Sentencia Social 439/2025 Juzgado de lo Social de Ciudad Real nº 3, Rec. 413/2025 de 08 de octubre del 2025

PRIMERO.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la valoración de la prueba se ha realizado conforme a las reglas de la sana crítica. En el presente caso, la prueba practicada ha sido exclusivamente documental, tanto por parte de la actora como de la parte demandada, no habiéndose propuesto ni practicado prueba testifical ni pericial alguna.

SEGUNDO.-La parte actora funda su pretensión en el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, al amparo del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, así como en el artículo 14 del EBEP, solicitando que la ampliación de jornada se concrete en un horario de lunes a viernes por la mañana, con prestación de servicios solo dos tardes por semana. Alega que ostenta la guarda y custodia exclusiva de sus hijos menores de edad, de dos y cuatro años, conforme a sentencia de divorcio y convenio regulador aprobados judicialmente, y que la concreción solicitada es la única compatible con sus responsabilidades parentales.

Por su parte, el Ayuntamiento no discute el derecho de la trabajadora a la ampliación de jornada, pero se opone a la concreción horaria solicitada, invocando razones organizativas derivadas de la naturaleza del servicio público que se presta, consistente en actividades deportivas dirigidas mayoritariamente a población escolar, en horario de tarde. La parte demandada sostiene que no existe programación de actividades por la mañana susceptibles de ser asignadas a la actora, que no dispone de personal suficiente para cubrir su horario propuesto, y que se han ofrecido alternativas que la trabajadora no ha aceptado.

TERCERO.-Resulta necesario delimitar el marco jurídico aplicable en atención al objeto del procedimiento, que no versa sobre una reducción de jornada ( art. 37 ET), sino sobre una solicitud de adaptación y concreción horaria vinculada a la conciliación de la vida familiar y laboral, al amparo del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.

Dicho precepto reconoce el derecho de la persona trabajadora a solicitar adaptaciones en la duración y distribución de su jornada, así como en la forma de prestación (incluido el trabajo a distancia), con el fin de hacer efectivo su derecho a la conciliación. No se trata, sin embargo, de un derecho automático a obtener la concreción horaria solicitada, sino de un derecho a solicitar, cuyo ejercicio debe ser razonable y proporcionado, en atención tanto a las necesidades del trabajador como a las organizativas o productivas de la empresa.

La STC 24/2011, de 14 de marzo, ya distinguía expresamente entre la reducción de jornada del artículo 37 del ET y la adaptación del artículo 34.8, subrayando que nos encontramos ante regímenes jurídicos distintos. La trabajadora puede tener derecho a formular la solicitud, pero ello no conlleva una concesión automática, sino la apertura de un proceso de negociación.

El procedimiento debe desarrollarse con la máxima celeridad y buena fe, con un plazo de hasta quince días para que la empresa conteste con aceptación, propuesta alternativa o denegación motivada. En caso de negativa, la decisión debe estar fundada en razones objetivas.

La jurisprudencia ha precisado que, en caso de conflicto, el órgano judicial debe valorar la proporcionalidad entre la necesidad de conciliación alegada por la persona trabajadora y las exigencias organizativas del empleador, evitando soluciones automáticas o impuestas sin sustento real. Así lo establece, entre otras, la STSJ de Navarra de 23 de mayo de 2019 (rec. 166/2019), que recuerda que la titularidad del derecho corresponde a la persona trabajadora, pero no la decisión unilateral sobre su forma de ejercicio, que debe ser acordada o, en su defecto, sujeta a control judicial de razonabilidad.

Asimismo, la STSJ de Canarias-Las Palmas de 18 de marzo de 2018 establece que corresponde a la parte empleadora acreditar las razones organizativas que motivan la negativa, pudiendo plantear alternativas razonables.

Desde la perspectiva procesal, el procedimiento se regula en el artículo 139 de la LRJS, que impone tramitación urgente y permite acumular la reclamación de daños y perjuicios cuando proceda.

En este caso, la actora ha ejercitado la acción principal de adaptación horaria, con acumulación de reclamación indemnizatoria líquida, fijada en 1.000 euros.

En definitiva, el artículo 34.8 del ET busca un equilibrio entre el derecho a la conciliación -con fundamento constitucional en los artículos 14 y 39 CE, así como en el principio de corresponsabilidad del artículo 44 de la LO 3/2007- y las legítimas necesidades organizativas del empleador. Ninguno de estos intereses puede prevalecer de forma automática sobre el otro, debiendo analizarse el caso concreto con criterios de proporcionalidad.

CUARTO.-En el presente caso, consta acreditado que el Ayuntamiento ha mantenido dos reuniones con la trabajadora para abordar su solicitud, ofreciendo una alternativa horaria que incluía parte del horario matinal y tardes con finalización antes de las 20:00 horas. La trabajadora no aceptó dicha propuesta, condicionando el ejercicio del derecho a la plena aceptación de su propuesta original, sin margen de negociación.

Consta también informe del Jefe del Área de Deportes en el que se justifica la imposibilidad de adaptar el servicio al horario matinal solicitado, en atención a que las actividades programadas -especialmente gimnasia rítmica y otras dirigidas a menores- se desarrollan en horario de tarde, y no existe suficiente demanda matinal ni disponibilidad de personal para reestructurar los turnos.

Si bien no se ha aportado prueba directa sobre la programación concreta de actividades, ni testifical de los responsables, la documental obrante en el expediente es coherente con la naturaleza del servicio y no ha sido desvirtuada por prueba de signo contrario.

La aportación de la solicitud de la trabajadora de participación en el proceso de estabilización de empleado donde se ofertaban nueve plazas de monitore no implica que se adjudicaran esas nueve plazas. De acuerdo con el expediente son cinco los monitores existentes a fecha de juicio oral.

Debe tenerse en cuenta, además, que la trabajadora ha venido desempeñando sus funciones desde hace años en horario de tarde, y que la solicitud presentada supondría una reconfiguración completa de su prestación habitual de servicios, de hecho, eso es lo que ella misma plantea cuando manifiesta en el acta de la reunión que dados los ratios se acumulen alumnos en solo dos días, es decir, pretende ser ella quien configure la oferta pública deportiva del consistorio.

La negativa del Ayuntamiento ha sido razonada y fundada en criterios organizativos, sin que conste que se haya actuado de forma arbitraria o discriminatoria.

La normativa aplicable impone un deber de negociación, no la obligación de aceptar la concreción propuesta. En este caso, el Ayuntamiento ha cumplido con dicho deber, ofreciendo alternativas que no han sido aceptadas por la trabajadora, quien ha limitado toda posibilidad de conciliación a su propuesta inicial.

El juzgado no puede sustituir a la Administración en la organización del servicio público ni imponer una solución que no se ha mostrado viable en atención a las características del mismo.

Por último, merece especial mención el hecho de que la parte actora ha condicionado su solicitud a la plena aceptación de su propuesta, sin ofrecer alternativas que hubieran permitido a este órgano judicial valorar opciones intermedias o soluciones de compromiso.

Por todo lo expuesto la demanda ha de ser desestimada.

QUINTO.-Conforme a lo dispuesto en los artículos 139 y 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, esta sentencia es firme y contra ella no cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación,