Sentencia Social 266/2025 Juzgado de lo Social de Plasencia nº 3, Rec. 216/2025 de 30 de julio del 2025

PRIMERO. - Alegaciones de las partes.

La mercantil, Leoncio, presentó demanda de impugnación de actos administrativos frente a la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura con sustento, en síntesis, en que, si bien no se negaba la comisión de los hechos sancionados, la sanción impuesta era desproporcionada, al no tenerse en cuenta que desde el primer momento el empresario había reconocido los hechos, sin necesidad de realizar la labor inspectora, más allá de realizar la primera visita.

Por su parte, la demandada, se opuso interesando el dictado de una Sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demandante con sustento, en síntesis, en lo que se reflejaba en el acta levantada por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, la cual goza la presunción de certeza, y que los hechos consignados en la misma no fueron desvirtuados con las alegaciones formuladas por la empresa sancionada, habiéndose seguido el procedimiento por los trámites legales y reglamentarios.

SEGUNDO. - Decisión. Desestimación de la demanda.

Expuesta la controversia como ha quedado sentada en el fundamento jurídico que precede al presente, de conformidad con el art. 97.2 LRJS, debemos comenzar por precisar que los hechos declarados probados se desprenden de la documental obrante en autos.

Así, los hechos sancionados son constitutivos de una infracción grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el artículo 7.5 TRLISOS, consistente en: "La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12 , 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores ".

Se aduce por la actora que a la hora de imponer la sanción no se tuvo en cuenta que se habían reconocido los hechos desde el principio, mostrando siempre su colaboración, no siendo cierto que se hubiera despedido a un trabajador como consecuencia de aquella inspección.

Así las cosas, expuesto lo anterior, debemos tomar como premisa la presunción de certeza de que gozan las actas extendidas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, respecto a los hechos y circunstancias reflejados en las mismas y constatados por el funcionario actuante (en este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de enero de 2023, rec. 146/2024, entre otras). Debemos precisar que la empresa reconoció los hechos contemplados en el Acta, concretados en la falta de registro horario y de control de horas extras, mostrando su disconformidad con los motivos de agravación que se tuvieron en cuenta para concretar la cuantía de la multa impuesta.

En la resolución del recurso de alzada se hace constar el contenido del informe ampliatorio emitido por la Inspección Provincial de Trabajo de Cáceres, rebatiendo las alegaciones de la empresa, indicando que el motivo de agravación no fue solo el despido del trabajador, sino otros dos motivos de igual gravedad, sobre el que nada se ha manifestado de adverso. El primero es que el empresario reconoce que hace trabajar a sus empleados los festivos nacionales y que no los compensa con descansos, lo cual supone un incumplimiento en materia de jornada, atentando directamente contra el derecho del trabajador a la conciliación de la vida familiar y personal. En segundo lugar, el empleador reconoció pagar algunas de las horas extraordinarias de los trabajadores fuera de nómina, sin precisar cuántas, no aportando el registro de horas extra. Se incide en que el empresario obstruye la labor inspectora al no aportar el registro, o al menos, la cantidad de horas abonadas a cada trabajador, con el correspondiente fraude a la Seguridad Social. Dicho incumplimiento afecta directamente a las arcas públicas, sacando de la cotización y del pago de impuestos las cantidades abonadas en concepto de horas extra, cantidades que, a pesar de la petición inspectora, no aclara las que son. En último término, al respecto del despido del trabajador, se indica que, como recoge el Acta, el Sr. Pedro Antonio fue el único de sus tres trabajadores que declaró estar contratado por menos horas de las que en realidad componían su jornada. Tras la visita de Inspección, en el momento de entregar la citación, se le informó al Empresario de lo declarado por los trabajadores. Se indica que, a pesar de que el Acta no lo menciona por entender que es irrelevante, pero ahora viene al caso, cuando el Empleador fue informado de que el trabajador había declarado realizar horas por encima de su contrato de trabajo, su reacción fue colérica y excesiva queriendo mantener incluso un careo en ese momento en las instalaciones del bar a lo que la Inspectora se negó. Se añade que, demuestra muy poco tacto al despedir al trabajador de forma disciplinaria, sin existir ninguna amonestación previa y con la excusa de que no se llevaba bien con sus compañeros. Es obvio que la empresa no puede demostrar en modo alguno que el despido no fuera una represalia, pues el trabajador fue el único que declaró realizar una jornada superior a la del contrato, el Empresario se encolerizó con sus declaraciones y lo despidió con un despido disciplinario no justificado y sin amonestación previa.

Así las cosas, como se indica en la resolución objeto de impugnación en este procedimiento, los hechos constituyen una infracción grave, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.5 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Definida como grave, a la hora de ponderar la sanción impuesta, se tuvo en cuenta la existencia de una serie de circunstancias agravantes, concretadas en el fraude del empresario a la Seguridad Social, pues éste reconoció que las horas extra que realizan los trabajadores se abonan fuera de nómina y, por tanto, no se cotizan a la Seguridad Social; y el perjuicio que se causa a los trabajadores, puesto que no disfrutan del descanso en los festivos que les corresponden, teniendo que trabajar dichos días, que además no se compensan, no siendo posible la conciliación de la vida personal y familiar. Indudablemente, tales circunstancias, que no han sido desvirtuadas de contrario, justifican la sanción impuesta, la cual, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 40.1 b) del citado texto legal, se encuentra comprendida en el grado máximo (tramo medio), estimándose que la decisión impugnada ha respetado el principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho imputado y la sanción a imponer.

Todo lo cual conduce a la íntegra desestimación de la demanda.

Vistos los artículos citados, y demás preceptos de general y pertinente aplicación,