Sentencia Social 269/2025 Juzgado de lo Social de Pontevedra nº 3, Rec. 708/2024 de 30 de junio del 2025

PRIMERO.-El demandante, a través de un procedimiento de IMPUGNACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS cuestiona la resolución que declaró desierto el procedimiento para la contratación, mediante concurso-oposición, de un puesto de Responsable de mantenimiento (G2B1N5), de personal laboral fijo sujeto al III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, lo que en definitiva implica la no adjudicación del mismo y en base a una razón que el actor no considera adecuada, pues el requisito de estar en situación de desempleo no formaba parte de las bases de la convocatoria y por ello no pudo acreditarse una situación que no se exigía.

Debe con carácter previo de darse respuesta a la alegación de presentación extemporánea de la reclamación previa o recurso en los términos del artículo 69.2 de la L.R.J.S. que dispone que desde que se deba entender agotada la vía administrativa el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente. A la demanda se acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la interposición o resolución del recurso administrativo, según proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada

SEGUNDO.-En este caso, las bases del proceso disponen en su apartado XII RESOLUCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO, punto 8 que contra las resoluciones del Tribunal calificador dictadas a lo largo del proceso se podrá presentar el correspondiente recurso ante la Presidencia del organismo portuario convocante, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable,añadiendo en el punto 9 que contra la Resolución de la Presidencia del organismo portuario convocante recaída en el proceso de selección podrán interponerse los recursos potestativos correspondientes o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en la mencionada Ley.Por su parte, el artículo 123 de la L.P.A.C. establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso administrativo,señalando el articulo siguiente que el plazo para ello es de un mes.

Es evidente que en este caso el recurso de reposición se presentó, bajo el título de "alzada" fuera del plazo previsto, pero también y en lo que aquí interesa, la demanda, pues si la resolución fue comunicada el 5 de marzo de 2024, este escrito lleva fecha de 4 de octubre de 2024, días antes de la inadmisión del recurso de reposición interpuesto. La parte actora opone en su defensa que existió un previo intento de fecha 4 de abril, presentado por tanto en plazo, que pone ya de manifiesto su intención de impugnar el acto y que por error no se acompañó o adjuntó el referido escrito, existiendo solo una fecha de constatación de presentación que sin embargo no está en el expediente administrativo, alegando que tal situación debió de ser subsanada en aplicación de lo señalado en el artículo 68 de la L.P.A.C. La administración demandada responde que no aparece porque el documento estaba en blanco y no se identificaba el procedimiento al que va dirigido, misma razón por la que no hubo subsanación alguna, advirtiendo el propio demandante de esa omisión en el recuro de 8 de septiembre de 2024 al decir que "advertida omisión en mi escrito nº reg. REGAGE24e00024920006, se adjunta archivo con texto del recurso" como también lo expresa el demandado en la inadmisión del recurso.

TERCERO.-En este contexto y desde una perspectiva de la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión, entendemos que la actuación de la AUTORIDAD se ajustó a los parámetros establecidos por la doctrina, pues según lo razonado, la imposibilidad de identificar el procedimiento justificó el no requerimiento de subsanación, añadiendo que en el examen de este derecho fundamental entra igualmente la propia diligencia debida por el sujeto a la hora de cumplimentar los trámites. Por otro lado, debe de añadirse que el demandante no aportó el documento exigido que acreditase la situación de encontrarse en desempleo, sino que la cuestionó alegando que no aparecía en las bases del proceso, misma manifestación que trasladó al recurso de alzada, requerimiento que puede entenderse como una aclaración de esas bases de conformidad con los requisitos exigidos para formalizar un contrato de relevo. Estamos en cualquier caso ante un acto consentido o firme por presentar la reposición potestativa y la demanda, fuera de plazo, razones que nos llevan a su desestimación sin entrar en el fondo del asunto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación