo temporal con el Ayuntamiento con la categoría profesional de auxiliar administrativo, categoría que también figura en todas las nóminas percibidas durante la vigencia del contrato, así como en el certificado de servicios emitido por el Ayuntamiento, documento que fue presentado por la propia demandante en el proceso selectivo controvertido.

La pretensión de la demandante no puede prosperar, y no tanto por la inexistencia de dudas sobre la corrección de la categoría profesional que se le reconoció a la demandante, ya que la letrada del Ayuntamiento tampoco supo explicar la razón de por qué se contrató a la demandante como auxiliar administrativo después de haber superado un proceso de selección para un puesto de trabajo de administrativo, sino porque no puede pretender una revisión indirecta y extemporánea de una relación laboral extinguida hace años a través de un proceso selectivo posterior.

El proceso selectivo convocado en 2024 se rige por unas bases claras, concretamente la aquí controvertida establecía la acreditación por parte de los aspirantes de sus méritos ``por experiencia debidamente acreditada con contrato/s de trabajo y/o certificado/s de empresa de administrativ@, hasta 2 puntos, otorgándose 1 punto por cada seis meses de experiencia acreditada, hasta un máximo de 2 puntos??, para lo que la demandante presentó el certificado de servicios prestados emitido por el Ayuntamiento el 15/02/2024. El Tribunal de selección se limitó a valorar la documentación presentada por las aspirantes, sin que le correspondiera revisar ni recalificar relaciones laborales extinguidas ni entrar a conocer sobre nada ajeno al proceso selectivo. Lo contrario implicaría atribuir a dicho Tribunal de selección competencias que no le son propias y que infringirían el carácter reglado de las bases de la convocatoria.

La demandante no formuló, durante su relación laboral, objeción alguna frente al contrato suscrito, las nóminas percibidas o incluso el certificado emitido años después sobre los servicios prestados, sin que pueda acogerse su alegación de desconocimiento genérico del contrato y las nóminas, lo que resulta incompatible con una mínima diligencia exigible. A mayor abundamiento, la demandante aportó el certificado de servicios prestados sin mostrar sorpresa o disconformidad con este.

En definitiva, aun cuando el iter seguido en la contratación inicial pudiera suscitar dudas, el momento para su impugnación no es el proceso selectivo de 2024 que fue correctamente resuelto conforme a sus bases y a la documentación aportada por las aspirantes.

En cuanto a la indemnización interesada, la desestimación de la pretensión inicial conlleva necesariamente su rechazo.

En atención a lo expuesto, procede la desestimación de la demanda.

CUARTO. -En virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3 C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

PRIMERO.- Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la LJS.

SEGUNDO. -La demandante interesa la anulación de la puntuación otorgada en el proceso de selección para el puesto de administrativo convocado por el Ayuntamiento de Alconchel con el consecuente reconocimiento de que los servicios prestados para este Ayuntamiento desde el 27/07/2020 hasta el 26/07/2021 lo fueron en la categoría de administrativo y no de auxiliar administrativo y, por tanto, su selección y contratación como administrativo para el ejercicio 2024. Además, interesa una indemnización por los daños y perjuicios causados.

La demandada Ayuntamiento de Alconchel, se opuso con base en que la obligación de la demandante era la de acreditar sus méritos en la fase de concurso del proceso de selección, lo que hizo mediante la presentación de un certificado del Ayuntamiento de servicios prestados en el que constaba la prestación de servicios con la categoría profesional de auxiliar administrativo que, además, es la categoría que consta tanto en el contrato que celebró la trabajadora con el Ayuntamiento como en las nóminas y que se correspondía con el salario percibido y las funciones desempeñadas. El Ayuntamiento alegó que, si la trabajadora consideraba que la categoría profesional era incorrecta, debió impugnarlo por el procedimiento adecuado y no pretender su modificación en un proceso selectivo que se limitó a valorar la documentación presentada por ella misma.

La demandada Dª Matilde se adhirió a la oposición del Ayuntamiento y añadió que su categoría profesional es también la de auxiliar administrativo y en esa condición sustituyó a la demandante durante su baja por maternidad.

TERCERO.- A la vista de las posiciones de las partes, el objeto de controversia radica en torno a determinar si, a efectos del proceso selectivo convocado en 2024, los servicios prestados por la demandante para el Ayuntamiento entre el 27/07/2020 y el 26/07/2021 deben ser considerados con la categoría de administrativo, y no de auxiliar administrativo, a pesar de que esta fue la categoría formalmente reconocida durante toda la relación laboral.

En primer lugar, procede resolver la admisión de la documental presentada por la demandante en el acto de la vista, impugnada por extemporánea por la demandada. No obstante, en la medida en que esa documental es la relativa a la convocatoria de 2020 que no es controvertida y que consta en las actuaciones, no plantea problema su admisión.

En este caso, tras la valoración de la documental aportada, queda acreditado que la demandante celebró un contrato de trabajo temporal con el Ayuntamiento con la categoría profesional de auxiliar administrativo, categoría que también figura en todas las nóminas percibidas durante la vigencia del contrato, así como en el certificado de servicios emitido por el Ayuntamiento, documento que fue presentado por la propia demandante en el proceso selectivo controvertido.

La pretensión de la demandante no puede prosperar, y no tanto por la inexistencia de dudas sobre la corrección de la categoría profesional que se le reconoció a la demandante, ya que la letrada del Ayuntamiento tampoco supo explicar la razón de por qué se contrató a la demandante como auxiliar administrativo después de haber superado un proceso de selección para un puesto de trabajo de administrativo, sino porque no puede pretender una revisión indirecta y extemporánea de una relación laboral extinguida hace años a través de un proceso selectivo posterior.

El proceso selectivo convocado en 2024 se rige por unas bases claras, concretamente la aquí controvertida establecía la acreditación por parte de los aspirantes de sus méritos ``por experiencia debidamente acreditada con contrato/s de trabajo y/o certificado/s de empresa de administrativ@, hasta 2 puntos, otorgándose 1 punto por cada seis meses de experiencia acreditada, hasta un máximo de 2 puntos??, para lo que la demandante presentó el certificado de servicios prestados emitido por el Ayuntamiento el 15/02/2024. El Tribunal de selección se limitó a valorar la documentación presentada por las aspirantes, sin que le correspondiera revisar ni recalificar relaciones laborales extinguidas ni entrar a conocer sobre nada ajeno al proceso selectivo. Lo contrario implicaría atribuir a dicho Tribunal de selección competencias que no le son propias y que infringirían el carácter reglado de las bases de la convocatoria.

La demandante no formuló, durante su relación laboral, objeción alguna frente al contrato suscrito, las nóminas percibidas o incluso el certificado emitido años después sobre los servicios prestados, sin que pueda acogerse su alegación de desconocimiento genérico del contrato y las nóminas, lo que resulta incompatible con una mínima diligencia exigible. A mayor abundamiento, la demandante aportó el certificado de servicios prestados sin mostrar sorpresa o disconformidad con este.

En definitiva, aun cuando el iter seguido en la contratación inicial pudiera suscitar dudas, el momento para su impugnación no es el proceso selectivo de 2024 que fue correctamente resuelto conforme a sus bases y a la documentación aportada por las aspirantes.

En cuanto a la indemnización interesada, la desestimación de la pretensión inicial conlleva necesariamente su rechazo.

En atención a lo expuesto, procede la desestimación de la demanda.

CUARTO. -En virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3 C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

PRIMERO.- Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la LJS.

SEGUNDO. -La demandante interesa la anulación de la puntuación otorgada en el proceso de selección para el puesto de administrativo convocado por el Ayuntamiento de Alconchel con el consecuente reconocimiento de que los servicios prestados para este Ayuntamiento desde el 27/07/2020 hasta el 26/07/2021 lo fueron en la categoría de administrativo y no de auxiliar administrativo y, por tanto, su selección y contratación como administrativo para el ejercicio 2024. Además, interesa una indemnización por los daños y perjuicios causados.

La demandada Ayuntamiento de Alconchel, se opuso con base en que la obligación de la demandante era la de acreditar sus méritos en la fase de concurso del proceso de selección, lo que hizo mediante la presentación de un certificado del Ayuntamiento de servicios prestados en el que constaba la prestación de servicios con la categoría profesional de auxiliar administrativo que, además, es la categoría que consta tanto en el contrato que celebró la trabajadora con el Ayuntamiento como en las nóminas y que se correspondía con el salario percibido y las funciones desempeñadas. El Ayuntamiento alegó que, si la trabajadora consideraba que la categoría profesional era incorrecta, debió impugnarlo por el procedimiento adecuado y no pretender su modificación en un proceso selectivo que se limitó a valorar la documentación presentada por ella misma.

La demandada Dª Matilde se adhirió a la oposición del Ayuntamiento y añadió que su categoría profesional es también la de auxiliar administrativo y en esa condición sustituyó a la demandante durante su baja por maternidad.

TERCERO.- A la vista de las posiciones de las partes, el objeto de controversia radica en torno a determinar si, a efectos del proceso selectivo convocado en 2024, los servicios prestados por la demandante para el Ayuntamiento entre el 27/07/2020 y el 26/07/2021 deben ser considerados con la categoría de administrativo, y no de auxiliar administrativo, a pesar de que esta fue la categoría formalmente reconocida durante toda la relación laboral.

En primer lugar, procede resolver la admisión de la documental presentada por la demandante en el acto de la vista, impugnada por extemporánea por la demandada. No obstante, en la medida en que esa documental es la relativa a la convocatoria de 2020 que no es controvertida y que consta en las actuaciones, no plantea problema su admisión.

En este caso, tras la valoración de la documental aportada, queda acreditado que la demandante celebró un contrato de trabajo temporal con el Ayuntamiento con la categoría profesional de auxiliar administrativo, categoría que también figura en todas las nóminas percibidas durante la vigencia del contrato, así como en el certificado de servicios emitido por el Ayuntamiento, documento que fue presentado por la propia demandante en el proceso selectivo controvertido.

La pretensión de la demandante no puede prosperar, y no tanto por la inexistencia de dudas sobre la corrección de la categoría profesional que se le reconoció a la demandante, ya que la letrada del Ayuntamiento tampoco supo explicar la razón de por qué se contrató a la demandante como auxiliar administrativo después de haber superado un proceso de selección para un puesto de trabajo de administrativo, sino porque no puede pretender una revisión indirecta y extemporánea de una relación laboral extinguida hace años a través de un proceso selectivo posterior.

El proceso selectivo convocado en 2024 se rige por unas bases claras, concretamente la aquí controvertida establecía la acreditación por parte de los aspirantes de sus méritos ``por experiencia debidamente acreditada con contrato/s de trabajo y/o certificado/s de empresa de administrativ@, hasta 2 puntos, otorgándose 1 punto por cada seis meses de experiencia acreditada, hasta un máximo de 2 puntos??, para lo que la demandante presentó el certificado de servicios prestados emitido por el Ayuntamiento el 15/02/2024. El Tribunal de selección se limitó a valorar la documentación presentada por las aspirantes, sin que le correspondiera revisar ni recalificar relaciones laborales extinguidas ni entrar a conocer sobre nada ajeno al proceso selectivo. Lo contrario implicaría atribuir a dicho Tribunal de selección competencias que no le son propias y que infringirían el carácter reglado de las bases de la convocatoria.

La demandante no formuló, durante su relación laboral, objeción alguna frente al contrato suscrito, las nóminas percibidas o incluso el certificado emitido años después sobre los servicios prestados, sin que pueda acogerse su alegación de desconocimiento genérico del contrato y las nóminas, lo que resulta incompatible con una mínima diligencia exigible. A mayor abundamiento, la demandante aportó el certificado de servicios prestados sin mostrar sorpresa o disconformidad con este.

En definitiva, aun cuando el iter seguido en la contratación inicial pudiera suscitar dudas, el momento para su impugnación no es el proceso selectivo de 2024 que fue correctamente resuelto conforme a sus bases y a la documentación aportada por las aspirantes.

En cuanto a la indemnización interesada, la desestimación de la pretensión inicial conlleva necesariamente su rechazo.

En atención a lo expuesto, procede la desestimación de la demanda.

CUARTO. -En virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3 C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.