Sentencia Social 277/2025 Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela nº 3, Rec. 52/2025 de 05 de septiembre del 2025

PRIMERO. -En el escrito rector del presente procedimiento se solicita que se declare la existencia de vulneración de derecho a la libertad sindical, se condene a los demandados a cesar sus conductas vulneradoras del derecho a la libertad sindical de modo que faciliten el acceso y entrega de la información y documentación solicitadas. Solicita también la condena al abono de la indemnización de 7.500 euros para cada uno de los demandantes por vulneración del derecho a la libertad sindical.

Frente a dicha pretensión se opone la entidad demandada alegando en primer lugar falta de legitimación pasiva y falta de acción de los demandantes en la medida que no forman parte del comité de empresa.

En segundo lugar, se formula falta de acción y falta de legitimación pasiva respecto de UGT ya que ninguna alegación ni actuación concreta se le imputa a la organización en el relato de hechos, ni tampoco se peticiona nada respecto de ella en el suplico de la demanda. UGT no tiene participación en los hechos que se denuncian ni tampoco podría dar cumplimiento a una eventual sentencia condenatoria más allá del abono de la indemnización solicitada. Lo mismo debe predicarse respecto de D. Martin y Indalecio que en la actualidad no forman parte del comité de empresa.

Niega los demandados que se hubiese negado información, documentación a los demandantes, ni tampoco imposibilitó, limitó y obstruyó el ejercicio de las funciones representativos y sindicales de los demandantes. Los demandados se limitaron única y exclusivamente a actuar de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de funcionamiento del comité de empresa, reglamento que fue aprobado por unanimidad. El artículo 20 de reglamento de funcionamiento interno del comité de empresa establece que la documentación del comité de empresa no podrá salir fuera del ámbito de trabajo del mismo, no se facilitarán copias y serán siempre custodiadas por el secretario del comité de empresa

En cuanto a la actora exclusión de la actora como miembro del comité de empresa tras la declaración de IP, el comité de empresa aceptó la solicitud formulada por la señora Alicia de que se le mantuviese como miembro del comité hasta que la declaración de IP fuese firme.

A los actores se les facilitó siempre el acceso a la documentación, así como a cualquier otro miembro del comité de empresa, en formato accesible a su déficit visual.

No procede la condena a la indemnización alguna puesto que no se ha vulnerado su derecho a la libertad sindical, los actores han tenido siempre acceso a la documentación en las dependencias del comité de empresa y en formato acto para su consulta atendiendo a su discapacidad.

SEGUNDO. -La declaración de hechos probados resulta de la documental que obra en las actuaciones y de las declaraciones testificales practicadas en el acto de juicio.

TERCERO. -En primer lugar, procede dar respuesta a la falta de legitimación pasiva y falta de acción alegada por los demandados respecto de los demandantes al no ostentar en la actualidad la condición de miembros de comité de empresa.

Dicha alegación debe ser desestimada puesto que los actores ostentaban la condición de miembros de comité de empresa hasta 2023 y hasta el 2024, en el escrito de demanda se ponen de manifiesto hechos cometidos durante su mandato como miembros del comité de empresa. Los actores entienden que los acciones u omisiones que se produjeron desde el año 2021 a 2024 son vulneradores de su derecho a la libertad sindical; de modo que su legitimación es más que evidente.

El artículo 28 de la CE regula el derecho a libertad sindical: 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

En aquellos procesos en los que se alega la vulneración del derecho a la libertad sindical y demás derechos fundamentales y libertades públicas (como ocurre en el presente caso, en el que se alga la existencia de un trato salarial discriminatorio constitutivo de represalia motivado por el previo ejercicio de acciones judiciales por el trabajador) entra en juego la institución de la "inversión de la carga de la prueba" prevista en el artículo 96 párrafo 1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Según dicho precepto, en el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido la violación de la libertad sindical, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Pero no cabe admitir que la mera alegación por el actor de la existencia de violación del derecho a la tutela judicial efectiva suponga la inversión de la carga de la prueba; el demandante precisa probar uno o varios indicios (hechos indiciarios) de los que no llegue a poder presumirse de modo completo que existe la violación, pero de los que sí pueda deducirse la probabilidad de su existencia. Al no existir una presunción plena de violación, sino un simple juicio de probabilidad, no puede decirse que al demandado corresponda destruir una presunción, sino que el hecho indiciario y la probabilidad son el presupuesto para que exista la inversión de la carga de la prueba( sentencias del Tribunal Constitucional 80/2001, de 26 de marzo y 190/2001, de 1 de octubre).

La reivindicación principal de los actores es que se le entregue copia de las actas de las reuniones de los comités de empresa y la documentación del comité de empresa; así lo han solicitado a lo largo de los años y el comité de empresa, a través de su presidente, ha negado a los actores la copia de la documentación requerida. También sostienen los actores, que dado que no se le entrega copia de la documentación se le permita acceder a la misma con una persona de su confianza dadas las dificultades visuales que presenta, pretensión que también se le ha negado a los actores.

A la vista de la declaración de hechos probados de la presente resolución no se aprecia que comité de empresa de ONCE SANTIAGO hubiese llevado a cabo conducta alguna limitadora del derecho a la libertad sindical de los demandantes; puesto que los miembros del comité de empresa se han limitado a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del reglamento de funcionamiento interno del COMITÉ DE EMPRESA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Los términos de dicho artículo son claros y se establece que no se facilitarán copias de la documentación ni de las actas, se expedirán certificaciones de las actas; además, se establece que la documentación se encuentra bajo la custodia del secretario del comité y que todo miembro del comité tiene acceso a la documentación solicitada.

Los actores, a pesar de formar parte del comité de empresa que aprobó por unanimidad el reglamento de funcionamiento interno, ha solicitado desde el inicio de su mandato la remisión de las copias y documentación relativa al comité de empresa; el artículo 20 del Reglamento es claro en lo que se refiere al deber de sigilo y confidencialidad de los miembros del comité de empresa.

Tampoco puede entenderse que se haya vulnerado el derecho a la libertad sindical de la trabajadora por el hecho de que no se le haya permitido acceder a la documentación del comité de empresa con una persona de su confianza que no es miembro del comité de empresa. La persona de confianza designada por la Sra. Alicia no tiene la condición de miembro del comité de empresa, de modo que le está vedada la posibilidad de acceder a la documentación del comité. Además, toda la documentación del comité se encuentra en formato apto para ser consultado por personas con dificultad visual grave; puesto que así lo declara no solo los testigos propuestos por los demandados, sino también la persona de confianza de la Sra. Alicia que declara como testigo. La Sra. Josefa afirma rotundamente en el acto de la vista que toda la documentación de ONCE está habilitada para poder ser consultada por personas con deficiencia visual, existen además "ordenadores parlante". La Sra. Alicia no necesitaba de una persona de su confianza para poder acceder a la documentación del comité de empresa puesto que dicha documentación ya estaba adaptada a las deficiencias visuales, no sólo de la actora, si no de cualquier otro miembro del comité.

En definitiva, no consta acreditado que por parte del COMITÉ DE EMPRESA DE ONCE- Santiago de Compostela se les hubiese impedido a los actores el acceso a la documentación necesaria para ejercer adecuadamente su derecho a la libertad sindical.

En la medida que se desestima la pretensión principal, procede también la desestimación de las pretensiones ejercitadas relativas a la indemnización de daños y perjuicios derivados de la vulneración de derecho fundamental, l; desestimada la pretensión principal no procede otro pronunciamiento respecto de las pretensiones vinculadas a aquella.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,